El sector petrolero enfrenta un panorama sombrío en 2025. Las proyecciones que a comienzos de año apuntaban a un precio del crudo ecuatoriano de USD 63,7 por barril ahora se ajustaron a la baja y ahora la proyección oficial apunta a que se ubicará en USD 62,20 por barril.

A esta caída de precios se suma otro problema: el Gobierno espera que la producción petrolera nacional retroceda a 465.369 barriles diarios de petróleo al cierre de 2025. Es una caída del 2% frente a 2024 y la cifra más baja desde 2007.

Estas previsiones petroleras son parte de la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2025, que envió el Gobierno a la Asamblea Nacional el 22 de agosto de 2025.

¿Por qué se envía una proforma a cuatro meses de cerrar el año? Se debe a que 2025 fue un año de elecciones presidenciales, por lo que el Gobierno de Noboa ha usado hasta el momento una «proforma prorrogada»; es decir, la correspondiente al presupuesto de 2024. Y ahora debe ajustar esas cifras a la realidad de 2025.

En lo petrolero, la Proforma evidencia que la combinación de menor extracción y un valor internacional más bajo golpeará de lleno a un sector en donde se esperaba una recuperación más robusta tras los altibajos de los últimos años.

Por qué cae la producción
Hay dos factores principales que inciden en este desempeño y son:

1Desastres naturales
Un deslave en Esmeraldas que provocó una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) el 13 de marzo de 2025 y que obligó a suspender la producción petrolera durante 12 días o hasta el 24 de marzo.

Luego, la reactivación de la erosión regresiva, que «carcome» el lecho y las márgenes del río Coca, obligó a suspender el bombeo del SOTE por 26 días y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por 23 días.

Al ser estas las únicas «arterias» para sacar el petróleo desde la Amazonía hasta los puertos de exportación, la petrolera estatal Petroecuador y las compañías privadas tuvieron que suspender la producción de petróleo mientras se terminaban de construir las variantes provisionales de los ductos.

2ITT baja su producción
Otra causa de la disminución de la producción petrolera nacional es el cierre progresivo de operaciones del bloque petrolero ITT, ubicado en el alto Amazonas para cumplir con el mandato popular de agosto de 2023, que ordena dejar bajo tierra el crudo de ese bloque y levantar la infraestructura petrolera.

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Aunque el Estado tenía un año para cumplir con el mandato popular, esto aún no ha ocurrido. El Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo señala que el plan de cierre del ITT empezó en agosto de 2024 y continuará hasta 2019.

En términos de producción, del área, que está a cargo de la petrolera estatal Petroecuador, se extrajeron 33.511 barriles diarios entre enero y julio de 2025; esto es, un 42% menos que los 58.278 barriles diarios de iguales meses de 2024.

Pero hay que tener en cuenta que en julio la producción cayó drásticamente por la suspensión de operaciones de los oleoductos OCP y SOTE. Por lo anterior, habrá que esperar a ver los datos del campo de agosto de 2025.

¿Qué planes hay para subir la producción?
La petrolera estatal Petroecuador ha puesto en marcha este año al menos cuatro estrategias para subir la producción y los ingresos petroleros. Aunque los resultados registrados hasta ahora no evidencian todavía un aumento en las cifras.

Los planes son:

Primera campaña de perforación en la zona norte y oeste de la Amazonía:

Petroecuador contrató en mayo de 2025 a la gigante china Sinopec para realizar una campaña de perforación petrolera en las zonas norte y oeste Amazonía ecuatoriana.
Con estos trabajos espera subir en 12.000 barriles diarios la producción petrolera hasta octubre de 2025.

Segunda campaña de perforación: Petroecuador inició en junio de 2025 una nueva campaña de perforación en el Bloque 44, en Orellana.

La petrolera estatal prevé obtener una producción incremental de 2.500 barriles por día, solo del pozo Pucuna, contemplado en la campaña.
Campo Amistad: Petroecuador anunció el 18 de julio de 2025 que reacondicionará dos pozos en el campo de gas natural Amistad, ubicado en el Golfo de Guayaquil.
Los trabajos permitirán aumentar en hasta cinco millones de pies cúbicos por día la producción de gas natural en el Campo Amistad, que producía 18,4 millones de pies cúbicos por día.

Concesión de bloques petroleros: En la Proforma que envió el Gobierno a la Asamblea Nacional se detalla que el Estado prevé ingresos de USD 3.986,38 millones por «el cobro de un pago inicial de la inversión total comprometida por la concesión de bloques hidrocarburíferos previstos para 2025».
Y añade que el Ministerio de Energía y Minas se encuentra identificando y estructurando la información de los bloques y que la concesión se haría a través de licitaciones públicas. Fuente: Primicias

Un grupo de perjudicados por la cooperativa CREA, que entró en proceso de liquidación forzosa el 29 de julio de 2025, llegó a la Asamblea Nacional desde Cuenca para exigir que se les devuelva su dinero.

Acudieron a la comparecencia de la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo Navarrete, a la Comisión de Régimen Económico, este miércoles 27 de agosto de 2025.

La funcionaria dio a conocer detalles técnicos sobre la situación de la cooperativa y que desencadenaron en la suspensión de actividades. Aseguró que los directivos de la cooperativa CREA ya fueron denunciados en la Fiscalía.

Murillo descargó algunas responsabilidades sobre la administración anterior de la Superintendencia por supuestamente incumplir normativa, no verificar la información entregada por la cooperativa, y no contrastar valores y balances, que resultaron erróneos.

Murillo también dio detalles sobre el número de perjudicados y la planificación por fases para hacer la devolución de ahorros a los clientes con cuentas menores a USD 32.000.

Informó que a 2.060 clientes, que sumaban un monto de USD 88,8 millones, se les empezó a pagar y el proceso no ha terminado.

Adelantó que la segunda fase en la que interviene la Corporación de Seguro de Depósito (Cosede) publicaría el mismo 27 de agosto un cronograma de pagos, que iniciarían el viernes 29 de agosto.

En efecto, la tarde del miércoles 27 de agosto, el Cosede publicó, en redes sociales, el calendario con el que se busca devolver los depósitos a 72.730 socios, por un monto que suma USD 66 millones.

Hay un grupo de 421 personas cuyos depósitos exceden los USD 32.000 que entrarán en la fase de liquidación. Es decir, se les devolverá el monto base y el resto deberán esperar, mientras se venden los activos de la entidad.

Al ser consultada por el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Adrián Castro, cuánto tiempo podría tomar el proceso de devolución, la superintendenta habló de hasta ocho meses.

Desesperación en perjudicados
El tiempo proyectado por la titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no cayó bien entre el grupo de personas que viajó desde Cuenca a Quito para escucharla.

Peor aún cayó la intención de la presidenta de la comisión, Nathaly Farinango (ADN), de cerrar la sesión sin escuchar a los perjudicados que se movilizaron desde el Austro.

Eso molestó a Marcia Minchala, de 62 años, que reclamó ser atendida por la superintendenta de Economía Popular y Solidaria y por los propios miembros de la mesa legislativa.

Andrés Castillo, de ADN, intercedió para que sea escuchada y Blasco Luna, de Revolución Ciudadana (RC), le cedió la silla para que participe en la reunión. «Si no grito, nadie me escucha», lamentó Minchala.

En su breve intervención contó que está a cargo de su madre de 96 años que se debate entre la vida y la muerte y ella mismo dijo padecer de una enfermedad.

«Mi desesperación señora de la Superintendencia es que usted dice que tenemos que esperar ocho meses ¡Ocho meses no puede esperar la vida de mi madre! ¿Por qué no han hecho una prelación para que los enfermos podamos recuperar el dinero antes?», señaló.

«Nuestra plata no es fruto de la corrupción o del robo. Es nuestro trabajo. Hagan algo para que podamos recuperar nuestro dinero» Marcia Minchala, perjudicada por CREA

La Comisión de Régimen Económico anunció que la fiscalización sobre este caso seguirá y serán convocados exdirectivos de la cooperativa CREA y autoridades de control. Fuente: Primicias.

«No recuerdo en la historia del Ecuador que se hayan presentado tantas demandas contra una ley», dijo el juez de la Corte Constitucional, José Luis Terán, en la primera jornada de la audiencia pública por las 26 acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública. La primera parte de esta diligencia tomó ocho horas y media en modalidad telemática este 27 de agosto de 2025.

Con la impresión de Terán, quien se encarga de sustanciar las demandas contra esta norma, no estuvo de acuerdo la abogada de la Asamblea, Mercedes Mediavilla: «Me sorprende que diga nunca. En la época de (el expresidente Guillermo) Lasso pasó lo mismo con el Código Monetario».

Mediavilla atribuyó estas acciones a que se trata de «reformas estructurales» impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y la Asamblea. «Debido a la situación del país, evidentemente van a haber disidencias, pero es necesario», sostuvo.

Dudas de los jueces 
Sin embargo, esa respuesta no satisfizo a los jueces, quienes increparon si la norma cumple con el objetivo y la unidad de materia para la que fue planteada, así como si se garantizó la participación de la sociedad civil, de autoridades de la Judicatura y de la Fiscalía en el trámite.

En principio, esta Ley ingresó al Parlamento con  el objetivo de garantizar la eficiencia en el servicio público y mejorar los procesos de compras públicas, pero terminó incluyendo reformas penales como parte del conflicto armado interno decretado por el Gobierno de Noboa, o la posibilidad de declarar en emergencia al sistema judicial, lo que centró las interrogantes de los jueces.

¿Se invitó a organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades de la Fiscalía, de la Judicatura, para el análisis del proyecto? ¿Cómo contribuyen las reformas penales a la eficiencia del servicio público? Fueron las preguntas de los jueces Alí Lozada, Claudia Salgado y Jorge Benavides.

Mediavilla dijo que los asambleístas son los representantes del pueblo, que el proyecto de ley sí fue difundido y que para la ciudadanía «se vuelve un tema propositivo», pues tiene la opción de solicitar a la comisión legislativa que se reciba su criterio, durante el tratamiento de una norma.

«No queremos intervenir para nada en la Función Judicial», apuntó el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, al tiempo de remarcar que «la justicia no deja de ser un servicio público».

Terán suspendió la audiencia pública al cabo de ocho horas y media, y dijo que se retomará este jueves 28 de agosto, a las 10:00, cuando las partes podrán replicar, los jueces volver a preguntar y dar paso a las decenas de solicitudes de amicus curiae, antes de que el Pleno de la Corte adopte una resolución.

Puntos polémicos de la Ley
Esta normativa causó revuelo entre los funcionarios públicos de todo el país, cuyos gremios presentaron más de dos decenas de demandas en su contra, en vista de que contempla despidos intempestivos, evaluaciones, entre otras. Sin embargo, en el caso 52-25-IN, que llega a audiencia, se acumularon otras 25 causas. Restan otras cinco por tramitar.

Por ejemplo, esta Ley quitó inicialmente la compensación por retiro voluntario entre los 60 y 65 años, pero el oficialismo echó marcha atrás, cuando los sindicatos amenazaron con movilizaciones.

Sin embargo, se mantienen aspectos como las nuevas evaluaciones, de las que dependerá la estabilidad laboral; la modificación del pago por despido intempestivo, la eliminación de la temporalidad de los contratos ocasionales, entre otras.

Pero la Ley de Integridad terminó incluyendo temas como la polémica emergencia judicial, reformas penales, monetarias, de movilidad humana, de cooperativas y hasta reformas al Código de la Niñez para juzgar como adultos a los menores de edad.

La audiencia, liderada por el juez José Luis Terán, empezó de manera telemática alrededor de las 10:30. Cada demandante tuvo 10 minutos para exponer sus argumentos y las autoridades de la Presidencia y la Asamblea 20 minutos para defenderla.

Los funcionarios judiciales acusan al Ejecutivo
En la audiencia telemática participaron los representantes del Colectivo Fiscalía Unida, de la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador y de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía General del Estado. Los abogados rechazaron la propuesta legal aprobada por el presidente Daniel Noboa y el oficialismo en la Asamblea Nacional.

Uno de los abogados de los demandantes advirtió sobre la pérdida de derechos a la que están quedan sometidos los funcionarios judiciales con esta Ley, que afirmó tienen el objetivo de permitir la intervención del poder judicial y el control político, permitiendo la acumulación de poder por parte del Ejecutivo.

Los demandantes calificaron a la normativa como una leguleyada e incluso como una «Barney bolsa» o bolsa «de Doraemon», haciendo alusión a los programas infantiles en los que los personajes tienen bolsas mágicas de las que pueden sacar cualquier objeto.

También pidieron a los jueces que tengan en cuenta el contexto en el que el Gobierno emitió la Ley de Integridad Pública, durante un estado de violencia nunca antes visto y en el cual acusaron al Ejecutivo de «ser responsable por omisión».

«En el terror, que justificadamente siente la ciudadanía, el Gobierno Nacional ha generado un escenario perfecto para ejecutar una campaña agresiva e incluso falaz en contra de los funcionarios públicos y especialmente en contra de los funcionarios judiciales», afirmaron.

La calificaron de una práctica deshonesta, que se lleva a cabo en contra de los operadores de justicia e incluso recordaron la campaña en contra de la misma Corte Constitucional. Una de las funcionarias preguntó ¿qué gana el Gobierno con la salida de los funcionarios judiciales?

La funcionaria habló de los peligros de los despidos de los funcionarios de carrera sin el debido proceso y sin respeto a sus derechos; la posibilidad de que ingresen personas sin concurso de méritos y «solo con la venia de las autoridades de turno»; la inestabilidad que tendrían estos nuevos funcionarios y su vulnerabilidad a la violencia y las injerencias en el sector judicial.

La representante del colectivo incluso afirmó que la familia del Primer Mandatario se benefició de la Ley de Integridad con un descuento de la deuda que tenían sus empresas con el Servicio de Rentas Internas por alrededor de USD 95 millones y que bajó a 21,7 millones.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces también participó y criticaron que se abra la puerta a declarar la emergencia en el poder judicial, simplemente por decisión del titular de la Judicatura y una minoría simple en el pleno.

A la vez, dijo que la idea de una emergencia judicial es ficticia, puesto que los problemas se deben a la reducción del presupuesto de la Función por parte del Ejecutivo y a la precarización del Consejo de la Judicatura, envuelta en constantes polémicas.

El abogado de la Asociación rechazó los cambios en el régimen disciplinario, con normas abiertas y ambiguas que perjudicarán a los funcionarios, al igual que la regresión de derechos laborales.

Los argumentos de las otras 25 demandas ciudadanas
Las demandas planteadas por sindicatos, gremios, ciudadanos individuales, sociedad civil acusan a la Ley de Integridad Pública de inconstitucional por la forma, es decir, por el trámite que recibió y las materias que trata, y por el fondo, haciendo referencia al contenido específico de decenas de artículos.

Los abogados afirman que se vulneró el trámite parlamentario en la Asamblea Nacional y que la normativa no cumple con la unidad de materia, con temas que entraron «por la ventana» y una votación plenaria que no contó con los textos definitivos que supuestamente se aprobaron.

Por ejemplo, recuerdan que en el segundo debate, el legislador Andrés Castillo «metió por la rendija» la reforma penal sobre los menores de edad, que no estaba contemplada en el proyecto, con lo que incumplió el requisito constitucional de que todos los temas pasen por dos discusiones plenarias.

Uno de los abogados acusó a los legisladores de intentar convertir las leyes urgentes en «cajas de sastre», para incluir todos los temas que quepan en su contenido, sin importar la desconexión entre las materias. A esto sumaron también el impedimento de que ciertos legisladores participen en el debate.

Los demandantes consideran que la Ley restringe derechos, debilita la independencia judicial, afecta el interés superior de los niños, afectan la seguridad jurídica, impiden el debido proceso, crea figuras no previstas en la Constitución y va en contra de tratados internacionales. La calificaron de un contrabando de normas, que ejemplifica el caos legislativo.

Por lo que cuestionaron si un nuevo régimen penal para los menores de edad, las reformas para declarar emergencia en la Función Judicial o las reformas laborales al sector público tienen relación con la estabilidad fiscal, como para incluirlos en una ley económica urgente.

Además, señalan que las alteraciones al servicio público representan una violación a los derechos adquiridos por los funcionarios del Estado, y que generaría precariedad, vulnerabilidad y dejaría la puerta abierta a la arbitrariedad y discrecionalidad administrativa.

Otro punto polémico es la inclusión de una reforma transitoria que ordena que las cooperativas se conviertan en bancos y fue calificada como «una cura improvisada para un mal diagnóstico».

Los demandantes la califican como una regresión de derechos, una afectación a la libertad de asociación y al pluralismo económico, una desnaturalización del propósito colectivo de las cooperativas y como un desconocimiento del sistema económico reconocido por la Constitución y el derecho internacional.

La respuesta de la Asamblea y el Ejecutivo
La representante de la Asamblea Nacional, Mercedes Mediavilla, coordinadora General de Asesoría Jurídica, defendió el tratamiento y contenido de la Ley de Integridad Pública, argumentando la paralización de servicios públicos y la pérdida de unos USD 930 millones en corrupción y mala gestión.

La funcionaria hizo alusión a una sentencia de la Corte Constitucional en la que se estableció que el principio de unidad de materia no debe ser excesivamente rígido. Sin embargo, afirmó que todo el articulado, que reforma 22 otras normativas, sí tiene relación con la integridad en el sector público.

Como respuesta a las denuncias de regresión de derechos, Mediavilla se limitó a explicar los conceptos de eficiencia y eficacia. Tras lo cual argumentó «la necesidad urgente de limpiar nuestras instituciones públicas», por lo que esta reforma implica una reestructuración de todo el servicio público.

Nada dijo la abogada de la Asamblea sobre las acusaciones de que se incluyeron nuevos temas en el segundo debate, que Niels Olsen no permitió la participación de ciertos legisladores en el debate o que el texto que se votó no tenía los cambios finales que se hicieron en el pleno.

El secretario Jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, dijo que la Ley de Integridad busca que la ciudadanía se reactive a través de una administración pública oportuna y de calidad. Y agregó que no se trataba inicialmente «solo» de una ley de contratación pública.

Además, el funcionario dijo que la misma Corte ha dictaminado que las leyes no pueden ser declaradas inconstitucionales solamente por una ausencia de unidad de materia, ya que esa acusación debe argumentar también la afectación a un precepto constitucional.

Andino argumentó que los únicos competentes para determinar si una ley es económica urgente son el Presidente de la República y el Consejo de Administración Legislativa, como ha dictaminado previamente la Corte Constitucional. Y que si el pleno de la Asamblea votó por incluir temas en el proyecto, eso no puede declararse inconstitucional.

Sobre la intención de convertir las cooperativas en bancos, el secretario Jurídico afirmó que no todas estas entidades tratan a sus socios como tales, sino como clientes, por lo que no existe el cooperativismo, lo que implica un fraude constitucional. Y dijo que esto se comprueba con los niveles de pobreza que se mantienen en los sectores donde están dichas cooperativas.

Y agregó que «hay algunos pillos que están utilizando este mecanismo para lavar dinero, para simular que son cooperativas y no transformarse en bancos y tener los controles adecuados.

Miguel Mendoza, representante de la Procuraduría, coincidió con los argumentos presentados por la Asamblea y la Presidencia. Y afirmó que los legisladores no pueden tipificar en cada norma todas las infracciones y sanciones administrativas, por lo que estas pueden ser elaboradas en un reglamento o resolución de las autoridades competentes.

El abogado de la Procuraduría también recordó que el principio de la estabilidad laboral no es absoluto, como tampoco lo es el derecho al trabajo, puesto a que están sujetos a prescripciones de carácter general, establecidas en el ordenamiento jurídico, y restricciones de índole concreta, por parte de las autoridades administrativas.

El abogado del Ministerio del Trabajo, Andrés Castillo, señaló que la Ley de Integridad responde a los vacíos normativos que garantizaban estabilidad laboral sin eficiencia ni resultados, lo que ha generado distorsiones en el sector público.

Entre los problemas mencionados por este funcionario están: la permanencia de personal con bajo desempeño; el abuso de figuras contractuales, como los contratos de servicios ocasionales; y vacíos en las modalidades especiales, como el teletrabajo.

Según Castillo, la Ley y su Reglamento buscan que la estabilidad laboral de los servidores públicos estarán ligados a los resultados y metas, luego de una evaluación de desempeño, bajo el debido proceso. Y que los objetivos son fortalecer la profesionalización del servicio público, erradicar la ineficiencia e improductividad y reformar la ética pública y la meritocracia.

Las preguntas de los jueces constitucionales
El presidente de la Corte, Alí Lozada, abrió el espacio de preguntas de los magistrados y pidió a los abogados del Estado que amplíen sus argumentos sobre los vicios de forma, como la unidad de materia y de si realmente se trata de un proyecto económico urgente.

A ojos del magistrado, el tiempo de intervención pudo haber limitado las respuestas de los abogados, que inicialmente hablaron del fin social de la Ley y después argumentaron que el objetivo era la integridad pública.

Además, Lozada comentó que «con alguna imprecisión» el secretario Andino citó dictámenes previos de la Corte y le pidió que aclaré su argumento de que sería infructuoso declarar que no habría unidad de materia.

La jueza Alejandra Cárdenas insistió el ámbito de aplicación de la Ley de Integridad Pública, según los propios artículos de la normativa, se refiere a la administración pública, a las personas naturales y jurídicas que mantengan un vínculo con ella y sobre los servicios a la ciudadanía.

Por lo que cuestionó qué relación podrían tener los artículos sobre adolescentes infractores, reformas de movilidad humana y de cooperativas. Cárdenas también pidió mayor precisión en cuanto a cómo cumple esta normativa con la unidad de materia.

El juez Raúl Llasag consultó a los abogados cómo se garantiza una administración pública libre de corrupción libre de corrupción con la remisión del 100% de intereses en el pago de las deudas tributarias hasta el cierre de 2024, que establece la Ley en la disposición transitoria decimotercera. Fuente: Primicias