Santiago Basabe  Politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y Director de «Pescadito Editoriales»

Varios peligros se avizoran para la escuálida democracia nacional en caso de que el financiamiento público a las organizaciones políticas se elimine. El primero de ellos radica en que la competencia electoral se reduciría a los actores que tengan los suficientes recursos económicos para sostener una campaña. Esto es peligroso porque nos llevaría a un escenario en el que las capacidades, la formación política y el espíritu cívico pasarían a segundo plano mientras que la opulencia de las chequeras se constituiría en el criterio central de quienes pueden acceder a los cargos de voto popular. Esto ya sucede actualmente, desde luego, pero se tornaría más notorio con una reforma de ese tipo.

El segundo peligro, conexo al anterior pero aún más inquietante, es que la competencia electoral no se circunscribiría a grandes fortunas lícitamente conquistadas, sino que también entraría en la disputa política otro tipo de recursos económicos, de dudosa procedencia, que no están al nivel de los antes mencionados, sino que los superan con creces. Allí hay dinero de sobra para financiar la campaña de cuanto candidato esté dispuesto a aceptar tanto ese tipo de aportes como la factura que se viene luego, una vez que el espacio de poder ha sido obtenido. El escenario descrito ya se observa en los procesos electorales, desde luego, pero será aún más evidente si se aprueba la reforma planteada.

¡Hay que bajarnos la corte constitucional YA!
Bajo la perspectiva expuesta, el argumento de propiciar cierto ahorro al país eliminando el financiamiento a las organizaciones políticas es débil pues a cambio de una mínima cantidad de dinero que dejaría de erogar el Estado, la penetración de los recursos que provienen del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades subterráneas, podría ir en un vertiginoso ascenso. Asumiendo la buena voluntad de quienes plantean la reforma, lo cierto es que, por evitar un gasto público minúsculo, si se lo ve en función de lo que representa del presupuesto general del Estado, podrían colocarnos en una condición de mayor vulnerabilidad frente a la penetración de recursos ilícitos en la vida pública del país.

Si hay interés genuino en mejorar el desempeño de la política nacional entonces se podría empezar por sanear al sistema de partidos políticos, colocando en el registro electoral solamente a los que cumplan determinados requisitos. Así, el financiamiento público se entregaría a unas pocas organizaciones políticas con verdadera capacidad de representación de los intereses ciudadanos. Esta medida no resolvería del todo la incidencia de recursos ilícitos en las campañas electorales, pero al menos serviría como un mecanismo de contención al creciente número de candidaturas con financiamiento de dudosa procedencia.

Pañitos de agua tibia
Por otro lado, con un número razonable de organizaciones políticas, el Consejo Nacional Electoral podría afinar los controles y la regulación no solo de los recursos públicos sino también de los aportes provenientes del sector privado. A propósito, pensando siempre en la genuina intención de mejorar la vida pública del país, se podría haber abogado por una ley que permita transparentar el financiamiento de las campañas electorales. De esa forma podríamos saber quiénes colaboran y con cuánto. Desafortunadamente preferimos engañarnos con los reportes actuales que se entregan al Consejo Nacional Electoral y que no reflejan ni de lejos los verdaderos costos de las campañas electorales.

Es muy peligroso eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas, en cualquier caso, pero es aún más riesgoso hacerlo bajo las condiciones institucionales y fácticas que vive el Ecuador. Más allá de que a primera vista la propuesta luzca seductora, si se la aprueba podría llevar a que la política nacional, ya desgastada y deslegitimada, no solo siga en esa misma senda, sino que además se contamine aún más de los intereses del crimen organizado. La disputa política en ese caso sería entre las élites económicas de traje y corbata, que pueden exponerse públicamente, y las otras élites económicas, aún más poderosas y con mejores atuendos, que monitorearán el desempeño del país tras bastidores y disponiendo qué hacer y no hacer a través de sus alfiles de coyuntura.

Los pueblos no se desarrollan con fotos para redes sociales ni con entregas simbólicas que solo duran un día; se desarrollan con visión, planificación y compromiso real. Si en países como Colombia el café transformó la vida de miles de familias, o en Costa Rica el cacao y en Argentina el vino se convirtieron en fuentes permanentes de riqueza, es porque hubo gobiernos que entendieron que el productor es el corazón de la economía y que su trabajo debe tener valor todo el año, no solo en ferias ocasionales.

En nuestra tierra tenemos caña, café, cacao, frutales y emprendimientos con un potencial inmenso. Sin embargo, seguimos atrapados en prácticas que no cambian la realidad: regalar pollos o cuyes sin un plan de comercialización, hacer ferias una vez al año y olvidarnos de que nuestros productores necesitan vender cada semana para vivir con dignidad.

La política que necesitamos es clara: capacitar, tecnificar, organizar y abrir mercados. No basta con la buena intención; se requiere un compromiso firme de la administración pública para construir cadenas productivas que permitan que cada panela, cada quintal de café o cada litro de panela líquida salga de nuestras parroquias rumbo a mercados donde se pague lo justo.

Pensar en grande no es un lujo, es una obligación. Y eso significa dejar de gobernar para la foto y comenzar a gobernar para el futuro de nuestra gente.

María Sol Borja Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.

En Ecuador, la última semana ha dejado claro que para el gobierno de Daniel Noboa, la democracia no es un pilar fundamental e inquebrantable, sino un obstáculo incómodo del que puede deshacerse cuando estorba.

Una semana después de que la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea —ambos representantes del oficialismo— aparecieran en cadena nacional, flanqueados por policías y militares armados y encapuchados, para advertir a la Corte Constitucional, el ataque contra este organismo no se ha detenido: se ha intensificado.

Con una marcha previamente anunciada, el presidente Daniel Noboa, junto a sus más obsecuentes ministros y legisladores, arengó a cientos de personas a hacer lo impensable en democracia: marchar para mermar la institucionalidad de un organismo independiente, la Corte Constitucional.

El escenario había sido cuidadosamente abonado. Días antes, Quito amaneció con vallas interactivas y pantallas en camiones —atribuidas a un supuesto colectivo— que mostraban un conteo de muertes violentas desde que la Corte suspendió temporalmente artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad.

El mensaje era tan claro como perverso: si hay violencia, la culpa no es de quien gobierna, sino de quienes le ponen límites a los excesos incompatibles con una democracia.

La mañana de la marcha, las nuevas vallas mostraban los rostros de los nueve jueces constitucionales. En grandes letras rojas, arriba y abajo de sus fotografías, se leía el relato de una mentira: “Estos son los jueces que nos están robando la paz. Firmaron contra leyes que nos protegían”.

Esta estrategia visual y discursiva buscaba personificar el supuesto obstáculo a la seguridad, identificando públicamente a los magistrados de la Corte Constitucional tergiversando una decisión que es parte de sus competencia — suspender temporalmente los artículos cuestionados—, para posicionarlos como responsables directos de la violencia que azota al país.

“No puede ser que unos jueces sentados atrás del escritorio le quiten a las Fuerzas Armadas y a la Policía las herramientas que necesitan”, diría el ministro de Defensa, Gianarlo Loffredo. Agregaría, enseguida, que la Corte “no ha hecho más que ser una molestia y un estorbo para el bloque de seguridad”.

En esta ofensiva discursiva, Loffredo resumió lo que su gobierno cree: que la Corte Constitucional es un “estorbo”.

Y ahí está el núcleo del problema.

Cuando se considera que el Estado de derecho entorpece, la tentación de saltárselo deja de ser una amenaza y se convierte en política pública.

“No vamos a permitir que se nos paren, que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara, que buscan esconder sus nombres y sus caras ante el Ecuador”, dijo Noboa en su discurso de menos de dos minutos.

Este relato, que presenta al más alto tribunal como lento e ineficaz y al presidente como el protector que debe actuar sin amarras, conecta con un país harto de la violencia. Pero esa conexión emocional tiene un costo: socava la legitimidad de las instituciones y normaliza que el poder ejecutivo pueda estigmatizar a jueces y tribunales que ponen límites a sus ínfulas autoritarias.

Los carteles con rostros y nombres de magistrados acusándolos de “robar la paz” no son un ejercicio de transparencia: son una forma de presión política que socava la democracia y crea enemigos fáciles de identificar.

Al gobierno le resulta más sencillo construir un relato simplista contra la Corte Constitucional que presentar una política pública y una estrategia de seguridad integral cuyos resultados eventualmente se verán a largo plazo.

Aprovecha, además, para aleccionar: si una institución actúa contra el interés del gobierno, puede convertirse en objeto de escarnio público. El efecto es amedrentar a otras funciones del Estado, pero también desincentivar la crítica y el escrutinio público hacia la labor del Ejecutivo.

En el extremo joven de una presidencia sin rumbo claro, Noboa ha canalizado la indignación colectiva contra la violencia hacia un blanco políticamente frágil: la Corte Constitucional, el máximo tribunal encargado de velar por la vigencia de la Carta Magna. Lo hace con símbolos simplistas y frases cortas que apelan a la emoción inmediata, pero que sacrifican el valor de la intermediación democrática; esa que garantiza que, incluso en tiempos de crisis o confrontación institucional, el gobierno se sustente en legitimidad y no solo en fuerza.

Es gravísimo calificar a la Corte Constitucional como un “estorbo”, porque lo que estorba se elimina. Pero en una democracia no puede estorbar una institución cuyo fin es proteger el Estado de derecho; si esa institución desaparece, desaparece la democracia misma. Fuente: Primicias