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La violencia contra la mujer es una herida social que debemos sanarla entre todos

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Por Mario Paz.

Introducción 

La violencia contra la mujer es una herida profunda en el corazón de nuestras sociedades, una herida que no deja de sangrar y que solo podrá sanar si actuamos pronto y juntos. Cada 25 de noviembre, al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el mundo entero levanta su voz para visibilizar y enfrentar uno de los atentados más graves contra la dignidad humana. Esta fecha no es solo un recordatorio simbólico: es un clamor urgente por justicia, por memoria y por un cambio real.

Aunque se han logrado avances importantes en legislación, prevención y sensibilización, la violencia de género continúa amenazando la vida, la libertad y la integridad de millones de mujeres. Cada agresión, cada silencio impuesto y cada vida arrebatada nos recuerdan que esta problemática sigue profundamente arraigada en estructuras sociales, culturales y familiares que normalizan el abuso y justifican el control.

La violencia contra la mujer no solo golpea cuerpos: rompe dignidades, silencia sueños, fractura familias y debilita a comunidades enteras. Y, aun así, cada día millones de mujeres continúan resistiendo, levantándose en medio del dolor, esperando ser escuchadas, acompañadas y protegidas.

En este artículo exploraremos el origen y el significado de esta conmemoración, la realidad de la violencia contra las mujeres en Ecuador, las enseñanzas que ofrecen los valores cristianos sobre la dignidad femenina, y las acciones urgentes que deben emprender el Estado, la sociedad, la familia y cada mujer para erradicar este flagelo. Porque la violencia nunca es normal, nunca es justificable y jamás debe ser tolerada. Y porque solo cuando caminemos unidos podremos construir un país donde todas las mujeres vivan libres, seguras y respetadas.

Origen y significado del 25 de noviembre: memoria, justicia y compromiso global 

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue oficialmente instituido el 25 de noviembre de 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 54/134. Esta fecha no fue escogida al azar: rinde homenaje a las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) tres activistas dominicanas brutalmente asesinadas en 1960 por su firme oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su valentía y sacrificio se convirtieron en un poderoso símbolo de resistencia frente a la opresión y la violencia de género.

Al instaurar esta conmemoración, la ONU buscó visibilizar una realidad global que atraviesa culturas, clases sociales y generaciones, y que continúa cobrando vidas y vulnerando derechos fundamentales de mujeres y niñas en todo el mundo. El propósito central de esta fecha es generar conciencia, promover el debate público y exigir la implementación de políticas efectivas que prevengan, sancionen y erradiquen todas las formas de violencia de género.

Cada 25 de noviembre, gobiernos, organizaciones sociales, instituciones educativas y comunidades se unen para recordar que la violencia contra la mujer no es un problema aislado, sino una violación sistemática de derechos humanos que requiere acciones urgentes, coordinadas y sostenidas.

Radiografía de la violencia contra las mujeres en Ecuador: cifras que exigen acción inmediata

Las cifras más recientes revelan una realidad alarmante sobre la violencia contra las mujeres en Ecuador y la urgencia de enfrentarla con políticas públicas efectivas y sostenidas. Solo entre enero y agosto de 2025, el país registró 510 mujeres asesinadas, una cifra que convierte a este periodo en uno de los más letales de la historia reciente. De estos casos, el 87,65% corresponde a muertes violentas y, dentro del mapa nacional, Guayaquil concentra 155 víctimas, es decir, cerca del 30% del total.

El año 2024 también dejó un panorama desgarrador: la Fundación Aldea documentó 274 feminicidios, incluyendo cinco mujeres reportadas como desaparecidas el año anterior. Las víctimas tenían un promedio de 36 años, aunque las edades oscilaron entre 1 y 81 años, lo que demuestra que la violencia no distingue etapas de vida. Entre ellas se encontraban 27 niñas y adolescentes y 79 mujeres que eran madres, dejando a 131 hijos e hijas en orfandad. En más de un tercio de los casos, el agresor mantenía una relación sentimental, presente o pasada, con la víctima, lo que evidencia el carácter íntimo y estructural de esta violencia.

Pero la violencia de género en Ecuador no se limita a las muertes. Según el INEC, 6 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. La violencia psicológica es la más común y afecta al 53,9% de las mujeres, seguida de la violencia sexual, que alcanza al 25%. A ello se suma la violencia gineco-obstétrica, una forma menos visibilizada pero extendida, ya que 48 de cada 100 mujeres reportan haberla experimentado durante su atención en el embarazo, parto o posparto.

A nivel estructural, se observan patrones que aumentan la vulnerabilidad: el 59% de las mujeres víctimas de femicidio tenía solo educación básica o primaria, frente a un 5% con educación superior. Asimismo, en 8 de cada 10 casos, el agresor fue la pareja o expareja, y más de un 35% de las muertes violentas ocurrieron en el hogar, lo que reafirma que la violencia más peligrosa es, con frecuencia, la que ocurre en espacios que deberían ser seguros.

El aumento de esta violencia ha sido descrito por la ONU como una crisis nacional. En apenas cuatro años, los asesinatos de mujeres han aumentado un 350%, y se estima que una mujer es asesinada cada 26 horas en Ecuador. Estas cifras no solo alertan, sino que reclaman una respuesta inmediata y sostenida desde el Estado, la sociedad y las comunidades.

En conjunto, estos datos muestran que la violencia contra las mujeres en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural, persistente y profundamente arraigado, que requiere acciones urgentes, integrales y coordinadas.

Acciones integrales para erradicar la violencia contra las mujeres 

La eliminación de la violencia contra las mujeres exige un compromiso decidido desde todos los ámbitos de la sociedad. En Ecuador, el Estado ha dado pasos importantes al aprobar la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2018), que establece mecanismos de prevención, atención, protección y reparación. A esto se suma el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género (2021), orientado a fortalecer la institucionalidad, garantizar una respuesta oportuna y promover políticas públicas con enfoque de derechos.

Asimismo, campañas como “Ecuador Actúa Ya. Violencia de Género, ni más” y la implementación de protocolos judiciales con enfoque de género buscan sensibilizar, prevenir y asegurar procesos judiciales más justos y accesibles para las víctimas.

La sociedad también desempeña un papel fundamental. Promover espacios de diálogo comunitario, impulsar campañas de sensibilización en medios y redes sociales y fortalecer el trabajo de organizaciones de mujeres, refugios y centros de atención contribuye a romper el silencio, desmontar mitos y brindar apoyo real a quienes enfrentan violencia.

El sistema educativo es clave para transformar patrones culturales. Incluir la educación en igualdad y derechos desde edades tempranas, capacitar al personal docente para identificar signos de violencia y desarrollar programas que involucren a familias y comunidades permite prevenir situaciones de riesgo y construir relaciones basadas en el respeto y la corresponsabilidad.

Finalmente, la familia constituye el primer espacio de aprendizaje y protección. Fomentar relaciones basadas en el diálogo, el respeto y el apoyo mutuo, enseñar a niñas y niños a reconocer su valor y a identificar conductas dañinas, así como mantener entornos seguros para que las víctimas puedan pedir ayuda, son acciones esenciales para erradicar la violencia desde la raíz.

El papel transformador de la mujer en la construcción de una vida libre de violencia

La lucha contra la violencia hacia la mujer requiere el compromiso de toda la sociedad, pero también implica reconocer el rol fundamental que cada mujer puede asumir en su propio proceso de empoderamiento y protección. Esto no significa trasladar la responsabilidad de la violencia a las víctimas (la violencia siempre es culpa del agresor), sino fortalecer las herramientas que permiten a las mujeres vivir con dignidad, seguridad y autonomía.

En primer lugar, el empoderamiento personal es esencial. Reconocer su valor, sus capacidades y sus derechos permite a cada mujer poner límites, pedir ayuda y denunciar cuando sea necesario.

La educación y formación continua, mediante talleres, espacios de reflexión o actividades comunitarias, contribuye a fortalecer la autoestima, la independencia emocional y su proyecto de vida.

Las redes de apoyo (familia, amigas, colectivos de mujeres, organizaciones sociales o comunidades de fe) son clave para compartir experiencias, obtener orientación y romper el aislamiento que muchas veces favorece la violencia.

Asimismo, la participación activa en movimientos sociales o espacios comunitarios brinda a las mujeres la oportunidad de promover cambios culturales y convertirse en líderes de transformación.

Conocer la legislación vigente, como la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ecuador, y los mecanismos institucionales disponibles (líneas de ayuda, casas de acogida, justicia especializada), fortalece la capacidad de protegerse y exigir el respeto a sus derechos.

Sin embargo, la erradicación de la violencia no depende únicamente de las mujeres. Los hombres deben asumir con responsabilidad la tarea de desaprender actitudes machistas, superar inseguridades, renunciar a la violencia y construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Solo así se podrá caminar hacia una convivencia verdaderamente humana y justa.

La espiritualidad y la reflexión también ofrecen hermosos mensajes sobre la dignidad de la mujer. Desde una mirada simbólica, se recuerda que la mujer no fue creada para ser pisoteada ni dominada, sino para caminar al lado del hombre, ser amada, respetada y protegida. Esta visión resalta la igualdad esencial y el valor irrenunciable de cada mujer como ser humano.

Como sociedad, no podemos seguir tolerando la violencia en ninguna de sus formas. La violencia es siempre una expresión de miedo, de cobardía y de incapacidad para reconocer las virtudes y talentos de la mujer. Cuando fortalecemos su autoestima, cuando respetamos su voz y cuando reconocemos su humanidad plena, contribuimos a la paz, la armonía y el bienestar colectivo.

Una mujer es un reflejo del trato que recibe; una sociedad justa es aquella que la valora, la respeta y la protege. Por ello, comprometámonos a desterrar para siempre la violencia contra la mujer. Una humanidad en paz solo es posible cuando cada mujer vive libre, segura y digna.

#NuncaMásViolenciaContraLaMujer.

Las consecuencias del maltrato contra la mujer y su impacto en la sociedad

La violencia contra la mujer no se limita al daño directo hacia la víctima: sus repercusiones se extienden hacia la familia, el entorno laboral, la comunidad y, en última instancia, toda la sociedad. Cada acto de violencia deja cicatrices visibles e invisibles que afectan el tejido social y la posibilidad de construir un futuro más justo.

En la crianza de los hijos, las consecuencias son especialmente graves. Los niños que crecen en entornos violentos pueden llegar a normalizar la agresión como una forma válida de relacionarse, perpetuando así ciclos de violencia intergeneracional. Este tipo de experiencias afecta su estabilidad emocional, generando inseguridad, ansiedad, estrés postraumático y baja autoestima.

Además, su desarrollo académico y social puede verse seriamente perjudicado: presentan dificultades para concentrarse, confiar en otros, expresar sus emociones o establecer relaciones saludables.

En el ámbito laboral, las mujeres que sufren violencia enfrentan barreras que afectan su desempeño y su autonomía económica. El ausentismo, el bajo rendimiento y el miedo constante limitan sus oportunidades de crecimiento profesional. Muchas veces pierden empleos o no pueden aspirar a mejores puestos debido al estrés, el control del agresor o la falta de apoyo institucional. Esta situación también repercute en las empresas y organizaciones, que asumen costos asociados a la salud física y emocional de sus colaboradoras, así como a la rotación y disminución de la productividad.

En su vida emocional y personal, la violencia deja huellas profundas. La depresión, la ansiedad, la culpa, la vergüenza y el aislamiento se convierten en cargas que la víctima lleva en silencio. El trauma psicológico puede requerir años de acompañamiento profesional y redes de apoyo para ser superado. Cuando el maltrato se prolonga, la mujer puede llegar a normalizarlo, perdiendo progresivamente la confianza en sí misma, en los demás y en la posibilidad de una vida sin miedo. Esto deteriora su calidad de vida, su salud integral y su capacidad de soñar y proyectarse hacia el futuro.

Las consecuencias del maltrato contra la mujer no solo hieren a quien lo vive, sino que debilitan a la familia, frenan el desarrollo de las comunidades y comprometen el bienestar social. Reconocer este impacto es indispensable para comprender la urgencia de erradicar la violencia en todas sus formas y para construir un mundo donde cada mujer pueda vivir con dignidad, seguridad y libertad.

Conclusión 

El 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos recuerda que la violencia de género no es un problema individual, sino una realidad global que nos interpela a todos. Las cifras de femicidios y agresiones en Ecuador son un llamado urgente a la acción, y aunque existen leyes, planes y campañas, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar la vida, la libertad y la dignidad de cada mujer.

Los valores espirituales, incluidos los transmitidos en la Biblia, nos recuerdan que toda persona posee una dignidad sagrada e irrenunciable. La violencia contradice por completo ese principio. Sin embargo, la espiritualidad por sí sola no basta: la erradicación de la violencia requiere decisiones valientes, políticas públicas firmes, instituciones que respondan con justicia, comunidades solidarias, familias que eduquen en igualdad y mujeres fortalecidas en su autoestima y autonomía.

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ineludible. Construir una cultura de cero tolerancias a la violencia implica educar desde la infancia, deconstruir prejuicios y comportamientos machistas, acompañar sin juzgar, creer en la palabra de las víctimas y ofrecerles caminos seguros para salir del ciclo de violencia. Significa también promover relaciones basadas en el respeto, el diálogo y la corresponsabilidad emocional, así como cultivar en cada mujer la certeza de que merece vivir libre de miedo y llena de dignidad.

Porque una sociedad que normaliza la violencia se destruye a sí misma; pero una sociedad que protege, escucha y actúa, florece. Sanar esta herida social es una tarea colectiva y urgente. Solo cuando toda mujer pueda vivir segura, valorada y respetada, podremos decir que avanzamos hacia una humanidad más justa, más pacífica y más humana.

Hoy y siempre reafirmamos:

No más silencio. No más indiferencia. No más violencia.

Sí a la dignidad, al respeto y a la justicia para todas las mujeres.

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Policía Nacional conmemora 180 años de institucionalización y 88 años de profesionalización en Zamora Chinchipe

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En una entrevista desarrollada en el comando de la Policía Nacional del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, el señor Loendy Fabricio Granda Sánchez, Mayor de Policía y Comandante Subrogante de la Subzona Zamora Chinchipe N.° 19, se refirió a la conmemoración del octogésimo octavo aniversario de profesionalización y a los 180 años de vida institucional de la entidad policial, destacando el compromiso permanente de la institución con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

Durante el diálogo, el oficial señaló que estos aniversarios representan un motivo de profundo orgullo para los servidores policiales, al formar parte de una de las instituciones más importantes del país. Subrayó que, en el contexto actual, la Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía frente a la amenaza de grupos delictivos, labor que ha significado incluso la pérdida de hombres y mujeres considerados héroes institucionales, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.

El Mayor Granda Sánchez resaltó el trabajo que se desarrolla en la Subzona Zamora Chinchipe, donde aproximadamente 600 servidores policiales cumplen funciones operativas y administrativas distribuidas en cuatro distritos, contribuyendo a que la provincia se mantenga entre las más seguras del país. En este marco, extendió un reconocimiento a los policías que diariamente desempeñan su labor con vocación de servicio y profesionalismo.

En relación con la agenda conmemorativa, informó que el viernes 6 de marzo se llevará a cabo una programación oficial a nivel nacional. En Zamora Chinchipe, las actividades iniciarán con una misa solemne a las 08:00, en la iglesia central, en honor a la institución policial, con la participación de autoridades, personal civil y policial. Posteriormente, a las 10:00, se desarrollará la sesión solemne en la Gobernación de la provincia, espacio en el cual se entregarán reconocimientos a instituciones y ciudadanos que han trabajado de manera articulada con la Policía Nacional.

En materia operativa, el Comandante Subrogante explicó que la Policía mantiene controles permanentes las 24 horas en puntos estratégicos de ingreso y salida de la provincia, como el sector de Limón (vía a Loja), la vía a San Luis y el sector de Chuchumbleza, límite con el cantón Gualaquiza. Estos operativos cuentan con la participación de unidades investigativas y del eje preventivo, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ciudadana.

Asimismo, destacó los resultados obtenidos en la lucha contra el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, señalando que en lo que va del año se ha logrado retirar del mercado cerca de un millón de dosis, lo que constituye un avance significativo en la protección de la salud pública. Añadió que se ejecutan acciones preventivas en unidades educativas, consideradas sectores vulnerables, mediante controles en los horarios de ingreso y salida de estudiantes y proyectos de policía comunitaria en coordinación con comisarías e intendencias.

El Mayor Granda Sánchez enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario, retomando la organización barrial y la participación ciudadana como ejes fundamentales para la prevención del delito. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una actitud responsable, especialmente en lo relacionado con el arrendamiento de viviendas, ante el incremento de la migración interna motivada por factores económicos y productivos de la provincia.

Finalmente, reiteró que la Policía Nacional de Zamora Chinchipe mantiene su compromiso de continuar con operativos permanentes, capacitación constante de su personal y una actuación firme contra quienes integran estructuras delictivas, siempre en estricto respeto a los derechos humanos. Extendió una invitación abierta a la ciudadanía y a las autoridades locales para participar en los actos conmemorativos del viernes 6 de marzo, reafirmando el lema institucional de servicio y vocación al pueblo ecuatoriano.

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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera reformada

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El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.

Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.

El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.

En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.

En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.

Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.

Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

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Juntos modernizan infraestructura para el Seguro Social Campesino en Pachicutza

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El Seguro Social Campesino cumple un rol fundamental en la atención primaria de salud en las comunidades rurales, beneficiando principalmente a agricultores, ganaderos y sus familias. Bajo esta premisa y en un ambiente cargado de alegría, unidad y compromiso con la comunidad, Jairo Herrera, alcalde del cantón El Pangui, realizó el viernes último, el acto oficial de entrega del mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la casa de salud del Seguro Social Campesino en la comunidad de Pachicutza, una obra que fortalece de manera significativa los servicios en el sector rural.

Este importante proyecto, se ejecutó mediante un convenio tripartito entre el GAD Municipal de El Pangui, el GAD Parroquial de Pachicutza y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con una inversión total de USD 34,995.32, demostrando que el trabajo interinstitucional permite alcanzar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

La intervención contempló la construcción de una cubierta, adecuación de gradas y mantenimiento general de la infraestructura, mejorando de manera integral los espacios físicos del establecimiento. Estas acciones optimizan las condiciones para la atención médica y garantizan mayor comodidad, seguridad y funcionalidad tanto para el personal de salud como para los afiliados.

Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron la importancia de continuar impulsando proyectos que prioricen el acceso equitativo a servicios básicos, con mayor relevancia en zonas rurales. Asimismo, destacaron que este tipo de alianzas estratégicas, permiten optimizar recursos y trabajar de manera articulada para lograr un desarrollo sostenible y solidario.

“Cuando trabajamos de manera conjunta es posible ejecutar este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Lo hacemos con compromiso y cariño porque nacimos para servir nacimos para construir” aseveró el burgomaestre a la vez que indicó para este año tiene previsto entregar más de 100 obra en todo el cantón.

Con acciones como esta, la Alcaldía de El Pangui, reafirma su compromiso de gestionar y ejecutar obras que fortalecen los derechos de cada ciudadano, mirando hacia un futuro con mejores condiciones de vida para sus habitantes.

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