La investigación para dar con los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador, ha entrado en una fase crítica de complicaciones procesales. Lo que comenzó como un expediente sustentado en testimonios de exoperadores del crimen organizado, se ha transformado en una batalla de desacreditaciones cruzadas entre la Fiscalía General del Estado y los procesados.

En el centro de la trama judicial se encuentran cuatro figuras procesadas por asesinato: Xavier Jordán, prófugo por corrupción hospitalaria y señalado como supuesto financista; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción; Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo; y José Serrano, exministro del Interior.

La teoría del caso de la Fiscalía se basa, principalmente, en los relatos de tres personas: Lenin Vimos, Marcelo Lasso y el testigo protegido identificado como RPHR. Todos ellos, sentenciados o involucrados en otras tramas de delincuencia organizada, quienes han señalado una supuesta estructura jerárquica detrás del crimen de Villavicencio perpetrado en agosto de 2023.

Asesinato, espionaje, extorsión y narcotráfico, entre los antecedentes del nuevo testigo del caso Villavicencio
Sin embargo, en las últimas semanas, la solidez de estas versiones ha sido puesta a prueba. Los procesados, desde el exterior o desde prisión, han desplegado una estrategia para evidenciar supuestas inconsistencias y montajes por parte de las autoridades investigadoras.

Un audio apunta a Vimos, el primer testigo
Esta dicotomía procesal se evidencia en el manejo del primer testimonio clave: el de Lenin Vimos. Este abogado sentenciado en el caso Plaga fue pieza fundamental para explicar cómo operaba la red de protección judicial del narcotraficante Leandro Norero.

Según su versión, rendida el 4 de abril de 2024, la planificación del crimen se gestó mientras Villavicencio vivía. Vimos relató contactos con Jorge Robinson Chonillo, alias ‘Negro Yorkis’, un sujeto cercano a Fabricio Colón Pico, quien le habría confesado reuniones en Cali con cabecillas de Los Lobos.

En dicha reunión en Colombia, según el testimonio de Vimos, alias ‘Negro Yorkis’ presenció una videollamada de Ronny Aleaga. En esa comunicación se habría coordinado el pago de USD 1 millón para la ejecución del asesinato, estableciendo una cadena de mando clara.

Vimos fue explícito al describir la estructura intelectual. Señaló a Jorge Glas y José Serrano en la cúspide de las órdenes, a Xavier Jordán como el financista económico y a Aleaga como el coordinador operativo con las bandas criminales.

Además, Vimos aseguró que alias ‘Invisible’, uno de los sicarios materiales, le confirmó en la Cárcel 4 la participación de Daniel Salcedo como enlace entre la clase política y Los Lobos, banda a la que se le adjudica el crimen.

No obstante, la credibilidad de este relato recibió un golpe este 24 de noviembre de 2025. José Serrano, prófugo y detenido en Miami por temas migratorios, publicó en su cuenta de X lo que califica como una prueba del «montaje».

Serrano hizo referencia a un audio donde, supuestamente, un testigo relata que Lenin Vimos le confesó: «No te preocupes, esa versión es creada por las autoridades». El exministro acompañó la publicación con ataques directos a la gestión de la exfiscal Diana Salazar y su equipo.

 El giro del testigo Marcelo Lasso  
El segundo frente de conflicto se abrió con Marcelo Lasso, conocido por haber sido la mano derecha de Leandro Norero en la cárcel de Latacunga. Su participación en el caso Metástasis fue el antecedente de su involucramiento en el caso Villavicencio.

Lasso declaró bajo juramento que Norero, antes de ser asesinado en octubre de 2022, ya tenía planes para atentar contra Villavicencio. Según su relato, estos planes incluían seguimientos coordinados con figuras políticas y criminales.

El testigo afirmó que, tras la muerte de Norero, la posta fue tomada por Xavier Jordán y los otros procesados. Lasso detalló que se reunió USD 1 millón, entregados por Salcedo a alias ‘Sianca’, financiero de Los Lobos, para dividir el pago con el Frente Oliver Sinisterra.

Sin embargo, la narrativa de Lasso sufrió un revés radical en Estados Unidos. El 20 de noviembre de 2025, Xavier Jordán reveló extractos de una deposición que Lasso rindió ante la Corte de Miami Dade, en el marco de una demanda por difamación contra Diana Salazar.

En esa diligencia en suelo norteamericano, Lasso se habría retractado de lo dicho en Ecuador. Según los documentos presentados por la defensa de Jordán, el testigo afirmó que su versión incriminatoria fue realizada bajo presión y pedido de la Fiscalía ecuatoriana.

La respuesta del Ministerio Público fue inmediata. La Fiscalía anunció el inicio de una investigación por fraude procesal, argumentando que las «narrativas» posicionadas desde el extranjero carecen de sustento legal y buscan la impunidad.

A pesar de la retractación en EE.UU., la Fiscalía sostiene que los testimonios originales de Lasso han sido corroborados con otras pericias técnicas y versiones dentro del expediente nacional.

 RPHR: El expolicía que denuncia sobornos  
El tercer vértice de esta disputa es el testigo protegido RPHR, un expolicía de inteligencia que trabajó durante la gestión de José Serrano y que terminó preso por delitos comunes. Su testimonio conecta la operatividad de los seguimientos con los autores intelectuales.

RPHR relató que fue reclutado en la cárcel por Daniel Salcedo. Debido a su experiencia en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), se le encargó coordinar las tareas de vigilancia a Fernando Villavicencio, en julio de 2023.

Según su versión, presenció videollamadas entre Salcedo y Serrano, donde el exministro urgía la obtención de información sobre la rutina y seguridad del candidato presidencial, bajo la promesa de reincorporarlo a la Policía.

El expolicía detalló la entrega de fotografías y reportes de seguimiento a través de la aplicación encriptada Threema, la misma utilizada por la red de Norero. Por este trabajo, afirmó haber recibido USD 5.000 en efectivo.

Tras el asesinato, RPHR ha sufrido múltiples atentados contra su vida dentro del sistema penitenciario, incluyendo intentos de ahorcamiento y envenenamiento, lo que obligó a su traslado y protección especial.

Este 24 de noviembre de 2025, RPHR rindió su testimonio anticipado y lanzó una acusación que conecta los cabos sueltos de las retractaciones recientes. El testigo aseguró que intentaron comprar su silencio.

En 2019, RPHR fue detenido luego de ser vinculado a un robo con muerte en Cuenca.X / @daburma69

Desde la Cámara de Gesell, RPHR reveló que fue contactado por Marcelo Lasso —el testigo que se retractó en Miami— para ofrecerle dinero a nombre de Xavier Jordán.

Según abogados presentes en la diligencia, la oferta ascendía a USD 300.000. El objetivo era que RPHR alterara su versión y acusara a la fiscal Diana Salazar de armar fraudulentamente los casos Metástasis y Villavicencio.

El testigo protegido fue más allá y aseguró que el propio Xavier Jordán le escribió desde una cuenta falsa de Instagram. En esos mensajes, le prometía «arreglar su vida» a cambio de colaborar con la narrativa del montaje fiscal.

RPHR entregó a las autoridades el dispositivo móvil donde constan estos mensajes, el cual fue incautado en la Cárcel 4 y entrará en cadena de custodia para su peritaje.

Además, el expolicía lanzó un dardo contra la credibilidad de la retractación de Lasso en Estados Unidos. Aseguró tener conocimiento de que Lasso cobró USD 200.000 a Jordán por dar ese testimonio favorable en la Corte de Miami. Fuente: Primicias

Más demandas

• Diagnóstico temprano y fortalecimiento del talento humano especializado.
• La designación formal del CEGEMED como el principal Centro Nacional de Referencia para diagnóstico genético.
• La ampliación urgente del tamizaje neonatal y el acceso universal a estudios genéticos para quienes conviven con estas patologías.
• Actualización del Registro Nacional de Enfermedades Raras. Fuente: Vistazo

El pasado miércoles 12 de noviembre, la Tertulia Jurídica desarrolló una sesión académica especializada dedicada al análisis del tema “La justicia juvenil restaurativa y su aplicación en el Ecuador”, a cargo del doctor Pablo Ernesto Coloma Villacís, reconocido especialista en justicia juvenil restaurativa.

El Dr. Coloma es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, posee el título de magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y cuenta con estudios avanzados en justicia juvenil realizados en la Universidad de Ginebra y el Instituto Internacional de los Derechos del Niño. Su trayectoria académica y experiencia en el ámbito jurídico lo posicionan como una de las voces más autorizadas en la materia dentro del país.

Un marco conceptual y normativo amplio
Durante su exposición, el especialista inició explicando la definición de justicia juvenil según el Comité de los Derechos del Niño, el cual establece que este sistema comprende instituciones, normas y políticas diseñadas para atender las infracciones penales cometidas por personas menores de 18 años, particularmente aquellas consideradas como adolescentes por la legislación ecuatoriana.

El sistema de justicia juvenil, indicó, responde de manera institucional y social a estas infracciones, abarcando el trabajo policial, la intervención de operadores de justicia, la actuación de la Fiscalía, la defensa técnica, y las instituciones encargadas del cumplimiento de las sanciones aplicadas por los jueces.

Asimismo, afirmó que este ámbito jurídico posee un marco normativo internacional amplio y robusto, que regula desde lineamientos para las funciones policiales hasta procedimientos judiciales especializados, así como las medidas aplicables a los adolescentes en conflicto con la ley.

Debates sobre la terminología y la evolución histórica
El doctor Coloma destacó que incluso la denominación del sistema genera debates doctrinarios. Mientras algunos prefieren el término “justicia juvenil”, utilizado en tratados internacionales, otros optan por expresiones como “justicia penal adolescente”. Señaló además que el término “menor”, todavía usado en ciertos países, ha sido desplazado por considerarse propio de un régimen jurídico superado.

Para comprender el modelo actual, el expositor realizó un recorrido histórico por los sistemas aplicados desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Explicó que, durante décadas, en el Ecuador rigió el régimen del derecho de menores, sustentado en el modelo tutelar, caracterizado por la institucionalización como única respuesta estatal a situaciones de abandono, peligro o infracción penal. Entre 1937 y 2003 el país tuvo cinco códigos de menores que operaban bajo este paradigma.

Bajo dicho modelo, señaló, “no existía distinción jurídica entre un niño abandonado, uno en situación de riesgo o un adolescente que hubiera infringido la ley; el proceso era cuasi administrativo, sin garantías del debido proceso y con un juez que determinaba la institucionalización como única medida”.

La Convención sobre los Derechos del Niño: un punto de inflexión
El especialista subrayó que el giro fundamental en la configuración de la justicia juvenil ocurre con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989) y su ratificación por parte del Ecuador en 1990, siendo el primer país latinoamericano en hacerlo. Desde entonces, se reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, titulares de la dignidad humana plena y del derecho a un debido proceso.

Este reconocimiento dio origen al modelo de responsabilidad, que exige procedimientos con garantías y sanciones diferenciadas, basadas en el principio de especialidad. El Dr. Coloma resaltó que este modelo reconoce que los adolescentes tienen capacidad para responder por sus actos, pero no idéntica a la de los adultos, lo que exige adaptar los procesos judiciales y la intervención estatal a sus características evolutivas y neuropsicológicas.

Procesos, sanciones y medidas socioeducativas
El expositor indicó que la justicia juvenil debe garantizar que los adolescentes comprendan los procesos en los que participan, debido a que ello incide directamente en los resultados reeducativos y restaurativos. Además, explicó que las sanciones aplicadas a adolescentes, denominadas medidas socioeducativas, según el artículo 77 numeral 13 de la Constitución, son sanciones penales que deben respetar principios del derecho penal como legalidad y proporcionalidad.

Diversas disciplinas como la psicología, la criminología y la neurociencia han demostrado los efectos negativos de la privación prolongada de libertad en adolescentes. Por ello, insistió en que las medidas deben ser proporcionales, educativas y orientadas a evitar la estigmatización.

La justicia juvenil restaurativa como modelo vigente
Finalmente, el Dr. Coloma explicó que el modelo actualmente adoptado en el Ecuador y en gran parte del mundo es el de la justicia juvenil restaurativa, que busca reparar el daño, promover la responsabilidad y favorecer la reintegración social del adolescente, evitando respuestas punitivas desproporcionadas y priorizando el diálogo, la mediación y las soluciones consensuadas.

Concluyó señalando que la comprensión histórica y normativa del sistema permite entender por qué la justicia restaurativa es hoy el marco más adecuado para atender las infracciones juveniles, respetando los derechos humanos y promoviendo la rehabilitación integral.