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La Corte Constitucional tienen en sus manos el destino del Ejecutivo y Legislativo

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Si la Corte Constitucional da paso al juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lasso, no le quedaría de otra que, anunciar la muerte cruzada y de forma legal disolver al legislativo para volver a reelegirse y gobernar el tiempo que aún le queda; eso, si es que en las nuevas elecciones alguien más lo reemplaza y quedaría fuera del gobierno. Una vez se superó la primera deliberación, que favorece a su aprobación, esa sería la única forma de evitarlo.

La aceptación que los ecuatorianos tienen con respecto al trabajo de la Asamblea Nacional y el gobierno liderado por Lasso, es muy baja; esto ante la grave crisis económica, política y social que se encuentra atravesando el país y la ausencia de soluciones ante las problemáticas nacionales, como por ejemplo la inseguridad que esta ganando terreno a pasos agigantados.

“La ciudadanía después de las elecciones nos dio un mensaje contundente, no queremos más a Lasso como presidente”, expuso Héctor Balladares, activista político que defiende la ideología del expresidente Rafael Correa, quien además según su perspectiva considera que la ‘muerte cruzada’ sería lo mejor para el país.

En el año 2017 ganó Lenin Moreno con el proyecto de la Revolución Ciudadana. En el 2021, la ciudadanía dijo no queremos más a Correa, pero recientemente en las últimas elecciones, la ciudadanía dice ya no querer más a Lasso y que supuestamente esperan que regrese el correísmo de la mano de su líder, esto haciendo referencia al gran porcentaje de votos que obtuvieron a nivel nacional con prefecturas y alcaldías.

Dice que el gobierno de Correa es el máximo exponente en combatir los actos de corrupción, rescata Balladares. Y que el gobierno de Lasso no ha cumplido su palabra. “No es que debe haber una sentencia para que tenga que ser enjuiciado el presidente porque tiene responsabilidad política en haber encubierto a su cuñado y a sus principales colaboradores en la corrupción que es evidente”, expuso el activista político.

Por otra parte, está el jurista y exgobernador de la provincia, Herman Espinosa quien diverge con Balladares y en su punto de vista considera que los ecuatorianos quisieron terminar con la era del correísmo y por eso votaron por Lasso, y que las políticas que ha implementado no estarían llegando hasta la población.

“Debemos entender que si el gobierno de Lasso llegó al poder es porque el pueblo ecuatoriano ya se cansó del correísmo. Lasso no era el comodín para sacar adelante al país, pero sin embargo querían ponerle fin a un gobierno que daba mucho que decir”, expuso Espinosa haciendo referencia a que su máximo líder esta fuera del país en calidad de prófugo para la justicia ecuatoriana.

En el tema del juicio político, ya depende de la Corte Constitucional, donde permitirán o denegarán llevar adelante este proceso. Pero desde su perspectiva considera que la ‘muerte cruzada’ es lo que más le conviene porque con ello acortará más el periodo de gobierno.

El jurista considera que, para enjuiciar al presidente, la Corte Constitucional debe revisar tres puntos:

  1. Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución.
  2. Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, en ella cabe el tipo de infracciones previstas en las causales de juicio político.
  3. Si en la consecuencia procede iniciar o no el juicio político.

No se debe olvidar que el presidente estaría enjuiciado políticamente o sería llamado a juicio por la causal tipificada en el art. 129.2 de la Constitución de la República y que en ella específica los delitos de ‘concusión y peculado’. Es decir que el presidente habría inobservado por omisión estos dos aspectos.

Algunos juristas concluyen que la conducta del presidente de la república no se subsume en el cometimiento de estos dos delitos para impulsar el juicio político. Después de la indagación previa, si la Fiscalía encuentra los elementos suficientes, se seguirá la siguiente etapa que sería la instrucción fiscal con una duración de 90 días, para luego verificar si encuentran los elementos para sostener el juicio y convocar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

“Me atrevería a decir que el juicio político va porque va. La Corte Constitucional está monitoreando que haya los 92 votos desde la Asamblea Nacional para cesar en sus funciones al presidente de la república”, expuso Espinosa porque se estaría dando la viabilidad que requiere el poder legislativo para enjuiciar al primer mandatario.

En caso de que se proceda, la ‘última carta’ que tendría el presidente es de consolidar la muerte cruzada y de esa forma, tratar de evitar su destitución, estipulada en el artículo 194 de la Constitución.

Terminar con el gobierno y las funciones de la Asamblea Nacional no es conveniente para el país, en gran parte por haber atravesado una pandemia que golpeó a la economía mundial y la promulgación para que las personas salgan a las calles, sería otro golpe a la economía. Criterios divididos, pero finalmente quien tiene la resolución final son los jueces de la Corte Constitucional.

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¿Qué justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe?

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En esta columna quiero contarles una experiencia propia como abogado. Una de esas experiencias que, más allá de ganar o perder un proceso, obligan a preguntarnos qué clase de justicia estamos recibiendo en Zamora Chinchipe.

Hoy acabo de presenciar una resolución judicial que me dejó profundamente preocupado. Se discutía un incidente de rebaja de pensión alimenticia y, entre los beneficiarios, se encontraba un niño con discapacidad física y una enfermedad catastrófica. Sin embargo, dentro del razonamiento utilizado para resolver se sostuvo, en esencia, que los niños debían ser considerados iguales.

Por supuesto que todos los niños son iguales en dignidad y derechos. Nadie podría discutir semejante principio. Pero jurídicamente resulta incomprensible confundir igualdad con idénticas condiciones de vulnerabilidad.

El artículo 35 de nuestra Constitución reconoce como grupos de atención prioritaria a los niños, a las personas con discapacidad y a quienes padecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Incluso dispone una protección especial para quienes se encuentran en condición de doble vulnerabilidad. El artículo 44, además, obliga a que prevalezca el interés superior del niño.

La Corte Constitucional también se ha pronunciado. En la sentencia 1351-19-JP/22 recordó la necesidad de realizar un análisis minucioso cuando se encuentran involucrados niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, atendiendo precisamente a su especial condición de vulnerabilidad.

Pero hubo algo más que llamó mi atención; para justificar la rebaja se habrían considerado cargas familiares que, según los antecedentes del caso, ya habían sido tomadas en cuenta anteriormente al establecer la pensión. Entonces surge una pregunta elemental: ¿qué circunstancia nueva justificaba modificarla?

Los abogados debemos respetar las decisiones judiciales, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellas. Pero respetar a la Función Judicial jamás puede significar guardar silencio frente a decisiones que consideramos jurídicamente cuestionables.

Los jueces tienen en sus manos algo demasiado importante: la vida, el patrimonio, la libertad y los derechos de las personas. Cuando se trata de niños en condiciones especialmente vulnerables, esa responsabilidad es todavía mayor.

Esta experiencia no me lleva a generalizar. En Zamora Chinchipe existen excelentes jueces y profesionales comprometidos con el Derecho. Precisamente por respeto a ellos debemos exigir que toda decisión judicial esté a la altura de la Constitución.

La justicia no consiste simplemente en resolver expedientes.

Consiste en comprender que detrás de cada expediente existe una vida.

Y cuando esa vida pertenece a un niño con discapacidad y una enfermedad catastrófica, la Constitución exige algo más que decir que “todos somos iguales”.

 

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Cursos vacacionales despertaron nuevos talentos en niños y jóvenes panguenses

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Con una jornada marcada por el talento, la creatividad y el entusiasmo de niños, niñas y jóvenes, EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Pangui realizaron la ceremonia de clausura de los Cursos Vacacionales El Pangui 2026.

El objetivo de esta iniciativa fue promover el aprovechamiento positivo del tiempo libre y fortalecer las habilidades artísticas, culturales y deportivas. Los talleres se desarrollaron durante cuatro semanas, del 13 de julio al 7 de agosto, bajo el proyecto “Nuestras raíces culturales nos preparan para un mundo mejor”.

Durante este periodo, los participantes tuvieron acceso a diferentes espacios de formación, entre ellos dibujo y pintura, pintura en cerámica, natación, locución, manualidades, tecnología, escritura creativa, turismo, danza, música, fútbol, entre otras actividades.

Durante la ceremonia de clausura intervino Klever Juepa, concejal del cantón El Pangui, quien destacó la importancia de generar espacios que permitan a niños y jóvenes desarrollar sus capacidades durante el periodo vacacional y valoró la articulación entre el Gobierno Municipal y la empresa privada para impulsar iniciativas en beneficio de las familias del cantón.

Por su parte, Fernando Regalado, Coordinador de Relaciones Comunitarias de EcuaCorriente S.A., resaltó que el respaldo a este tipo de proyectos forma parte del compromiso de ECSA con el desarrollo social de las comunidades de su zona de influencia.

Claudia Lozano, madre de familia, expresó el reconocimiento de las familias por la generación de estos espacios y destacó el valor que tienen las actividades recreativas y formativas para que los niños aprovechen sus vacaciones, descubran nuevas habilidades y compartan experiencias con otros participantes.

La clausura permitió además evidenciar los conocimientos y destrezas desarrollados durante las jornadas de formación, constituyéndose en un espacio de encuentro entre participantes, familias, instructores, autoridades y representantes de las instituciones involucradas.

 

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¡Tragedia en Zamora! Reportan derrumbe en una zona minera y deja dos fallecidos

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Zamora, 11 de agosto de 2026. La tragedia registrada durante la madrugada de este martes en la mina Cañar, perteneciente a la parroquia San Carlos de las Minas, cantón Zamora, deja un saldo fatal que enluta a dos familias de la provincia.

De acuerdo con información preliminar, el accidente se produjo alrededor de la 01:00, cuando un derrumbe sorprendió a trabajadores que se encontraban en una labor minera. En las primeras horas se reportó un fallecido y un trabajador desaparecido, mientras los organismos de socorro y compañeros de labores intensificaban las tareas de búsqueda.

Con el avance de las operaciones de rescate, se confirmó que las dos víctimas mortales fueron identificadas como Luis Alfredo Minga Calva y Edgar Edison Cañar Sánchez, cuyos cuerpos fueron recuperados entre la madrugada y la mañana de este martes.

Además de la pérdida de vidas humanas, el deslizamiento ocasionó importantes daños materiales, afectando tres excavadoras y una máquina clasificadora que se encontraban en la zona de trabajo.

Las autoridades competentes mantienen la supervisión del área afectada mientras continúan las evaluaciones para determinar las causas del derrumbe y verificar las condiciones de seguridad del sitio.

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