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El alivio financiero: entre el derecho ciudadano y la responsabilidad institucional

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Por Alcibar Lupercio, periodista.

La aplicación de la Ley de Alivio Financiero, a través de la resolución 2025-0145 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los ciudadanos ecuatorianos. No se trata simplemente de una medida técnica de diferimiento de pagos, sino de un instrumento de política pública con fuerte carga social y sentido de justicia económica.

En medio de una coyuntura marcada por la pérdida de ingresos, el desempleo y el aumento de la morosidad en créditos de consumo —que ya supera el 6,5 %—, la posibilidad de postergar el pago de deudas hasta por 180 días constituye un respiro legítimo y necesario. Su impacto no es menor: preserva la estabilidad de los hogares y previene el colapso de su economía familiar, sin que esto implique costos por mora ni cargos legales.

Desde una perspectiva política, esta medida ratifica la capacidad del Estado para intervenir cuando el bienestar de la población lo exige, protegiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones crediticias y que, a pesar de ello, hoy necesitan una pausa. Pero también revela una realidad preocupante: algunas entidades financieras niegan este derecho o informan de manera incorrecta, contraviniendo no solo la resolución oficial sino el principio de transparencia al que están obligadas.

Por ello, es imprescindible recordar que este beneficio aplica en todo el sistema financiero: bancos públicos, privados y cooperativas, y que ninguna entidad puede negarse a otorgarlo si se cumplen las condiciones establecidas. En caso de negativa, el camino correcto es presentar una queja formal ante la Junta de Política y Regulación Financiera o ante las Superintendencias correspondientes. El silencio o el rechazo infundado es una falta institucional que debe ser corregida.

Sin embargo, postergar no significa olvidar. El alivio financiero no es una condonación, sino un diferimiento que extiende el plazo del crédito: por ejemplo, si un préstamo finalizaba en diciembre de 2026, tras acogerse a los seis meses de alivio, se terminará de pagar en junio de 2027. Este acuerdo, voluntario y claro, debe formar parte de una estrategia de reorganización financiera responsable, tanto por parte del ciudadano como de las entidades.

En síntesis, el alivio financiero es una oportunidad que demanda corresponsabilidad. Su éxito depende de usuarios informados, bancos comprometidos y autoridades vigilantes. Solo así, esta política podrá cumplir su verdadero objetivo: garantizar una recuperación económica con rostro humano, centrada en la dignidad de quienes siguen apostando por cumplir, aun en medio de la adversidad.

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Familias de Chicaña esperan nuevas calles y servicios básicos con la renovación urbana

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La preocupación por la escases de agua y ausencia de servicios sanitarios adecuados, serán cosa del pasado en la convivencia de los moradores del centro parroquial de Chicaña. Y es que, la Alcaldía de Yantzaza, lleva adelante la construcción del proyecto de Renovación Urbana Sostenible de la Cabecera Parroquial.

Es el caso del hogar de doña Segunda Puchaicela, que habita en las inmediaciones de uno de los barrios que se intervienen. Ella es consciente de que, a pesar de las incomodidades que hoy se presentan, en los meses siguientes, los beneficios serán mayores.

“Con esta obra estaremos más seguros y cómodos. Para mi sería una emoción, una alegría que quede “chévere”; por ello, agradezco de mi parte y de mis hijos. Antes, cuando llegamos a vivir aquí, había el rumor de que la vía no se completaría, pero de poco a poco vemos que no nos vamos a quedar arrinconados”, recalcó la moradora.

Por su parte, Elsio Puchaicela, agricultor de la zona y beneficiario del proyecto, sostuvo que “el polvo ha sido una molestia constante, tenemos que cerrar la puerta y encerrarnos para evitarlo. Con el asfaltado que se hará ya no tendremos esa molestia. Vemos que se está construyendo una obra bien hecha, con desagües, acometidas y todos los servicios”, manifestó.
Esta intervención, que ya se ha replicado en otras localidades del cantón, tiene una inversión que alcanza el 1 millón 445 mil dólares.

La obra civil supera el 10%, donde actualmente se construyen las redes de alcantarillado sanitario, pluvial y agua potable. Adicional a estas labores, en los meses siguientes, se intervendrá en: conformación del paquete estructural de la vía, construcción de bordillos, construcción de aceras, sistema eléctrico (redes e iluminación) e instalación del sistema electrónico, dejando así, relucientes las calles, viviendas y espacios públicos intervenidos.

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La victoria de la dignidad docente: Lecciones de lucha y conciencia de clase

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Por: Alonzo Cueva Rojas.

Lic. en Ciencias de la Educación.

Profesor. de Segunda Enseñanza y Profesor.

de Educación Infantil (UTPL)

La reciente Sentencia 120-26-IN/26, emitida por el Pleno de la Corte Constitucional, constituye un hito histórico para los trabajadores de la educación en el Ecuador. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo Ministerial MINEDEC-2026-00045-A, el máximo organismo de control ratificó de forma definitiva que los sábados no son días laborables para el magisterio. Más allá de ser un logro técnico, este fallo representa el triunfo de la dignidad frente a la arbitrariedad, y una demostración contundente de la vigencia de la lucha y la conciencia clasista de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Durante meses, el MINEDEC y el Gobierno Central pretendieron normalizar la precarización bajo el pretexto de la recuperación del tiempo o la optimización institucional. La imposición de trabajar los fines de semana no solo vulneró el derecho constitucional al descanso, al desarrollo familiar y a la desconexión digital, sino que desnudó la conducta patronal, autoritaria y deshumanizante de las autoridades de turno. Con este fallido acuerdo, el Estado pretendió modificar la jornada laboral por una vía administrativa ilegal, demostrando que para el poder político el docente es visto como un recurso sobre explotable y no como el pilar fundamental del sistema social.

Sin embargo, la respuesta del magisterio organizado no se hizo esperar. La UNE, manteniéndose fiel a su tradición combativa, demostró que los derechos no se mendigan, sino que se conquistan y se defienden en las calles y en los tribunales. Esta victoria es el resultado directo de una profunda conciencia de clase: los profesores del sector público se reconocieron a sí mismos como trabajadores explotados por un Estado empleador negligente y, mediante la unidad, decidieron frenar el abuso patronal de raíz.

El trasfondo de este atropello devela una realidad alarmante: el Gobierno carece de toda autoridad política y moral para endosar al magisterio las falencias del sistema educativo. Mientras la Constitución ordena taxativamente destinar al menos el 6% del PIB a la educación, el Estado apenas programa presupuestos marginales, generando una brecha ilegal que asfixia a las aulas. Un régimen que incumple su propia Carta Magna no puede exigir «sacrificios» a quienes sostienen la educación pública con sus propios recursos.

La crisis actual de la educación fiscal es el retrato vivo del abandono: un agresivo congelamiento de salarios que pisotea los procesos de escalafón, precarización laboral institucionalizada y una infraestructura en soletas, con escuelas abandonadas y desmanteladas. Esta debacle no es accidental; responde a un colapso planificado por un Gobierno que prefiere priorizar de forma sumisa el recetario de austeridad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) en lugar de invertir en el desarrollo y la vida de los hijos del pueblo.

La lección que deja este episodio es clara para todo el movimiento obrero ecuatoriano: la organización colectiva sigue siendo la única herramienta eficaz contra la arremetida neoliberal y flexibilizadora. El magisterio nacional ha vuelto a dar una cátedra de dignidad y firmeza, recordando al país entero que cuando la base se moviliza con conciencia y dirección clara, hasta los decretos más dictatoriales del poder terminan doblegándose ante la fuerza de la justicia laboral.

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Ariel Aguirre destaca atención y costos accesibles tras cirugía en el Hospital del Día Virgen de Guadalupe

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El Hospital del Día Virgen de Guadalupe, ubicado en la parroquia Guadalupe, cantón Zamora, fue escenario del testimonio de Ariel Aguirre, de 25 años, quien compartió su experiencia como usuario del establecimiento de salud luego de someterse a una intervención quirúrgica por una desviación del tabique nasal, condición que le ocasionaba dificultades para respirar.

De acuerdo con el testimonio de su madre, la familia acudió al establecimiento desde las primeras horas de la mañana del martes 15 de septiembre, para acompañar a Ariel durante el procedimiento. Tras la cirugía, el joven manifestó que se encontraba bien y destacó la accesibilidad de los servicios recibidos en el Hospital del Día Virgen de Guadalupe.

Uno de los aspectos señalados por la familia fue el costo de la intervención. Según el testimonio recogido durante la entrevista, una cirugía de similares características habría tenido un valor referencial de aproximadamente 1.200 dólares en otros establecimientos, mientras que en el Hospital del Día Virgen de Guadalupe el procedimiento tuvo un costo de 500 dólares, lo que representa una diferencia de 700 dólares, de acuerdo con el valor mencionado por la entrevistada.

La madre de Ariel también resaltó la atención recibida por parte del personal, al que calificó como amable y atento, y destacó la rapidez del proceso, desde el ingreso hasta la salida del paciente después de la intervención.

En cuanto al diagnóstico, Ariel explicó que presentaba una desviación del tabique nasal, asociada a golpes anteriores, situación que le generaba dificultades respiratorias. Según su testimonio, el médico le recomendó realizarse la cirugía como parte del tratamiento indicado para su caso.

El testimonio de la familia pone en evidencia la importancia de contar con alternativas de atención médica en el territorio, particularmente para usuarios que buscan acceder a procedimientos quirúrgicos a costos que, según su experiencia, resultan más accesibles.

Para información y atención, el Hospital del Día Virgen de Guadalupe pone a disposición de la ciudadanía los números 097 944 5909, 097 963 1428 y 098 847 5752.

El testimonio de Ariel Aguirre constituye una experiencia directa de un usuario que acudió al establecimiento para recibir atención quirúrgica, destacando tanto el procedimiento recibido como el costo y la atención brindada durante su permanencia en la casa de salud.

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