Nacionales
Hasta enero tres helicópteros Dhruv, que están inoperativos, fueron inmovilizados por decisión judicial
Ampliar el plazo de prohibición de enajenación de tres helicópteros Dhruv fue una de las decisiones que contiene el fallo del juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en la audiencia de formulación de cargos contra quince personas, por el presunto delito de peculado en la adquisición de siete de esas aeronaves.
En 2008, Ecuador por intermedio del Ministerio de Defensa compró siete helicópteros Dhruv a la compañía Hal (Hindustan Aeronautics Limited) de la India.
Fiscalía presume que hubo irregularidades en su compra, por lo que hubo una formulación de cargos el miércoles pasado.
De los siete helicópteros Dhruv, adquiridos en el gobierno de Rafael Correa, cuatro de ellos se accidentaron con saldo de tres fallecidos (entre 2009 y 2015) y tres aeronaves están inoperativas por fallas en su estructura, según la fiscal general, Diana Salazar.
El pasado 9 de abril, el juez Rivera ya dispuso la inmovilización, por 180 días, de los tres Dhruv; el Ministerio de Defensa había anunciado su venta.
Su plazo fenecía el 9 de octubre, por lo que la fiscal Salazar pidió que se amplié esa prohibición para ser comercializados por 90 días, que es el tiempo que durará la instrucción fiscal dentro del presunto peculado.
Para la Fiscalía, estas aeronaves tendrían vinculación con la investigación por el delito de peculado reabierta a finales del 2020.
La inmovilización se da para que la Fiscalía continúe practicando diligencias
Días antes, el entonces ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, había anunciado el proceso de venta directa de los helicópteros Dhruv.
“Los Dhruv son prueba material de un juicio de peculado y de cualquiera de los juicios que se vayan a continuar para establecer la ejecución extrajudicial del general Jorge Gabela, que tendrá que formularse cargos en algún momento; por eso tiene que manejarse en ese sentido la aplicación sobre la materialidad de la prueba y los Dhruv son la materialidad de la prueba…”, expresó Ramiro Román, abogado de la familia del general de la Fuerza Aérea Ecuaoriana (FAE) Jorge Gabela, quien fue asesinado en el 2010.
Sobre la indagación de una presunta ejecución extrajudicial indicó que es un tema que está en reserva.
Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ha afirmado que el asesinato de su esposo fue por las denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de esos helicópteros Dhruv.
Juez no dio paso a pedido de prisión preventiva
El juez Rivera no aceptó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía General del Estado y dictó medidas alternativas. Entre los involucrados están los exministros de Defensa, Javier Ponce y Wellington Sandoval, además de exaltos jefes militares como Rodrigo Bohórquez y Leonardo Barreiro.
El magistrado decidió, para los quince procesados, la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante él, cada quince días, desde el lunes 18 de octubre, a excepción de dos de los procesados, que se presentarán en Guayas y Santa Elena.
Esto, explicó Rivera, con la finalidad de que las personas que no se encuentran en el país puedan resolver su situación migratoria.
Para Rivera, la Fiscalía no justificó por qué otras medidas a la prisión preventiva son insuficientes para asegurar la comparecencia al proceso.
Además, para el magistrado la prisión preventiva es un último recurso y adujo que el proceso recién está empezando, por lo que quedan por superar etapas como la evaluatoria de juicio y el juzgamiento en sí mismo.
Román espera que los presuntos involucrados no se “fuguen” del país, como -agregó- ha sucedido en otros casos de corrupción.
El juez Rivera además prohibió enajenar bienes inmuebles hasta por un monto de $ 200.000 o 500 salarios básicos unificados.
Hay preocupación en el Gobierno por la constante disminución de los embalses en complejos como Mazar. Por eso, busca ahorrar agua en las hidroeléctricas para extender la entrega de energía al menos hasta octubre.
De otro lado, se ha insistido que no habrá apagones. Hay medidas como el apagón voluntario que regirá un día en la semana que está por empezar.
En Pichincha, Cuenca y Tungurahua se reparte el otro 10 % de empresas que este fin de semana esperan ponerse de acuerdo en el día en que pararan su producción. Unos 35 MW día de ahorro significaría el apagón voluntario, de ahí que surgen las críticas a la medida.
“Si bien es lo políticamente dañino para el Gobierno, estructuralmente es lo peor que le puede pasar al país. El mensaje que damos es de una infraestructura sumamente vulnerable”, Pablo Landázuri, empresario industrial.
En otra medida, hay un plazo que de cierre hasta el 15 de diciembre, fecha final en la que las empresas AV1 y AV2, que son las que mas energía consumen en el país deberán tener listos sus propios planes y sistemas de generación porque es el día en que el Gobierno los desconectara.
A dos meses y medio, empresarios y el Gobierno esperan que quienes no tengan como generar energía contraten una de las barcazas que ya no tiene contratos con el Estado. Sería una de las pocas alternativas que les queda para no cerrar. Fuente: Vistazo
Nacionales
Captación ilegal de depósitos: Chimborazo es la provincia con la mayor tasa de casos en Ecuador
En 2025, se registraron en Ecuador 200 reportes de posibles delitos de captación ilegal de depósitos, según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La cifra total de 2025 mostró un incremento de 31,6% con relación a 2019. Sin embargo, entre 2022 y 2025, hubo una reducción sostenida en las noticias de delitos (NDD) relacionados a esta actividad.
Los datos son parte de los hallazgos de un estudio, difundido el 18 de septiembre de 2026, que analiza esquemas de financiamiento ilícito, como la captación ilegal de dinero, y su relación con el crimen organizado en Ecuador.
El informe fue desarrollado por el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, como parte del Proyecto Crime-Lab II de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.
¿Qué es la captación ilegal de depósitos?
Según el estudio, la captación ilegal de dinero o depósitos se genera a través de la constitución de entidades ficticias o fachada que, sin autorización, «ofrecen o promocionan servicios financieros y reciben dinero de las personas bajo ofertas fraudulentas».
Los esquemas de captación ilegal pueden adquirir diversas formas, como estafas, estructuras piramidales e incluso fachadas para el lavado de activos, detalla el documento.
El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de cinco a siete años para quienes organicen, desarrollen y promocionen, de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar dinero del público en forma habitual y masiva.
Chimborazo, con la tasa más alta
La captación ilegal de dinero muestra una concentración importante en la Sierra, particularmente del centro hacia el norte del país.
Para 2025, Pichincha fue la provincia que acumuló la mayor cantidad de casos, con una participación de 57% en el total nacional. Le siguió Chimborazo, con 14,5%, y Cotopaxi, con 9%.
Pero al analizar la tasa de noticias del delito (NDD) por cada 100.000 habitantes, Chimborazo ocupó el primer lugar, con 5,95. Por detrás, se ubicó Pichincha con 3,46, seguida de Cotopaxi (3,45), Orellana (1,53) e Imbabura (1,2).
A escala cantonal, durante 2025, en 32 de los 221 cantones de Ecuador se registró al menos una denuncia ante la FGE relacionada con captación ilegal de dinero.
El cantón con mayor número de reportes fue Quito, con 111 casos. Le siguió Riobamba con 26, Latacunga con 14 y Cuenca con 7.
Al analizar la incidencia de este delito en cantones con más de 100.000 habitantes, Riobamba lideró con una tasa de 9,5. Por detrás, se ubicaron Latacunga (6,1), Quito (3,9) y Francisco de Orellana (2). Fuente: Primicias
Sofía Berenice G. R. fue sentenciada a 13 años de prisión este viernes 18 e septiembre por la desaparición involuntaria de su hijo, quien tenía apenas un año y 11 meses cuando se perdió su rastro en noviembre de 2021. Casi cinco años después, el pequeño continúa desaparecido.
El caso se remonta al 23 de noviembre de 2021, cuando Sofía Berenice G. R., entonces de 31 años, llamó a la media hermana del pequeño para pedirle que lo cuidara mientras realizaba unas diligencias.
La joven dijo entonces que no podía hacerlo porque se encontraba trabajando. Ante ello, la mujer le manifestó que se llevaría a su hijo fuera de la ciudad durante un día.
Alrededor de las 23:00, el padre del niño regresó de un viaje de trabajo y encontró una nota que había dejado Sofía: “Adiós Óscar, me voy lejos a iniciar una vida con el Sebas. Me voy a Colombia, a Cartagena. Chao”.
A partir de ese momento, la familia perdió contacto tanto con la mujer como con el pequeño.
A inicios de diciembre de ese año, Sofía volvió a comunicarse con el padre y le manifestó que ambos regresarían a la vivienda donde residían, ubicada en las avenidas Atahualpa y Roosevelt, en Latacunga.
Regresó a la vivienda, pero sin su hijo
El 2 de enero de 2022, Sofía Berenice G. R. regresó al domicilio familiar, pero el pequeño no estaba con ella.
Su hijastra le reclamó por la ausencia de su hermano y le advirtió que acudiría ante la Fiscalía para denunciar la desaparición. Tras esa advertencia, la mujer se retiró del inmueble.
Precisamente, la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por la media hermana del niño. Fiscalía dispuso la activación del protocolo de búsqueda en coordinación con la Policía Nacional, pero hasta ahora no se ha logrado determinar el paradero del menor.
Más de tres años después, el 16 de octubre de 2025, agentes de la Policía Nacional detuvieron a Sofía Berenice G. R. en cumplimiento de una orden de captura con fines de formulación de cargos por el delito de desaparición involuntaria.
Durante el juicio, Fiscalía presentó como elementos probatorios el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios del padre y de la media hermana de la víctima. Ambos declararon que Sofía sacó al niño de su domicilio y que desde entonces se perdió su rastro.
Además, los jueces ordenaron el pago de USD 15.000 como reparación integral para la familia de la víctima y una multa equivalente a 40 salarios básicos unificados. Fuente: Vistazo
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