Nacionales
Ministro arremete contra jueza que liberó a presunto sicario y exige depuración
El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.
El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.
El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.
90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses
El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.
Estos son los jueces separados de la Función Judicial:
- Cotopaxi: 1
- El Oro: 7
- Tungurahua: 1
- Los Ríos: 8
- Bolívar: 2
- Manabí: 3
- Guayas: 8
- Esmeraldas: 3
- Chimborazo: 4
- Pastaza: 1
- Santa Elena: 1
- Loja: 1
- Santo Domingo: 6
Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.
Nacionales
Karol G, así como Shakira, va a presentarse tres veces en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito
La preventa de entradas para el segundo concierto de Karol G en Ecuador se agotó la mañana del 30 de abril y luego de unas horas se anunció una tercera fecha para Viajando por el mundo Tropitour. Con esto, la cantante colombiana se va a presentar en Quito el 15, 16 y 17 de enero de 2027.
El escenario para los shows de Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Así como Shakira que cantó tres veces en noviembre de 2025, la artista nacida en Medellín va a ser la protagonista en el coloso del Batán, en donde se han registrado los conciertos de las principales estrellas mundiales y hasta hace un par de años fue la sede de la selección ecuatoriana de fútbol en Copa América y Eliminatorias.
Al momento, está activa la preventa en la página web de Ticketshow y en puntos de venta físicos en Quito y Guayaquil. La euforia por ver a La Bichota fue evidente en el Mall del Sol, en donde cientos de fanáticos madrugaron a comprar sus entradas para el concierto.
Karol G agota en horas las entradas para sus tres conciertos en Bogotá
Lo de Karol G ya es un fenómeno mundial, no sólo en Ecuador. La cantante colombiana Karol G agotó en pocas horas las entradas para sus tres conciertos en Bogotá, previstos para el 4, 5 y 6 de diciembre, que reunirán a cerca de 120.000 personas en el estadio El Campín, informó su equipo de prensa a la Agencia EFE.
«En tiempo récord, miles de fans aseguraron sus entradas para lo que serán tres noches sin precedentes en la capital, confirmando el fenómeno cultural en el que se ha convertido Karol G y la conexión única con su público colombiano», expresó su equipo en un comunicado.
Karol G marcó un hito hace unas semanas al convertirse en la primera latina en encabezar y cerrar el festival Coachella de California, donde anunció su gira mundial, con la que recorrerá 20 países de América y Europa desde el próximo 24 de julio en Chicago. Fuente: Vistazo
Nacionales
Entran en vigor aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a importaciones colombianas
Los aranceles del 100 % impuestos por Ecuador a importaciones colombianas entraron en vigor desde este viernes, primero de mayo, lo que recrudece la guerra comercial iniciada en febrero por el presidente Daniel Noboa, bajo el argumento de que el vecino país no hace lo suficiente para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado en la frontera común.
La medida se aplica a las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, con algunas excepciones, como importaciones petroleras y de generación energética y afines, entre otras, según se detalla en una resolución emitida por el Servicio Nacional de Aduana de Ecuador (Senae) el pasado 9 de abril.
Empresarios, exportadores y trabajadores de la frontera han rechazado el alza de aranceles y han instado a los presidentes de ambos países a que se sienten a conversar para encontrar soluciones que contribuyan a la seguridad sin que causen más impactos de los que, dicen, ya están provocando tarifas de entre el 30 % y 50 %.

Así escaló la tensa relación entre Ecuador y Colombia
En enero pasado, el presidente Noboa anunció que desde el 1 de febrero entraría en vigor una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas hasta que «exista un compromiso real» de Bogotá para enfrentar al narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.
Colombia respondió con una medida similar, cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.
Un mes después, el Gobierno ecuatoriano señaló que la tarifa subiría desde este viernes al 100 % «tras constatar la falta de implementación de medidas concretas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia».

Confrontación entre Daniel Noboa y Gustavo Petro
La guerra comercial también ha estado marcada por acusaciones cruzadas entre Noboa y el presidente colombiano, Gustavo Petro, que ha llevado a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.
A inicios de marzo, militares ecuatorianos bombardearon supuestos campamentos de bandas criminales en la frontera con Colombia con apoyo de Estados Unidos.
Una de esas bombas apareció en un campo de cultivos de coca de Colombia, un incidente que quedó solventado después de que se determinó que el artefacto había rebotado en territorio vecino sin llegar a detonar.
La relación bilateral se volvió a tensar cuando Petro insistió en llamar al encarcelado exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, condenado por corrupción, un «preso político».
Posteriormente, Noboa lo acusó de haberse relacionado con personas cercanas al narcotraficante José Adolfo Macías (‘Fito’), líder de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador, durante su estancia de dos días en la ciudad costera de Manta en 2025 tras acudir a Quito a la posesión del presidente ecuatoriano, algo que el mandatario colombiano niega.
El último episodio se produjo el miércoles, cuando Noboa señaló a Petro por haber impulsado una supuesta incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, y el presidente colombiano le dijo que «deje de creer mentiras» y le propuso un encuentro en la frontera común para «construir la paz». Fuente: Vistazo
Nacionales
Unidad Popular presenta recursos legales ante el CNE y denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral
En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.
El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.
En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.
En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.
Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.
En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.
Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.
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