Por Alcibar Lupercio, periodista.

La aplicación de la Ley de Alivio Financiero, a través de la resolución 2025-0145 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los ciudadanos ecuatorianos. No se trata simplemente de una medida técnica de diferimiento de pagos, sino de un instrumento de política pública con fuerte carga social y sentido de justicia económica.

En medio de una coyuntura marcada por la pérdida de ingresos, el desempleo y el aumento de la morosidad en créditos de consumo —que ya supera el 6,5 %—, la posibilidad de postergar el pago de deudas hasta por 180 días constituye un respiro legítimo y necesario. Su impacto no es menor: preserva la estabilidad de los hogares y previene el colapso de su economía familiar, sin que esto implique costos por mora ni cargos legales.

Desde una perspectiva política, esta medida ratifica la capacidad del Estado para intervenir cuando el bienestar de la población lo exige, protegiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones crediticias y que, a pesar de ello, hoy necesitan una pausa. Pero también revela una realidad preocupante: algunas entidades financieras niegan este derecho o informan de manera incorrecta, contraviniendo no solo la resolución oficial sino el principio de transparencia al que están obligadas.

Por ello, es imprescindible recordar que este beneficio aplica en todo el sistema financiero: bancos públicos, privados y cooperativas, y que ninguna entidad puede negarse a otorgarlo si se cumplen las condiciones establecidas. En caso de negativa, el camino correcto es presentar una queja formal ante la Junta de Política y Regulación Financiera o ante las Superintendencias correspondientes. El silencio o el rechazo infundado es una falta institucional que debe ser corregida.

Sin embargo, postergar no significa olvidar. El alivio financiero no es una condonación, sino un diferimiento que extiende el plazo del crédito: por ejemplo, si un préstamo finalizaba en diciembre de 2026, tras acogerse a los seis meses de alivio, se terminará de pagar en junio de 2027. Este acuerdo, voluntario y claro, debe formar parte de una estrategia de reorganización financiera responsable, tanto por parte del ciudadano como de las entidades.

En síntesis, el alivio financiero es una oportunidad que demanda corresponsabilidad. Su éxito depende de usuarios informados, bancos comprometidos y autoridades vigilantes. Solo así, esta política podrá cumplir su verdadero objetivo: garantizar una recuperación económica con rostro humano, centrada en la dignidad de quienes siguen apostando por cumplir, aun en medio de la adversidad.

Por Alcibar Lupercio

«Es tiempo de atender urgencias»: este no es un eslogan, es el grito firme de una provincia que siente cómo se le desmorona el suelo bajo los pies mientras sus autoridades se entretienen en la superficie con solo discursos, inauguraciones simbólicas y fotos para redes sociales.

Vivimos una etapa crítica en Zamora Chinchipe, donde la fragilidad de las vías rurales, los puentes en riesgos y la erosión de terrenos privados no son simples efectos colaterales, sino la consecuencia directa de una minería descontrolada y consentida por la omisión de quienes deberían ejercer control. ¿Dónde están las acciones de las autoridades, MAATE, ARCERNNR, Asambleístas, prefecta, Gobernadora, Alcaldes y Juntas Parroquiales? Dónde están los que en campaña dijeron que defenderían a su pueblo. El silencio cómplice de muchas autoridades no solo erosiona los caminos, sino también la confianza ciudadana.

Estamos normalizando la informalidad y la destrucción ambiental y con ello la condena al abandono a las comunidades. ¿Cómo se explica que un proyecto de construcción de asfaltado en la vía La Saquea – Guaguayme Bajo o la vía La Saquea – Guadalupe esté en riesgo por la cercanía de actividades mineras al río Yacuambi? estos son solo dos ejemplos pequeños. ¿Qué sentido tiene invertir millones de dólares en infraestructura si se permite, por omisión o negligencia, que se destruya importantes obras?

A esto se suma el incremento alarmante de la inseguridad, no solo en Yantzaza, también es en la provincia. La criminalidad se instala en nuestras calles y y vías, mientras muchos funcionarios se limitan a emitir condolencias en redes sociales. Felicito a la alcaldesa de Yantzaza por romper ese patrón de pasividad y liderar con valentía, pero su ejemplo no basta. Esta batalla exige una respuesta articulada, decidida y colectiva.

No podemos seguir esperando una tragedia mayor para reaccionar. El abandono de nuestras vías, la creciente violencia no son simples quejas: son las urgencias reales del pueblo. Que no se diga que las autoridades no fueron advertidas. Que no se diga que no hubo voces que con respeto y firmeza exigimos actuar a tiempo.

Si se sigue priorizando los eventos sociales, las pugnas políticas y los intereses personales, la historia no perdonará a quienes teniendo el poder de actuar, eligieron la indiferencia. La hora de despertar es ahora. Y este llamado lo hacemos como ciudadanos, no desde el odio, sino desde el compromiso con el futuro de nuestros hijos y de esta tierra amazónica que clama por justicia y dignidad.

Varias razones sustentan la negativa a convocar, en este momento, a una Asamblea Constituyente. Entre las más importantes están las de naturaleza económica. Describo algunas.

En primer lugar, si se llega a proponer un proceso de esa envergadura, los agentes económicos tomarán recaudos antes de emprender en nuevas actividades. Dicho posicionamiento resulta plenamente comprensible pues, frente a posibles cambios en las reglas de juego básicas que orientan las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, lo más prudente es ser cauto.

Así, hasta que no se conozcan las líneas matrices de la nueva estructura económica del país, el inmovilismo será la tónica entre oferentes y demandantes. La aversión al riesgo entrará a jugar un papel clave, más aún si se considera que estamos en un país en el que predecir el comportamiento de los actores políticos se ha vuelto cada vez más difícil. Literalmente, entraremos en un limbo económico por mucho tiempo.

Bajo un escenario de incertidumbre como el señalado, el desempleo, una de las principales problemáticas del país, difícilmente descenderá. Dado que los nuevos términos de la contratación serán desconocidos por un buen tiempo, la decisión que generará menores costes a los empleadores será esperar.

Esa espera, que implica también contratiempos de otro orden al sector productivo, será preferible a tomar una decisión que luego pueda comprometer las finanzas de la empresa, sobre todo de la más pequeña. Al fin y al cabo, quienes tienen mayor músculo económico siempre podrán capear de mejor forma los avatares de la vida política nacional.

De otro lado, para los que tienen recursos frescos, una Asamblea Constituyente también los colocará en una disyuntiva. Ahí, siguiendo la línea más conservadora del juego económico, muchos preferirán colocar sus harinas a buen recaudo. Algunos fondos, los más grandes, irán a distintos espacios financieros internacionales mientras que los que tienen menos ceros acudirán a depósitos a plazo dentro del país. Ganar algo de intereses mientras pasa el vendaval de la política siempre será una buena opción. Sin embargo, la mediana tranquilidad de unos irá a costa de quienes tienen la tarea de colocar esos recursos en la economía nacional. Ahí la banca nacional podría afrontar dificultades frente a una (mayor) contracción en la demanda de créditos.

Al ambiente anotado hay que agregar las secuelas en el orden internacional. Maximizadores de beneficios como son los organismos multilaterales de crédito, ante un evento de la trascendencia de una nueva carta constitucional, aguardarán antes de tomar decisiones que comprometan sus recursos. El historial del país en ese tipo de espacios no se ha caracterizado por el cumplimiento de la palabra ofrecida y eso seguramente será un aditamento para que las posibilidades de financiamiento externo entren en stand by por algunos meses. Meses que pueden convertirse en años si se considera que de cada arista del sistema económico que se vaya a discutir en la Asamblea Constituyente pueden derivarse largas y tediosas disquisiciones que, como ya se ha visto, en muchas ocasiones no llegan a ningún punto de acuerdo.

A todo lo dicho hay que agregar que no se avizora una agenda económica sostenida y sostenible que marque el modelo que se pretendería impregnar en la nueva Constitución. Hay reformas sueltas que han sido identificadas desde varios sectores, desde luego, pero no hay una elaboración orgánica del país económico que se quiere. Sin un libreto claramente establecido, una Asamblea Constituyente, en lo económico, puede terminar como una gran colección de demandas puntuales de diferentes actores y grupos de presión. Ya tenemos esa triste experiencia con el larguísimo articulado de Montecristi. No valdría la pena volver a caer en un error de ese tipo.

Los cambios en materia económica son necesarios, necesarísimos, pero quizás bajo las condiciones actuales del país, la opción más prudente está en reformas parciales a la Constitución, algo que se puede hacer con menores costes políticos y menor incertidumbre para los agentes productivos. Fuente: Primicias