La jornada número 14 del juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso Malvinas inició la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025 con la Fiscalía retomando la individualización de las responsabilidades penales de los 17 procesados.

Se prevé que el fiscal del caso, Christian Fárez, señale a seis militares más como presuntos autores directos, con lo que sumarán 11 uniformados en esa categoría desde este lunes 8 de diciembre, cuando el juicio entró en la etapa de conclusiones y alegatos finales.

Durante la sesión previa, Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para cinco de los procesados como presuntos autores directos, así como el pago de multas a favor del Consejo de la Judicatura y una indemnización para las familias de las víctimas.

También está pendiente aún individualizar la acusación contra cinco militares que accedieron a un mecanismo de cooperación eficaz con la Fiscalía, a cambio de beneficios en la pena, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice.

La audiencia se reanudó a las 10:20 en Guayaquil, luego de que el Tribunal de Garantías Penales suspendiera la diligencia la tarde del lunes, tras casi nueve horas de alegatos en las que Fiscalía presentó conclusiones y fundamentó la participación de cinco de los militares en la «privación ilegal de libertad», abandono y presunto ocultamiento de información sobre las víctimas.

Los presuntos autores directos
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras ser aprehendidos en el sur de Guayaquil por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

La mayoría de los militares sostienen que liberaron a los cuatro niños en un camino de segundo orden a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas) tras hacerles mover un árbol caído, dejándolos «sanos y salvos».

Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un lugar de alta peligrosidad. Los menores nunca regresaron a casa y, semanas después, se hallaron en un lugar agreste de Taura los restos calcinados de las víctimas.

En la jornada previa el fiscal señaló como presuntos autores directos al suboficial Wilson Alfredo W. A., al sargento Wilmer Danny L.C. y al cabo primero Rodrigo Paúl N. P..

También se señala como supuestos autores directos al cabo primero Jonathan Raúl G. P. -quién boxeó con el mayor de las víctimas y le habría aplicado una llave de lucha tumbándolo al suelo, según los testigos cooperadores-; y al cabo primero Ronald Stalin P. T. -el menor de las víctimas se habría golpeado con la trompetilla de su fusil cuando lo tiraron al balde de una de las camionetas-.

09/12/2025 – 12:26

Fiscalía individualiza acusación por cada uno de los implicados
La Fiscalía continúa con la individualización de responsabilidades y presentó los elementos de materialidad con los que acusa como presuntos autores directos de la desaparición forzada a los siguiente militares:

1.-  El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es señalado como parte de patrulla. La Fiscalía señalan que las víctimas eran sujetos de especial protección y que la patrulla incumplió la obligación estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia.

2.- El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares.

El fiscal Christian Fárez expuso ante el Tribunal que la participación de los militares está acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE.

La Fiscalía menciona entre las pruebas pericias de extracción de audio, video y mensajes realizada en ocho teléfonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base aérea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: “Le dimos durísimo”, en referencia a las víctimas.

Para la Fiscalía, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que actúan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, además de la desnudez forzada.

La Fiscalía solicitó al Tribunal una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, al considerar aplicables los agravantes del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensañamiento y contra menores de edad.

Como parte de la reparación integral, Fárez pidió que los procesados paguen 800 salarios básicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las víctimas una compensación de USD 10.000 .

También planteó que se disponga capacitación obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, el sitio de la aprehensión de las víctimas, sea nombrado como Puente de los Niños de Las Malvinas, como una medida de reparación simbólica.

¿Qué dicen los abogados de los militares?

Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., señaló que su defendido no tenía mando ni decisión en la patrulla. «No agredió, no golpeó, no insultó a nadie», dijo el abogado, señalando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo.

Según Moreta, la Fiscalía no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo.

En ese mismo sentido, Anahí Quimbita, abogada del cabo Jhon Eduardo T. M., también a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. «La obedecía debida en el régimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa», adujo.

Fiscalía señala que los militares fueron parte activa en la desaparición y no presentaron en ningún momento oposición a un procedimiento irregular que expuso a las víctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad.

Tampoco informaron por «cuenta propia» de lo sucedido, sino que lo hicieron dos días después, cuando fue requerida su versión por escrito por parte de sus superiores. El desenlace fatal se hubiera podido evitar si avisaban a tiempo, señala el fiscal. Fuente: Primicias