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El Ecuador vive una crisis política grave y sin rumbo

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La crisis política en nuestro país ha generado incertidumbre y desestabilidad, llegando a afectar a los ámbitos como salud, educación, alimentación, vialidad, transporte y más. Tres expertos analizan la situación del país desde diferentes ámbitos. Alfredo Suquilanda alcalde de Macará, Cléver Jiménez, prefecto de Zamora Chinchipe y Jorge Escala ex asambleísta.

Jorge Escala, ex-asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, menciona que hay una crisis en las instituciones del Estado, esto tiene que ver con quien acapara y concentra el poder, eso lo han hecho tradicionalmente los gobiernos que han dirigido los destinos del Ecuador y esto nace y se agudiza esta crisis de las instituciones del estado a partir en que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar autoridades en otras dependencias o en otras funciones del estado, y vemos que se hace al puro estilo de la dictadura y así agredieron a la institución con el propósito de formar una mayoría y obviamente en la Asamblea Nacional también se reflejó esa pugna y contradicción y esto se refleja en el Concejo de Participación Ciudadana, es decir; el gobierno prácticamente asaltó con una mayoría el CPCCS y por otro lado, la Asamblea respondió con el juicio político porque era fraudulenta, atropellada, ilegal, tanto así, que un asesor del CPCCS denunció públicamente como representantes del gobierno se reunieron con este asesor del CPCCS, precisamente para ajustar las normas y procesos y lo peor, con lista en mano el gobierno pretendía imponer los nombres de autoridades en las instituciones que tenía que nombrar el CPCCS.

Por lo tanto, es evidente que la fiscalía nos está debiendo, porque con esa denuncia era más que suficiente se investigue en contra de aquellos que quisieron tomarse el poder al puro estilo del correato.

Escala se refirió también sobre la Ley de Inversiones que propuso el gobierno de Lasso y que fue rechazada a lo largo y ancho del país el pasado 23 de marzo, porque pretendían privatizar las ciclovías, caminos vecinales, sectores estratégicos, edificios públicos, privados, Universidades, Hospitales, Escuelas, es decir, todo. Entonces, la Asamblea Nacional actuó como tenía que actuar, en función de la defensa al estado ecuatoriano, por lo tanto, fue una victoria más de los actuales asambleístas, que a propósito están desprestigiados en el país. Pues entonces, como los asambleístas no aprobaron ese proyecto de ley, el gobierno arma su show públicamente y denuncia que lo han querido chantajear pidiéndole hospitales, incluso va más allá, que le han pedido plata, pero eso lo dijo a los cuatro vientos, no lo hizo en la fiscalía de manera formal, y claro, por la presión de los medios y de Unidad Popular, el presidente oficializó la denuncia en dicha función de justicia.

La ciudadanía debe unirse para que el Estado Ecuatoriano pueda escuchar su voz, ejercer una democracia directa a través de su propio voto, señala Jorge Escala, además menciona que no siempre las empresas privadas son generadoras de trabajo, pues el pequeño comercio genera un 60% de actividad laboral, pero esto conlleva la sobre explotación laboral y falta de declaración de impuestos.

Existen miles de recursos que deben invertirse en la reactivación económica del país, generar producciones desde lo local, municipios, prefectura, sin embargo, eso no es algo que el Estado ha considerado, hay que unir fuerzas y empezar a reclamar los derechos que han sido arrebatados durante mucho tiempo, encarcelar a los funcionarios corruptos, que impiden que Ecuador siga avanzando, expresa Escala.

Cléver Jiménez, actual prefecto de Zamora Chinchipe y exlegislador ecuatoriano, sostuvo que hoy tenemos una crisis política que se genera entre el Ejecutivo y el Legislativo, en este momento lo que tenemos en el estado es la composición mismo de quienes forman parte de la Asamblea Nacional, como van a cumplir su trabajo con las dos funciones más importantes que tienen en sus manos, eso son; 1 legislar en bien del pueblo ecuatoriano haciendo leyes a favor de todos, y 2, fiscalizar la cosa pública, pero no lo hacen porque ellos carecen de calidad moral para que cumplan con el segundo componente de su función, que es fiscalizar, el país tiene a la presidenta de la Asamblea Nacional que está plagada de actos reñidos con la ley, que está enjuiciada penalmente por corrupción, y así como ella, existen varios legisladores ecuatorianos involucrados en actos de corrupción, entonces no tienen esa calidad moral de fiscalizar, entonces el problema está ahí indicó Jiménez.

En este momento hablemos de la Ley de Inversiones, es importante analizar de manera profunda y lo que se debe hacer en el país, es generar empleo, ¿y cómo debemos generar empleo? es permitiendo que venga inversiones extranjeras para que se pueda emprender en nuevas actividades productivas e industriales en el Ecuador y a través de ello generar empleo que tanto hace falta al país. Hoy mismo, los sectores estratégicos ya se encuentran en manos privadas, los dos proyectos mineros que están en la provincia de Zamora Chinchipe ya están en manos de empresas internacionales y fue el gobierno de Rafael Correa que entregó. Con la Ley de Inversiones es atraer recursos económicos y a través de ello garantizar empleo y consecuentemente mejorar el estilo de vida de los ecuatorianos.

Además, dijo que el proyecto de Ley de Inversiones fue presentado a la Asamblea Nacional para su análisis, lo que debían haber hecho los asambleístas era revisar las cosas negativas, corregirlas y plantear al parlamento para que se pueda aprobar y salir del subdesarrollo con esta Ley. Pero lo que hicieron fue negar y le dejan el camino para que el gobierno posiblemente, a través de una consulta popular consulte al pueblo y sea aprobada.

También hizo un llamado a no tener miedo a la privatización. El estado no tiene espacio para dar trabajo a tante gente y la única solución es la empresa privada, y para ello se necesita inversión, pensemos en el país y no politiqueramente, juntos busquemos alternativas de solución, primero, para enmendar esta constitución de Montecristi, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana por el camino legal.

Por su parte, Alfredo Suquilanda alcalde de Macará manifestó que la crisis política actual en la que vive el país viene derivada de una constitución novelera que instauró dos poderes o funciones más, (la electoral y la de Participación Ciudadana) ahí está el problema, la solución hay que buscar y es con la Consulta Popular que determine si continuamos con la constitución del 2008 o volvemos con la constitución de 1998 reformada. No se puede entregar a 7 personas el destino de un país para que designen Contralor, Procurador, Fiscal, Superintendente a dedo o amañado por parte del poder que se encuentre de turno, eso debe desaparecer, “yo pienso que en el país hay que buscar soluciones y no ahondar los problemas personales de cada quien, veamos mejores alternativas para el país” dijo Suquilanda.

Finalmente dijo que la Ley de Inversiones para la gente de frontera es importante, porque lo que buscamos es zonas francas y libre comercio. Una cosa es teorizar en la ciudad y otra cosa es vivir en pueblos pequeños, es diferente estar en Quito que estar en Macará, por lo tanto, se debe encontrar soluciones respetando al gobierno, el Ecuador no puede seguir así, nuestro país fue destrozado durante 14 años con 70.000 millones de deudas y como no permitir el ingreso de capital fresco al Ecuador, sino permitimos eso, como salimos de la crisis si nosotros mismos nos oponemos y seguimos con el mismo discurso de siempre. El país ya está entregado en gran parte a los chinos y si no cambiamos nosotros nuestra forma de pensar muy pronto seremos colonia de la china.  La crisis de la pandemia nos destrozó y la guerra en Rusia y Ucrania va a encarecer todo.

En cuento a la eliminación de la SENESCYT que propuso el Gobierno, Jiménez, Escala y Suquilanda coinciden que debe ser eliminado con algunas recomendaciones, por ejemplo, el CES debe existir y el ACCES debe mantenerse. (I)

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Detección de presunto transporte ilegal de material aurífero en Zamora Chinchipe

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El Bloque de Seguridad del Estado ecuatoriano, a través de un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas del Ecuador (FFAAE) y la Policía Nacional (PoliciaEcuador), logró identificar un presunto caso de transporte ilegal de material aurífero en la parroquia Cumbaratza, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la operación, se detectó a dos ciudadanos que trasladaban una maleta negra con material mineralizado, presuntamente oro, cuyo valor estimado asciende a los 150.000 dólares. Los involucrados no portaban la documentación legal correspondiente para justificar el origen y destino del cargamento.

De manera preliminar, se presume que una avioneta habría aterrizado en la pista de Cumbaratza con la intención de recoger el material, motivo por el cual se han intensificado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles redes delictivas vinculadas al tráfico de recursos estratégicos.

El procedimiento técnico fue ejecutado por el personal de la Unidad de Control Militar (UCM) y la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (UNIDCAM), quienes actuaron conforme a los protocolos establecidos. Asimismo, se notificó oportunamente al ECU 911 y al fiscal de turno, garantizando así la actuación conforme al marco legal.

El Estado ecuatoriano reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales y estratégicos de la Nación, y continuará fortaleciendo las acciones de control y vigilancia en todo el territorio nacional.

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Marihuana, dinero y balanza digital: Policía desmantela presunto punto de microtráfico en Zamora Ch.

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La lucha frontal contra el microtráfico de drogas en la provincia de Zamora Chinchipe arroja un nuevo resultado contundente. En un operativo desarrollado con precisión y respuesta inmediata, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la subzona Zamora Chinchipe – distrito Yantzaza, logró la aprehensión en flagrancia de un ciudadano implicado en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización.

El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Porvenir, en la intersección de las calles Adelaida Marcillo y Zamora, luego de que un ciudadano anónimo alertara sobre la presencia de un sujeto en actitud sospechosa. De manera inmediata, el personal policial en patrullaje preventivo actuó con profesionalismo y rigor táctico.

Durante el registro corporal y la inspección de una mochila, se halló una sustancia vegetal verdosa, presumiblemente marihuana, lo que motivó la aprehensión inmediata del ciudadano identificado como:

  • Joel T., ecuatoriano, de 26 años de edad.

Entre los indicios incautados constan:

  • 548 gramos de marihuana, equivalentes a aproximadamente 1.096 dosis.

  • 1 balanza digital presuntamente utilizada para la dosificación.

  • Dinero en efectivo, cuya procedencia es materia de investigación.

  • 1 teléfono móvil, que podría contener información clave sobre la red de distribución.

La intervención fue notificada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias correspondientes conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico vigente, en aras de garantizar el debido proceso y la correcta judicialización del caso.

Este nuevo golpe al microtráfico no solo representa un logro operativo, sino también un paso firme en la construcción de barrios seguros y libres de violencia. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso inquebrantable de continuar ejecutando acciones estratégicas que permitan neutralizar a quienes atentan contra la salud pública y la paz ciudadana.

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Gobernadora verifica daños ambientales tras protesta ciudadana en Yantzaza

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En respuesta a las crecientes denuncias sobre los efectos socioambientales de la minería ilegal en el cantón Yantzaza, este 1 de mayo se llevó a cabo una nueva jornada de verificación en territorio, con la participación activa de moradores, autoridades locales y representantes del Comité en Defensa del Río Zamora.

La visita técnica al sector La Floresta y su zona de influencia fue encabezada por la gobernadora de la provincia, Ivonne Panchi, quien acudió al sitio cumpliendo con el compromiso asumido en la mesa de diálogo celebrada el pasado 30 de abril, tras una manifestación pacífica que recorrió desde el parque central de Yantzaza hasta Piedra Liza.

Durante el recorrido, el abogado Hernán Camacho, vocero de la comunidad, expresó: “Constatamos que algunas máquinas han cesado su operación, sin embargo, persisten motores activos en algunos pozos, lo que indica una posible intención de reanudar labores una vez que disminuya la presión ciudadana”. Ante ello, la gobernadora anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas.

El Comité en Defensa de las Riberas del Río Zamora, conformado por representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, también expuso la crítica situación que atraviesan sus territorios, donde la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar infraestructura clave, incluida una unidad educativa del sector.

Uno de los puntos clave planteados fue la necesidad urgente de ejecutar un enrocamiento en la zona afectada. “El río se nos viene encima.

Este daño ambiental no solo impacta el ecosistema, sino que pone en riesgo a la población”, enfatizó uno de los dirigentes barriales.

La presencia de la Policía Nacional fue destacada, aunque los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas. “Los mineros ilegales muestran mayor respeto hacia los militares. Su presencia disuasiva sería clave para evitar nuevos intentos de ocupación del territorio”, indicaron.

Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: la paralización total de la minería en el Cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental. “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Camacho.

Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia.

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