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Ministro arremete contra jueza que liberó a presunto sicario y exige depuración

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El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.

El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.

El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.

90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses

El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.

Estos son los jueces separados de la Función Judicial:

  • Cotopaxi: 1
  • El Oro: 7
  • Tungurahua: 1
  • Los Ríos: 8
  • Bolívar: 2
  • Manabí: 3
  • Guayas: 8
  • Esmeraldas: 3
  • Chimborazo: 4
  • Pastaza: 1
  • Santa Elena: 1
  • Loja: 1
  • Santo Domingo: 6

Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.

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Unidad Popular presenta recursos legales ante el CNE y denuncia presuntas irregularidades en el proceso electoral

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En el marco del actual proceso preelectoral, Sebastián Cevallos, subdirector nacional de Unidad Popular, informó sobre las acciones jurídicas emprendidas por esta organización política frente a su suspensión temporal, al tiempo que cuestionó el manejo institucional del proceso por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Durante una entrevista, Cevallos señaló que Unidad Popular ha presentado formalmente una impugnación y apelación ante el CNE, con el objetivo de revertir la medida que pretende excluirlos del registro de organizaciones políticas habilitadas para participar en las próximas elecciones. En caso de no obtener una resolución favorable, anunció que recurrirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de ser necesario, a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la solicitud de medidas cautelares.

El dirigente sostuvo que la organización se mantiene en ejercicio de sus derechos, argumentando que no existe una sentencia firme que justifique su cancelación. En ese sentido, indicó que el 3 de mayo se publicará el registro oficial de partidos políticos, fecha en la cual confían en constar formalmente.

En relación con su estructura interna, Cevallos afirmó que Unidad Popular cuenta con más de 200 mil afiliados a nivel nacional, registrando aproximadamente 1.400 desafiliaciones en los últimos seis años, lo que —según indicó— la posiciona como una de las organizaciones con mayor estabilidad en su militancia. Además, recordó que el propio CNE validó en su momento estos registros, incluso mediante procesos técnicos de verificación de firmas.

En el ámbito electoral, el subdirector nacional señaló que, pese a la coyuntura, la organización continúa avanzando en la construcción de alianzas políticas en varias provincias, incluyendo Zamora Chinchipe, así como en la estructuración de candidaturas en más de 150 cantones del país. Asimismo, confirmó que participarán en los procesos de elecciones primarias previstas a partir del 18 de junio, conforme al calendario electoral vigente.

Cevallos también expresó críticas al adelanto del cronograma electoral, señalando que esta medida obliga a las organizaciones políticas a acelerar sus procesos internos de selección de candidaturas, lo que —a su criterio— podría afectar la participación democrática. No obstante, reiteró que Unidad Popular continuará cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa electoral.

En cuanto al contexto político, el dirigente hizo referencia a la situación económica y social del país, destacando el incremento del costo de vida y los desafíos estructurales que enfrentan diversos sectores. En este sentido, confirmó la participación de la organización en las movilizaciones conmemorativas del 1 de mayo, Día del Trabajo, como un espacio de expresión ciudadana y de reivindicación de derechos laborales.

Finalmente, Cevallos subrayó que la defensa de la participación política de Unidad Popular se enmarca —según su criterio— en la necesidad de garantizar el pluralismo y la vigencia del sistema democrático en el país.

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Superintendencia de Bancos alerta sobre 14 entidades no autorizadas para captar dinero en 2026

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La Superintendencia de Bancos informó que, durante los primeros cuatro meses de 2026, ha identificado 14 entidades que operan sin autorización para captar dinero de la ciudadanía, lo que representa un riesgo para los intereses económicos de quienes confían sus recursos a estos centros.

Ante esta situación, la entidad de control hizo un llamado a la población a extremar precauciones y evitar entregar dinero a organizaciones que no forman parte del sistema financiero nacional.

Las entidades señaladas son: PLATA PUNTUAL-PRÉSTAMO LISTO, RICO-CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS, DINEROFÁCIL-PRÉSTAMO FÁCIL, CREDITO SMART, PRESTAMOS ECUADOR, CRECE CREDIT, CREDIPAGUITOS, COOPERATIVA PRO CREDIT, CREDIALIANZA S.A.S., CRÉDITOFAST-PRÉSTAMO FAST, FINANCIAHORA-PRÉSTAMO SEGURO, CREDICER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, CREDIQUITO y CONSULTING GLOBAL ECUADOR LMJP S.A.

El organismo recordó que tanto personas naturales como jurídicas que no están autorizadas tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras de manera habitual. Asimismo, advirtió que estas entidades tampoco pueden promocionarse mediante publicidad, avisos o cualquier otro mecanismo que sugiera que operan como instituciones financieras.

En 2025, la Superintendencia detectó un total de 60 entidades no autorizadas, lo que evidencia la persistencia de este tipo de prácticas en el país.

Generalmente, estas organizaciones ofrecen altos rendimientos en plazos cortos, con tasas muy superiores a las de bancos y cooperativas, lo que suele ser una señal de alerta.

La Superintendencia de Bancos instó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actividades a través de sus canales oficiales, con el fin de prevenir posibles estafas y proteger el sistema financiero.

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Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos

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La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.

En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.

Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.

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