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En 2025, los operativos contra minería ilegal se intensificaron en 11 provincias del país

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En el cantón Paquisha, Zamora Chinchipe, se realizó uno de los más recientes operativos contra la minería ilegal. Las Fuerzas Armadas decomisaron 960 cápsulas de dinamita, 845 tacos de nitrato de amonio, entre otros insumos para la actividad ilícita.

La intervención permitió detectar varios puntos de minería ilegal en esa provincia. De acuerdo a datos del Ministerio de Defensa, en 2025 los operativos se intensificaron en esa y otras nueve provincias del país.

Así mismo, se ha destruido maquinaria usada por los grupos delictivos: 41 dragas y 360 retroexcavadoras. Según el Ministerio de Defensa, 1 344 bocaminas inhabilitadas estaban conectadas a redes de financiamiento delictivo.

De acuerdo al último balance oficial, el impacto económico contra las mafias se triplicó. En 2024, la afectación fue de más de USD 555 millones, mientras que en 2025, supera los USD 2 000 millones. (Ver cuadro)

La minería ilegal -según fuentes de Inteligencia- la encabezan Los Lobos, Comandos de la Frontera y el Frente Oliver Sinisterra. No obstante, hay otros grupos implicados como Los Choneros.

El viceministro de seguridad Pública, Luis Pérez, dijo durante el Encuentro Anual de Minería, que los tres grupos predominan en cinco provincias. Así mismo, que hay 36 puntos críticos en Ecuador.

Las operaciones contra la minería se han intensificado en Imbabura, Carchi, Azuay, El Oro, Orellana, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, Napo, Bolívar y Esmeraldas. En esta última provincia, por ejemplo, a inicios de diciembre, el Ejército destruyó 30 campamentos ilegales.

El Bloque de seguridad se concentró en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, donde se ubicaban estas estructuras. Allí había maquinaria, armas artesanales y combustible robado. Solo esa operación representó USD 1,8 millones en pérdidas a las redes criminales.

En el caso de la provincia de Bolívar, el cantón Las Naves fue incluido en los estados de excepción decretados desde agosto. La justificación era precisamente que las organizaciones delictivas aprovechan esa zona como refugio. Además que se han detectado puntos de extracción mineral ilegal.

Esto ha derivado en el aumento de las muertes violentas en Bolívar. La cifra pasó de 28 en 2024 a 34 hasta noviembre de 2025, según la Policía Nacional.

Las operaciones más grandes contra la minería ilegal en 2025 fueron la de Buenos Aires, en Imbabura. Dicha zona era controlada por Los Lobos donde se hacía extracción minera a gran escala. También en el norte del país, en Carchi, las Fuerzas Armadas impidieron asentamientos de nuevos campamentos ilegales y cerraron rutas emergentes usadas en la frontera para transportar el material aurífero de contrabando.

Sucumbíos ha sido también otro punto crítico de la minería ilegal. El viernes 12 de diciembre de 2025, las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en Putumayo, en el sector de Nuevo Paraíso. Allí inhabilitaron dos campamentos clandestinos. Destruyeron una draga artesanal, dos bombas de succión, y decomisaron 180 galones de combustible.

En Orellana ocurrió la emboscada y asesinato de 11 militares por parte de la mafia durante un operativo contra la minería ilegal. Ocurrió en mayo y las autoridades atribuyeron el ataque a los Comandos de la Frontera.

En el sur del país en cambio, las operaciones anti minería se han enfocado en Azuay y en El Oro. Según Defensa, esto ha permitido cortar redes de contrabando fronterizo y lavado de activos.

¿Sabías que?
En el mercado internacional, la onza de oro se cotiza en aproximadamente USD 4 300 y 3 650 euros.

Durante el 2025 se ha evidenciando la expansión de la minería ilegal. El precio de la onza de oro superó los USD 4 000. Por eso, en durante la Asamblea del Consejo Empresarial de América, el presidente Daniel Noboa sostuvo que este delito se está volviendo igual de rentable que el narcotráfico.

Contaminación de metales pesados y otros químicos a causa de la minería ilegal

Hasta noviembre, colectivos ambientalistas denunciaron la destrucción de unas 2 000 hectáreas de bosque en zonas protegidas de Napo, Zamora, Sucumbíos y Orellana, a causa de la minería ilegal.

Un ejemplo está en la confluencia de los ríos Nangaritza y Zamora, donde operaban alrededor de 45 excavadoras. Pero la destrucción de las zonas amazónicas no es lo único. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Ecuador) expuso en septiembre que 17 especies que se consumen y comercializan en El Coca (Orellana) superaban los límites de arsénico, mercurio y plomo.

La explotación intensiva de recursos naturales en la Amazonía ecuatoriana está generando crecientes preocupaciones en torno a la salud de las comunidades locales y la integridad de los ecosistemas de agua dulce, señaló WWT tras un estudio liderado por la entidad, en alianza con la Universidad de las Américas (UDLA), el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y la Universidad San Francisco de Quito.

La investigación evaluó la calidad del agua, sedimentos y peces en ríos clave de la Amazonía ecuatoriana como el Napo, Aguarico, Payamino, Putumayo y Pastaza. Así mismo, se analizaron 17 especies que se venden en el mercado. Los resultados demostraron que el 100 % superan los límites recomendados de arsénico, mercurio y plomo, y una de ellas también sobrepasó los niveles permitidos de aluminio.

Entre tanto, las estrategias por parte de la fuerza pública para combatir el crimen organizado es la intensificación de los operativos y la destrucción de las estructuras y maquinarias halladas al pie de ríos o cerros.

Fuente: Ecuavisa

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Policías implicados en femicidios en Ecuador: al menos nueve casos entre 2022 y 2026

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Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.

Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.

La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.

El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.

En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.

El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.

El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.

Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.

Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.

En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.

Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.

Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.

Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.

En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.

María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía

María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.

11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.

Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.

Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.

Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista

La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.

Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.

Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.

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Gobierno recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del FMI

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Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.

La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.

Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.

Programa de crédito del FMI

Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.

Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.

Medidas tomadas por Ecuador

El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.

El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.

“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.

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Quién es alias ‘Topo’, la mano derecha de Fito que enfrentará la justicia de EE.UU.

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La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.

Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.

Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.

Durante su permanencia en prisión, alias “Topo” estableció vínculos con la organización criminal Los Choneros, donde consolidó una relación clave con José Adolfo Macías Villamar, conocido como “Fito”, quien en ese momento era segundo al mando del grupo, por debajo de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña».

Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.

En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.

Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.

En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.

En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.

Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.

“Este angelito le hará compañía a Fito»

Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.

“Este angelito le hará compañía a Fito muy pronto en Estados Unidos”, enfatizó el funcionario. Fuente: Vistazo
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