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Nacionales

Daniel Noboa oficializa toque de queda en nueve provincias y cuatro cantones

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El Gobierno ecuatoriano oficializó la aplicación de un nuevo toque de queda mediante el Decreto Ejecutivo 370, que restringe la circulación nocturna en varias zonas del país. La medida estará vigente entre el 3 y el 18 de mayo, en el horario de 23:00 a 05:00, y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.

La disposición suspende la libertad de tránsito durante la franja nocturna y también contempla la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, como parte de las medidas excepcionales adoptadas por el Ejecutivo.

De acuerdo con el decreto, únicamente dos segmentos estarán autorizados a circular: los servicios de salud —tanto de la red pública como privada— y la fuerza pública, junto con entidades vinculadas a seguridad, gestión de riesgos y atención de emergencias.

El documento establece que los controles serán ejecutados por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y agentes de tránsito, bajo criterios de proporcionalidad, considerando casos excepcionales en los que se justifique la movilización por razones de necesidad o emergencia.

La decisión se sustenta en el comportamiento de la violencia en el país. Según cifras oficiales, entre el 1 y el 20 de abril de 2026 se registraron 76 homicidios intencionales en las provincias incluidas en la medida. Guayas concentró la mayor cantidad de casos, seguido de Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.

El decreto también señala que estas nueve provincias concentran el 90 % de la violencia a nivel nacional y cerca del 86,7 % de la actividad delictiva. En ese contexto, la región Costa agrupa la mayoría de los hechos violentos, con una alta incidencia en territorios asociados a economías ilícitas.

Según el Ejecutivo, la franja horaria nocturna presenta condiciones que facilitan la acción de estructuras criminales, debido a la menor presencia institucional y la reducción del control social. En ese periodo, se registran con mayor frecuencia delitos como sicariatos, atentados y movilización de armamento.

El Gobierno sostiene que la restricción de movilidad busca reducir riesgos para la población civil, limitar la capacidad operativa de grupos delictivos y fortalecer las acciones de control por parte de las autoridades.

Durante la vigencia del toque de queda, las instituciones deberán coordinar para garantizar la continuidad de servicios públicos, la administración de justicia y el funcionamiento de sectores estratégicos.

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Daniel Noboa ratifica funciones de la vicepresidenta al designar nuevo ministro de Salud

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante el Decreto Ejecutivo 372 la ratificación de funciones de la vicepresidenta María José Pinto, quien había asumido de manera temporal el Ministerio de Salud Pública.

El documento, emitido el 28 de abril de 2026, reafirma las responsabilidades previamente asignadas a Pinto como delegada del Ejecutivo ante el Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Infantil, en línea con lo establecido en los decretos No. 3 de mayo de 2025 y No. 237 de diciembre del mismo año.

En el texto, el Ejecutivo resalta su participación en la implementación de políticas públicas enfocadas en la reducción de la desnutrición crónica infantil, una de las prioridades del Gobierno.

La vicepresidenta estuvo al frente del Ministerio de Salud Pública durante cerca de cinco meses, entre el 18 de noviembre de 2025 y el 27 de abril de 2026, en calidad de encargada.

Tras su salida de la cartera, el mandatario designó a Jaime Otton Bernabé Erazo como nuevo titular del Ministerio de Salud Pública. Con este nombramiento, Bernabé se convierte en el séptimo funcionario —entre ministros titulares y encargados— en ocupar esa función durante los 18 meses de gestión del actual Gobierno.

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Ministro Jaime Bernabé Erazo anuncia cuatro ejes para fortalecer el sistema de salud

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El nuevo ministro de Salud, Jaime Bernabé Erazo, asumió sus funciones con un llamado a trabajar con responsabilidadeficiencia y transparencia para fortalecer el sistema público de salud y garantizar una atención dignaoportuna y de calidad en el país.

En sus primeras declaraciones, Erazo agradeció al presidente Daniel Noboa por la confianza depositada para asumir esta responsabilidad y señaló que llega al cargo en un momento que exige compromisoseriedad y resultados. Además, afirmó que su gestión buscará consolidar los avances alcanzados y profundizar una administración más cercana a la ciudadanía.

El ministro anunció que su trabajo estará enfocado en cuatro ejes de acción. El primero será garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos esenciales, con el propósito de que lleguen de manera oportuna a cada establecimiento de salud.

Como segundo eje, planteó la optimización de la capacidad operativa de hospitales y centros de salud, mediante una mejor gestión de recursos, procesos más ágiles y un uso eficiente de la infraestructura disponible. Según Erazo, esta línea de acción permitirá mejorar los tiempos de atención y la calidad del servicio.

El tercer eje estará orientado a priorizar la atención primaria como base del sistema sanitario. Para ello, se buscará cerrar brechas en talento humanoequipamiento e infraestructura, con el fin de ampliar la capacidad resolutiva de los establecimientos de primer nivel y ordenar la demanda hacia un modelo más eficiente.

Finalmente, Erazo aseguró que impulsará una lucha frontal contra la corrupción, con transparenciacontrol y firmeza en cada acción del sistema de salud.

El nuevo ministro convocó al personal sanitario, a las instituciones, al sector privado y a la ciudadanía a sumar esfuerzos para construir un sistema de salud más sólidoeficiente y humano, en beneficio de la población.

 

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Asamblea da luz verde a reforma penitenciaria de Noboa: estos son los cambios en las cárceles de Ecuador

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La Asamblea Nacional, con 85 votos afirmativos, se allanó a la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Con esta decisión, la normativa será remitida al Registro Oficial para su publicación y entrada en vigencia.

En la sesión del Pleno desarrollada este martes 28 de abril, el asambleísta ponente del informe, Mario Zambrano, argumentó que las cárceles han sido durante demasiado tiempo espacios en donde el crimen organizado ha desafiado al Estado.

El hacinamiento, la falta de control y las deficiencias normativas han tenido un costo muy alto para las familias, por lo que esta reforma es fundamental. Además, mediante la objeción parcial se proponen mejoras que no cambian el espíritu de la normativa ni su esencia, sí la hacen más sólida, técnica y eficiente”, enfatizó.

Principales ejes de la nueva ley

Entre los principales cambios incorporados constan las definiciones para el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, con el propósito de garantizar mayor claridad jurídica y uniformidad normativa.

Otra modificación amplía el derecho de impugnación de traslados, que inicialmente estaba limitado únicamente a personas sentenciadas. Con la reforma, este derecho se extiende a todas las personas privadas de libertad en casos de embarazo, lactancia, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así como cuando se requiera tratamiento psiquiátrico.

De manera específica, se revisa la incorporación de un régimen especial para militares en servicio pasivo que se integren al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) o al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria.

La normativa fortalece al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada. Además, permite la incorporación de policías y militares en servicio pasivo al sistema penitenciario.

También establece la clasificación de los centros penitenciarios y de las personas privadas de libertad según sus niveles de seguridad y riesgo, e implementa un régimen especial para internos de alta peligrosidad.

Entre otros aspectos, refuerza el sistema de inteligencia penitenciaria para prevenir hechos violentos y desarticular estructuras criminales dentro de las cárceles. Además, introduce reformas al régimen disciplinario para combatir la corrupción interna.

La ley incorpora políticas de trabajo penitenciario orientadas a la rehabilitación y reinserción social, con el objetivo de que las personas privadas de libertad trabajen para sustentar sus necesidades. Fuente: Vistazo

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