Nacionales
Fiscalía apunta a 11 militares como autores directos de la desaparición de cuatro menores de edad
La jornada número 14 del juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso Malvinas inició la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025 con la Fiscalía retomando la individualización de las responsabilidades penales de los 17 procesados.
Se prevé que el fiscal del caso, Christian Fárez, señale a seis militares más como presuntos autores directos, con lo que sumarán 11 uniformados en esa categoría desde este lunes 8 de diciembre, cuando el juicio entró en la etapa de conclusiones y alegatos finales.
Durante la sesión previa, Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para cinco de los procesados como presuntos autores directos, así como el pago de multas a favor del Consejo de la Judicatura y una indemnización para las familias de las víctimas.
También está pendiente aún individualizar la acusación contra cinco militares que accedieron a un mecanismo de cooperación eficaz con la Fiscalía, a cambio de beneficios en la pena, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice.
La audiencia se reanudó a las 10:20 en Guayaquil, luego de que el Tribunal de Garantías Penales suspendiera la diligencia la tarde del lunes, tras casi nueve horas de alegatos en las que Fiscalía presentó conclusiones y fundamentó la participación de cinco de los militares en la «privación ilegal de libertad», abandono y presunto ocultamiento de información sobre las víctimas.
Los presuntos autores directos
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras ser aprehendidos en el sur de Guayaquil por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
La mayoría de los militares sostienen que liberaron a los cuatro niños en un camino de segundo orden a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas) tras hacerles mover un árbol caído, dejándolos «sanos y salvos».
Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un lugar de alta peligrosidad. Los menores nunca regresaron a casa y, semanas después, se hallaron en un lugar agreste de Taura los restos calcinados de las víctimas.
En la jornada previa el fiscal señaló como presuntos autores directos al suboficial Wilson Alfredo W. A., al sargento Wilmer Danny L.C. y al cabo primero Rodrigo Paúl N. P..
También se señala como supuestos autores directos al cabo primero Jonathan Raúl G. P. -quién boxeó con el mayor de las víctimas y le habría aplicado una llave de lucha tumbándolo al suelo, según los testigos cooperadores-; y al cabo primero Ronald Stalin P. T. -el menor de las víctimas se habría golpeado con la trompetilla de su fusil cuando lo tiraron al balde de una de las camionetas-.
09/12/2025 – 12:26
Fiscalía individualiza acusación por cada uno de los implicados
La Fiscalía continúa con la individualización de responsabilidades y presentó los elementos de materialidad con los que acusa como presuntos autores directos de la desaparición forzada a los siguiente militares:
1.- El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es señalado como parte de patrulla. La Fiscalía señalan que las víctimas eran sujetos de especial protección y que la patrulla incumplió la obligación estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia.
2.- El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares.
El fiscal Christian Fárez expuso ante el Tribunal que la participación de los militares está acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE.
La Fiscalía menciona entre las pruebas pericias de extracción de audio, video y mensajes realizada en ocho teléfonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base aérea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: “Le dimos durísimo”, en referencia a las víctimas.
Para la Fiscalía, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que actúan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, además de la desnudez forzada.
La Fiscalía solicitó al Tribunal una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, al considerar aplicables los agravantes del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensañamiento y contra menores de edad.
Como parte de la reparación integral, Fárez pidió que los procesados paguen 800 salarios básicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las víctimas una compensación de USD 10.000 .
También planteó que se disponga capacitación obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, el sitio de la aprehensión de las víctimas, sea nombrado como Puente de los Niños de Las Malvinas, como una medida de reparación simbólica.

¿Qué dicen los abogados de los militares?
Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., señaló que su defendido no tenía mando ni decisión en la patrulla. «No agredió, no golpeó, no insultó a nadie», dijo el abogado, señalando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo.
Según Moreta, la Fiscalía no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo.
En ese mismo sentido, Anahí Quimbita, abogada del cabo Jhon Eduardo T. M., también a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. «La obedecía debida en el régimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa», adujo.
Fiscalía señala que los militares fueron parte activa en la desaparición y no presentaron en ningún momento oposición a un procedimiento irregular que expuso a las víctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad.
Tampoco informaron por «cuenta propia» de lo sucedido, sino que lo hicieron dos días después, cuando fue requerida su versión por escrito por parte de sus superiores. El desenlace fatal se hubiera podido evitar si avisaban a tiempo, señala el fiscal. Fuente: Primicias

Nacionales
La mesera que pudo ser terrateniente
Otro posible caso de testaferismo ensucia al gobierno. Las sospechas de la opaca venta en La Libertad conducen a Carondelet.
Análisis
Roberto Aguilar
Quito
Jenny Elvia Ramírez Palma, la improbable compradora de 93 hectáreas de terreno en La Libertad, provincia de Santa Elena, ya no se la encuentra ni bajo las piedras.
El jueves dirigió a la Alcaldía de ese cantón un conciso y quebrantado oficio en el que desistía de la compra, mejor dicho: se quitaba del medio. Por comprar, no iba a comprar, ella no iba a comprar nada, nomás estaba poniéndose como para que otro se llevara esos terrenos, servicio por el que seguramente algo cobraría, acaso un lote.
Pero ya nada: el negocio se cayó y Jenny Ramírez, tras firmar el oficio que la pusieron por delante unos abogados que no podía pagar, desapareció del mapa. Lujoso mismo este desaparecer del mapa (que diría suculento), que tampoco tiene capacidad de costear con su sueldo de mesera de cafetería.
Con ella se esfumó también su sombra madre, a quien sus vecinos (según testimonios recogidos por El Universo) identifican como empleada doméstica de los Gelibert.
Caso
Jenny Ramírez Palma intentó comprar 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, Santa Elena, que colindan con la vía perimetral y un cuerpo de agua.
Lamentable tragedia de la cúpula del poder: parece que la Secretaría General de la Administración, vicepresidenta de facto en épocas difíciles y directora nacional del partido de gobierno, Cynthia Gelibert, se quedó sin empleada doméstica. Lo cual no es poca cosa en su círculo social. Es probable que a su empleada se la emplazó para que afiliara a seguridad social, cosa que la anterior (persona de confianza) no hizo y al cabo se ahorraba. Qué molestia.
Para completar la lista de desapariciones forzadas, el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, primo del asambleísta de gobierno Andrés Guschmer y amigo personal del presidente de la República, no pudo estar ahí acelerando la compra de esas 93 hectáreas de terreno municipal, por irregular que pareciera, lleva cinco días sin dar la cara, acaso aplazando la inevitable rendición de cuentas que le espera para cuando al fin decida volver con el rabo entre las piernas.
Es que desaparecer está de moda. Desapareció Luis Alvarado Campi luego de que medios de comunicación probaran que tenía 2,6 millones de dólares con los 90 que tenía en su cuenta bancaria. Nunca más se supo de él. Desapareció también Erika Tumbaco, queridísima empleada de Industrial Molinera que, por coincidencia del destino, vivía en la misma casa de Isla Trinitaria en la que fue detenido el sospechoso de colocar un explosivo en La Bahía, ¿se acuerdan?
Érika Tumbaco, la persona que llegó en el Porsche de los Noboa hasta esa casa, dijo verificar que sus hijos estuvieron luego de la incursión militar que se alzó con el detenido y desapareció, para engrosar la lista, el detenido mismo. Valga la pena recordar que Tumbaco sobrevive a la flagrancia (las cámaras la captaron cometiendo atentado y luego lo siguieron hasta la casa de Isla Trinitaria) con un esposo con Alvarado Campi, probablemente. Y ahora, con Jenny Ramírez y su señora madre.
No es esta una relación arborescente de acontecimientos conexos. La compra (o intento de compra) de esas 93 hectáreas de terrenos públicos en La Libertad tiene una profunda relación de similitud tanto con el caso de Alvarado Campi y la compra de medios de comunicación controlados hoy por el gobierno, como con el chuparsemen explicado por Porsche. La primera relación es evidente: tanto la compra de La Posta como la del Centro de Alvarado Campi como el intento de compra de 93 hectáreas de terrenos públicos (a precio de huevo, pero eso es otra historia) tiene que dar cuenta el alcalde de La Libertad, porque pueden tratarse de operaciones de testaferro.
En ambos casos los compradores no tienen dónde caerse muertos. En ambos casos las pistas conducen a Carondelet como operación encubierta. La segunda relación es igualmente menos clara pero igual de firme. En el Porsche, era un vehículo de gobierno (porque, bajo el mando de Daniel Noboa, Industrial Molinera y el gobierno son exactamente lo mismo para todos los efectos) el que llegaba hasta una casa que era el centro de todas las sospechas. En el caso de los terrenos de La Libertad son las portadoras de todas las sospechas las que conducen hasta la casa de una alta funcionaria de gobierno. Podrían decir ahora, como dijeron entonces, que se trata de una vulgar coincidencia. Pero no lo han dicho, no se atreven, se quedaron mudos.
Ya es bastante elocuente el hecho de que Cynthia Gelibert no haya desmentido hasta la fecha su condición de empleadora.
Polémica
Luego de que Ramírez Palma desistiera de la compra de las hectáreas de terreno, el concejal acudió hasta La Libertad para denunciar al alcalde del cantón.
Todo parece indicar que el negocio se les cayó. Este desenlace habría abierto al periodismo. Fue Blanca Moncada, La Defensa, quien se las arregló para encontrar a Jenny Ramírez en la que trabaja (o trabajaba) y ponerle el micrófono por delante. La primera reacción de la sorprendida mesera fue admitir: “me robaron la identidad”. La misma Blanca Moncada demostró que, con los documentos de compra de los terrenos firmó ella.
En el oficio que Jenny Ramírez dirigió este jueves al desaparecido alcalde de La Libertad, pide que se le adjudiquen esos terrenos a la empresa que supuestamente está detrás del proyecto de desarrollo agroindustrial. Como si las compradoras truchas, cuando fallan, se retiraran a la carrera. Seguramente se le haría caso. Pero qué empresas es esa nadie lo sabe. Habría que preguntárselo a Cynthia Gelibert. O a Daniel Noboa. No es su familia la que tiene intereses inmobiliarios en la provincia de Santa Elena?.
Nacionales
Caudales de los ríos que alimentan a Mazar empiezan a recuperarse tras lluvias en el sur de Ecuador
La disminución de lluvias desde diciembre de 2025 provocó la caída acelerada del embalse de Mazar, ubicado en el sur de Ecuador. Pero, desde el 9 de enero, las precipitaciones han permitido que los ríos de Cuenca, que alimentan el complejo hidroeléctrico, empiecen a recuperarse.
El jueves 8 de enero, tres de los cuatro ríos de Cuenca se encontraban en estado bajo, con caudales inferiores a los 2 metros cúbicos por segundo, indicadores que son preocupantes porque implican la disminución de las reservas de agua.
Pero desde ese día hasta el 12 de enero, las lluvias han regresado al Austro ecuatoriano, aunque no con gran intensidad.
Este lunes 12, los cuatro ríos de Cuenca: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui y Machángara se encuentran en estado normal, según el reporte de la Red Hidrometeorológica de ETAPA.
Aumento de caudales de los ríos de Cuenca
Que alimentan al embalse de Mazar, en el río Paute
| Tomebamba | 2,10 metros cúbicos por segundo (m3/s) | 8,2 m3/s |
|---|---|---|
| Yanuncay | 1,66 m3/s | 8,39 m3/s |
| Tarqui | 1,62 m3/s | 4,14 m3/s |
| Machángara | 1,53 m3/s | 4,44 m3/s |
Pronóstico del clima en Cuenca
La probabilidad de lluvias para este lunes es de 82% en el día y de 76% en la noche, según ETAPA. Además, el pronóstico del clima indica que esta semana, hasta el domingo 18 de enero, se esperan tormentas eléctricas y chubascos en Cuenca.
Los ríos de Cuenca, al igual que otras ciudades del Austro, alimentan al río Paute, cuyas aguas son aprovechadas para el Complejo Integral Paute-Molino, de gran importancia para la generación eléctrica en Ecuador.
Paute-Molino tiene tres centrales ubicadas en forma de cascada: Mazar, Paute y Sopladora, entre Azuay y Cañar.

Nacionales
Enma Tapia renuncia como presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia en medio de la crisis de José Suing
La Corte Nacional de Justicia (CNJ) registró un remezón este lunes 12 de enero de 2026. La jueza Enma Tapia presentó su renuncia como presidenta subrogante del alto tribunal.
El anuncio se produjo en medio de la crisis institucional que atraviesa el presidente encargado de la CNJ, José Suing, quien no contaría con el respaldo de los magistrados para mantenerse en el cargo.
“Por coherencia institucional, he presentado mi renuncia al encargo de Presidenta Subrogante de la Corte Nacional de Justicia”, manifestó Tapia.
La magistrada agregó que siempre ha sostenido que los encargos “son excepcionales y revisables”, por lo que no podía beneficiarse de aquello que «debe ser examinado con rigor institucional».
“Esta decisión busca preservar la claridad, evitar cualquier lectura de interés personal y contribuir a que las decisiones que adopte el Pleno se den con serenidad y apego a la ley”, apuntó.
A través del oficio dirigido a José Suing, Tapia enfatizó su «compromiso con el ejercicio independiente de la función judicial», así como con el fortalecimiento de la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia.
Este 12 de enero se resolverá si José Suing sigue como presidente de la CNJ
Para este lunes, Suing convocó a una sesión extraordinaria del Pleno de ese organismo con el objetivo de analizar su permanencia en el cargo. La reunión se efectuará a las 16:30.
El escenario está marcado por la controversia en torno a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien fue nominado por Suing para liderar ese organismo.
La tensión surgió luego de que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones desde la Judicatura, que preside Godoy, para favorecer a un narcotraficante serbio; frente a esto José Suing ha mantenido una posición tibia. Fuente: Vistazo
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