Noticias Zamora
El Ecuador vive una crisis política grave y sin rumbo
La crisis política en nuestro país ha generado incertidumbre y desestabilidad, llegando a afectar a los ámbitos como salud, educación, alimentación, vialidad, transporte y más. Tres expertos analizan la situación del país desde diferentes ámbitos. Alfredo Suquilanda alcalde de Macará, Cléver Jiménez, prefecto de Zamora Chinchipe y Jorge Escala ex asambleísta.
Jorge Escala, ex-asambleísta por el Movimiento Popular Democrático, menciona que hay una crisis en las instituciones del Estado, esto tiene que ver con quien acapara y concentra el poder, eso lo han hecho tradicionalmente los gobiernos que han dirigido los destinos del Ecuador y esto nace y se agudiza esta crisis de las instituciones del estado a partir en que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que nombrar autoridades en otras dependencias o en otras funciones del estado, y vemos que se hace al puro estilo de la dictadura y así agredieron a la institución con el propósito de formar una mayoría y obviamente en la Asamblea Nacional también se reflejó esa pugna y contradicción y esto se refleja en el Concejo de Participación Ciudadana, es decir; el gobierno prácticamente asaltó con una mayoría el CPCCS y por otro lado, la Asamblea respondió con el juicio político porque era fraudulenta, atropellada, ilegal, tanto así, que un asesor del CPCCS denunció públicamente como representantes del gobierno se reunieron con este asesor del CPCCS, precisamente para ajustar las normas y procesos y lo peor, con lista en mano el gobierno pretendía imponer los nombres de autoridades en las instituciones que tenía que nombrar el CPCCS.
Por lo tanto, es evidente que la fiscalía nos está debiendo, porque con esa denuncia era más que suficiente se investigue en contra de aquellos que quisieron tomarse el poder al puro estilo del correato.
Escala se refirió también sobre la Ley de Inversiones que propuso el gobierno de Lasso y que fue rechazada a lo largo y ancho del país el pasado 23 de marzo, porque pretendían privatizar las ciclovías, caminos vecinales, sectores estratégicos, edificios públicos, privados, Universidades, Hospitales, Escuelas, es decir, todo. Entonces, la Asamblea Nacional actuó como tenía que actuar, en función de la defensa al estado ecuatoriano, por lo tanto, fue una victoria más de los actuales asambleístas, que a propósito están desprestigiados en el país. Pues entonces, como los asambleístas no aprobaron ese proyecto de ley, el gobierno arma su show públicamente y denuncia que lo han querido chantajear pidiéndole hospitales, incluso va más allá, que le han pedido plata, pero eso lo dijo a los cuatro vientos, no lo hizo en la fiscalía de manera formal, y claro, por la presión de los medios y de Unidad Popular, el presidente oficializó la denuncia en dicha función de justicia.
La ciudadanía debe unirse para que el Estado Ecuatoriano pueda escuchar su voz, ejercer una democracia directa a través de su propio voto, señala Jorge Escala, además menciona que no siempre las empresas privadas son generadoras de trabajo, pues el pequeño comercio genera un 60% de actividad laboral, pero esto conlleva la sobre explotación laboral y falta de declaración de impuestos.
Existen miles de recursos que deben invertirse en la reactivación económica del país, generar producciones desde lo local, municipios, prefectura, sin embargo, eso no es algo que el Estado ha considerado, hay que unir fuerzas y empezar a reclamar los derechos que han sido arrebatados durante mucho tiempo, encarcelar a los funcionarios corruptos, que impiden que Ecuador siga avanzando, expresa Escala.
Cléver Jiménez, actual prefecto de Zamora Chinchipe y exlegislador ecuatoriano, sostuvo que hoy tenemos una crisis política que se genera entre el Ejecutivo y el Legislativo, en este momento lo que tenemos en el estado es la composición mismo de quienes forman parte de la Asamblea Nacional, como van a cumplir su trabajo con las dos funciones más importantes que tienen en sus manos, eso son; 1 legislar en bien del pueblo ecuatoriano haciendo leyes a favor de todos, y 2, fiscalizar la cosa pública, pero no lo hacen porque ellos carecen de calidad moral para que cumplan con el segundo componente de su función, que es fiscalizar, el país tiene a la presidenta de la Asamblea Nacional que está plagada de actos reñidos con la ley, que está enjuiciada penalmente por corrupción, y así como ella, existen varios legisladores ecuatorianos involucrados en actos de corrupción, entonces no tienen esa calidad moral de fiscalizar, entonces el problema está ahí indicó Jiménez.
En este momento hablemos de la Ley de Inversiones, es importante analizar de manera profunda y lo que se debe hacer en el país, es generar empleo, ¿y cómo debemos generar empleo? es permitiendo que venga inversiones extranjeras para que se pueda emprender en nuevas actividades productivas e industriales en el Ecuador y a través de ello generar empleo que tanto hace falta al país. Hoy mismo, los sectores estratégicos ya se encuentran en manos privadas, los dos proyectos mineros que están en la provincia de Zamora Chinchipe ya están en manos de empresas internacionales y fue el gobierno de Rafael Correa que entregó. Con la Ley de Inversiones es atraer recursos económicos y a través de ello garantizar empleo y consecuentemente mejorar el estilo de vida de los ecuatorianos.
Además, dijo que el proyecto de Ley de Inversiones fue presentado a la Asamblea Nacional para su análisis, lo que debían haber hecho los asambleístas era revisar las cosas negativas, corregirlas y plantear al parlamento para que se pueda aprobar y salir del subdesarrollo con esta Ley. Pero lo que hicieron fue negar y le dejan el camino para que el gobierno posiblemente, a través de una consulta popular consulte al pueblo y sea aprobada.
También hizo un llamado a no tener miedo a la privatización. El estado no tiene espacio para dar trabajo a tante gente y la única solución es la empresa privada, y para ello se necesita inversión, pensemos en el país y no politiqueramente, juntos busquemos alternativas de solución, primero, para enmendar esta constitución de Montecristi, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana por el camino legal.
Por su parte, Alfredo Suquilanda alcalde de Macará manifestó que la crisis política actual en la que vive el país viene derivada de una constitución novelera que instauró dos poderes o funciones más, (la electoral y la de Participación Ciudadana) ahí está el problema, la solución hay que buscar y es con la Consulta Popular que determine si continuamos con la constitución del 2008 o volvemos con la constitución de 1998 reformada. No se puede entregar a 7 personas el destino de un país para que designen Contralor, Procurador, Fiscal, Superintendente a dedo o amañado por parte del poder que se encuentre de turno, eso debe desaparecer, “yo pienso que en el país hay que buscar soluciones y no ahondar los problemas personales de cada quien, veamos mejores alternativas para el país” dijo Suquilanda.
Finalmente dijo que la Ley de Inversiones para la gente de frontera es importante, porque lo que buscamos es zonas francas y libre comercio. Una cosa es teorizar en la ciudad y otra cosa es vivir en pueblos pequeños, es diferente estar en Quito que estar en Macará, por lo tanto, se debe encontrar soluciones respetando al gobierno, el Ecuador no puede seguir así, nuestro país fue destrozado durante 14 años con 70.000 millones de deudas y como no permitir el ingreso de capital fresco al Ecuador, sino permitimos eso, como salimos de la crisis si nosotros mismos nos oponemos y seguimos con el mismo discurso de siempre. El país ya está entregado en gran parte a los chinos y si no cambiamos nosotros nuestra forma de pensar muy pronto seremos colonia de la china. La crisis de la pandemia nos destrozó y la guerra en Rusia y Ucrania va a encarecer todo.
En cuento a la eliminación de la SENESCYT que propuso el Gobierno, Jiménez, Escala y Suquilanda coinciden que debe ser eliminado con algunas recomendaciones, por ejemplo, el CES debe existir y el ACCES debe mantenerse. (I)
Noticias Zamora
El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo
Por: Alonzo Cueva Rojas
Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.
Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.
La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto. BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.
Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.
Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.
Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:
Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.
Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.
Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.
Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.
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Municipio de Palanda y Prefectura de Zamora Chinchipe ejecutan trabajos de mantenimiento vial en el barrio Pucarón
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palanda, en coordinación con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ejecuta trabajos de mantenimiento y adecuación en las principales calles del barrio Pucarón.
Las labores comprenden el mejoramiento de la superficie de rodadura y la intervención de varios tramos viales estratégicos del sector, permitiendo optimizar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores. Estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.
De acuerdo con la planificación institucional, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe para fortalecer la conectividad urbana, mejorar el acceso a los diferentes sectores poblados y contribuir al desarrollo integral del cantón.
La coordinación interinstitucional entre el Municipio de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe evidencia el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento de la obra pública y la atención oportuna de las necesidades prioritarias de las comunidades.
Con estas acciones, las instituciones ratifican su compromiso de continuar impulsando proyectos de mejoramiento vial que contribuyan al bienestar ciudadano, la integración territorial y el desarrollo sostenible del cantón Palanda y de la provincia de Zamora Chinchipe.
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Arcsa detecta irregularidades sanitarias en establecimiento de alimentación de El Pangui
La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7 y en coordinación con la Comisaría Nacional de Policía del cantón El Pangui, desarrolló una serie de operativos de control en distintos establecimientos comerciales de esta jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe, con el propósito de proteger la salud de la población y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
Las acciones de vigilancia iniciaron durante la jornada nocturna con inspecciones en licorerías del cantón, así como con la verificación del cumplimiento de los turnos de atención en farmacias. Posteriormente, durante la mañana, los técnicos de Arcsa realizaron controles en cuatro establecimientos de alimentación colectiva, donde se evaluaron las condiciones sanitarias y operativas para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo de la ciudadanía.
Durante las inspecciones, los funcionarios verificaron aspectos fundamentales relacionados con las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, el uso adecuado de indumentaria por parte del personal, las condiciones generales de limpieza de las instalaciones y la implementación de medidas de control de plagas, elementos considerados esenciales para prevenir riesgos sanitarios.
Como resultado de estos operativos, Arcsa identificó que uno de los establecimientos inspeccionados incumplía las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Entre las principales observaciones realizadas constan indicios de presencia de plagas, deficiencias en los procesos de limpieza y prácticas inadecuadas de higiene, situaciones que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.
Ante estos hallazgos, la entidad reguladora informó que iniciará los procesos administrativos correspondientes, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Dependiendo de los resultados de las investigaciones y del procedimiento legal respectivo, el establecimiento podría enfrentar las sanciones contempladas en la normativa vigente.
Arcsa destacó que estos controles forman parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria que se ejecutan en la Zona 7, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, promover el cumplimiento de las normas de higiene y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios a la ciudadanía.
Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para que participe activamente en la vigilancia sanitaria mediante el uso de la aplicación móvil Arcsa Móvil, herramienta digital que permite reportar irregularidades, generar alertas sanitarias y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control.
Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir riesgos a la salud pública y fomentar una cultura de responsabilidad sanitaria entre los establecimientos comerciales y de servicios.
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