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Hubo señales previas a la masacre en la Penitenciaría del Litoral

Entre los internos de la Penitenciaría del Litoral ya se hablaba desde hacía días que venía un ataque de un grupo contra otro, pero el principal indicio llegó la madrugada del viernes: la policía detuvo a tres hombres que intentaban introducir a la prisión dos fusiles, cinco pistolas, tres granadas, cientos de cartuchos y hasta barras de dinamita.
Internos salieron de la cárcel para abastecerse de armas
La Policía reportó las capturas y el decomiso, y horas después reveló algo que dentro de la cárcel ya sabían los presos: los tres detenidos eran internos que pertenecen a alguna de las bandas que operan dentro y quienes salieron para abastecerse de armas.
Ya se conocía que habían armas dentro de la cárcel
Lo que pasó horas después sólo confirmó que ya había más armas dentro: la noche del viernes, se desató un ataque y enfrentamientos entre facciones rivales que se extendieron hasta la madrugada del sábado y que dejó al menos 61 reos fallecidos y 25 más heridos, en la más reciente masacre dentro del sistema penitenciario.
Reo revela lo que ocurrió antes del enfrentamiento
The Associated Press (AP) contactó a un preso en uno de los 12 pabellones que integran la prisión y habló sobre lo que ocurrió antes del enfrentamiento y cómo operan los distintos grupos para abastecerse de armas. La AP verificó la identidad del interno, quien pidió no ser identificado por temor a que lo maten.
Las autoridades tardaron varias horas el sábado para controlar la situación en la cárcel y utilizaron a 900 policías para entrar e intentar restablecer el orden en la Penitenciaría del Litoral.
En lo que va del año, al menos 334 internos han fallecidos en distintos enfrentamientos en la misma prisión. Antes del viernes, el ataque más mortal ocurrió en septiembre, cuando murieron 119 reos.
El recluso que habló con la AP está en la penitenciaria desde hace cinco años, pagando una condena de 25 por asesinato. Él asegura que no es miembro de ninguna de las bandas y que intenta mantenerse neutral.
Reo había escuchado del ataque al pabellón 2
Dijo que días antes ya se escuchaba entre los presos que otro ataque era inminente y que se decía que el blanco sería el pabellón dos y el conocido como “transitoria”, a donde llegan los nuevos internos y esperan a que haya espacio para acomodarlos. Y los dichos se cumplieron.
La balacera, aseguró, empezó a las siete de la noche del viernes y él se escondió debajo de su litera de cemento en un celda de unos ocho metros cuadrados y en la que permanecen 12 reclusos. Pidió no identificar el pabellón en el que él se encuentra para evitar que pudiera ser identificado.
Por algunos años y hasta el 2020, la Penitenciaría del Litoral fue controlada por la banda de los “Choneros”, pero tras el asesinato de su líder Jorge Luis Zambrano el año pasado, empezó una disputa interna por el control de la organización y se crearon varias facciones que ahora son señaladas como responsables de las masacres dentro de la cárcel.
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Reo dice que habrá otro ataque a otros pabellones
Las autoridades hablan de al menos seis facciones: los “Lobos”, “JR”, “Tiguerones”, del “Fito”, de “Samir” y “Ben10″. La policía no ha dicho qué grupo estaría detrás del ataque del viernes.
“Acá uno duerme con un ojo abierto”, dijo el reo a la AP. Y es que ahora, añadió, existe la versión de que en unos días atacarán a otros pabellones. “Quieren doblegar… y tener el control de las rutas del narcotráfico y del microtráfico”.
En la Penitenciaría del Litoral, dijo, “todo lo arreglan con matanza, extorsión. Si no cooperas te mueres, ellos deciden quién vive, quién muere, quién se hace rico”.
La Penitenciaría es un sitio diseñado para 5.000 internos, pero actualmente hay más de 8,500 presos. Ahí están detenidos los líderes de las principales bandas que operan en el país y que se disputan el narcotráfico a pequeña y gran escala y la extorsión.
Autoridades y expertos han dicho que las bandas criminales ecuatorianas tienen conexiones con los cárteles mexicanos rivales de Sinaloa y Jalisco Nuevo Generación, que se disputan rutas del gran tráfico. Ecuador es un país de tránsito de drogas, pero también de consumo interno.
Hace unos días, Pablo Arosamena, el gobernador de Guayas, dijo a la prensa que las ganancias por el tráfico al menudeo o “microtráfico” son muy grandes y explica la búsqueda del control: dijo que le han reportado que un ladrillo de un kilogramo de cocaína cuesta fuera de Ecuador hasta 35.000 dólares, pero cuando lo venden dentro del país le pueden sacar ganancias de más de 100.000.
Reos tienen celulares
Las autoridades han dicho que buscan contener la situación y entre otras cosas han colocado una red de inhibidores de señal para evitar que los presos se comuniquen con el exterior. Pero eso no parece funcionar: la AP habló con el reo a través de un teléfono celular. “Eso no sirve de nada, acá tenemos mejor señal que afuera”, dijo.
Una de las preguntas que siempre aparece cuando ocurre una masacre dentro de la prisión es cómo se abastecen las bandas de armamento.
Las armas entran en los camiones de comida
El interno comentó que hay colusión entre los presos y los custodios y que saben que las armas entran en los camiones de comida, e incluso “a veces por miembros de la policía”. Además, dijo, “la mafia siempre trabaja apretando a las familias de los guías”, dijo en referencia a las presiones que reciben los custodios, conocidos internamente como “guías”.
Pero incluso a veces salen algunos de los presos, como los tres que la policía detuvo el viernes, horas antes del enfrentamiento.
“Ellos son emisarios de los jefes, ellos tienen que salir y regresar, porque si no regresan se mueren, aquí los jefes controlan todo”, dijo el recluso entrevistado y refirió que en la cárcel se dice que si se quiere una pistola en la calle la consiguen por unos 1.800 dólares, porque dentro la ofrecen en 4.000.
El general Marco Villegas, delegado de control penitenciario de la Policía, dijo que los tres reos que intentaron meter las armas habrían saltado una pared para llegar a la calle, donde alguien se las había dejado para que ellos las recogieran y las introdujeran.
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Las autoridades han declarado sucesivas emergencias carcelarias y estados de excepción para acabar con las matanzas y la violencia de ese recinto, y han enviado cientos de policías a hacer requisas, pero sin el menor éxito hasta ahora.
Policía y Fuerzas Armadas no pueden permanecer dentro de las cárceles
De acuerdo con la constitución, vigente desde el 2008, la Policía no puede permanecer en el interior de las prisiones, y los miembros de las Fuerzas Armadas no pueden ingresar ni aún en situaciones de violencia extrema.
“El gobierno es responsable por omisión”, dijo a la AP el abogado y constitucionalista Joffre Campaña, fundador de la organización Goberna & Derecho.
Aseguró que ni la crisis carcelaria ni la delincuencia se van a resolver con estados de excepción o “retomando el control” cada semana. “Es un problema estructural, complejo, y sólo nos dan respuestas coyunturales y populistas”, añadió. (I)
Fuente: El Metro
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Destitución de Abdalá Bucaram en 1997: ¿Por qué la CIDH pide explicaciones al Ecuador?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tres meses al Estado ecuatoriano para que justifique las causas por las que se declaró la incapacidad mental de Abdalá Bucaram Ortiz en 1997, lo cual motivó su destitución de la Presidencia de la República.
La notificación fue emitida el pasado lunes 11 de agosto del 2025 con el objetivo de que las autoridades ecuatorianas, específicamente la Cancillería, expongan sus alegatos de descargo y justificaciones ante la denuncia interpuesta por el exmandatario en octubre del 2015.
Revise: Inicia juicio contra Abdalá Bucaram y tres personas más por presunta delincuencia organizada
“Se ha fijado un plazo de tres meses, prorrogables si fuese necesario hasta un máximo de cuatro meses, para que este (el Estado ecuatoriano) presente sus observaciones”, dice el documento de la entidad de derechos humanos.
Por su parte, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz reaccionó a través de la red social X en donde escribió que “nunca es tarde para hacer justicia”.

¿POR QUÉ DEMANDA ABDALÁ BUCARAM?
En febrero de 1997, Ecuador vivía una crisis política y social con varias manifestaciones en contra del Gobierno de Bucaram Ortiz.
A la par, el diputado Fanklin Verduga Vélez, del Partido Social Cristiano (PSC), presentó una moción para destituir al entonces presidente, alegando discapacidad mental.
La idea fue apoyada por 44 diputados del PSC y de Democracia Popular. Es así que se declaró la incapacidad de Bucaram para gobernar con base en un supuesto informe médico sobre problemas mentales.
Tras la destitución de Bucaram, Fabián Alarcón, entonces presidente del Congreso, asumió como mandatario interino del Ecuador.
Sin embargo, Bucaram alega que su destitución fue ilegal porque no hubo un juicio político que le permitiera defenderse. Además, dice que fue declarado incapaz mental sin un juicio civil que contempla la ley, ni la participación de un cuerpo médico que constate las supuestas afectaciones.
Ahora con la notificación de la CIDH, el Estado ecuatoriano debe decir si fue legal o no la destitución del expresidente, pero además los diputados que votaron a favor de la moción deberán justificar su decisión.

BUCARAM EN MEDIO DE UN JUICIO
Mientras tanto, el expresidente junto a su hijo Jacobo Bucaram y dos personas más enfrentan un juicio por delincuencia organizada en el denominado caso ‘Pruebas covid-19 Agentes AMT’.
La Fiscalía intenta probar que estas personas habrían conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y otros insumos médicos.
“Para ello, habrían movilizado incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil”, dice el informe de la institución.
Añade que estos insumos fueron entregados a Jacobo Bucaram, quien habría pagado miles de dólares en efectivo a Sheinman Oren, quien estaba junto a Shy.
Estos dos extranjeros fueron aprehendidos en delito flagrante en la provincia de Santa Elena con 100.000 dólares en efectivo. Además, se hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros en el departamento en que se hospedaban.
El llamado a juicio por esta causa se dictó en diciembre del 2021, pero no se logró concretar por dilataciones por parte de los procesados. Durante todo este tiempo, hubo problemas de salud, inasistencia de los abogados y excusas de los jueces. Fuente
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Ministro de Defensa explica por qué se ordenó el traslado de las comandancias de la Policía y las FF.AA. a Guayaquil

En el marco de la inauguración de un área de radioterapia en el Hospital de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se refirió este martes a la reciente resolución por parte de la Presidencia de de trasladar las comandancias generales de la Policía y las Fuerzas Armadas a la ciudad de Guayaquil.
El titular de la cartera de Estado respaldó la decisión del mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, apuntando que se debe actuar “en territorio” para poder evaluar de mejor manera lo que ocurre y disponer medidas con mayor velocidad y eficacia.
Loffredo agregó que no es la primera vez que las comandancias de ambas fuerzas de seguridad son trasladadas fuera de Quito, pues estas han operado temporalmente desde la ciudad de Manta en la provincia de Manabí ante el vertiginoso aumento de delitos violentos que se registró desde el año pasado.

Solo el pasado martes, por lo menos ocho personas fueron asesinadas en menos de dos horas en distintos puntos del distrito Pascuales, uno de los sectores más conflictivos de la ciudad.
«Una macrointervención»
«En Manabí se hizo una macrointervención, la idea asumo es hacerlo de manera idéntica», explicó este lunes el coronel de la Policía Fernando Vaca, en una rueda de prensa en la que se analizaron los índices delictivos que se registran en las otras ciudades de la provincia de Guayas, que, según aseguraron, «están a la baja».
El jefe policial indicó que los principales responsables de las unidades especializadas se reunirán en la ciudad para coordinar, desde una sola mesa de trabajo, acciones y estrategias basadas en el comportamiento actual de delitos como sicariatos. Fuente: Vistazo
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