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El alivio financiero: entre el derecho ciudadano y la responsabilidad institucional

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Por Alcibar Lupercio, periodista.

La aplicación de la Ley de Alivio Financiero, a través de la resolución 2025-0145 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los ciudadanos ecuatorianos. No se trata simplemente de una medida técnica de diferimiento de pagos, sino de un instrumento de política pública con fuerte carga social y sentido de justicia económica.

En medio de una coyuntura marcada por la pérdida de ingresos, el desempleo y el aumento de la morosidad en créditos de consumo —que ya supera el 6,5 %—, la posibilidad de postergar el pago de deudas hasta por 180 días constituye un respiro legítimo y necesario. Su impacto no es menor: preserva la estabilidad de los hogares y previene el colapso de su economía familiar, sin que esto implique costos por mora ni cargos legales.

Desde una perspectiva política, esta medida ratifica la capacidad del Estado para intervenir cuando el bienestar de la población lo exige, protegiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones crediticias y que, a pesar de ello, hoy necesitan una pausa. Pero también revela una realidad preocupante: algunas entidades financieras niegan este derecho o informan de manera incorrecta, contraviniendo no solo la resolución oficial sino el principio de transparencia al que están obligadas.

Por ello, es imprescindible recordar que este beneficio aplica en todo el sistema financiero: bancos públicos, privados y cooperativas, y que ninguna entidad puede negarse a otorgarlo si se cumplen las condiciones establecidas. En caso de negativa, el camino correcto es presentar una queja formal ante la Junta de Política y Regulación Financiera o ante las Superintendencias correspondientes. El silencio o el rechazo infundado es una falta institucional que debe ser corregida.

Sin embargo, postergar no significa olvidar. El alivio financiero no es una condonación, sino un diferimiento que extiende el plazo del crédito: por ejemplo, si un préstamo finalizaba en diciembre de 2026, tras acogerse a los seis meses de alivio, se terminará de pagar en junio de 2027. Este acuerdo, voluntario y claro, debe formar parte de una estrategia de reorganización financiera responsable, tanto por parte del ciudadano como de las entidades.

En síntesis, el alivio financiero es una oportunidad que demanda corresponsabilidad. Su éxito depende de usuarios informados, bancos comprometidos y autoridades vigilantes. Solo así, esta política podrá cumplir su verdadero objetivo: garantizar una recuperación económica con rostro humano, centrada en la dignidad de quienes siguen apostando por cumplir, aun en medio de la adversidad.

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Zamora: cuando la gestión se convierte en un problema

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Por: Jeamphier León.
En política, gobernar no es simplemente ocupar un cargo; es asumir la responsabilidad de transformar realidades. Sin embargo, en Zamora, la actual administración municipal parece haber perdido de vista este principio básico, dando paso a una gestión que, más que soluciones, acumula cuestionamientos.
Hablar de un “gobierno fallido” a nivel local puede parecer exagerado para algunos, pero cuando se analizan los resultados, la percepción ciudadana y la falta de dirección política, el término deja de ser retórico y empieza a describir una realidad preocupante.
Uno de los principales problemas radica en la falta de ejecución efectiva. Las promesas de campaña, que en su momento generaron expectativas, hoy contrastan con una gestión que no logra materializar obras de impacto. La planificación parece diluirse en la improvisación, y los proyectos que deberían impulsar el desarrollo local avanzan lentamente o simplemente no se concretan. Gobernar no es anunciar, es cumplir.
A esto se suma una evidente desconexión con la ciudadanía. Un alcalde no solo administra recursos, también lidera, escucha y representa. Sin embargo, la percepción en distintos sectores es clara: existe distancia, falta de comunicación y una débil presencia en territorio. Cuando la autoridad se aleja de la gente, pierde legitimidad, y sin legitimidad, cualquier gestión se debilita.
Otro aspecto crítico es la ausencia de liderazgo político sólido. Una administración eficiente requiere dirección, toma de decisiones firme y un equipo articulado. Lo que se observa, en cambio, es una gestión que transmite dudas, con señales de desorganización interna y poca claridad en sus prioridades. La política no admite vacíos de liderazgo, y cuando estos existen, las consecuencias las paga la ciudadanía.
El resultado de esta combinación es evidente: estancamiento en el desarrollo local, creciente descontento social y oportunidades perdidas para un cantón que tiene potencial, pero carece de una conducción adecuada. Zamora no necesita discursos, necesita resultados.
Este no es un llamado a la confrontación, sino a la responsabilidad. Gobernar implica rendir cuentas.
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Zamora fue sede del Campeonato Nacional de Boxeo Interclubes con destacada participación

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Del 10 al 12 de abril, la ciudad de Zamora se convirtió en el epicentro del boxeo nacional con el desarrollo del Campeonato Nacional de Boxeo Interclubes, evento que reunió a 18 delegaciones provenientes de distintas provincias del país, entre ellas Zamora “A”, Liga de Nangaritza, ADN Guayas, Gasu Boxing de Chimborazo y Duglas Boxing de Manabí.

La competencia inició con una solemne ceremonia de inauguración el día viernes, en la que se rindió un justo homenaje a Milter Rivadeneira Arteaga, destacando su aporte al fortalecimiento de esta disciplina deportiva. Durante tres jornadas, el público asistente fue testigo de intensos combates que evidenciaron el crecimiento técnico y competitivo del boxeo interclubes en el Ecuador.

Tras el desarrollo de las distintas categorías, el equipo Zamora “A” se consagró campeón del torneo, alcanzando un total de 30 medallas, distribuidas en 12 de oro, 10 de plata y 8 de bronce.

El segundo lugar fue para la Liga de Nangaritza, con 18 preseas, mientras que ADN Guayas y Gasu Boxing de Chimborazo compartieron el tercer puesto, con 11 medallas cada uno.

En reconocimiento al alto rendimiento individual, la organización destacó como mejores deportistas del campeonato a Enrique Granda, en la categoría de 54 kg, representante de Urdesa de Loja, y a Alexa Cabrera, de la categoría infantil del equipo Zamora “A”. Ambos pugilistas sobresalieron por su desempeño técnico y disciplina en el ring.

Los organizadores expresaron un especial agradecimiento a los padres de familia, auspiciantes, firmas comerciales y a la comunidad vinculada al boxeo zamorano por su respaldo en la ejecución del evento. Asimismo, se reconoció el apoyo institucional de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe (FEDE Zamora), cuyo acompañamiento fue clave para el éxito de la competencia.

De igual manera, se destacó el compromiso de entrenadores, jueces árbitros y delegaciones participantes, así como el aval otorgado por la Asociación Sudamericana de Boxeo Interclubes y su Vicepresidencia con sede en Ecuador.

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Concejala Ximena Montaño analiza gestión municipal, fiscalización y necesidades del cantón Zamora

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En el marco de una entrevista, la concejala del cantón Zamora, Ximena Montaño, abordó diversos temas de interés público relacionados con la gestión municipal, el estado de la vialidad, el uso de recursos públicos y la situación del sector rural y urbano del cantón.

En el inicio de su intervención, Montaño extendió un saludo conmemorativo por el Día del Maestro, reconociendo la labor de los docentes a nivel cantonal, provincial y nacional, destacando su rol fundamental en la formación de valores y el desarrollo de la sociedad.

Durante el diálogo, la concejala enfatizó su labor de fiscalización, señalando que ha mantenido un trabajo constante tanto en territorio urbano como rural, donde ha podido constatar directamente múltiples necesidades ciudadanas, especialmente en comunidades que carecen de servicios básicos. En este contexto, cuestionó la distribución de recursos y la priorización de obras, indicando que existen sectores rurales que continúan siendo atendidos de manera limitada.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el uso de maquinaria municipal en zonas rurales, particularmente en el sector de Sacanza. Montaño indicó que, si bien es importante apoyar a las comunidades, estos trabajos deben ejecutarse bajo el marco legal correspondiente, mediante convenios interinstitucionales y respetando las competencias establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Asimismo, manifestó que no se ha evidenciado documentación formal que respalde ciertas intervenciones.

En cuanto a la vialidad urbana, la concejala expresó su preocupación por el deterioro de calles y espacios públicos, señalando que esta situación afecta directamente la imagen del cantón, el turismo y la reactivación económica. También mencionó deficiencias en el mantenimiento de áreas recreativas y espacios emblemáticos, así como limitaciones en el personal destinado a estas tareas.

Montaño también hizo referencia a la planificación institucional, indicando que existe un incremento significativo en el gasto de personal sin que ello se refleje en una mejora visible en la gestión municipal. En este sentido, destacó la necesidad de una adecuada organización administrativa y el cumplimiento de la normativa vigente, particularmente en relación con la distribución presupuestaria establecida en el modelo 70/30 (obra pública y gasto corriente).

Otro tema abordado fue la recaudación por concepto de uso de la vía pública por transporte pesado, cuyos ingresos, según indicó, deberían destinarse prioritariamente al mantenimiento vial urbano. No obstante, señaló que estos recursos no estarían siendo invertidos conforme a lo estipulado en la normativa.

Finalmente, la concejala reiteró su compromiso con la fiscalización y la transparencia, manifestando que continuará ejerciendo su rol hasta el final de su periodo administrativo. Subrayó que su accionar responde a las demandas ciudadanas y a la necesidad de garantizar un manejo adecuado de los recursos públicos, promoviendo una gestión coordinada y en apego a la ley.

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