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Loja | “Cuatro meses de silencio administrativo: expediente de PPL en Loja sigue sin respuesta del SNAI”

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En un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, todos los ciudadanos deberíamos gozar, en igualdad de condiciones, de las garantías previstas en la Constitución y en la Ley. Sin embargo, en la práctica, los procedimientos administrativos dentro del sistema penitenciario revelan profundas inconsistencias que afectan la aplicación de los denominados beneficios penitenciarios, mecanismos legales destinados a promover la reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL) que cumplen condenas por delitos de menor gravedad.

El régimen semiabierto, por ejemplo, permite que una persona condenada por un delito culposo —como la muerte por accidente de tránsito—, y que cumple su sentencia en prisión, pueda acceder a un régimen de libertad parcial una vez cumplido el 60% de su condena. Esto implica que el 40% restante puede ejecutarse fuera del centro carcelario, bajo condiciones establecidas por la ley: residir en un lugar determinado, presentarse periódicamente ante la autoridad penitenciaria, mantener un trabajo u oficio y no salir del país, entre otras obligaciones.

Para acceder a este beneficio, el PPL debe solicitar formalmente al director del centro penitenciario el inicio del trámite. Una vez recopiladas las certificaciones y documentos pertinentes, el expediente se remite a la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones, con sede en Quito. Dicha comisión —integrada por tres funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI)— evalúa el cumplimiento de los requisitos y emite un informe de verificación, el cual posteriormente es remitido al juez de garantías penitenciarias, quien tiene la competencia exclusiva para aprobar o negar el beneficio.

No obstante, la realidad dista mucho de lo que establece la normativa. El caso de Bray, una persona privada de libertad en Loja, evidencia graves retrasos administrativos y posibles irregularidades en el tratamiento de los expedientes. Su solicitud para acceder al régimen semiabierto fue enviada a la Comisión de Beneficios Penitenciarios el 26 de mayo de 2025; sin embargo, después de más de cuatro meses, el expediente aún no ha sido revisado ni firmado.

A pesar de los reiterados oficios y requerimientos realizados por la jueza de garantías penitenciarias y por la defensa técnica del PPL, la respuesta del SNAI ha sido vaga y repetitiva: “El expediente aún se encuentra en análisis; estamos haciendo todo lo posible para despachar en el menor tiempo posible”. Una justificación que contrasta con lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo, el cual establece que las instituciones públicas deben responder a las solicitudes de los administrados en un plazo máximo de treinta días.

Lo más sorprendente se descubre al revisar el sistema público E-SATJE, donde otro expediente, el No. 11282-2025-02508, correspondiente a un caso similar, fue remitido a la Comisión tres meses después —el 25 de agosto de 2025—, y en tan solo dos meses (para el 27 de octubre de 2025) ya contaba con el informe favorable emitido por la Comisión. Este hecho plantea un grave cuestionamiento: ¿por qué algunos expedientes avanzan con rapidez, mientras otros permanecen estancados durante meses, sin respuesta?

¿Será que algunos PPL tienen “suerte”, influencias o contactos dentro del sistema? ¿O acaso existen incentivos ocultos que determinan la prioridad de ciertos trámites sobre otros? Son preguntas que el SNAI debería responder ante la opinión pública, pues la discrecionalidad en la administración penitenciaria no solo vulnera derechos, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia.

El principio de igualdad ante la ley exige que los procesos administrativos sigan un orden cronológico y objetivo. Si dos solicitudes cumplen con los mismos requisitos, ambas deben recibir el mismo trato y resolución en los plazos establecidos. Sin embargo, los hechos revelan una gestión arbitraria y opaca que requiere urgente fiscalización.

El Ecuador no puede seguir tolerando que la burocracia o los favoritismos administrativos se interpongan entre la ley y la justicia.

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Brigada de Cambio de Domicilio Electoral benefició a ciudadanos de la parroquia Yangana

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La Delegación Provincial Electoral de Loja ejecutó una brigada de Cambio de Domicilio Electoral en la parroquia Yangana, perteneciente al cantón Loja, mediante la cual más de 20 ciudadanos realizaron el trámite correspondiente para sufragar en este sector en los comicios generales de 2027.

La actividad tuvo como objetivo acercar los servicios electorales a la ciudadanía, facilitando el acceso a los trámites y garantizando el ejercicio efectivo de los derechos políticos de los moradores del sector. Para realizar el cambio de domicilio electoral, los ciudadanos deben portar su cédula de identidad y no registrar multas vigentes con el organismo electoral.

Asimismo, la Delegación Provincial recordó que este trámite también puede efectuarse de manera virtual, ingresando al portal institucional del Consejo Nacional Electoral en la dirección www.cne.gob.ec, en la opción Trámites y Servicios, lo que permite a la ciudadanía acceder al servicio desde cualquier lugar del país.

La Delegación Provincial Electoral de Loja ratifica su compromiso de fortalecer la participación democrática, mediante acciones territoriales que promuevan un proceso electoral inclusivo, accesible y transparente.

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Exalcalde de Celica advierte riesgos técnicos en puente vehicular sobre el río Alamor, en el cantón Zapotillo

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Zapotillo, Loja. – En el marco de un recorrido territorial por el cantón Zapotillo, el exalcalde de Celica y precandidato a la Prefectura de la provincia de Loja, Oswaldo Román, manifestó su preocupación por el estado actual de un puente vehicular recientemente inaugurado en el sector, tras constatar observaciones técnicas relacionadas con su estructura de acceso y cimentación.

Durante la visita, realizada junto a moradores de la zona, el ex-burgomaestre explicó que decidió acudir personalmente al lugar luego de conocer reportes ciudadanos difundidos en redes sociales. Señaló que, para emitir un criterio responsable, es indispensable realizar una verificación in situ que permita sustentar cualquier pronunciamiento desde el punto de vista técnico.

Tras la inspección, indicó que la estructura principal del puente no presenta fallas estructurales; sin embargo, advirtió problemas en la estructura de ingreso, particularmente en uno de los estribos cuya cimentación se encuentra muy próxima —e incluso dentro— de la margen del río Alamor. Según detalló, aunque la zapata estaría anclada en lecho rocoso, su ubicación expone la obra al impacto directo de las crecientes.

Desde una perspectiva técnica, señaló que lo ideal hubiera sido emplazar la estructura a mayor distancia de la margen del río, extendiendo su longitud aproximadamente 20 metros adicionales para reducir el riesgo de socavación. Asimismo, recomendó que, de manera inmediata y durante la temporada invernal, se mantenga el relleno en la zona afectada a fin de evitar que el río rodee (“abrace”) la base del puente, situación que podría comprometer su estabilidad.

Como medida estructural definitiva, planteó la construcción de un muro armado tipo “ala”, en disposición diagonal aguas arriba, con una longitud aproximada de entre 60 y 70 metros, anclado en el talud del margen izquierdo del río. Esta obra permitiría dotar de mayor estabilidad al estribo y proteger la infraestructura ante futuras crecidas. Advirtió que, de no ejecutarse estas intervenciones en época seca, el próximo invierno podría representar un riesgo considerable para la integridad del puente.

El exalcalde también cuestionó que la infraestructura haya sido concebida con un solo carril de circulación, considerando que se trata de una vía estratégica para la parroquia Limones y más de 20 barrios aledaños, por donde transitan productos agrícolas, transporte pesado y actividades comerciales esenciales para la economía local. A su criterio, la ampliación a doble carril debió contemplarse en la fase inicial del proyecto, pues una futura expansión implicaría prácticamente la construcción de una nueva estructura independiente.

Finalmente, subrayó la importancia de la planificación técnica rigurosa y la ejecución de estudios previos adecuados, especialmente en ríos de amplia cuenca como el Alamor, cuyas crecientes pueden alcanzar niveles significativos en periodos de lluvias intensas. Reiteró que la protección y estabilidad de esta obra es fundamental para salvaguardar la inversión pública y garantizar la conectividad de las comunidades rurales del sur de la provincia de Loja.

El recorrido concluyó con el compromiso de continuar vigilantes del estado de la infraestructura y de promover soluciones técnicas que prioricen la seguridad, la funcionalidad y el uso eficiente de los recursos públicos.

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Oswaldo Román advierte impactos fiscales, sociales y territoriales de la reforma a la Ley de Gastos de Municipios y Prefecturas

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El exalcalde del cantón Celica, Oswaldo Román, analizó de manera crítica la propuesta de reforma a la Ley de Gastos de Municipios y Prefecturas impulsada por el Gobierno Nacional, actualmente aprobada por la comisión legislativa correspondiente.

Durante el diálogo, Román señaló que la iniciativa, lejos de fortalecer la gobernanza territorial, responde principalmente a un objetivo de reducción del gasto público, en un contexto fiscal extremadamente complejo. Explicó que la proforma presupuestaria del año 2026 ascendería a aproximadamente 30 mil millones de dólares, recursos que el Estado no dispone, a lo que se suma una necesidad adicional de 15 mil millones de dólares para equilibrar el presupuesto y otros 15 mil millones destinados al pago de la deuda pública.

Según el exalcalde, la situación económica del país es crítica, considerando que en el presente ejercicio fiscal se aprobó un presupuesto cercano a los 46 mil millones de dólares, pese a que aún no se han liquidado completamente las obligaciones del año 2025. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, indicó que las transferencias estatales continúan siendo irregulares, pues a los municipios apenas se les han acreditado dos meses —octubre y noviembre—, manteniéndose pendientes diciembre, enero y febrero.

Román enfatizó que los gobiernos locales han sostenido, en gran medida, la dinámica económica del país durante los últimos años, especialmente en provincias como Loja, donde la inversión pública del Gobierno Central ha sido prácticamente inexistente. Reconoció que existen casos de incremento irresponsable de la nómina municipal; sin embargo, subrayó que en amplias zonas de la Sierra los municipios constituyen la principal fuente de empleo formal, siendo la generación de trabajo la segunda necesidad más urgente del país después de la seguridad.

En su análisis, advirtió que la reforma podría afectar la autonomía constitucional de los gobiernos locales, limitar la ejecución de obra pública y centralizar la administración en procesos de contratación pública, ámbito que —según afirmó— históricamente ha concentrado riesgos de corrupción. Asimismo, cuestionó que se pretenda imponer un porcentaje rígido del presupuesto orientado a infraestructura sin considerar las realidades territoriales ni la capacidad operativa de cada municipio.

El exalcalde también se refirió al contexto internacional y migratorio, señalando que la reducción del flujo migratorio no responde a mejoras internas, sino a políticas externas más restrictivas, como las impulsadas por Donald Trump. En este escenario, sostuvo que recortar el gasto local agravaría la precariedad laboral y social.

Respecto a la deuda pública, Román cuestionó el modelo de financiamiento estatal basado en endeudamiento para pagar endeudamiento, señalando que, si bien el riesgo país puede disminuir al cumplir con los acreedores, esto no se traduce en desarrollo interno. En ese marco, mencionó los anuncios de nuevos créditos del Banco Mundial, de los cuales una parte significativa estaría destinada únicamente a equilibrar finanzas públicas mediante el pago de deuda, y no a inversión productiva o infraestructura.

Finalmente, alertó sobre posibles escenarios de reducción del número de municipios, tomando como referencia el caso de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, donde se disminuyó drásticamente el número de gobiernos locales como mecanismo para reducir el gasto estatal.

A su criterio, una medida de esta naturaleza en el Ecuador generaría un grave impacto en la cohesión territorial, la economía local y la prestación de servicios públicos.

Román concluyó que el debate sobre la reforma debe trascender el enfoque fiscal y considerar integralmente la realidad social, económica y territorial del país, priorizando la inversión, la generación de empleo, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el respeto a la autonomía consagrada en la Constitución.

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