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El alivio financiero: entre el derecho ciudadano y la responsabilidad institucional

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Por Alcibar Lupercio, periodista.

La aplicación de la Ley de Alivio Financiero, a través de la resolución 2025-0145 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los ciudadanos ecuatorianos. No se trata simplemente de una medida técnica de diferimiento de pagos, sino de un instrumento de política pública con fuerte carga social y sentido de justicia económica.

En medio de una coyuntura marcada por la pérdida de ingresos, el desempleo y el aumento de la morosidad en créditos de consumo —que ya supera el 6,5 %—, la posibilidad de postergar el pago de deudas hasta por 180 días constituye un respiro legítimo y necesario. Su impacto no es menor: preserva la estabilidad de los hogares y previene el colapso de su economía familiar, sin que esto implique costos por mora ni cargos legales.

Desde una perspectiva política, esta medida ratifica la capacidad del Estado para intervenir cuando el bienestar de la población lo exige, protegiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones crediticias y que, a pesar de ello, hoy necesitan una pausa. Pero también revela una realidad preocupante: algunas entidades financieras niegan este derecho o informan de manera incorrecta, contraviniendo no solo la resolución oficial sino el principio de transparencia al que están obligadas.

Por ello, es imprescindible recordar que este beneficio aplica en todo el sistema financiero: bancos públicos, privados y cooperativas, y que ninguna entidad puede negarse a otorgarlo si se cumplen las condiciones establecidas. En caso de negativa, el camino correcto es presentar una queja formal ante la Junta de Política y Regulación Financiera o ante las Superintendencias correspondientes. El silencio o el rechazo infundado es una falta institucional que debe ser corregida.

Sin embargo, postergar no significa olvidar. El alivio financiero no es una condonación, sino un diferimiento que extiende el plazo del crédito: por ejemplo, si un préstamo finalizaba en diciembre de 2026, tras acogerse a los seis meses de alivio, se terminará de pagar en junio de 2027. Este acuerdo, voluntario y claro, debe formar parte de una estrategia de reorganización financiera responsable, tanto por parte del ciudadano como de las entidades.

En síntesis, el alivio financiero es una oportunidad que demanda corresponsabilidad. Su éxito depende de usuarios informados, bancos comprometidos y autoridades vigilantes. Solo así, esta política podrá cumplir su verdadero objetivo: garantizar una recuperación económica con rostro humano, centrada en la dignidad de quienes siguen apostando por cumplir, aun en medio de la adversidad.

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Asambleísta Héctor Valladarez analizó reformas penitenciarias, situación laboral y uso de recursos en Ecuador

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, abordó diversos temas de coyuntura nacional durante la entrevista, en la que expresó un saludo a los trabajadores del Ecuador y del mundo, destacando la importancia histórica de la lucha por la reivindicación de sus derechos.

Durante su intervención, Valladarez sostuvo que el país atravesaba un retroceso en materia de derechos laborales, señalando que decisiones gubernamentales recientes habrían afectado garantías fundamentales de los trabajadores. En este contexto, mencionó la organización de actividades conmemorativas en la provincia, incluyendo un desfile desarrollado en el cantón Paquisha con la participación de sindicatos locales.

En relación con la reforma al sistema penitenciario impulsada por el Ejecutivo y aprobada por la Asamblea Nacional, el legislador manifestó su desacuerdo, argumentando que la normativa permitía que personas sin sentencia ejecutoriada fueran trasladadas a centros de máxima seguridad, lo que, según indicó, contravenía principios jurídicos previamente establecidos. Asimismo, afirmó que esta modificación respondía a intereses políticos y no a una solución estructural del sistema carcelario.

El asambleísta también cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia, señalando presuntas irregularidades en la designación de autoridades y en los procesos judiciales, lo que, a su criterio, evidenciaba una instrumentalización política de las instituciones. En este marco, se refirió a la designación de la nueva presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, indicando que no se habría respetado el orden legal correspondiente.

Respecto al proceso de selección del Fiscal General del Estado, Valladarez advirtió sobre cambios normativos que permitirían la participación de profesionales vinculados a la defensa de estructuras delictivas, lo que consideró un riesgo para la institucionalidad del país. En este sentido, informó que desde su bancada se impulsaron acciones de inconstitucionalidad frente a dichas reformas.

En el ámbito económico, el legislador enfatizó en la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los recursos provenientes de la actividad minera en Zamora Chinchipe. Señaló que proyectos estratégicos como Mirador y Fruta del Norte habrían generado ingresos millonarios, sin que, según su versión, estos recursos se reflejen en inversión local, particularmente en sectores como salud, vialidad e infraestructura.

Además, denunció que regalías y utilidades correspondientes a la provincia no habrían sido transferidas conforme a lo establecido en la Ley Amazónica, lo que —indicó— representaría pérdidas significativas para el desarrollo regional. En este contexto, reiteró su compromiso con la fiscalización de estos fondos y la exigencia de su correcta distribución.

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El Chorro celebró 71 años con obras, ferias y gestión institucional

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El Chorro celebró 71 años de vida política con agenda productiva, obras y gestión institucional

La parroquia El Chorro, perteneciente al cantón Chinchipe, conmemoró su septuagésimo primer aniversario de vida política con una agenda de actividades cívicas, culturales y productivas desarrolladas del 23 al 25 de abril, según informó el presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial, Antonio Encalada.

Durante tres días de celebración, la ciudadanía participó activamente en eventos que reflejan la identidad y cohesión social del territorio. “Hablar de parroquialización es hablar de nuestra identidad como una parroquia hospitalaria, honesta y trabajadora”, destacó Encalada, quien además subrayó la presencia de delegaciones locales, provinciales e incluso visitantes de la República del Perú, pese a las restricciones existentes en el paso fronterizo de La Balsa.

Entre las principales actividades desarrolladas constaron encuentros deportivos interparroquiales, así como la realización de la novena feria agrícola, ganadera, gastronómica y de emprendimientos, considerada una vitrina para la promoción y comercialización de productos locales. En este espacio participaron instituciones públicas y productores de la zona, evidenciando mejoras en la calidad de la producción agropecuaria y el fortalecimiento de iniciativas económicas comunitarias.

En el marco de la sesión solemne, el presidente del GAD resaltó el respaldo institucional recibido, especialmente del Gobierno Provincial, cuyo aporte económico a la feria se incrementó de 5.000 a 7.000 dólares, lo que permitió fortalecer los incentivos para emprendedores y productores. Asimismo, agradeció la presencia de autoridades provinciales y el trabajo articulado con distintos niveles de gobierno.

En cuanto a gestión y obra pública, Encalada informó sobre avances significativos ejecutados mediante convenios interinstitucionales con el GAD Municipal de Chinchipe y el Gobierno Provincial. Entre ellos destacan la reconstrucción del parque central y sus baterías sanitarias, la ejecución de sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, así como la colocación de aproximadamente 560 metros de adoquinado en el tramo comprendido entre la iglesia Virgen del Carmen y el cementerio parroquial, obra que se prevé culminar en el corto plazo.

En el ámbito vial, se han realizado trabajos de mantenimiento y mejoramiento de la vía de acceso a la parroquia, mediante acciones coordinadas con autoridades cantonales y provinciales. Estas intervenciones buscan garantizar la conectividad, especialmente considerando el carácter estratégico de esta ruta, que facilita el tránsito binacional entre Ecuador y Perú. En este sentido, se reiteró la necesidad de avanzar en el denominado cuarto eje vial como proyecto estructural para el desarrollo territorial.

Respecto a servicios básicos, el presidente del GAD señaló avances en la mejora del sistema de agua potable, alcanzando una optimización estimada entre el 70 % y 80 % en su funcionamiento, pese a las limitaciones derivadas de la extensión de la red (más de 20 kilómetros). También se gestionan proyectos de alumbrado público con tecnología LED y fortalecimiento del sistema regional de agua Uyarango, que beneficiaría a varias parroquias del sur.

Adicionalmente, se informó sobre la presentación de proyectos ante la Circunscripción Territorial Amazónica (CTA), entre ellos una iniciativa de embaulado que se encuentra en proceso de evaluación y podría recibir financiamiento en el corto plazo.

Encalada reconoció que aún persisten necesidades estructurales en la parroquia, como la construcción de la casa del GAD Parroquial —actualmente en un predio prestado—, la ampliación de sistemas de alcantarillado, mejora del ornato y fortalecimiento de infraestructura básica. No obstante, enfatizó que la gestión se ha basado en el trabajo coordinado, la perseverancia institucional y la articulación con entidades públicas.

Finalmente, el presidente parroquial destacó logros recientes como la obtención de un incentivo económico de 25.000 dólares en un concurso nacional impulsado por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), recursos que serán destinados al fortalecimiento del sector ganadero mediante la mejora de infraestructura productiva.

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Barrios de Zamora Chinchipe afectados por las fuertes lluvias

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Las intensas precipitaciones registradas durante la noche del sábado 2 y la mañana del domingo 3 de mayo de 2026 provocaron nuevamente un escenario de incertidumbre y preocupación en varios sectores de la provincia de Zamora Chinchipe, particularmente en los barrios Chamico, Namírez Bajo, Zumbi, La Saquea (VIALZACHIN) y OTROS lugares de la Troncal Amazónica.

De acuerdo con información de los habitantes, el incremento progresivo del caudal de los ríos, especialmente del río Zamora, generó un estado de alerta en las primeras horas del día domingo, cuando el agua comenzó a aproximarse e ingresar a varias viviendas. Esta situación obligó a las familias a activar mecanismos inmediatos de respuesta, priorizando la protección de enseres domésticos y bienes de primera necesidad.

No obstante, se reportaron pérdidas materiales, principalmente relacionadas con la afectación de animales menores, como cuyes y aves de corral, así como daños en vestimenta y otros bienes debido al ingreso de agua en los hogares. Estos eventos evidencian la vulnerabilidad de las comunidades asentadas en zonas cercanas a cauces hídricos frente a fenómenos climáticos extremos.

Es importante destacar que, ante la emergencia, se evidenció una significativa presencia de ciudadanos de distintos sectores permanecieron en estado de alerta, preparados para ejecutar acciones de evacuación en caso de que el nivel de los ríos Zamora, Nambija y Yacuambi continuara en ascenso.

Afortunadamente, hacia horas de la tarde del domingo, la disminución de las lluvias contribuyó a la reducción del caudal de los ríos, lo que permitió mitigar el riesgo inmediato y devolver cierta tranquilidad a la población, aunque persistieron afectaciones al interior de varias viviendas.

Adicionalmente, se reportaron daños en diversas vías rurales de la provincia, lo que podría incidir en la conectividad y en las dinámicas productivas locales.

El equipo de reporteros de Diario El Amazónico realizó un recorrido por varios lugares para documentar de primera mano las condiciones y afectaciones registradas, contribuyendo así a visibilizar la realidad que enfrentan las comunidades ante estos eventos climáticos recurrentes.

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