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Opinión

Ecuador a oscuras: una tragedia anunciada

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Gustavo Izurieta

Guayaquil, Ecuador

Pocas situaciones son más desconcertantes que estar a oscuras, no solo porque faltan las luces o la señal de datos móviles, sino por la incertidumbre absoluta de no saber si mañana será igual o peor. En Ecuador, los apagones son más que simples cortes de electricidad. Son un símbolo de la incapacidad de planificar, de prever, de proyectar el futuro.

Este caos afecta lo más básico. ¿Cómo trabajar si no puedes ni garantizar la luz de tu oficina? ¿Cómo estudiar, emprender, producir si no hay ninguna certeza sobre el suministro eléctrico?

Lastimosamente, los políticos ecuatorianos se aferran al estatismo con uñas y dientes, negándose a aceptar que ese modelo ya no funciona. La reciente Ley “No Más Apagones” es solo una muestra más de lo desconectados que están de la realidad de los ciudadanos. Es como poner una curita en una fractura expuesta. La demanda eléctrica sigue en aumento y el Estado no tiene ni los recursos ni la capacidad para sostener el sistema.

Para nadie es un secreto que el Ecuador está quebrado. No solo en términos económicos, sino en cuanto a ideas y soluciones. La inversión extranjera, que podría contribuir notablemente a resolver esta crisis, no va a llegar mientras el sector eléctrico esté atrapado en las garras de la regulación estatal.

¿Quién va a querer invertir en un país donde la corrupción y los intereses políticos bloquean el progreso? En este contexto, la única solución a corto plazo es que (literalmente) llueva y que se reduzca el consumo. Es realmente patético que en pleno siglo XXI, un país entero dependa del capricho del clima.

Es fundamental comprender que el problema de fondo radica en un modelo de desarrollo estatista que se impuso desde la dictadura militar de Rodríguez Lara en los años 70. El Plan Integral de Transformación y Desarrollo del Gobierno Nacionalista Revolucionario dictó la intervención estatal en todos los sectores de la economía, marcando el inicio de esta debacle.

Sectores como el petróleo y la electricidad fueron declarados «estratégicos» y, por ende, monopolizados por el Estado (los políticos y los funcionarios). La transición a la democracia en 1979 no cambió este esquema, y cada gobierno posterior lo ha perpetuado o incluso agravado.

Es penoso que organizaciones políticas como el Partido Social(ista) Cristiano hayan sido, en muchos casos, los principales opositores a cualquier reforma estructural en beneficio de los ciudadanos. Ejemplos sobran, como la resistencia de León Febres-Cordero a las reformas del sistema previsional propuestas durante la administración de Sixto Durán-Ballén.

Así, la supuesta derecha ecuatoriana ha frenado cualquier intento de liberar la economía del país, en alianza (durante muchas ocasiones) con la izquierda jurásica.

La única excepción real ha sido la dolarización, adoptada en el año 2000 no por visión o planificación, sino porque el país había tocado fondo. La dolarización fue un salvavidas lanzado en el último segundo, y aún hoy seguimos aferrados a él, pero sin saber nadar. Desde entonces, no se ha hecho ninguna reforma profunda para aprovechar los beneficios de la dolarización.

Este sistema ha sido administrado por marxistas y keynesianos que lo consideran un mal necesario, cuando debería ser el pilar de un modelo de crecimiento basado en la libertad económica.

El panorama es desolador. Si no fuera por la traición de Lenin Moreno al prófugo sin visa americana, ya estaríamos utilizando una «moneda electrónica» devaluada. Un camino de servidumbre al estilo venezolano. Lamentablemente, parece que el país necesita tocar fondo antes de reaccionar. Quizá, si nos quedamos sin electricidad durante meses, cuando la oscuridad sea total y la economía se detenga por completo, entonces (y solo entonces) los ecuatorianos exigirán un cambio real.

Tal vez, por la fuerza de los hechos, se deroguen las nefastas leyes estatistas que nos han condenado al fracaso.

La solución a mediano y largo plazo es simple. Necesitamos abrir el sector eléctrico a la inversión privada, eliminar las regulaciones que impiden la competencia y permitir que el mercado funcione libremente. Donde hay competencia, hay eficiencia. Donde el Estado monopoliza, hay escasez. Es urgente acabar con este modelo de desarrollo estatista y establecer un sistema basado en la libertad y la protección de los derechos de propiedad. Solo así, Ecuador podrá salir de la oscuridad, literal y figurativamente. Fuente: La República

Noticias Zamora

Sumisión o asfixia

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Por: Alonzo Cueva / OPINIÓN POLÍTICA 

El «secreto a voces» sobre el condicionamiento de recursos a los gobiernos locales destapa la desesperación electoral del poder de turno y pone a prueba la ética de las autoridades.

El ambiente preelectoral en Ecuador arrastra una sombra de coacción que ya recorre los pasillos de los gobiernos autónomos descentralizados. Un alarmante «secreto a voces» en las provincias revela una estrategia de supervivencia del poder de turno: presionar a alcaldes, prefectos y presidentes de gobiernos parroquiales rurales en funciones que buscan la reelección para que se sumen obligatoriamente a sus filas políticas.

Ante sus bajos niveles de aceptación popular y la evidente incapacidad para consolidar cuadros competitivos desde sus propias bases, el oficialismo parece recurrir a la captura forzosa de liderazgos ajenos. La táctica consiste en amenazar veladamente con congelar presupuestos y créditos estatales destinados a obras vitales si las autoridades no ceden al condicionamiento partidista. Es, en esencia, la sustitución del arrastre electoral por la asfixia económica.

Este mecanismo de coacción es tan perverso como sutil. Al operar estrictamente tras bastidores mediante calculadas dilaciones burocráticas y el bloqueo discrecional de fondos de desarrollo regional.

Sin embargo, este escenario de presiones no solo desnuda las costuras del centralismo, sino que también pone a prueba la integridad política y moral de las propias autoridades chantajeadas. Ceder ante la extorsión presupuestaria bajo el cómodo pretexto de «salvar las obras de la comunidad» constituye una claudicación ética inadmisible. Ningún proyecto, por más urgente que sea para el territorio, justifica sacrificar los principios democráticos ni validar el abuso del poder central.

Subordinar el financiamiento que por ley pertenece a todos los ciudadanos y no a una bandera política, al carnet de un partido es una confesión implícita de profunda debilidad electoral. La verdadera autonomía local y el proceso de descentralización exigen tanto el respeto normativo de las instituciones del Estado como la firmeza moral de sus autoridades seccionales.

Castigar a las comunidades cuyos líderes se niegan a claudicar es un atropello que la ciudadanía debe rechazar; pero arrodillarse ante el chantaje para asegurar una candidatura es institucionalizar la trampa. La dignidad de los territorios no se negocia en los despachos del poder central.

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Noticias Zamora

Nunca es tarde para cumplir un sueño: el bachillerato como una oportunidad para transformar vidas y fortalecer generaciones.

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Introducción

Existen sueños que, aunque el tiempo los posponga, nunca desaparecen. Para miles de jóvenes y adultos, culminar el bachillerato representa la oportunidad de retomar un camino interrumpido, demostrar que la superación no tiene edad y construir un futuro con mayores oportunidades. La educación transforma vidas, fortalece familias e inspira a las nuevas generaciones. Por ello, nunca es tarde para volver a creer, aprender y convertir un sueño pendiente en una meta alcanzada.

Volver a las aulas, volver a creer: una oportunidad para crecer, inspirar y transformar. 

Culminar el bachillerato en la edad adulta representa mucho más que obtener un título académico. Significa retomar un sueño postergado, recuperar oportunidades perdidas y demostrar que el aprendizaje puede continuar en cualquier etapa de la vida. Detrás de cada adulto que regresa a las aulas existen historias de esfuerzo, sacrificio y superación frente a dificultades económicas, familiares o sociales que interrumpieron su educación.

La educación es un derecho fundamental que debe garantizarse desde la infancia; sin embargo, cuando una persona adulta decide retomar sus estudios, también está reivindicando ese derecho y construyendo nuevas oportunidades para su futuro. Alcanzar esta meta fortalece la autoestima, la confianza y la capacidad de enfrentar nuevos desafíos, demostrando que la perseverancia puede superar las barreras del tiempo.

Los beneficios también alcanzan al entorno familiar. Los hijos y demás miembros del hogar encuentran en el estudiante adulto un ejemplo de responsabilidad, disciplina y constancia. Este modelo positivo fomenta una mayor valoración de la educación y motiva a las nuevas generaciones a perseguir sus propias metas académicas.

Además, culminar el bachillerato amplía las posibilidades de acceder a mejores empleos, continuar estudios superiores y mejorar las condiciones de vida. La educación favorece la movilidad social, fortalece la autonomía personal y contribuye al desarrollo de comunidades más equitativas y participativas.

No obstante, estas historias de superación también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de garantizar que ningún niño abandone la escuela por razones económicas o sociales. Aunque nunca es tarde para aprender, siempre será mejor cuando la educación llega a tiempo. Por ello, apoyar la educación de los adultos y proteger el derecho de los niños a aprender son acciones complementarias que fortalecen el presente y construyen un mejor futuro para toda la sociedad.

Una segunda oportunidad para recuperar sueños y construir un mejor futuro

La interrupción de los estudios no suele ser el resultado de una única decisión, sino la consecuencia de circunstancias personales, familiares y sociales que, en determinados momentos de la vida, obligan a priorizar otras necesidades. A lo largo de la historia, millones de personas han debido abandonar la escuela para incorporarse tempranamente al trabajo, contribuir al sustento del hogar o asumir responsabilidades que excedían su edad. Durante gran parte del siglo XX, especialmente en contextos de desigualdad económica, era común que la educación quedara relegada frente a las exigencias inmediatas de la supervivencia familiar.

Aunque las sociedades han avanzado en el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental, muchas de las causas que provocan el abandono escolar continúan presentes. Las dificultades económicas, los problemas familiares, el embarazo adolescente, el acoso escolar, la necesidad de trabajar desde edades tempranas o la falta de acompañamiento educativo siguen afectando la continuidad de miles de estudiantes. A ello se suman factores como el bajo rendimiento académico, la desmotivación o la ausencia de orientación oportuna, situaciones que pueden generar frustración y aumentar el riesgo de abandonar la escuela antes de culminar el bachillerato.

Con el paso de los años, quienes dejaron sus estudios suelen asumir nuevas responsabilidades relacionadas con el trabajo, la formación de una familia o la crianza de los hijos. En consecuencia, la educación queda postergada mientras otras obligaciones ocupan el centro de la vida cotidiana. Sin embargo, la experiencia demuestra que el deseo de aprender no desaparece. Por el contrario, muchas personas adultas llegan a reconocer que concluir sus estudios puede abrir nuevas oportunidades, fortalecer su desarrollo personal y mejorar las condiciones de vida de sus familias.

No obstante, regresar a las aulas después de varios años implica enfrentar desafíos que van más allá del ámbito académico. Uno de los obstáculos más frecuentes es la falta de tiempo. Las jornadas laborales, las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos generan la percepción de que estudiar resulta incompatible con las exigencias diarias. Sin embargo, las modalidades educativas flexibles han surgido precisamente para responder a esta realidad, permitiendo que más personas puedan continuar su formación sin abandonar sus demás compromisos.

Otro desafío importante está relacionado con el aspecto económico. Muchas personas asumen que estudiar implica gastos difíciles de afrontar, especialmente cuando los recursos familiares son limitados. Esta percepción, en ocasiones, se convierte en una barrera tan poderosa como las dificultades económicas reales. Por ello, las ofertas educativas gratuitas representan una oportunidad valiosa para ampliar el acceso y reducir las desigualdades.

A estos factores se suman barreras emocionales que suelen permanecer invisibles. El temor al fracaso, la inseguridad de volver a estudiar después de muchos años o la sensación de haber olvidado conocimientos básicos pueden generar dudas y desalentar el regreso al sistema educativo. Algunas personas incluso sienten vergüenza por compartir espacios de aprendizaje con estudiantes más jóvenes o temen ser juzgadas por su entorno. Sin embargo, la experiencia de vida acumulada durante esos años constituye una fortaleza que puede enriquecer significativamente el proceso educativo.

En muchos casos, el obstáculo más difícil de superar no se encuentra en las circunstancias externas, sino en las creencias que cada persona construye sobre sí misma. Pensar que ya es demasiado tarde, que las oportunidades han pasado o que no se poseen las capacidades necesarias puede impedir dar el primer paso. Sin embargo, la historia de la educación demuestra que el aprendizaje es un proceso permanente y que nunca existe una edad límite para crecer, desarrollarse y alcanzar nuevas metas.

Hoy puede comenzar la historia que siempre quisiste escribir

A lo largo de la historia, la educación ha sido reconocida como una de las herramientas más poderosas para transformar la vida de las personas y fortalecer el desarrollo de las comunidades. Sin embargo, diversas circunstancias económicas, sociales o familiares han impedido que muchos jóvenes y adultos culminen sus estudios en el momento previsto. Hoy, más que nunca, resulta fundamental comprender que garantizar el acceso a la educación no solo beneficia a quien aprende, sino también a las nuevas generaciones que observan en sus padres, familiares y referentes un ejemplo de superación y perseverancia.

Con este compromiso de inclusión y justicia educativa, la Unidad Educativa 12 de Febrero invita cordialmente a todas las personas mayores de 18 años que aún no han culminado el bachillerato a formar parte del próximo ciclo lectivo de la Modalidad Semipresencial Intensiva, que se desarrollará desde la segunda semana de agosto de 2026 hasta enero de 2027.

Esta modalidad ha sido diseñada para responder a las necesidades de quienes desean retomar sus estudios sin descuidar sus responsabilidades familiares o laborales. Cada cinco meses los estudiantes pueden aprobar un grado o curso, avanzando de manera constante hacia la obtención de su título de bachiller. Además, cuenta con horarios flexibles, clases presenciales de lunes a miércoles de 18h00 a 22h00 y actividades no presenciales los días jueves y viernes, todo ello dentro de una oferta educativa completamente gratuita para personas mayores de edad.

Para el proceso de matrícula se requiere presentar el expediente académico con las promociones de los años cursados, copia de la cédula de ciudadanía, copia de una planilla de energía eléctrica, dos fotografías tamaño carné y haber cumplido los 18 años de edad.

Esta invitación está dirigida a quienes, por distintas circunstancias de la vida, tuvieron que postergar sus estudios. Hoy existe una nueva oportunidad para retomar ese camino. La educación continúa siendo una de las herramientas más poderosas para transformar realidades, ampliar horizontes y construir proyectos de vida con mayor dignidad y esperanza. Por ello, los docentes de la institución reafirman su compromiso de acompañar a cada estudiante durante este proceso, convencidos de que nunca es tarde para aprender, crecer y hacer realidad el sueño de convertirse en bachiller.

Conclusión

Culminar el bachillerato es mucho más que obtener un título; es recuperar sueños, abrir nuevas oportunidades y demostrar que el aprendizaje puede transformar vidas en cualquier etapa. Cada persona que decide regresar a las aulas se convierte en un ejemplo de perseverancia para su familia y su comunidad. Porque nunca es tarde para aprender, crecer y avanzar, la educación seguirá siendo el puente que une los sueños con las oportunidades y el presente con un futuro mejor.

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Noticias Zamora

El IV Eje Vial y la paciencia de un pueblo fronterizo

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Nacer en Palanda y Chinchipe es, sin duda, un privilegio, pero también una prueba constante de coraje; pues, implica enfrentarse al lodo, los derrumbes, el aislamiento y cargar con el peso de una promesa incumplida que persiste desde hace casi 28 años.

Para quienes hemos tenido ese privilegio de nacer o crecer en esta parte geográfica de Zamora Chinchipe, el tramo Bellavista-Zumba-La Balsa representa mucho más que una simple carretera; simboliza una deuda histórica derivada del centralismo y la indiferencia burocrática. Hoy, tenemos frente a nosotros una oportunidad crucial, pero la experiencia nos obliga a demandar una fiscalización estricta e integrada.

La retórica oficial ya no puede escudarse en la falta de presupuesto.  BID mantiene etiquetado un crédito de 150 millones de dólares exclusivamente para estos 54 kilómetros estratégicos. Sin embargo, mientras el dinero está seguro, la obra sigue atrapada en el laberinto de los trámites en Quito.

Revisando el historial de esta licitación internacional (Proceso EC-L1295-P00001), las fases se han cumplido. Tras el lanzamiento de pliegos y las visitas técnicas de 2025, el hito más crítico ocurrió el 12 de enero de 2026 con la apertura pública de las ofertas físicas.

Desde entonces, el proceso entró en un preocupante hermetismo. El concurso aún no ha sido adjudicado y ninguna empresa ha ganado todavía. Las propuestas siguen bajo la evaluación reservada del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el BID. Para Palanda y Chinchipe, cada semana de retraso se traduce en pérdidas agrícolas y vías intransitables.

Es aquí donde los Asambleístas de Zamora Chinchipe deben justificar su curul de manera urgente. Los legisladores locales no pueden ser espectadores en Quito; su rol exige tres acciones inmediatas:

Fiscalizar a los evaluadores: Auditar la calificación para evitar que la obra se entregue a consorcios con historial de abandono.

Blindar los recursos: Presionar al Ministerio de Finanzas para que los fondos del BID no se desvíen a otros gastos estatales.

Exigir empleo local: Garantizar que el contrato obligue a priorizar a los transportistas y trabajadores de nuestra provincia.

Los datos que hoy hago conocer a la opinión pública son reales y constan en los portales del BID y las gacetas del MIT. Lo único que queda en duda es la voluntad del Gobierno para firmar el contrato. Ya es hora de exigir con firmeza que se rompa el letargo burocrático. El sur amazónico ya no quiere discursos; exige maquinaria trabajando en la vía.

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