Opinión
La inseguridad en el Ecuador

Por Mario Paz, docente, Mgs.
El Presidente Daniel Noboa Azín en su plan de trabajo del 2023 ofreció disminuir los altos indicadores de inseguridad en el Ecuador, que en los últimos 6 años ha afectado la economía y la tranquilidad de los ecuatorianos. Para que el lector haga su propio análisis, les comparto las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes de los últimos 25 años en nuestro país (2000 hasta el 2025)
El presidente Jamil Mahuad Witt, dejó su mandato el 21 de enero/2001 con una tasa de homicidios de 14,45 por cada 100.000 habitantes. El presidente Gustavo Noboa Bejarano, dejó su mandato el 15 de enero/2003 con una tasa de homicidios de 14,51 por cada 100,000 habitantes. El presidente Lucio Gutiérrez Borbúa, dejó su mandato el 20 de abril/2005 con una tasa de homicidios de 17,58 por cada 100,000 habitantes. El presidente Alfredo Palacio González, dejó su mandato el 15 de enero/2007 con una tasa de homicidios de 16,96 por cada 100,000 habitantes. El presidente Rafael Correa Delgado, dejó su mandato el 24 de mayo/2017 con una tasa de homicidios de 5,81 por cada 100,000 habitantes; el Ecuador fue el segundo país más seguro de la región, sólo superado por Chile, la disminución de la tasa de homicidios se debió en gran parte a la implementación del Plan Nacional de Seguridad Integral. El presidente Lenin Moreno Garcés, dejó su mandato el 24 de mayo/2021 con una tasa de homicidios de 14,77 por cada 100,000 habitantes. El presidente Guillermo Lasso Mendoza, dejó su mandato el 23 de noviembre/2023 con una tasa de homicidios de 47,25 por cada 100,000 habitantes. El presidente Daniel Noboa Azín, culmina su mandato el 24 de mayo/2025. En enero de 2025 se registraron 781 homicidios, (276) más que los registrados en enero de 2024 y en febrero de 2025 se registraron 736 muertes violentas, un 90% más que en febrero de 2024 (387 casos). El primer bimestre de año 2025 es el más violento de la historia de Ecuador.
La inseguridad es un fenómeno multicausal que no se resuelve atacando los efectos, sino las causas, ahí radica el error de nuestros gobernantes al pensar que la solución al problema de inseguridad se resuelve con estados de excepción, de hecho los expertos en seguridad explican que no hay ninguna evidencia que la militarización de las calles reduzca los niveles de delincuenci@. Es fundamental revisar algunos indicadores sociales, que ha diciembre de 2024, ubica a la pobreza en Ecuador en el 28% (ingresos menores a 91,43 dólares al mes) y que representa 5,2 millones de personas y la pobreza extrema del 12,7% (ingresos menores a 51,53 dólares al mes) que representa 2,4 millones de personas que viven en esta situación. En cuanto al empleo, el 33,7% de personas tenemos empleo adecuado (3 de cada 10 personas) y la tasa de empleo informal fue de 58%, la más alta de los últimos 20 años. En 2024. La crisis energética provocó la pérdida de 249.000 empleos, adicionalmente se estima que 72.644 estudiantes han abandonado el sistema educativo.
Aquí están algunas causas que provocan la inseguridad, que deben ser resueltos con decisión política de invertir en educación, salud, programas sociales, generación de empleo, disminución de la pobreza y extrema pobreza, porque los sectores marginados por el estado son el caldo de cultivo para el crimen organizado; además es fundamental controlar el narcotráfico, el lavado de activos, equipar con tecnología de punta y capacitar a la Policía, Ejército, Función Judicial y realizar una depuración de los funcionarios corruptos de estas instituciones y de los políticos corruptos que protegen al crimen organizado.
La inseguridad que vivimos ha perjudicado a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente a los productores, emprendedores, comerciantes y empresarios que están obligados a pagar “vacunas” a las organizaciones delictiv@s, la extorción asfixia la economía. Por temor a la inseguridad, las personas ya no salen a disfrutar en familia de los espacios públicos y privados, provocando la disminución de la venta de bienes y servicios.
Por lo expuesto, es urgente que los recursos económicos de los 3 puntos del incremento del IVA, la aprobación de las 9 preguntas del eje de seguridad de la consulta popular y referéndum y la aprobación de los proyectos de ley por parte de la Asamblea Nacional relacionadas a la lucha contra la inseguridad, sirvan para que junto al liderazgo y políticas públicas que deben ser aplicadas por los diferentes niveles de gobierno permitan hacer efectivo el compromiso de disminuir los altos indicadores de inseguridad y recuperar el control del país para garantizar la seguridad de los ciudadanos y reactivar la economía.
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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