Si la Corte Constitucional da paso al juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lasso, no le quedaría de otra que, anunciar la muerte cruzada y de forma legal disolver al legislativo para volver a reelegirse y gobernar el tiempo que aún le queda; eso, si es que en las nuevas elecciones alguien más lo reemplaza y quedaría fuera del gobierno. Una vez se superó la primera deliberación, que favorece a su aprobación, esa sería la única forma de evitarlo.

La aceptación que los ecuatorianos tienen con respecto al trabajo de la Asamblea Nacional y el gobierno liderado por Lasso, es muy baja; esto ante la grave crisis económica, política y social que se encuentra atravesando el país y la ausencia de soluciones ante las problemáticas nacionales, como por ejemplo la inseguridad que esta ganando terreno a pasos agigantados.

“La ciudadanía después de las elecciones nos dio un mensaje contundente, no queremos más a Lasso como presidente”, expuso Héctor Balladares, activista político que defiende la ideología del expresidente Rafael Correa, quien además según su perspectiva considera que la ‘muerte cruzada’ sería lo mejor para el país.

En el año 2017 ganó Lenin Moreno con el proyecto de la Revolución Ciudadana. En el 2021, la ciudadanía dijo no queremos más a Correa, pero recientemente en las últimas elecciones, la ciudadanía dice ya no querer más a Lasso y que supuestamente esperan que regrese el correísmo de la mano de su líder, esto haciendo referencia al gran porcentaje de votos que obtuvieron a nivel nacional con prefecturas y alcaldías.

Dice que el gobierno de Correa es el máximo exponente en combatir los actos de corrupción, rescata Balladares. Y que el gobierno de Lasso no ha cumplido su palabra. “No es que debe haber una sentencia para que tenga que ser enjuiciado el presidente porque tiene responsabilidad política en haber encubierto a su cuñado y a sus principales colaboradores en la corrupción que es evidente”, expuso el activista político.

Por otra parte, está el jurista y exgobernador de la provincia, Herman Espinosa quien diverge con Balladares y en su punto de vista considera que los ecuatorianos quisieron terminar con la era del correísmo y por eso votaron por Lasso, y que las políticas que ha implementado no estarían llegando hasta la población.

“Debemos entender que si el gobierno de Lasso llegó al poder es porque el pueblo ecuatoriano ya se cansó del correísmo. Lasso no era el comodín para sacar adelante al país, pero sin embargo querían ponerle fin a un gobierno que daba mucho que decir”, expuso Espinosa haciendo referencia a que su máximo líder esta fuera del país en calidad de prófugo para la justicia ecuatoriana.

En el tema del juicio político, ya depende de la Corte Constitucional, donde permitirán o denegarán llevar adelante este proceso. Pero desde su perspectiva considera que la ‘muerte cruzada’ es lo que más le conviene porque con ello acortará más el periodo de gobierno.

El jurista considera que, para enjuiciar al presidente, la Corte Constitucional debe revisar tres puntos:

1. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución.
2. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, en ella cabe el tipo de infracciones previstas en las causales de juicio político.
3. Si en la consecuencia procede iniciar o no el juicio político.

No se debe olvidar que el presidente estaría enjuiciado políticamente o sería llamado a juicio por la causal tipificada en el art. 129.2 de la Constitución de la República y que en ella específica los delitos de ‘concusión y peculado’. Es decir que el presidente habría inobservado por omisión estos dos aspectos.

Algunos juristas concluyen que la conducta del presidente de la república no se subsume en el cometimiento de estos dos delitos para impulsar el juicio político. Después de la indagación previa, si la Fiscalía encuentra los elementos suficientes, se seguirá la siguiente etapa que sería la instrucción fiscal con una duración de 90 días, para luego verificar si encuentran los elementos para sostener el juicio y convocar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

“Me atrevería a decir que el juicio político va porque va. La Corte Constitucional está monitoreando que haya los 92 votos desde la Asamblea Nacional para cesar en sus funciones al presidente de la república”, expuso Espinosa porque se estaría dando la viabilidad que requiere el poder legislativo para enjuiciar al primer mandatario.

En caso de que se proceda, la ‘última carta’ que tendría el presidente es de consolidar la muerte cruzada y de esa forma, tratar de evitar su destitución, estipulada en el artículo 194 de la Constitución.

Terminar con el gobierno y las funciones de la Asamblea Nacional no es conveniente para el país, en gran parte por haber atravesado una pandemia que golpeó a la economía mundial y la promulgación para que las personas salgan a las calles, sería otro golpe a la economía. Criterios divididos, pero finalmente quien tiene la resolución final son los jueces de la Corte Constitucional.