Noticias Zamora
El alivio financiero: entre el derecho ciudadano y la responsabilidad institucional
Por Alcibar Lupercio, periodista.
La aplicación de la Ley de Alivio Financiero, a través de la resolución 2025-0145 emitida por la Junta de Política y Regulación Financiera, marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los ciudadanos ecuatorianos. No se trata simplemente de una medida técnica de diferimiento de pagos, sino de un instrumento de política pública con fuerte carga social y sentido de justicia económica.
En medio de una coyuntura marcada por la pérdida de ingresos, el desempleo y el aumento de la morosidad en créditos de consumo —que ya supera el 6,5 %—, la posibilidad de postergar el pago de deudas hasta por 180 días constituye un respiro legítimo y necesario. Su impacto no es menor: preserva la estabilidad de los hogares y previene el colapso de su economía familiar, sin que esto implique costos por mora ni cargos legales.
Desde una perspectiva política, esta medida ratifica la capacidad del Estado para intervenir cuando el bienestar de la población lo exige, protegiendo a quienes han cumplido con sus obligaciones crediticias y que, a pesar de ello, hoy necesitan una pausa. Pero también revela una realidad preocupante: algunas entidades financieras niegan este derecho o informan de manera incorrecta, contraviniendo no solo la resolución oficial sino el principio de transparencia al que están obligadas.
Por ello, es imprescindible recordar que este beneficio aplica en todo el sistema financiero: bancos públicos, privados y cooperativas, y que ninguna entidad puede negarse a otorgarlo si se cumplen las condiciones establecidas. En caso de negativa, el camino correcto es presentar una queja formal ante la Junta de Política y Regulación Financiera o ante las Superintendencias correspondientes. El silencio o el rechazo infundado es una falta institucional que debe ser corregida.
Sin embargo, postergar no significa olvidar. El alivio financiero no es una condonación, sino un diferimiento que extiende el plazo del crédito: por ejemplo, si un préstamo finalizaba en diciembre de 2026, tras acogerse a los seis meses de alivio, se terminará de pagar en junio de 2027. Este acuerdo, voluntario y claro, debe formar parte de una estrategia de reorganización financiera responsable, tanto por parte del ciudadano como de las entidades.
En síntesis, el alivio financiero es una oportunidad que demanda corresponsabilidad. Su éxito depende de usuarios informados, bancos comprometidos y autoridades vigilantes. Solo así, esta política podrá cumplir su verdadero objetivo: garantizar una recuperación económica con rostro humano, centrada en la dignidad de quienes siguen apostando por cumplir, aun en medio de la adversidad.
Noticias Zamora
Unidad Popular rechaza resolución del CNE y anuncia movilizaciones en Zamora Chinchipe
El jueves 21 de mayo, mediante una rueda de prensa desarrollada en el cantón Zamora, dirigentes de Unidad Popular expusieron su postura frente a la resolución emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), relacionada con la situación jurídica y electoral de la organización política de cara a las elecciones seccionales de 2026.
Durante su intervención, el director provincial de Unidad Popular, Jeynnson Darwin Jua, expresó su preocupación por lo que calificó como un intento de eliminar políticamente a una organización que, según indicó, ha mantenido una posición crítica frente a los gobiernos de turno.
El dirigente manifestó que la decisión adoptada por la presidenta del CNE, Diana Atamaint, junto a vocales suplentes del organismo electoral, constituye una acción “caduca y fuera del plazo legal”, señalando que el tiempo establecido de 120 días para este proceso concluyó el pasado 12 de mayo.
“Desde Zamora Chinchipe rechazamos cualquier intento de golpear la democracia y limitar la participación política. Nuestra militancia está activa y continuará trabajando para participar en las elecciones del 2026”, sostuvo Jua.
Asimismo, informó que Unidad Popular mantendrá acciones legales ante el Tribunal Contencioso Electoral y, de ser necesario, acudirá a organismos internacionales para defender su permanencia política y el derecho a la participación democrática.
En ese contexto, el dirigente anunció una movilización nacional prevista para el próximo 27 de mayo en la ciudad de Quito, denominada “Marcha por la Democracia y el Derecho a la Participación”, en la que participarán delegaciones de varias provincias, entre ellas Zamora Chinchipe. Jua también ratificó que las alianzas políticas en la provincia continúan vigentes y que la organización mantendrá su participación electoral “con o sin número”.
Por su parte, el coordinador, Manuel Robalino, sostuvo que el movimiento continuará vigente “mientras existan sectores populares que reclamen derechos y justicia social”. Según expresó, la organización impulsará una consulta ciudadana provincial para recoger el criterio de la población frente a diversos temas políticos y sociales.
Entre las preguntas que se plantearán a la ciudadanía constan temas relacionados con la posible revocatoria del mandato del presidente de la República, la situación política del país, el incremento del precio de los combustibles y sus efectos en el costo de vida, así como la creación de la universidad para Zamora Chinchipe y la construcción del hospital provincial.
Robalino explicó que las consultas se desarrollarán de manera presencial mediante urnas ubicadas en sectores de alta concurrencia en Zamora, Yantzaza y otros cantones de la provincia. La actividad se extenderá hasta el día domingo y posteriormente se realizará la tabulación de resultados para presentarlos públicamente a las autoridades y ciudadanía.
“Queremos que el pueblo tenga voz y pueda expresar su criterio frente a las decisiones que afectan al país y a la provincia”, manifestó el dirigente.
Finalmente, los representantes de Unidad Popular insistieron en que continuarán impulsando acciones políticas y sociales en defensa de la democracia y de los derechos ciudadanos, asegurando que mantendrán presencia activa en el escenario político nacional y provincial.
Nacionales
La Tertulia Jurídica se consolida como uno de los principales espacios académicos del país
El programa académico Tertulia Jurídica, dirigido por el abogado Franco Tamay Vega, anunció oficialmente el cierre de su segunda temporada, destacando importantes avances en materia de formación jurídica, alcance nacional e internacional y fortalecimiento de su comunidad académica.
Durante una entrevista concedida a Diario El Amazónico y Radio Láser Estéreo, Tamay Vega señaló que esta segunda temporada representó un significativo crecimiento para el proyecto, tanto en audiencia como en posicionamiento dentro del ámbito jurídico ecuatoriano.
Según indicó, el espacio académico ya supera las 10 mil personas en su comunidad digital, pese a que el programa aún no cumple un año de creación.
“Ha sido una evolución muy interesante. Hemos logrado consolidar una comunidad académica importante en redes sociales y plataformas digitales”, expresó.
La segunda temporada inició oficialmente el 7 de enero de 2026 con la participación del jurista y, posteriormente, contó con la presencia de destacados ponentes nacionales e internacionales, entre ellos jueces, fiscales, notarios y especialistas en distintas ramas del derecho.
Uno de los hitos más relevantes se registró el pasado 1 de abril, cuando Tertulia Jurídica desarrolló un evento académico junto al reconocido jurista argentino, considerado una de las figuras más influyentes del derecho penal en América Latina. De acuerdo con Tamay Vega, el evento alcanzó entre 400 y 500 personas conectadas en vivo, consolidándose como uno de los conversatorios jurídicos virtuales más relevantes realizados en el país.
Asimismo, el programa incorporó la participación de académicos europeos vinculados a prestigiosas universidades de España. Entre ellos destacó la reciente intervención del jurista, director del Máster en Abogacía de la Universidad Pompeu Fabra, quien, según explicó Tamay Vega, aceptó por primera vez participar en un espacio académico ecuatoriano.
Un proyecto académico sin fines de lucro
El director de Tertulia Jurídica recordó que el proyecto nació hace aproximadamente un año junto al abogado Jamil Ávila, profesional de la provincia de Zamora Chinchipe. Además, reconoció el respaldo brindado, a quienes calificó como pilares fundamentales en el crecimiento del espacio académico.
Actualmente, el programa cuenta con un equipo conformado por más de 12 integrantes, quienes participan en la planificación, organización y producción de cada emisión.
Tamay Vega enfatizó que Tertulia Jurídica se mantiene como un espacio gratuito y sin fines de lucro, cuyo principal objetivo es acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía ecuatoriana.
“El propósito es que las personas tengan una noción clara de sus derechos y obligaciones, y que puedan acceder a información académica de calidad sin ningún costo”, manifestó.
El programa aborda temáticas relacionadas con derecho penal, civil, laboral y administrativo, mediante entrevistas y conversatorios con especialistas nacionales e internacionales.
Formación jurídica y fortalecimiento de la confianza ciudadana
Durante la entrevista, Franco Tamay Vega también reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesa el sistema judicial ecuatoriano a raíz de diversos casos de corrupción conocidos en los últimos años.
En ese contexto, señaló que Tertulia Jurídica busca contribuir a la recuperación de la confianza ciudadana en la profesión jurídica y en la administración de justicia, promoviendo espacios de análisis ético y académico.
“Existen abogados, jueces y fiscales comprometidos con la justicia y el ejercicio profesional ético. Este tipo de espacios permiten visibilizar ese trabajo responsable”, indicó.
El proyecto también ha recibido el respaldo de estudiantes de derecho de distintas universidades del país, quienes han destacado la importancia de acceder gratuitamente a contenidos académicos especializados.
Tercera temporada iniciaría en junio
Respecto al futuro del programa, Tamay Vega adelantó que la tercera temporada de Tertulia Jurídica estaría prevista para mediados de junio, aproximadamente desde el 15 de junio de 2026.
Entre los invitados internacionales ya confirmados constan el jurista, reconocido por sus aportes al pluralismo jurídico, y el académico español, docente e investigador de Barcelona. Finalmente, el director del programa agradeció el respaldo de los medios de comunicación, del equipo de trabajo y de la audiencia que sigue semanalmente este espacio académico.
“Queremos seguir creciendo y consolidarnos como uno de los principales programas jurídicos del Ecuador, siempre manteniendo el acceso gratuito al conocimiento”, concluyó.
Noticias Zamora
Troncal Amazónica y vías rurales destruidas y autoridades en campaña
Habitantes y usuarios de varias vías estratégicas que están asfaltadas en la provincia de Zamora Chinchipe expresan su preocupación por el evidente deterioro vial y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades competentes, situación que pone en riesgo la movilidad, la seguridad y el desarrollo de miles de ciudadanos.
Entre las carreteras más afectadas se encuentra la vía Zumbi – El Dorado – Paquisha, proyecto que ejecutó Ecuador Estratégico, luego se hizo cargo el Mtop, actualmente no se conoce si está a cargo de la prefectura, este eje fundamental que conecta a los cantones Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza. Los usuarios denuncian, esta arteria vial presenta graves problemas como taludes, cunetas destruidas, fallas geológicas, falta de señalética y deficiencias en el sistema de drenaje.
A esta vía se suman ciudadanos de otras arterias viales y solicitan a la Prefectura de Zamora Chinchipe una intervención integral que permita evitar el deterioro total de las vías, considerada estratégica para la producción, el comercio y la movilidad de cientos de familias de la provincia.
Asimismo, carreteras que enfrentan abandono y falta de mantenimiento, entre ellas: La Saquea – Guadalupe, Nambija Bajo – Puente Azul y Ye de Chicaña, hacia Chicaña, entre otras. Los habitantes aseguran que estos problemas han sido puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes, pero hasta el momento no existirían respuestas concretas ni soluciones visibles.
“Son vías importantes que no deben ser olvidadas por las autoridades. No existe planificación de mantenimiento vial ni interés por cuidar lo que ya está construido”, expresaron varios usuarios a través de redes sociales y pronunciamientos ciudadanos.
A esto se suma el mal estado de la Troncal Amazónica, cuya competencia corresponde al Gobierno Nacional. Conductores denuncian la presencia de enormes cráteres y baches que representan un grave peligro para quienes transitan diariamente desde Zamora – Yantzaza – El Pangui y Zamora – Loja, este trayecto, no solo genera daños mecánicos en los vehículos, existe un eminente riesgo de accidentes de tránsito.
La ciudadanía cuestiona que, mientras las necesidades viales aumentan, las autoridades estarían más enfocadas en actividades políticas y de campaña que en atender los problemas prioritarios de la población.
“Todos están en campaña y el pueblo está olvidado”, manifiestan ciudadanos indignados, quienes además hacen un llamado a la población para exigir mayor responsabilidad, trabajo y resultados a las autoridades que reciben recursos públicos y salarios financiados por los ecuatorianos.
La vialidad continúa siendo uno de los temas más sensibles para Zamora Chinchipe, especialmente en sectores productivos y rurales que dependen de carreteras en buen estado para movilizar productos, acceder a servicios básicos y fortalecer la economía local.
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