En un medio de comunicación digital de la provincia de Zamora Chinchipe, Karla Reátegui, prefecta provincial, se pronunció respecto al proyecto de ley económica urgente que propone reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), actualmente en análisis legislativo.
Durante su intervención, la autoridad provincial manifestó su preocupación ante la posibilidad de que la propuesta normativa limite la ejecución de obra pública, especialmente en lo referente a la construcción, apertura, asfaltado y mantenimiento de vías, actividades que los gobiernos provinciales ejecutan principalmente bajo la modalidad de administración directa. Reátegui señaló que, tal como está planteado el proyecto, estos rubros —que actualmente se consideran inversión— podrían verse restringidos, lo que generaría dificultades operativas y financieras no solo para Zamora Chinchipe, sino para las prefecturas a nivel nacional.
En este contexto, informó que la Prefectura ha trasladado formalmente estas observaciones a la comisión de la Asamblea Nacional encargada del análisis del proyecto de ley, y que se espera definir una postura institucional tras la asamblea general de prefectos del país.
Asimismo, la prefecta se refirió a la situación financiera que enfrentan los gobiernos provinciales debido a los atrasos en las transferencias del Estado. Indicó que el Ministerio de Finanzas mantiene pendientes las asignaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026, lo que representa aproximadamente cuatro meses de retraso. Esta situación, explicó, afecta directamente el cumplimiento de la planificación institucional y la ejecución oportuna de obras.
Como ejemplo, Reátegui mencionó que una obra adjudicada el 10 de diciembre de 2025 recién pudo iniciar en febrero de 2026, debido a la disponibilidad progresiva de recursos. Señaló que, si bien las prefecturas han comprendido y respaldado la compleja situación económica del país —incluso mediante el apoyo en distintos mecanismos como la recepción de bonos—, resulta indispensable contar con garantías claras para la regularización de las cuotas atrasadas y, sobre todo, para evitar nuevos retrasos en el futuro.
Finalmente, la prefecta informó que se ha solicitado una reunión con el Ministerio de Finanzas, con el objetivo de que se presente una propuesta concreta que asegure el cumplimiento oportuno de las transferencias y permita a las 23 prefecturas del país ejecutar sus competencias de manera eficiente y sostenible, en beneficio del desarrollo territorial y de la ciudadanía.
