Opinión
Factores para la inestabilidad política en Ecuador

Gran parte de mi niñez, de mi adolescencia y parte de mi juventud, viví en Chile, país que en esos años tenía como forma de gobierno una dictadura militar, existiendo un gobernante que detentaba el poder, sin límites, ni contrapesos. Se podría afirmar que existía gran estabilidad económica y social, pero nada, absolutamente nada, podría justificar las muertes, los detenidos, desaparecidos y las constantes violaciones a los derechos humanos que día a día se producían en el país. Es por ello que puedo afirmar que la democracia, con sus falencias, pero con sólidas instituciones e independencia de funciones, sigue siendo el mejor de los sistemas políticos, en el cual, el poder es ejercido a través de elecciones libres y justas, siendo el presidente el primer mandatario legítimo, nos guste o no.
Estamos sin duda en un momento de extrema inestabilidad política en nuestro Ecuador, lo que no era difícil de presagiar debido a que el presidente Lasso llegó al poder, con mínima representatividad en la Asamblea Nacional. Desde el inicio de este período presidencial, la gobernanza ha sido incierta, cambiante y poco clara, lo que ha llevado a la falta de confianza en el gobierno, al que se le atribuye falta de políticas para la seguridad ciudadana y una aparente o nula inversión social.
En las causas de nuestra inestabilidad política inciden diversos factores tales como la corrupción, la desigualdad económica y social, lo que nos ha traído graves consecuencias como son la inseguridad, el aumento de la violencia, la migración forzada, la disminución de la inversión extranjera y la falta de crecimiento en áreas como la salud, la educación, la infraestructura vial y obra pública. A su favor, el gobierno ha esgrimido como argumentos la atención de vacunas a la pasada crisis COVID 19, así como positivos resultados macroeconómicos como la reducción del déficit fiscal.
La violencia criminal transnacional ha creado un clima notable de desestabilidad en nuestro territorio. Es importante que los gobiernos trabajen para prevenir y resolver los problemas y factores que conducen a la inseguridad ciudadana, a través de la promoción de la democracia, la justicia social, el fortalecimiento de las instituciones públicas, la inversión en sectores sociales prioritarios, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
Resulta imperante, además, una reforma al Código de la Democracia, que fortalezca a los partidos y movimientos políticos, ya que a través de ellos se puede lograr una gobernanza efectiva, existiendo representantes que son elegidos por pertenecer a una plataforma que descubre sus posturas y que los une en temas trascendentales como la salud, la justicia social, la seguridad, la economía, la educación y que no se trate de líderes mesiánicos, improvisados o populistas que quieren llegar al poder para satisfacer sus pretensiones personales por sobre las generales, sino que hayan sido formados sobre las bases sólidas del partido político que representan.
La crisis actual nos obliga a plantearnos una reforma política, institucional y de valores, profunda. Es necesario que se dejen de lado los retoques cosméticos a un país enfermo que necesita una cirugía eficaz en el accionar de sus instituciones públicas y en la aplicación de la justicia sin etiquetas políticas o de influencia de la corrupción. Debemos repensar una República de paz, tal como lo fue el Ecuador de antaño y que esta paz, sea producto del consenso ciudadano, siendo los partidos y movimientos políticos los primeros en comprometerse con esta causa de reconstrucción nacional de valores y justicia, de seguridad ciudadana y de crecimiento económico, sin más disputas estériles, sin crear más divisiones e incertidumbre en la ciudadanía, que es su primer mandante. Fuente: El Telégrafo
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
-
Entretenimiento4 años ago
Adriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Internacionales3 años ago
Muere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales3 años ago
Tiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Fashion8 años ago
These ’90s fashion trends are making a comeback in 2017
-
Politica4 años ago
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Fashion8 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Nacionales4 años ago
¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Deportes3 años ago
FEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil