En entrevista concedida a la Cadena Ecotel de Loja, el abogado Paúl Luzuriaga, representante legal de habitantes de San Carlos de las Minas, expuso una serie de denuncias en contra de la Cooperativa de Producción Minera “11 de Julio”, a la cual se atribuyen presuntas prácticas de minería ilegal y afectaciones ambientales en distintos sectores de Zamora Chinchipe.

Según Luzuriaga, la problemática fue advertida desde el año 2022, cuando moradores de San Carlos de las Minas presentaron una denuncia formal señalando daños al cauce de los ríos Zamora, Nambija y la quebrada Namanda, lo que habría provocado inundaciones y perjuicios a viviendas de la zona. No obstante, pese a la evidencia entregada, la Fiscalía Provincial de Zamora Chinchipe habría desestimado el caso, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos.

El jurista argumenta que los mineros cuentan con título de concesión, pero no con la licencia ambiental, requisito establecido en el artículo 26 del Reglamento para la Minería. Además, señaló un posible conflicto de intereses al indicar que uno de los socios de la cooperativa sería Galo Rodríguez, actual fiscal en Zamora, lo cual, a su criterio, comprometería la imparcialidad de las investigaciones.

A estas denuncias de carácter ambiental se suman también acusaciones en el ámbito urbanístico y financiero. De acuerdo con lo expuesto, la cooperativa habría participado en la comercialización de terrenos en los denominados “Jardines de Punzara” (Loja), pese a no contar con facultades legales para tal fin. Esta situación derivó en la presunta estafa a más de 800 familias que habrían invertido entre 9.000 y 10.000 dólares en dichos lotes, alcanzando un perjuicio estimado de más de cuatro millones de dólares.

Frente a este hecho, los concejales lojanos John Espinoza (presidente de la Comisión de Fiscalización del Municipio de Loja), Santiago Herráez y la doctora Jolly Castillo presentaron una denuncia en la Fiscalía de Loja, en un esfuerzo por recuperar los recursos de los afectados.

El abogado Luzuriaga enfatizó que la lucha legal lleva ya más de seis años y que las comunidades afectadas mantienen la exigencia de que se respete el derecho a un ambiente sano, así como la restitución de los bienes perdidos por las prácticas irregulares atribuidas a la cooperativa minera.

Finalmente, reiteró la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con independencia, transparencia y apego a la ley, a fin de garantizar justicia tanto para las familias perjudicadas en Loja como para los habitantes de San Carlos de las Minas que denuncian daños ambientales.

La Diócesis de Loja, en coordinación con varias entidades locales, ofreció una rueda de prensa el martes 12 de agosto, para dar a conocer los detalles del recibimiento de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne, cuya tradicional peregrinación congrega cada año a miles de fieles provenientes de diversas regiones del país.

El lema que enmarca la edición 2025 de esta manifestación de fe, “Peregrinos de Esperanza”, fue inspirado en el mensaje dejado por el recordado Papa Francisco y retomado por la iglesia local como símbolo de unidad y devoción mariana.

El monseñor Walter Heras, Obispo de Loja, destacó que “con María, Peregrinos de Esperanza es justamente lo que decimos y caminamos con ella”. Asimismo, señaló que todo se encuentra listo para la gran celebración en la parroquia El Cisne este viernes 15 de agosto, acto que marcará el inicio de la peregrinación hacia la ciudad de Loja.

Durante el encuentro con los medios de comunicación, se expuso la planificación eclesiástica, los recorridos oficiales y el contingente de seguridad destinado a salvaguardar el orden y la integridad de los participantes.

La gobernadora de Loja, Alexandra Jara Minga, informó que, previo a la llegada de la Virgen, se han ejecutado inspecciones coordinadas entre la Intendencia General de Policía, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Comisaría Municipal del GAD de Loja, abarcando no solo la parroquia El Cisne, sino también el cantón Catamayo y la capital provincial.

Por su parte, el comandante subrogante de la Subzona de Policía Loja, coronel José Cóndor Muriel, indicó que se contará con un contingente de 357 servidores policiales, reforzado con personal de las subzonas Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, además de unidades especializadas como la de Equitación y Remonta, el servicio aeropolicial y un sistema de vallado dinámico mejorado respecto al año anterior.

El Municipio de Loja también presentó sus acciones para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la romería. La alcaldesa Diana Guayanay precisó que se desplegarán 120 personas en labores de limpieza, seis recolectores de carga posterior, camiones y camionetas para el retiro de desechos en El Cisne y a lo largo del trayecto. En materia de tránsito, se implementará un plan de contingencia con 140 agentes, cierre de vías en puntos estratégicos y control durante todo el recorrido. Asimismo, se reforzará la seguridad ciudadana con vigilancia en el espacio público, especialmente en las salidas, el trayecto y la terminal terrestre.

Las autoridades subrayaron la importancia del trabajo interinstitucional para garantizar una peregrinación segura, ordenada y con el sentido espiritual que caracteriza a esta tradición. Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con responsabilidad y devoción, preservando la fe y el orden durante este importante evento religioso.

Loja – Zamora Chinchipe. – La crisis en la prestación de servicios de diálisis en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe ha generado una alerta social y sanitaria de gran magnitud. Diversos sectores ciudadanos, autoridades locales y actores políticos han manifestado su preocupación ante la inminente suspensión de este procedimiento vital, debido a la falta de pago del Estado a las casas de salud responsables de su ejecución.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el ciudadano Santiago Ochoa realizó un llamado público y urgente a la conciencia y acción de autoridades, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía en general, para exigir la inmediata asignación de recursos al sistema de diálisis en Loja. Ochoa advirtió que, de no efectuarse los pagos pendientes, los pacientes renales de ambas provincias quedarían sin atención, enfrentando un riesgo inminente de muerte.

El pronunciamiento denuncia que, mientras se han realizado desembolsos para centros en otras ciudades, Loja ha sido excluida de dichos pagos, lo que incluso ha llevado a considerar la reducción del tiempo de diálisis, su ejecución en horarios de madrugada en una única institución pública o el traslado de pacientes a otras ciudades. Estas medidas, según Ochoa, “estarían acabando con sus vidas”.

La diálisis es un procedimiento médico vital, indispensable para mantener con vida a pacientes con insuficiencia renal crónica. Su interrupción representa una amenaza directa a la salud pública y vulnera el derecho constitucional a la vida y a la atención sanitaria oportuna.

Santiago Ochoa

En respuesta a este llamado, el asambleísta por Loja, Juan Andrés González, manifestó su respaldo a la preocupación ciudadana e informó que desde hace casi un mes ha solicitado, en tres ocasiones, información oficial al IESS y al Ministerio de Salud Pública sobre el estado de los convenios, pagos pendientes y continuidad del servicio, sin obtener hasta la fecha una respuesta oportuna.

El legislador anunció que el martes 12 de agosto, a las 15h00, estará presente en las oficinas del IESS en Loja (Bernardo Valdivieso y Rocafuerte) para fiscalizar personalmente la situación, invitando a pacientes, familiares y ciudadanía a unirse para exigir soluciones inmediatas.

Esta crisis exige acciones urgentes y coordinadas por parte del Ejecutivo, ministerios competentes, asambleístas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. La salud y la vida no pueden subordinarse a retrasos administrativos o decisiones presupuestarias.

Juan Andrés González