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Opinión

Chile en su laberinto

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Las elecciones son el pulmón de la democracia pero a la vez, su veneno. Lo saben muy bien los ciudadanos de casi todas partes del mundo que la cuidan y defienden . Los chilenos, ahora mismo viven chuchaqui seco tras los resultados de las elecciones del domingo 7 de los corrientes, por el vuelco hacia la derecha dado por los votantes —con el partido más radical a la cabeza— implica una recomposición del panorama político chileno. Lo evidente del resultado de hace diez días, marca el péndulo de la opinión ciudadana en estos tiempos.

La volatilidad en las preferencias de los electores del país del sur, es una constante y las sorpresas pueden continuar. Apenas en año y medio, los votantes giraron de la izquierda a la derecha pura y sin duda, la nueva constitución de Chile será diferente del proyecto de “refundación nacional”, basada en componentes izquierdistas y que además fracasó en el referendo celebrado en setiembre del pasado año. Por el contundente triunfo de la derecha, podría abrirse un nuevo capítulo político en ese país, aunque los chilenos están conscientes qué la solución de las necesidades ciudadanas no arregla la constitución, hace suponer que la inspiración ideológica, pesará en la elaboración del documento que trabajará el Consejo Constitucional. Poco o mucho, el tiempo lo dirá.

Ya se escuchan voces que si la derecha republicana, liderada por José Antonio Katz, se encapricha en elaborar el documento como ellos plantean, sin escuchar la multiplicidad de culturas de la nación, la nueva carta fundamental será rechazada una vez más.

Para los chilenos, transitar por el sinuoso camino, al parecer no les sorprende; eligieron a Gabriel Boric en diciembre de 2021 con más del 55 % de la votación, le dieron la espalda al votar con un contundente 62 % en rechazo al texto redactado por su aplanadora de izquierda. La juventud e inexperiencia del presidente, le habrían hecho suponer tener en sus manos un cheque en blanco para hacer cambios estructurales sin tener en cuenta ni a la sociedad civil ni a la oposición política, a pesar de que ésta ya advertía su descontento.

Lo que ocurre en el país hermano, es un espejo para los países latinoamericanos particularmente Ecuador con una Constitución hecha a la medida para un ex presidente, quien aseguró que la carta fundamental tendría una vida útil de 300 años. Urge al menos, introducir reformas a la Carta Magna. Perú y Colombia, no deben perder de vista y con lupa analizar lo acontecido en Chile, cuando el partido Republicano, de derecha, fundado por el excandidato presidencial José Antonio Katz , obtuvo 23 de los 51 consejeros constitucionales. Al superar los 21, logró poder de veto. Es muy temprano para conocer las implicaciones a largo plazo de los resultados obtenidos y que podrían generar algún tipo de impacto, como el de determinar el contenido del nuevo texto constitucional, razón de ser de la elección.

A la vista, hay consecuencias visibles: el proyecto y la capacidad de acción del gobierno izquierdista de Boric, así como el fracaso de las agrupaciones políticas de centro e izquierda moderada —como los Partidos Demócrata Cristiano y Radical—, que fueron actores fundamentales en la reconstrucción democrática de Chile. Su alianza no logró elegir ni un delegado al Consejo, lo que hace suponer que su futuro estaría en entredicho.
Según lo establecido en la Ley 21.533, los miembros tendrán que estar presentes en la primera sesión de instalación del Consejo Constitucional, que se desarrollará en la sede del Congreso Nacional de Santiago, el 7 de junio de 2023. Dispondrán de cinco meses para trabajar sobre el anteproyecto de la propuesta de nueva Constitución, elaborada por una Comisión de Expertos y luego entregar una nueva versión. Por consiguiente, las labores finalizan el 7 de noviembre de 2023. El Consejo debe redactar y presentar el documento al Presidente de la República y sometido a un plebiscito el próximo 17 de diciembre.

De ser aprobado, la nueva constitución entraría en vigor; caso contrario, se mantendría la actual, emitida durante la dictadura de Augusto Pinochet y reformada en múltiples ocasiones durante el período democrático.
Chile vive su laberinto y paradojas en medio del recuerdo de los 50 años del golpe militar, cuando un 11 de septiembre de 1973, la primera proclama militar dispuso al presidente de la República, Salvador Allende, entregar de forma inmediata su cargo a la junta de gobierno, integrada por los jefes supremos de las fuerzas Armadas: Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza —los dos últimos acababan de tomar las jefaturas supremas de sus ramas, Armada y Carabineros respectivamente—. En este medio siglo, con altos y bajos, terminada la dictadura, Chile miró- con matices- hacia una izquierda.

Ahora mismo desde Arica hasta Punta Arenas, los chilenos creen que llegó la hora de que al fin pueda producirse una definición clara sobre su ley fundamental, y que ésta sea un factor de unidad, solidaridad y las mejores prácticas democráticas posibles. En esto todos los actores políticos tienen responsabilidades que cumplir, especialmente los ganadores. No deben desperdiciar la oportunidad. Fuente: El Telégrafo 

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Opinión

Más de 600 Muertes Violentas en Enero y un País al Borde del Colapso Social

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Ecuador ha iniciado el 2025 con una cifra aterradora: más de 600 muertes violentas solo en el mes de enero. Este dato no es un hecho aislado, sino el síntoma de una enfermedad social que se ha gestado durante años. ¿Qué factores nos han llevado a este nivel de descomposición social? ¿Qué retos enfrenta el gobierno para revertir este panorama sombrío?       
En la última década, Ecuador ha experimentado una transformación preocupante. El país, que alguna vez fue considerado un territorio de tránsito para el narcotráfico, se ha convertido en un epicentro del crimen organizado. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios pasó de 6% por cada 100.000 habitantes en 2017 a más de 25% por cada 100.000 en 2024. Este aumento explosivo refleja el avance de organizaciones criminales que han encontrado en Ecuador un terreno fértil para sus actividades, gracias a una combinación de factores sociales, económicos y políticos.

El desempleo, la pobreza y la falta de oportunidades han sido el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de la delincuencia. Según datos del INEC, en 2024 más del 25% de los jóvenes ecuatorianos estaban desempleados, y muchos de ellos terminaron siendo reclutados por bandas criminales. Además, el incremento en la informalidad laboral (que supera el 50%) y la desigualdad económica han generado un resentimiento social que alimenta la violencia.

Otro factor clave ha sido la crisis educativa. Entre 2020 y 2024, más de 200.000 niños y jóvenes abandonaron el sistema escolar, muchos de ellos por razones económicas o la necesidad de apoyar a sus familias. Esta desconexión educativa no solo deja a estos jóvenes sin herramientas para el futuro, sino que los expone directamente al riesgo de caer en actividades ilícitas.

El gobierno debe recuperar el control del territorio frente a organizaciones criminales que operan prácticamente con impunidad. Esto no solo requiere un enfoque militar o policial, sino también políticas integrales que atiendan las causas profundas del problema: pobreza, desigualdad y falta de acceso a servicios básicos.
El segundo gran desafío es la reconstrucción del tejido social. La violencia no solo se combate con armas, sino con educación, empleo digno y oportunidades para los más jóvenes. Invertir en programas sociales, en especial en las zonas más vulnerables, será fundamental para evitar que nuevas generaciones caigan en las redes del crimen.

Por último, el Gobierno debe liderar un proceso de reforma institucional. Ecuador necesita un sistema judicial fuerte, transparente y eficiente que garantice la sanción efectiva de los delitos y acabe con la impunidad. Esto incluye modernizar las cárceles, hoy convertidas en centros de operaciones criminales, y depurar a las fuerzas del orden, muchas veces infiltradas por el narcotráfico.

Más allá de las cifras, cada muerte violenta representa una familia destrozada, una comunidad marcada por el miedo y una sociedad que poco a poco se desmorona. Ecuador necesita un cambio profundo, no solo en sus políticas de seguridad, sino también en su modelo social.

Es momento de que como país enfrentemos esta crisis con responsabilidad y compromiso colectivo. Los ciudadanos, las instituciones y el gobierno deben trabajar juntos para construir un Ecuador más seguro, más justo y con más oportunidades para todos. Si no actuamos ahora, el costo social será incalculable, y el sueño de un país en paz se convertirá en una utopía inalcanzable.

 

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Opinión

Minería y legalización ¿solución o nuevo problema en Zamora Chinchipe?

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La provincia de Zamora Chinchipe, situada al sureste de Ecuador, conocida como la tierra de aves y cascadas por su gran biodiversidad y recursos minerales. Sin embargo, en los últimos años, la minería ilegal se ha convertido en un problema alarmante que amenaza no solo el medio ambiente, sino también las comunidades locales y el Estado constitucional de Derechos y Justicia. Este fenómeno exige un análisis profundo de sus causas, consecuencias y posibles soluciones.
El académico Ramiro Ávila, experto en Derechos Humanos y medio ambiente, advierte que “la legalización de la minería artesanal no puede ser un fin en sí mismo, sino una herramienta que permita garantizar los derechos de la naturaleza, las comunidades y la sostenibilidad. De lo contrario, corremos el riesgo de institucionalizar la destrucción”.

La minería ilegal en Zamora Chinchipe se ha expandido debido a la falta de control estatal, la demanda creciente de minerales preciosos como el oro y las oportunidades económicas limitadas en la región. Estas actividades extractivas, realizadas sin autorización ni regulación, generan impactos negativos que van desde la deforestación y contaminación de ríos hasta conflictos sociales.

Uno de los principales problemas es el uso de mercurio y otros químicos tóxicos en los procesos de extracción, lo que afecta gravemente la calidad de agua y pone en peligro la salud de las comunidades y la fauna local.

La minería ilegal en Zamora Chinchipe tiene múltiples repercusiones que afectan tanto a las comunidades locales como al entorno natural. En el ámbito ambiental, la destrucción de bosques y ecosistemas únicos compromete la biodiversidad y altera los ciclos naturales de los ríos. La contaminación por metales pesados, como el mercurio, tiene efectos a largo plazo en el suelo y el agua, dificultando la regeneración de estos ecosistemas.

En el plano social, muchas comunidades campesinas e indígenas se ven obligadas a abandonar sus tierras debido a la presión de mineros ilegales. Esto provoca una pérdida de tradiciones y modos de vida, además de generar conflictos entre los diferentes actores involucrados. Por otro lado, aunque genera ingresos para algunos, la minería ilegal perpetúa la economía informal, sin aportar recursos al Estado mediante impuestos o regalías, privando así a la provincia de fondos necesarios para el desarrollo sostenible.

En Ecuador, la minería está regulada por la Ley de  Minería y la Constitución de la Republica del Ecuador del año 2008, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos. No obstante, la aplicación de estas normas ha sido insuficiente en Zamora Chinchipe. La falta de recursos y coordinación entre instituciones ha permitido que la minería ilegal prospere en muchas áreas.

El Estado ha implementado operativos para erradicar estas actividades, pero su eficacia ha sido limitada. Además, las sanciones penales contempladas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) a menudo no disuaden a los infractores debido a la rentabilidad de la minería ilegal. Estas debilidades estructurales demandan una estrategia más integral para enfrentar el problema.

Una de las estrategias que ha generado debate es la legalización de la minería artesanal y de pequeña escala como una forma de mitigar los impactos de la minería ilegal. Esta medida busca integrar a los mineros en el sistema formal, garantizando el cumplimiento de normativas ambientales y laborales.

La legalización podría ofrecer diversos beneficios. En primer lugar, al operar dentro de un sistema legal, los mineros estarían obligados a adoptar prácticas más sostenibles, reduciendo la contaminación y el daño ecológico. Además, integrar a los mineros al sistema formal permitiría la recaudación de impuestos y regalías, generando recursos para la inversión pública en la región. Por último, esta medida podría disminuir los conflictos sociales y brindar acceso a programas de capacitación y asistencia técnica.

Sin embargo, la legalización de la minería debe garantizar que no se convierta en una puerta abierta para actividades nocivas y que el Estado disponga de los recursos necesarios para supervisar y regular eficazmente el sector. Además, se requiere un enfoque participativo que incluya a las comunidades locales en la toma de decisiones.         
Es importante analizar el problema de manera integral, es necesario implementar alternativas que promuevan un desarrollo sostenible. Primero, el fortalecimiento institucional es clave. Dotar a las instituciones locales de recursos suficientes para monitorear y controlar la minería en la región podría mejorar la eficacia del Estado en la lucha contra la minería ilegal.

Segundo, invertir en proyectos de desarrollo sostenible, como el ecoturismo y la agricultura orgánica, podría ofrecer fuentes de ingresos legales y sostenibles para las comunidades. Estas alternativas económicas no solo diversificarían la economía local, sino que también preservarían el medio ambiente.

Tercero, las campañas educativas son importantes para ayudar a las comunidades a comprender los riesgos de la minería ilegal y promover una cultura de respeto hacia el medio ambiente. Finalmente, la cooperación internacional es fundamental, ya que la minería ilegal es un problema transnacional.

La minería ilegal en Zamora Chinchipe es un problema que requiere soluciones integrales y sostenibles. La legalización de la minería artesanal, junto con la promoción de alternativas económicas y el fortalecimiento de las instituciones, puede ser parte de la solución. Solo mediante la colaboración entre el Estado, las comunidades y el sector privado se podrá mitigar este problema y garantizar un futuro en el que la riqueza mineral de la región no se convierta en su mayor maldición.

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Opinión

Rehabilitación fallida en el sistema penitenciario ecuatoriano.

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Por: Franco Stalin Tamay Vega.

La crisis penitenciaria que enfrenta Ecuador en el siglo XXI es alarmante y representa uno de los mayores desafíos para el sistema de justicia y seguridad del país. Las cárceles, lejos de cumplir su objetivo rehabilitador, se han convertido en centros de operación para organizaciones criminales, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico. Estas estructuras delictivas no solo controlan el interior de los centros de privación de libertad, sino que también extienden su influencia fuera de ellos, agravando la situación de violencia e inseguridad que afecta a toda la población.

El impacto de esta crisis es evidente en el incremento alarmante de la violencia en el país. Según estadísticas oficiales de InSight Crimen (2018), InSight Crimen (2024), DINASED (2024), la tasa de homicidios en Ecuador pasó de 5.8% por cada 100,000 habitantes en el año 2017 a 46.1% en el año 2023. Este incremento, que representa casi un aumento de ocho veces en solo seis años, evidencia el nivel de descontrol en materia de seguridad pública y el incremento de la estructura criminales en diversos sectores de la sociedad.

Un ejemplo de las fallas estructurales del sistema penitenciario fue el antiguo Penal García Moreno, que no cumplía con los estándares mínimos para garantizar la rehabilitación social de los privados de libertad. El hacinamiento, la insalubridad y la violencia constante entre los internos fueron factores determinantes para su cierre. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por modernizar las cárceles del país, estas problemáticas persisten en los actuales centros de privación de libertad.

En un Estado constitucional de derechos y justicia, los centros de privación de libertad deberían tener como objetivo principal la rehabilitación y reinserción de los privados de libertad. No obstante, surge la pregunta: ¿realmente cumplen con ese propósito? Una vez que una persona cumple su condena, se enfrenta a una sociedad marcada por el desempleo, la falta de oportunidades y la exclusión social, factores que frecuentemente la llevan a reincidir en actividades delictivas.

La solución a los problemas de delincuencia organizada en Ecuador no se encuentra únicamente en la privación de libertad. Tal como lo plantea Melton, el comportamiento criminal está influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido, es fundamental reconocer que la falta de oportunidades es uno de los principales detonantes.

Por ello, es fundamental implementar políticas públicas enfocadas en educación, salud y deporte, que sienten las bases para el desarrollo de futuras generaciones. Es necesario garantizar el acceso gratuito y universal a la educación, promover programas de prevención del consumo de drogas y fomentar espacios de recreación y formación integral. Asimismo, es importante fortalecer estrategias de empleo y reinserción social para quienes han cumplido sus condenas, con el objetivo de evitar la reincidencia y reducir los niveles de violencia.

Más allá de la construcción de nuevas cárceles o el endurecimiento de las penas, se requiere un enfoque integral que analice las causas estructurales de la delincuencia y priorice el bienestar social como herramienta preventiva. Solo de esta manera será posible reducir el impacto de la violencia, desarticular las redes criminales y garantizar la seguridad y justicia en Ecuador.

 

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