En una rueda de prensa desarrollada este lunes 2 de junio, el asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, explicó de forma técnica y detallada los motivos por los cuales la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la denominada Ley Económica Urgente, propuesta por el Ejecutivo bajo el argumento de combatir el crimen organizado.
El legislador inició señalando que dicha ley, más allá del nombre, presenta un carácter marcadamente punitivo y poco relacionado con objetivos económicos reales. “De los múltiples artículos que conforman este proyecto, solo uno tiene relación directa con asuntos económicos, y se refiere a exoneraciones tributarias a cambio de supuestas donaciones por parte de empresarios”, indicó Valladarez.
Una ley con tintes de estado de guerra
Uno de los aspectos más críticos destacados por el asambleísta fue el intento del Ejecutivo de instaurar, a través de esta ley, una especie de “estado de guerra” de carácter permanente. “La Corte Constitucional ya ha señalado que los decretos de estado de excepción deben ser excepcionales, y no una norma de gobierno. Como respuesta, el presidente busca legalizar por la vía legislativa lo que ya no puede decretar”, advirtió.
Según explicó Valladarez, esta normativa otorgaría poderes supraconstitucionales al presidente y al denominado bloque de seguridad, permitiendo acciones como allanamientos sin orden judicial, una grave afectación a las garantías ciudadanas y a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
“El argumento de que ‘el que nada debe, nada teme’ es peligroso y falaz, más aún cuando ya hemos visto casos como el de los niños asesinados en Las Malvinas, en el que se ha demostrado la participación de efectivos militares”, enfatizó.
Vulneración de derechos y debilitamiento institucional
El legislador advirtió que esta ley podría abrir las puertas a la impunidad y a la persecución política. Como ejemplo, mencionó el caso de la asambleísta Esther Cuesta, quien enfrenta un juicio penal por ejercer su rol como presidenta encargada del Legislativo.
Asimismo, denunció que, mientras se pretende endurecer la represión, las instituciones encargadas de controlar el lavado de activos y la criminalidad financiera han sido debilitadas deliberadamente. “La UAFE pasó de tener un presupuesto de casi cinco millones de dólares en 2017 a solo 2.8 millones en 2023, y ni siquiera se ejecutó todo ese monto. No hay interés real en vigilar el lavado de activos”, recalcó.
Propuestas alternativas desde la Revolución Ciudadana
Contrario a las críticas del oficialismo, Valladarez manifestó que su bancada no se ha limitado a la oposición, sino que ha presentado propuestas concretas para combatir la economía criminal. Estas incluyen:
- Fortalecimiento institucional: dotar de mayor presupuesto y personal a la Fiscalía y al sistema judicial, actualmente colapsado por falta de fiscales y jueces.
- Control a sociedades empresariales irregulares: evitar que sectores estratégicos como la minería y los combustibles sean manejados por Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), como el caso de Petro Novoa, empresa vinculada familiarmente al presidente y sospechosa de evasión y enriquecimiento ilícito.
- Uso de tecnología avanzada: implementación del sistema blockchain para que la UAFE, la Superintendencia de Bancos y el sistema financiero realicen cruces de información en tiempo real y prevengan el lavado de activos.
- Depuración de la fuerza pública: combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones como la Policía, Fuerzas Armadas y el sistema de justicia.
- Políticas de prevención social: enfrentar el fenómeno de los desplazamientos forzados y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de bandas criminales, mediante el fortalecimiento del Código de la Niñez y Adolescencia y el desarrollo de políticas públicas efectivas.
“Hay una agenda para aparentar la lucha contra la delincuencia, mientras se protege a los verdaderos responsables”
Valladarez concluyó que esta ley no tiene como objetivo auténtico combatir al crimen organizado, sino consolidar un modelo autoritario y encubrir a quienes, desde las élites del poder, se benefician de actividades delictivas. “Cinco casos penales contra el expresidente Guillermo Lasso fueron archivados justo antes de la salida de la fiscal general. Y ahora, tras la detención del líder de la mafia albanesa, se revelan vínculos que pretenden ser ocultados con esta narrativa de guerra”, afirmó.
Finalmente, aunque reconoció que en la Asamblea actual no existe una mayoría opositora consolidada, reiteró que su bancada continuará defendiendo propuestas técnicas y legales, orientadas a la protección de los derechos ciudadanos y al combate real de las economías delictivas en el país.
