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Histórica sentencia reivindica derechos laborales de extrabajadores del Municipio de Chinchipe

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En un pronunciamiento considerado emblemático para la defensa de los derechos laborales en la provincia Amazónica, la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe emitió una sentencia que marca un paso importante en los procesos judiciales emprendidos por extrabajadores del Municipio del cantón Chinchipe, quienes durante años han luchado por la reivindicación de sus derechos constitucionales y laborales.

Así lo dio a conocer el abogado defensor de los trabajadores. Edgar Robayo, durante una entrevista en Diario El Amazónico, donde explicó el contexto, implicaciones y alcances jurídicos de este fallo que, luego de más de cuatro años de litigio, favorece a los trabajadores despedidos en mayo de 2019, tras el cese de su relación laboral con la municipalidad.

Un proceso largo y plagado de obstáculos
El jurista explicó que el proceso ha estado marcado por una serie de irregularidades judiciales que entorpecieron el acceso a la justicia por parte de los trabajadores. Desde inadmisiones arbitrarias de la demanda, hasta dilaciones procesales injustificadas —como la falta de juez en el cantón Chinchipe durante casi un año, los extrabajadores enfrentaron un sistema que, en palabras del abogado, “los obligó a litigar en una cancha inclinada”.
Una de las principales controversias surgió cuando el juez de primera instancia declaró la prescripción de los procesos, aduciendo demoras en su tramitación, las cuales habían sido provocadas precisamente por decisiones judiciales que contravenían lo dispuesto por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En específico, el juez declaró de oficio su incompetencia, acción expresamente prohibida por la normativa en materia laboral, que reserva dicha excepción exclusivamente a la parte demandada.

Corte Provincial rectifica y sienta precedentes
El caso dio un giro con la sentencia dictada el 2 de julio de 2025 por la Corte Provincial, en la causa del extrabajador Darwin Patricio Saquinaula Rueda. En dicha resolución, los jueces provinciales Frans Ricardo Camaño Ochoa y Marcos Gavino Coronel Vélez revocaron la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto la declaratoria de prescripción. La sentencia de la Corte destacó que el proceso había sido injustamente archivado por obstáculos generados por el mismo sistema judicial.

Este fallo no solo resolvió favorablemente para el demandante, sino que, según Robayo, se convierte en una “trocha abierta” que guiará más de un centenar de juicios laborales pendientes en la provincia. “Esta sentencia reivindica una lucha obrera, ya no por la obtención de nuevos derechos, sino para que los ya reconocidos constitucionalmente sean efectivamente aplicados”, indicó.

Valor académico y jurídico de la sentencia
El abogado resaltó el contenido técnico y argumentativo de la sentencia, que ha comenzado a ser analizado en espacios universitarios de posgrado por su valor en materia de argumentación jurídica. “Esta decisión judicial no solo tiene un impacto formal, sino que adquiere dimensión material y pragmática, al interpretar con profundidad el sentido protector del Derecho del Trabajo y su finalidad social”, expresó.

Uno de los fragmentos destacados de la sentencia, contenido en el numeral 25.3, establece que “subsumir al trabajador dentro de lo preceptuado en el artículo 2419 del Código Civil es torturar mortalmente la norma”, refutando así la visión meramente mercantilista que se pretendió aplicar desde primera instancia para desestimar el carácter laboral de la relación y evadir la obligación patronal.

Impacto económico y social del fallo
Según las estimaciones de Robayo, cada trabajador podría recibir una indemnización que bordea los 15.000 dólares, suma que incluye montos por concepto de sueldos impagos, intereses legales acumulados y multas contempladas en el Código del Trabajo. Cabe señalar que el empleador, en este caso el Municipio, incumplió el pago de tres meses de remuneración tras la finalización de los contratos, lo que generó el inicio de esta gesta jurídica.

“Esto no es atribuible a los trabajadores, sino estrictamente a la administración municipal, que contrató de forma inadecuada y omitió sus obligaciones legales”, indicó el jurista.

Denuncias y riesgos en la defensa de derechos
Robayo también denunció las agresiones físicas que sufrió como consecuencia de su labor profesional. Relató haber sido víctima de un atentado en el que resultó con heridas graves, tras ser atacado por familiares del exalcalde del cantón. Estas acciones, señaló, reflejan los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y laborales en la provincia.

Un llamado a la ética profesional y al compromiso social
Finalmente, el abogado en libre ejercicio, realizó un llamado a la comunidad jurídica, exhortando a los abogados laboralistas a honrar los principios éticos de la profesión y asumir con valentía la defensa de los más vulnerables. “No basta con aparecer cuando hay juicios fáciles; hay que estar en las verdaderas luchas, junto al pueblo trabajador, cuando el poder político y judicial se convierten en obstáculo para la justicia”, señaló.

Este proceso judicial, más allá de su dimensión legal, encarna una lucha simbólica y estructural por la dignidad laboral en la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias a la actuación de la Corte Provincial, se sienta un precedente que fortalece el Estado de Derecho y visibiliza las históricas desigualdades que han afectado a los trabajadores. Y a la ciudadanía, organizaciones laborales y actores institucionales están llamados ahora a acompañar y vigilar el desarrollo de los procesos pendientes, en el camino hacia una justicia más equitativa, eficaz y humana.

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Policía Nacional conmemora 180 años de institucionalización y 88 años de profesionalización en Zamora Chinchipe

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En una entrevista desarrollada en el comando de la Policía Nacional del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, el señor Loendy Fabricio Granda Sánchez, Mayor de Policía y Comandante Subrogante de la Subzona Zamora Chinchipe N.° 19, se refirió a la conmemoración del octogésimo octavo aniversario de profesionalización y a los 180 años de vida institucional de la entidad policial, destacando el compromiso permanente de la institución con la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

Durante el diálogo, el oficial señaló que estos aniversarios representan un motivo de profundo orgullo para los servidores policiales, al formar parte de una de las instituciones más importantes del país. Subrayó que, en el contexto actual, la Policía Nacional continúa trabajando para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía frente a la amenaza de grupos delictivos, labor que ha significado incluso la pérdida de hombres y mujeres considerados héroes institucionales, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento del deber.

El Mayor Granda Sánchez resaltó el trabajo que se desarrolla en la Subzona Zamora Chinchipe, donde aproximadamente 600 servidores policiales cumplen funciones operativas y administrativas distribuidas en cuatro distritos, contribuyendo a que la provincia se mantenga entre las más seguras del país. En este marco, extendió un reconocimiento a los policías que diariamente desempeñan su labor con vocación de servicio y profesionalismo.

En relación con la agenda conmemorativa, informó que el viernes 6 de marzo se llevará a cabo una programación oficial a nivel nacional. En Zamora Chinchipe, las actividades iniciarán con una misa solemne a las 08:00, en la iglesia central, en honor a la institución policial, con la participación de autoridades, personal civil y policial. Posteriormente, a las 10:00, se desarrollará la sesión solemne en la Gobernación de la provincia, espacio en el cual se entregarán reconocimientos a instituciones y ciudadanos que han trabajado de manera articulada con la Policía Nacional.

En materia operativa, el Comandante Subrogante explicó que la Policía mantiene controles permanentes las 24 horas en puntos estratégicos de ingreso y salida de la provincia, como el sector de Limón (vía a Loja), la vía a San Luis y el sector de Chuchumbleza, límite con el cantón Gualaquiza. Estos operativos cuentan con la participación de unidades investigativas y del eje preventivo, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y ciudadana.

Asimismo, destacó los resultados obtenidos en la lucha contra el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, señalando que en lo que va del año se ha logrado retirar del mercado cerca de un millón de dosis, lo que constituye un avance significativo en la protección de la salud pública. Añadió que se ejecutan acciones preventivas en unidades educativas, consideradas sectores vulnerables, mediante controles en los horarios de ingreso y salida de estudiantes y proyectos de policía comunitaria en coordinación con comisarías e intendencias.

El Mayor Granda Sánchez enfatizó la importancia de fortalecer el trabajo comunitario, retomando la organización barrial y la participación ciudadana como ejes fundamentales para la prevención del delito. En este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una actitud responsable, especialmente en lo relacionado con el arrendamiento de viviendas, ante el incremento de la migración interna motivada por factores económicos y productivos de la provincia.

Finalmente, reiteró que la Policía Nacional de Zamora Chinchipe mantiene su compromiso de continuar con operativos permanentes, capacitación constante de su personal y una actuación firme contra quienes integran estructuras delictivas, siempre en estricto respeto a los derechos humanos. Extendió una invitación abierta a la ciudadanía y a las autoridades locales para participar en los actos conmemorativos del viernes 6 de marzo, reafirmando el lema institucional de servicio y vocación al pueblo ecuatoriano.

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Cámara de Minería de Zamora Chinchipe anuncia demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Minera reformada

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El día lunes 2 de marzo de 2026 se desarrolló una rueda de prensa convocada por la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, en la cual se anunció de manera oficial la presentación de una demanda de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la Ley de Minería, aprobada por la Asamblea Nacional y remitida con carácter urgente al Registro Oficial para su inmediata vigencia.

Durante su intervención, el presidente de la Cámara, Paúl Pineda, señaló que la normativa aprobada representa un retroceso en derechos y garantías constitucionales, especialmente para los mineros artesanales, pequeños y operadores mineros que históricamente han desarrollado su actividad en la provincia de Zamora Chinchipe y en otras zonas del país. Según explicó, se trata de una ley que no fue debidamente socializada ni construida de manera equitativa con los sectores directamente involucrados en la actividad minera.

Uno de los principales puntos de preocupación expuestos fue la eliminación de la posibilidad de celebrar contratos de operación entre concesionarios privados y operadores mineros. La reforma establece que dicha facultad recaiga exclusivamente en la Empresa Nacional Minera (ENAMI), la cual únicamente puede otorgar contratos dentro de sus propias áreas concesionadas, mas no en concesiones de terceros.

Esta disposición, de acuerdo con la Cámara, constituye una regresión de derechos, ya que históricamente el contrato de operación ha sido un mecanismo legítimo que permitía a concesionarios que no podían operar directamente, articularse con operadores mineros, dinamizando la economía local y formalizando la actividad.

El presidente Paul Pineda advirtió que esta reforma deja en estado de incertidumbre y suspensión a numerosos operadores mineros que se encontraban en procesos de regularización, dependiendo del régimen y tipo de minería, afectando directamente el derecho al trabajo y a la seguridad jurídica. Asimismo, enfatizó que la entrada en vigencia inmediata de la ley agrava el impacto, al no permitir periodos de transición razonables.

En el ámbito ambiental, la Cámara expresó una profunda preocupación por la eliminación de la licencia ambiental como requisito previo, reemplazándola por un simple certificado ambiental. Según se explicó, la licencia ambiental ha sido históricamente el principal instrumento que garantiza la participación ciudadana, la consulta previa, libre e informada y el derecho de las comunidades a pronunciarse sobre proyectos extractivos en sus territorios. La reforma, señalaron, abre la puerta a procesos extractivos sin el debido control social y ambiental.

En este contexto, se cuestionó también la participación de Condormining en la comisión legislativa que trató la reforma, considerando que esta empresa mantiene conflictos sociales históricos con mineros artesanales y comunidades del sector de Chinapintza. Para la Cámara, este hecho evidencia intereses claramente definidos en la configuración de la normativa.

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe informó que ha mantenido acercamientos y diálogos con el asambleísta Héctor Valladarez, con quien se ha acordado, de manera conjunta y unánime, impulsar la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador.

La acción se enfocará específicamente en los artículos relacionados con el régimen minero y ambiental, y adicionalmente se solicitará la suspensión de los efectos de la norma, mientras la Corte resuelve el fondo del caso, con el fin de evitar afectaciones irreversibles.

Por su parte, el asambleísta Héctor Valladares manifestó que la demanda se sustenta en varios ejes de inconstitucionalidad: la asignación de funciones a las Fuerzas Armadas como custodios de empresas mineras, en contravención de su misión constitucional; la eliminación de la licencia ambiental y, con ello, de los mecanismos de consulta y participación ciudadana; y la exclusión progresiva de los mineros artesanales y pequeños de los yacimientos, mediante reformas al artículo 134 de la Ley Minera y disposiciones que restringen de forma definitiva los permisos excepcionales y los contratos de operación.

Valladarez enfatizó que estas reformas afectan directamente a más de 20.000 mineros artesanales y pequeños de la provincia de Zamora Chinchipe, poniendo en riesgo su fuente de trabajo y su derecho histórico a explotar los yacimientos que ellos mismos descubrieron. Reiteró que la seguridad, la democracia y el desarrollo no se construyen con militarización ni exclusión, sino con derechos, diálogo, equidad y justicia social.

Finalmente, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reafirmó su autonomía organizativa y jurídica, aclarando que no pertenece ni responde a la Cámara de Minería del Ecuador, y que cuenta con personería jurídica y legitimidad para accionar ante la Corte Constitucional.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía, a los mineros artesanales y pequeños, y a los sectores productivos de la provincia, a mantenerse unidos y vigilantes frente a una normativa que, a su criterio, favorece de manera desproporcionada a la gran minería y vulnera derechos constitucionales fundamentales.

La Cámara reiteró su compromiso de continuar defendiendo una minería responsable, inclusiva y socialmente justa, que permita el desarrollo económico de la provincia sin sacrificar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.

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Juntos modernizan infraestructura para el Seguro Social Campesino en Pachicutza

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El Seguro Social Campesino cumple un rol fundamental en la atención primaria de salud en las comunidades rurales, beneficiando principalmente a agricultores, ganaderos y sus familias. Bajo esta premisa y en un ambiente cargado de alegría, unidad y compromiso con la comunidad, Jairo Herrera, alcalde del cantón El Pangui, realizó el viernes último, el acto oficial de entrega del mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la casa de salud del Seguro Social Campesino en la comunidad de Pachicutza, una obra que fortalece de manera significativa los servicios en el sector rural.

Este importante proyecto, se ejecutó mediante un convenio tripartito entre el GAD Municipal de El Pangui, el GAD Parroquial de Pachicutza y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con una inversión total de USD 34,995.32, demostrando que el trabajo interinstitucional permite alcanzar resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

La intervención contempló la construcción de una cubierta, adecuación de gradas y mantenimiento general de la infraestructura, mejorando de manera integral los espacios físicos del establecimiento. Estas acciones optimizan las condiciones para la atención médica y garantizan mayor comodidad, seguridad y funcionalidad tanto para el personal de salud como para los afiliados.

Durante el acto de entrega, las autoridades resaltaron la importancia de continuar impulsando proyectos que prioricen el acceso equitativo a servicios básicos, con mayor relevancia en zonas rurales. Asimismo, destacaron que este tipo de alianzas estratégicas, permiten optimizar recursos y trabajar de manera articulada para lograr un desarrollo sostenible y solidario.

“Cuando trabajamos de manera conjunta es posible ejecutar este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de la gente. Lo hacemos con compromiso y cariño porque nacimos para servir nacimos para construir” aseveró el burgomaestre a la vez que indicó para este año tiene previsto entregar más de 100 obra en todo el cantón.

Con acciones como esta, la Alcaldía de El Pangui, reafirma su compromiso de gestionar y ejecutar obras que fortalecen los derechos de cada ciudadano, mirando hacia un futuro con mejores condiciones de vida para sus habitantes.

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