El miércoles 18 de febrero de 2026 se desarrolló un plantón pacífico en la Terminal Terrestre de Zamora, ubicada en el cantón Zamora, con la participación de trabajadores del sector minero provenientes del sector San Luis. La jornada de protesta se llevó a cabo de manera ordenada y sin incidentes, como una expresión ciudadana de carácter social y laboral.

Los manifestantes, mediante pancartas y consignas, solicitaron a las autoridades competentes que se les permita continuar con sus actividades productivas, argumentando que la minería constituye su principal fuente de ingresos y un pilar fundamental para el sustento de cientos de familias en la provincia de Zamora Chinchipe.

Durante el plantón, un vocero del colectivo minero señaló que los trabajadores pertenecen a pequeñas unidades de minería local que operan en San Luis, las cuales —según indicó— generan empleo directo para entre 20 y 25 personas por unidad, además de dinamizar la economía local en sectores como mercados, ferreterías, restaurantes, transporte y comercio en general del cantón Zamora. En su intervención, expresó su preocupación ante presuntos desalojos y amenazas de destrucción de bienes, al tiempo que solicitó a las autoridades “analizar con responsabilidad y sensibilidad social” la situación de las familias que dependen de esta actividad.

El vocero también cuestionó el trato diferenciado que, a su criterio, recibirían las empresas mineras extranjeras frente a la minería local, señalando que se estarían otorgando concesiones con mayor facilidad a compañías de capital canadiense, chino y australiano, mientras que a los pequeños mineros ecuatorianos se les limitaría el acceso al trabajo. En ese contexto, manifestó inquietudes sobre el destino de los beneficios económicos de la minería a gran escala y su impacto real en infraestructura, salud y seguridad para la población local.

Por su parte, una madre de familia que participó en la movilización expuso la preocupación del componente femenino del sector minero, destacando que muchas mujeres trabajan en San Luis y dependen de estos ingresos para sostener a sus hogares. Señaló que lleva tres años laborando en la zona y que la posible intervención y desalojo genera incertidumbre, especialmente en familias con niños y personas con enfermedades. “No somos delincuentes, somos seres humanos que queremos trabajar dignamente”, expresó, al tiempo que pidió a las autoridades que se priorice el diálogo y la regularización de la actividad.

Los participantes del plantón coincidieron en solicitar la apertura de espacios de diálogo institucional, con el fin de encontrar soluciones que permitan la legalización, regulación y continuidad del trabajo minero local, garantizando tanto el derecho al trabajo como el respeto a la normativa ambiental y social vigente.

Finalmente, los trabajadores reiteraron su llamado a las autoridades nacionales y provinciales para que se evalúe la situación de San Luis desde una perspectiva integral, considerando el impacto social, económico y humano que tendría la paralización de la actividad minera en esta zona de la provincia.

En una entrevista concedida al medio digital INFO Zamora, Cléver Jiménez, ex prefecto de Zamora Chinchipe y ex asambleísta del Ecuador, realizó un profundo análisis sobre la realidad actual de la Amazonía ecuatoriana, en el marco de la conmemoración del Día del Oriente Ecuatoriano, destacando la urgente necesidad de replantear el modelo de desarrollo económico del país y de la región amazónica.

Durante el diálogo, Jiménez enfatizó que la Amazonía no puede ser reducida únicamente a su valor extractivo en minerales e hidrocarburos. Señaló que esta región alberga una de las mayores biodiversidades del planeta, con especies únicas de flora y fauna, y, sobre todo, comunidades humanas que históricamente han convivido con la naturaleza y que hoy enfrentan profundas desigualdades estructurales.

Riqueza minera y contradicciones del desarrollo
El ex legislador recordó que la provincia de Zamora Chinchipe es una de las principales aportantes de recursos estratégicos al país, como el oro, el cobre y otros minerales, además de la experiencia histórica de la Amazonía con la explotación petrolera. No obstante, cuestionó que dicha riqueza no se haya traducido en un desarrollo sostenible ni en mejoras tangibles para sus habitantes.

En ese contexto, hizo referencia a más de una década de operación de la empresa Lundin Gold en la provincia, advirtiendo que la minería, al tratarse de una actividad finita, tiene una fecha de caducidad. “Los minerales se van a acabar, y si no planificamos desde ahora, lo que quedará serán pasivos ambientales y una economía debilitada”, afirmó.

Lecciones del pasado: el caso petrolero
Jiménez recordó la experiencia de la provincia de Sucumbíos, donde la explotación petrolera dejó ríos contaminados, suelos degradados y comunidades sin acceso a agua segura, como una advertencia clara de lo que podría repetirse en otras zonas amazónicas si no se toman decisiones responsables. Subrayó que la historia petrolera del Ecuador demuestra que los recursos no renovables deben ser utilizados para transformar la matriz productiva y no para el gasto coyuntural.

Contratos mineros y cuestionamientos constitucionales
El ex asambleísta fue crítico con los contratos firmados entre el Estado ecuatoriano y las empresas mineras transnacionales, como EcuaCorriente S.A., señalando que estos acuerdos no respetan lo establecido en el artículo 408 de la Constitución, que dispone que al menos el 50 % de las utilidades de la explotación de recursos no renovables debe beneficiar al Estado ecuatoriano.

Aclaró que la responsabilidad no recae directamente en las empresas, sino en las autoridades nacionales que negociaron y suscribieron contratos “nefastos” para el país y para la Amazonía, sin garantizar una redistribución justa de la riqueza ni una adecuada remediación ambiental.

Minería a gran escala y pequeña minería
Jiménez diferenció claramente entre la gran minería transnacional y la pequeña minería tradicional desarrollada históricamente por habitantes de sectores como Nambija, Chinapintza y San Luis. En este sentido, planteó la necesidad de regularizar a los pequeños mineros, capacitarlos técnicamente, exigir el cumplimiento de obligaciones tributarias y ambientales, y evitar la persecución sin alternativas de formalización.

Asimismo, recordó que en zonas como San Luis la actividad minera antecede a la declaratoria del Parque Nacional Podocarpus, lo que evidencia la falta histórica de planificación estatal y de control territorial.

Educación superior como eje estratégico
Uno de los ejes centrales del análisis fue la educación como herramienta clave para el desarrollo postminero. Jiménez insistió en el cumplimiento efectivo de la Ley Amazónica, que contempla la creación de una universidad pública en Zamora Chinchipe. Indicó que la sede ya fue definida en el cantón El Pangui, gracias a la gestión del entonces exalcalde Carlos Punín, quien proporcionó un terreno con servicios básicos.

El ex prefecto sostuvo que esta universidad debe contar con todas las carreras y especialidades, incluyendo medicina, ingeniería, arquitectura y otras áreas estratégicas, y no limitarse a ofertas académicas reducidas. “La Amazonía merece las mismas oportunidades que el resto del país; una universidad incompleta sería una forma de discriminación”, puntualizó.

Desafíos futuros y planificación regional
Finalmente, Cléver Jiménez hizo un llamado a las autoridades locales, regionales y al Gobierno Central a coordinar acciones para crear un fondo regional destinado a la vialidad amazónica, financiado con parte de los recursos generados por la minería. Destacó que la conectividad es clave para la producción agrícola, ganadera, turística e industrial.

Concluyó señalando que el verdadero desafío de la Amazonía ecuatoriana es transformar la riqueza temporal de los recursos no renovables en un desarrollo sostenible, basado en la educación, la industria, el turismo, la producción limpia y el respeto al medio ambiente, antes de que los minerales se agoten y el país enfrente consecuencias irreversibles.

En un medio de comunicación digital de la provincia de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, prefecta provincial, se pronunció respecto al proyecto de ley económica urgente que propone reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), actualmente en análisis legislativo.

Durante su intervención, la autoridad provincial manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la propuesta normativa limite la ejecución de obra pública, especialmente en lo referente a la construcción, apertura, asfaltado y mantenimiento de vías, actividades que los gobiernos provinciales ejecutan principalmente bajo la modalidad de administración directa. Reátegui señaló que, tal como está planteado el proyecto, estos rubros —que actualmente se consideran inversión— podrían verse restringidos, lo que generaría dificultades operativas y financieras no solo para Zamora Chinchipe, sino para las prefecturas a nivel nacional.

En este contexto, informó que la Prefectura ha trasladado formalmente estas observaciones a la comisión de la Asamblea Nacional encargada del análisis del proyecto de ley, y que se espera definir una postura institucional tras la asamblea general de prefectos del país.

Asimismo, la prefecta se refirió a la situación financiera que enfrentan los gobiernos provinciales debido a los atrasos en las transferencias del Estado. Indicó que el Ministerio de Finanzas mantiene pendientes las asignaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026, lo que representa aproximadamente cuatro meses de retraso. Esta situación, explicó, afecta directamente el cumplimiento de la planificación institucional y la ejecución oportuna de obras.

Como ejemplo, Reátegui mencionó que una obra adjudicada el 10 de diciembre de 2025 recién pudo iniciar en febrero de 2026, debido a la disponibilidad progresiva de recursos. Señaló que, si bien las prefecturas han comprendido y respaldado la compleja situación económica del país —incluso mediante el apoyo en distintos mecanismos como la recepción de bonos—, resulta indispensable contar con garantías claras para la regularización de las cuotas atrasadas y, sobre todo, para evitar nuevos retrasos en el futuro.

Finalmente, la prefecta informó que se ha solicitado una reunión con el Ministerio de Finanzas, con el objetivo de que se presente una propuesta concreta que asegure el cumplimiento oportuno de las transferencias y permita a las 23 prefecturas del país ejecutar sus competencias de manera eficiente y sostenible, en beneficio del desarrollo territorial y de la ciudadanía.