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Yantzaza se levanta en defensa del territorio, la seguridad y la vida

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La mañana de este miércoles 30 de abril, la ciudadanía del cantón Yantzaza protagonizó una marcha pacífica y multitudinaria en rechazo a la minería ilegal y a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del cantón. Barrios como La Floresta, La Florida, Gran Colombia, Playa Rica, Piedra Liza y otros de la ciudad de Yantzaza se unieron en una sola voz para exigir atención inmediata por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y de los organismos de control, frente a una situación que consideran crítica y desbordada.

La jornada, llegó con el cierre de la vía troncal amazónica a la altura del sector Piedra Liza, estuvo marcada por testimonios conmovedores de los habitantes cuyas propiedades agrícolas y formas de vida se han visto gravemente afectadas por la presencia de minería ilegal en las riberas del río Zamora. “Nos están dejando sin tierras para producir. Aquí sembramos yuca, plátano, maíz, frejol, papaya, cacao… de todo. Ya no tenemos escuela, no tenemos luz ni vía. Nos están destruyendo”, expresó una moradora del sector entre lágrimas, reflejando la indignación compartida por cientos de familias.

Durante la manifestación, se denunció que desde hace más de medio año, las operaciones ilegales se han intensificado de forma alarmante, provocando desplazamiento de tierras, afectación directa a las riberas del río y amenazas al equilibrio ambiental. “La minería irresponsable no solo contamina, sino que desestructura nuestras comunidades. El río está cambiando su curso y eso podría arrasar barrios enteros como La Florida y La Floresta”, mencionó otro de los manifestantes.

Las comunidades presentes, agrupadas bajo el Frente en Defensa de las Riberas del Río Zamora, sostienen que han presentado reiteradas denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (ARCOM), sin recibir hasta la fecha una respuesta efectiva. De hecho, acusan filtraciones internas que permiten a los operadores ilegales retirar maquinaria antes de los operativos oficiales. “Cuando vienen los controles, las máquinas ya no están. Alguien les avisa. Hay corresponsabilidad en las instituciones del Estado”, subrayó el secretario del Frente.

A esto se suma el pronunciamiento del jefe político del cantón Yantzaza, quien reconoció el derecho a la resistencia de los ciudadanos y afirmó que se han extendido invitaciones a representantes de ARCOM y del Ministerio del Ambiente para que dialoguen directamente con las comunidades. No obstante, insistió en la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación y evitar medidas que afecten la libre movilidad. “No estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería irresponsable que atenta contra el derecho a vivir en un ambiente sano”, afirmó.

La situación en Yantzaza evidencia una problemática estructural que combina la permisividad institucional, la falta de regulación oportuna y el debilitamiento del control estatal sobre actividades extractivas no autorizadas. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas, ha decidido actuar bajo el amparo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones de autoridades públicas que vulneren derechos constitucionales.

La exigencia principal es clara: la presencia urgente de autoridades competentes, entre ellas la gobernadora de Zamora Chinchipe, representantes de ARCOM y del Ministerio de Ambiente y Agua, para establecer un diálogo directo y soluciones efectivas. Los manifestantes advierten que las medidas adoptadas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta oficial que garantice el respeto a sus derechos territoriales, ambientales y humanos.
Este hecho representa un momento histórico en la organización ciudadana del sur amazónico y una alerta urgente para las autoridades del Estado. El clamor de las comunidades es contundente: no más minería ilegal, no más indiferencia institucional, no más abandono.

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El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.

Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.

La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto.  BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.

Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.

Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.

Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:

Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.

Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.

Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.

Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.

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Municipio de Palanda y Prefectura de Zamora Chinchipe ejecutan trabajos de mantenimiento vial en el barrio Pucarón

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Con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar las condiciones de movilidad para la ciudadanía, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Palanda, en coordinación con la Prefectura de Zamora Chinchipe, ejecuta trabajos de mantenimiento y adecuación en las principales calles del barrio Pucarón.

Las labores comprenden el mejoramiento de la superficie de rodadura y la intervención de varios tramos viales estratégicos del sector, permitiendo optimizar las condiciones de circulación tanto para peatones como para conductores. Estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura, eficiente y acorde a las necesidades de los habitantes del barrio.

De acuerdo con la planificación institucional, los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre el Gobierno Municipal de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe para fortalecer la conectividad urbana, mejorar el acceso a los diferentes sectores poblados y contribuir al desarrollo integral del cantón.

La coordinación interinstitucional entre el Municipio de Palanda y la Prefectura de Zamora Chinchipe evidencia el compromiso de ambas entidades con el fortalecimiento de la obra pública y la atención oportuna de las necesidades prioritarias de las comunidades.

Con estas acciones, las instituciones ratifican su compromiso de continuar impulsando proyectos de mejoramiento vial que contribuyan al bienestar ciudadano, la integración territorial y el desarrollo sostenible del cantón Palanda y de la provincia de Zamora Chinchipe.

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Arcsa detecta irregularidades sanitarias en establecimiento de alimentación de El Pangui

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La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través de su Coordinación Zonal 7 y en coordinación con la Comisaría Nacional de Policía del cantón El Pangui, desarrolló una serie de operativos de control en distintos establecimientos comerciales de esta jurisdicción de la provincia de Zamora Chinchipe, con el propósito de proteger la salud de la población y verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Las acciones de vigilancia iniciaron durante la jornada nocturna con inspecciones en licorerías del cantón, así como con la verificación del cumplimiento de los turnos de atención en farmacias. Posteriormente, durante la mañana, los técnicos de Arcsa realizaron controles en cuatro establecimientos de alimentación colectiva, donde se evaluaron las condiciones sanitarias y operativas para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo de la ciudadanía.

Durante las inspecciones, los funcionarios verificaron aspectos fundamentales relacionados con las buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos, el uso adecuado de indumentaria por parte del personal, las condiciones generales de limpieza de las instalaciones y la implementación de medidas de control de plagas, elementos considerados esenciales para prevenir riesgos sanitarios.

Como resultado de estos operativos, Arcsa identificó que uno de los establecimientos inspeccionados incumplía las disposiciones establecidas en la normativa sanitaria. Entre las principales observaciones realizadas constan indicios de presencia de plagas, deficiencias en los procesos de limpieza y prácticas inadecuadas de higiene, situaciones que representan un potencial riesgo para la salud de los consumidores.

Ante estos hallazgos, la entidad reguladora informó que iniciará los procesos administrativos correspondientes, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica de Salud. Dependiendo de los resultados de las investigaciones y del procedimiento legal respectivo, el establecimiento podría enfrentar las sanciones contempladas en la normativa vigente.

Arcsa destacó que estos controles forman parte de las acciones permanentes de vigilancia sanitaria que se ejecutan en la Zona 7, con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria, promover el cumplimiento de las normas de higiene y garantizar condiciones adecuadas para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Finalmente, la institución hizo un llamado a la población para que participe activamente en la vigilancia sanitaria mediante el uso de la aplicación móvil Arcsa Móvil, herramienta digital que permite reportar irregularidades, generar alertas sanitarias y contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de control.

Las autoridades reiteraron que la colaboración ciudadana resulta fundamental para prevenir riesgos a la salud pública y fomentar una cultura de responsabilidad sanitaria entre los establecimientos comerciales y de servicios.

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