Por: Alonzo Cueva

La madrugada del pasado 4 de julio, la naturaleza descargó su fuerza sobre la parroquia Guadalupe. Un desprendimiento masivo en la cima de la cordillera provocó un aluvión devastador que golpeó con dureza a Santa Isabel y Cantzama. Más allá de la crudeza del temporal, lo que llama profundamente a la reflexión es la inmediata reacción gubernamental de encasillar esta catástrofe estrictamente geológica como una consecuencia de la actividad minera. Más que un error de apreciación técnica, este empeño discursivo parece responder a una calculada estrategia política.

Es necesario analizar el escenario regional con total objetividad para no caer en sesgos comunes. Nadie desconoce que, en sectores como Chamico, Nambija Bajo, las comunidades adyacentes a las cuencas de los ríos Zamora, Nangaritza, y algunas ubicadas en las márgenes del mismo río Yacuambi donde las inundaciones recurrentes guardan una relación directa con la minería aluvial y la falta de una planificación y regularización integral en el territorio. Sin embargo, el caso de Cantzama es radicalmente distinto. En esta zona no se realiza actividad minera; y este blindaje ambiental no obedece a un control estatal, sino a la firme y pacífica postura del pueblo guadalupano, que históricamente ha protegido este espacio como un santuario turístico de aguas cristalinas.

¿Por qué entonces el discurso oficial insiste en agitar el fantasma de la minería en un territorio libre de ella? La respuesta de fondo devela una doble intención política que busca evadir realidades complejas. Por un lado, culpar de forma generalizada a la minería funciona como la coartada perfecta para legitimar operativos de persecución y criminalización en contra de un sector que, lejos de ser el enemigo, ha sido el motor histórico que dinamiza la economía formal y popular de Zamora Chinchipe. Por el otro, esta narrativa busca blindar al centralismo de la fiscalización pública, construyendo un pretexto ideal para desviar la atención sobre las tareas pendientes en gestión de riesgos en laderas altas y sistemas de alerta temprana.

Adoptar una postura de confrontación total o de oposición ciega frente al Estado no soluciona los problemas estructurales de la provincia. Las autoridades tienen la responsabilidad técnica de investigar integralmente el territorio, pero no pueden utilizar el lodo y el dolor de una tragedia natural como una herramienta de castigo político o estigmatización gremial. Inventar causas mineras donde no existen solo para justificar agendas de control trunca los caminos hacia la regularización formal que miles de familias mineras legítimamente reclaman para trabajar en orden.

Los hechos en Cantzama son claros y los testimonios locales coinciden en que el desastre se originó por el colapso climático de la parte alta. El pueblo de Guadalupe merece respeto a su memoria organizativa y una reconstrucción real de sus comunidades. Asimismo, el sector minero de la provincia merece un debate serio, técnico y alejado de manipulaciones mediáticas que pretendan culparlo de la furia de la naturaleza para justificar su persecución. La reactivación y la seguridad de nuestra provincia no se construyen fabricando pretextos, sino afrontando la realidad del territorio con verdad y madurez política.

El pasado miércoles 20 de mayo, en el programa Tertulia Jurídica, se desarrolló un amplio análisis académico y jurídico sobre la prisión preventiva, contando con la participación internacional del reconocido jurista español Ramón Ragués Vallés, director del Máster Universitario en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra.

Durante la apertura del espacio, el académico agradeció la invitación y explicó su trayectoria profesional como catedrático de Derecho Penal en la universidad pública de Barcelona, institución en la que ha desarrollado más de tres décadas de labor docente e investigativa. Además, destacó su experiencia como magistrado suplente en la Audiencia de Barcelona y su colaboración permanente con despachos jurídicos especializados en materia penal, lo que le ha permitido mantener contacto directo con la práctica procesal.

El programa, que marcó el cierre de la segunda temporada de Tertulia Jurídica, abordó uno de los temas más sensibles y debatidos dentro de los sistemas judiciales contemporáneos: la prisión preventiva y sus implicaciones dentro del Estado de derecho.

La prisión preventiva y la presunción de inocencia
Durante su intervención, Ramón Ragués explicó que la prisión preventiva pertenece al ámbito del Derecho Procesal Penal y no al Derecho Penal sustantivo. Sin embargo, sostuvo que sus efectos prácticos tienen profundas repercusiones en los derechos fundamentales de las personas.

El jurista señaló que, aunque formalmente la prisión preventiva es considerada una medida cautelar y no una pena, en la práctica es vivida como un castigo por quienes la padecen, pese a no haber sido declarados culpables mediante sentencia ejecutoriada.

“Estamos ante una institución realmente complicada para los estados de derecho, porque proclamamos la presunción de inocencia como derecho fundamental y, sin embargo, permitimos que existan personas privadas de libertad sin haber sido condenadas”, manifestó.

Asimismo, afirmó que la prisión preventiva puede resultar incluso más severa que una pena privativa de libertad ordinaria, debido a la incertidumbre que enfrenta la persona detenida, quien desconoce cuánto tiempo permanecerá encarcelada y no accede a beneficios penitenciarios como permisos, trabajo externo o libertad condicional.

Una medida excepcional y de última ratio
El académico español enfatizó que la prisión preventiva debe ser aplicada únicamente como “último recurso” o última ratio, reservada exclusivamente para casos de extrema gravedad y cuando existan razones estrictamente justificadas.

Ragués recordó que recientemente publicó un libro titulado La prisión provisional como última ratio, obra en la que sostiene que esta medida cautelar solo debe utilizarse cuando sea absolutamente imprescindible para proteger intereses fundamentales del Estado y de la sociedad.

En ese contexto, criticó la aplicación rutinaria de la prisión preventiva en delitos de gravedad media, como pequeños tráficos de drogas o delitos patrimoniales, situación que —según indicó— ocurre tanto en España como en varios países latinoamericanos.

“Los delitos que justifiquen una prisión preventiva deben ser sumamente graves y generar una auténtica conmoción social”, expresó.

Alternativas tecnológicas y control telemático

Otro de los puntos centrales de la conferencia fue la necesidad de fortalecer mecanismos alternativos a la prisión preventiva mediante herramientas tecnológicas.

El especialista explicó que los sistemas judiciales deberían priorizar medidas como arresto domiciliario con vigilancia telemática, brazaletes electrónicos, fianzas, prohibiciones de acercamiento y otras formas de control menos invasivas antes de recurrir al encarcelamiento preventivo.

Indicó además que, en muchos países, los controles electrónicos son utilizados principalmente para personas condenadas que cumplen la fase final de sus penas, cuando deberían destinarse prioritariamente a quienes aún no han sido juzgados.

Riesgo de fuga e inteligencia artificial
Uno de los temas que despertó mayor interés fue el análisis sobre el riesgo de fuga como principal argumento utilizado por los jueces para ordenar prisión preventiva.

Ragués cuestionó que muchos operadores judiciales continúen razonando bajo esquemas propios del siglo XIX, considerando que actualmente los mecanismos internacionales de cooperación y extradición permiten localizar y capturar rápidamente a personas que abandonan un país.

Asimismo, abrió el debate sobre el uso de inteligencia artificial y algoritmos predictivos para evaluar riesgos procesales, particularmente el riesgo de fuga.

Según explicó, actualmente los jueces toman estas decisiones basándose principalmente en su experiencia personal, mientras que los sistemas de inteligencia artificial podrían permitir análisis más racionales sustentados en bases de datos y estadísticas generales del sistema judicial.

No obstante, aclaró que estas herramientas no deben reemplazar el criterio humano del juez, sino servir únicamente como apoyo técnico y orientativo.

Riesgo procesal y protección de víctimas
Durante la exposición también se abordó el denominado riesgo de obstaculización de la justicia, es decir, la posibilidad de destrucción o alteración de pruebas.

Sobre este punto, el jurista sostuvo que los jueces deben fundamentar de manera concreta y específica por qué existe dicho riesgo, evitando argumentaciones genéricas que vulneren garantías fundamentales.

En relación con el riesgo de comisión de nuevos delitos, el académico estableció una diferenciación importante. Consideró legítima la prisión preventiva cuando se busca proteger la vida o integridad física de víctimas concretas, especialmente en casos de violencia de género o delitos sexuales.

Sin embargo, expresó reservas frente a conceptos ambiguos como “peligrosidad social” o “seguridad ciudadana” utilizados para justificar encarcelamientos preventivos sin amenazas específicas e individualizadas.

Problemas técnicos interrumpieron temporalmente la transmisión
La jornada académica sufrió una breve interrupción debido a problemas técnicos con la plataforma Zoom, situación que obligó a suspender momentáneamente la transmisión antes de retomar el diálogo jurídico.

Pese a ello, la conferencia continuó desarrollándose con normalidad y generó amplio interés entre estudiantes, abogados, académicos y ciudadanos que siguieron el programa.

Un debate vigente en América Latina
La participación de Ramón Ragués Vallés permitió abrir un espacio de reflexión sobre el uso de la prisión preventiva en los sistemas judiciales latinoamericanos y europeos, destacando la necesidad de fortalecer garantías constitucionales, respetar la presunción de inocencia y evitar el uso excesivo de medidas privativas de libertad.

El programa Tertulia Jurídica concluyó así su segunda temporada consolidándose como un espacio de análisis académico y debate especializado sobre temas de relevancia nacional e internacional en materia jurídica.

El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe, Frank Ricardo Caamaño, informó que la provincia enfrenta actualmente un déficit de cinco jueces, situación que incide directamente en la carga laboral y en los tiempos de respuesta del sistema judicial.

De acuerdo con la autoridad, en condiciones normales la provincia debería contar con 22 jueces en funciones; sin embargo, actualmente operan con una reducción significativa: dos vacantes en la Corte Provincial, una en tribunales penales y dos en unidades judiciales. Estas vacantes se han generado principalmente por procesos de jubilación y traslados administrativos que no han sido cubiertos oportunamente.

Caamaño señaló que esta problemática no solo preocupa a la ciudadanía, sino también a los servidores judiciales, quienes enfrentan una creciente presión en la atención de causas. “Hacemos nuestro máximo esfuerzo, pero la falta de personal se siente en el trabajo diario”, enfatizó.

Sobrecarga laboral y agenda saturada
En este contexto, explicó que, aunque regularmente se programan dos audiencias diarias, en la práctica los jueces deben atender entre cuatro y cinco audiencias por día, debido a la atención de casos urgentes como apelaciones a prisión preventiva y procesos relacionados con grupos vulnerables.

Asimismo, informó que la agenda de audiencias de la Corte Provincial se encuentra copada hasta el mes de noviembre, lo que evidencia el alto nivel de acumulación de procesos. Esta situación se agrava por la implementación del sistema procesal civil vigente desde 2016, el cual obliga a resolver incluso trámites menores mediante audiencias, incrementando la carga operativa.

Multicompetencia y limitaciones estructurales
Una de las particularidades de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe es su carácter multicompetente, lo que implica que los jueces conocen materias civiles, penales, laborales, constitucionales y de niñez y adolescencia. Actualmente, la sala provincial está conformada por tres jueces, una secretaria y dos ayudantes judiciales, quienes atienden todas las causas de la provincia.

Esta realidad contrasta con otras jurisdicciones como Loja, donde existen tribunales especializados y mayor número de personal, lo que permite una distribución más eficiente de los casos.

Gestiones ante autoridades nacionales
El presidente de la Corte indicó que se han realizado múltiples gestiones ante la Dirección Provincial y la planta central en Quito, responsable de las contrataciones. En este sentido, anunció que se prevé un desplazamiento a la capital para exponer directamente la situación ante las autoridades nacionales y buscar soluciones concretas.

Aclaró además que la solicitud institucional no implica la creación de nuevas plazas, sino la restitución de al menos cinco jueces y cerca de 30 funcionarios de apoyo que fueron retirados desde el año 2020.

Impacto en los tiempos de respuesta
Como consecuencia del déficit de personal, los tiempos de resolución de causas han aumentado considerablemente. Mientras anteriormente las decisiones podían emitirse en aproximadamente un mes, actualmente el promedio se sitúa entre cuatro y cinco meses, lo que afecta el derecho ciudadano a una justicia oportuna.

Procesos disciplinarios y control judicial
En cuanto al ámbito disciplinario, Caamaño informó que durante el presente año se han tramitado varias declaraciones jurisdiccionales previas, mecanismo necesario para determinar posibles responsabilidades de operadores de justicia. Hasta la fecha, ha sustanciado cuatro casos, de los cuales algunos han sido remitidos al Consejo de la Judicatura para su análisis, mientras que otros han sido archivados por no cumplir los requisitos legales.

Llamado a fortalecer el sistema judicial
Finalmente, la autoridad reiteró la necesidad urgente de fortalecer el sistema judicial en la provincia, señalando que, pese al compromiso del personal existente, las condiciones actuales limitan una atención ágil y eficiente.