Nacionales
CorteIDH condena a Ecuador por sancionar a un militar que denunció casos de corrupción
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes a Ecuador por violar diversos derechos al militar Julio Rogelio Viteri Ungaretti, a quien las autoridades sancionaron luego de que presentara denuncias de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas en 2001.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, encontró a Ecuador responsable de la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal, al de no ser sometido a detención arbitraria, al de recurrir ante un juez, al de estabilidad laboral y al de permanecer en un cargo en condiciones de igualdad.
Además, el Estado violó el derecho de circulación y de residencia, el de integridad personal, el de protección a la familia, el derecho a la niñez y el de un proyecto de vida, en los cuales se vio afectada también la familia de Viteri.
La sentencia indica que la denuncia de presuntos hechos de corrupción ocurridos en las Fuerzas Armadas en la contratación de seguros de aeronaves es un asunto de interés público en el que «el ejercicio de la libertad de expresión sin sujeción a responsabilidades ulteriores goza de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático».
La CorteIDH resaltó la importancia de que los Estados «tomen medidas para crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, denunciantes de irregularidades, testigos, activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, fiscales, abogados y jueces, con el fin de proteger a estas personas de toda amenaza derivada de sus actividades de prevención y lucha contra la corrupción».
«El Estado debe proveer de canales internos y externos adecuados para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a los denunciantes. El establecimiento de mecanismos internos permite que se encausen las denuncias ante las autoridades competentes y que se reduzcan las posibilidades de que se revele la información», añade la sentencia.
Viteri ingresó a la Marina de Ecuador en 1973 y para 2001, cuando presentó las denuncias, se desempeñaba como Agregado Naval y de Defensa ante el Reino Unido, así como Representante Permanente de Ecuador ante la Organización Marítima Internacional y ante el Consejo de Gobernadores de la Universidad Marítima Mundial.
Las autoridades ecuatorianas impusieron a Viteri cuatro sanciones de arrestos de rigor y al menos cumplió tres con motivo de la denuncia de presuntos hechos de corrupción.
Las primeras dos sanciones fueron impuestas a causa de dos escritos dirigidos al almirante comandante general de la Marina y al embajador de Ecuador en Reino Unido, mediante los cuales denunció presuntos hechos de corrupción.
Las últimas dos sanciones fueron impuestas como consecuencia de dos declaraciones rendidas por Viteri ante la prensa, sin la debida autorización de sus superiores jerárquicos, relacionadas con los presuntos hechos de corrupción que había denunciado, explicó la CorteIDH.
Viteri Ungaretti estando en Reino Unido solicitó asilo político para él y su familia, el cual fue otorgado el 23 de marzo de 2004, luego de denunciar que su familia también estaba sufriendo represalias en Ecuador a raíz de su caso.
La CorteIDH ordenó reparaciones económicas para la víctima y otras medidas de reparación y de no repetición.
Fuente: Vistazo.
La Policía Nacional halló ocho cabezas humanas dentro de dos sacos de yute durante un patrullaje preventivo en el recinto Villanueva, zona rural del cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. El hallazgo se produjo la madrugada del sábado, luego de que uniformados acudieran al sector tras recibir una alerta ciudadana sobre el presunto robo de un camión.
Según el informe policial, cerca de la una de la madrugada los agentes verificaban la zona cuando, antes de llegar a la vía Panamericana, observaron a un costado del camino dos bultos blancos de yute. En el interior se encontraban las cabezas de ocho hombres. En el lugar también se hallaron panfletos con la leyenda “Prohibido robar”. Los restos fueron trasladados a la morgue de Naranjal para los procedimientos legales correspondientes.
El comandante Marcelo Castillo, jefe de la Subzona Guayas de la Policía, informó que el sitio en el que se encontraron los sacos no sería la escena primaria del crimen, por lo que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar.
Las investigaciones preliminares determinaron que tres de los hombres residían en Manta, cuatro en Portoviejo y uno más en la provincia de Guayas.
Ecuador atraviesa desde 2024 un estado de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa para enfrentar a las bandas criminales. No obstante, 2025 cerró como el año más violento registrado en el país, con alrededor de 9.300 homicidios, según cifras oficiales del Ministerio del Interior.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo
Nacionales
La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
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