Nacionales
Guerra de testimonios y audios ¿qué está pasando en el caso para descubrir a los autores intelectuales del crimen de Villavicencio?
La investigación para dar con los autores intelectuales del magnicidio de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial de Ecuador, ha entrado en una fase crítica de complicaciones procesales. Lo que comenzó como un expediente sustentado en testimonios de exoperadores del crimen organizado, se ha transformado en una batalla de desacreditaciones cruzadas entre la Fiscalía General del Estado y los procesados.
En el centro de la trama judicial se encuentran cuatro figuras procesadas por asesinato: Xavier Jordán, prófugo por corrupción hospitalaria y señalado como supuesto financista; Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción; Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo; y José Serrano, exministro del Interior.
La teoría del caso de la Fiscalía se basa, principalmente, en los relatos de tres personas: Lenin Vimos, Marcelo Lasso y el testigo protegido identificado como RPHR. Todos ellos, sentenciados o involucrados en otras tramas de delincuencia organizada, quienes han señalado una supuesta estructura jerárquica detrás del crimen de Villavicencio perpetrado en agosto de 2023.
Asesinato, espionaje, extorsión y narcotráfico, entre los antecedentes del nuevo testigo del caso Villavicencio
Sin embargo, en las últimas semanas, la solidez de estas versiones ha sido puesta a prueba. Los procesados, desde el exterior o desde prisión, han desplegado una estrategia para evidenciar supuestas inconsistencias y montajes por parte de las autoridades investigadoras.
Un audio apunta a Vimos, el primer testigo
Esta dicotomía procesal se evidencia en el manejo del primer testimonio clave: el de Lenin Vimos. Este abogado sentenciado en el caso Plaga fue pieza fundamental para explicar cómo operaba la red de protección judicial del narcotraficante Leandro Norero.
Según su versión, rendida el 4 de abril de 2024, la planificación del crimen se gestó mientras Villavicencio vivía. Vimos relató contactos con Jorge Robinson Chonillo, alias ‘Negro Yorkis’, un sujeto cercano a Fabricio Colón Pico, quien le habría confesado reuniones en Cali con cabecillas de Los Lobos.
En dicha reunión en Colombia, según el testimonio de Vimos, alias ‘Negro Yorkis’ presenció una videollamada de Ronny Aleaga. En esa comunicación se habría coordinado el pago de USD 1 millón para la ejecución del asesinato, estableciendo una cadena de mando clara.
Vimos fue explícito al describir la estructura intelectual. Señaló a Jorge Glas y José Serrano en la cúspide de las órdenes, a Xavier Jordán como el financista económico y a Aleaga como el coordinador operativo con las bandas criminales.
Además, Vimos aseguró que alias ‘Invisible’, uno de los sicarios materiales, le confirmó en la Cárcel 4 la participación de Daniel Salcedo como enlace entre la clase política y Los Lobos, banda a la que se le adjudica el crimen.
No obstante, la credibilidad de este relato recibió un golpe este 24 de noviembre de 2025. José Serrano, prófugo y detenido en Miami por temas migratorios, publicó en su cuenta de X lo que califica como una prueba del «montaje».
Serrano hizo referencia a un audio donde, supuestamente, un testigo relata que Lenin Vimos le confesó: «No te preocupes, esa versión es creada por las autoridades». El exministro acompañó la publicación con ataques directos a la gestión de la exfiscal Diana Salazar y su equipo.
El giro del testigo Marcelo Lasso
El segundo frente de conflicto se abrió con Marcelo Lasso, conocido por haber sido la mano derecha de Leandro Norero en la cárcel de Latacunga. Su participación en el caso Metástasis fue el antecedente de su involucramiento en el caso Villavicencio.
Lasso declaró bajo juramento que Norero, antes de ser asesinado en octubre de 2022, ya tenía planes para atentar contra Villavicencio. Según su relato, estos planes incluían seguimientos coordinados con figuras políticas y criminales.
El testigo afirmó que, tras la muerte de Norero, la posta fue tomada por Xavier Jordán y los otros procesados. Lasso detalló que se reunió USD 1 millón, entregados por Salcedo a alias ‘Sianca’, financiero de Los Lobos, para dividir el pago con el Frente Oliver Sinisterra.
Sin embargo, la narrativa de Lasso sufrió un revés radical en Estados Unidos. El 20 de noviembre de 2025, Xavier Jordán reveló extractos de una deposición que Lasso rindió ante la Corte de Miami Dade, en el marco de una demanda por difamación contra Diana Salazar.
En esa diligencia en suelo norteamericano, Lasso se habría retractado de lo dicho en Ecuador. Según los documentos presentados por la defensa de Jordán, el testigo afirmó que su versión incriminatoria fue realizada bajo presión y pedido de la Fiscalía ecuatoriana.
La respuesta del Ministerio Público fue inmediata. La Fiscalía anunció el inicio de una investigación por fraude procesal, argumentando que las «narrativas» posicionadas desde el extranjero carecen de sustento legal y buscan la impunidad.
A pesar de la retractación en EE.UU., la Fiscalía sostiene que los testimonios originales de Lasso han sido corroborados con otras pericias técnicas y versiones dentro del expediente nacional.
RPHR: El expolicía que denuncia sobornos
El tercer vértice de esta disputa es el testigo protegido RPHR, un expolicía de inteligencia que trabajó durante la gestión de José Serrano y que terminó preso por delitos comunes. Su testimonio conecta la operatividad de los seguimientos con los autores intelectuales.
RPHR relató que fue reclutado en la cárcel por Daniel Salcedo. Debido a su experiencia en la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD), se le encargó coordinar las tareas de vigilancia a Fernando Villavicencio, en julio de 2023.
Según su versión, presenció videollamadas entre Salcedo y Serrano, donde el exministro urgía la obtención de información sobre la rutina y seguridad del candidato presidencial, bajo la promesa de reincorporarlo a la Policía.
El expolicía detalló la entrega de fotografías y reportes de seguimiento a través de la aplicación encriptada Threema, la misma utilizada por la red de Norero. Por este trabajo, afirmó haber recibido USD 5.000 en efectivo.
Tras el asesinato, RPHR ha sufrido múltiples atentados contra su vida dentro del sistema penitenciario, incluyendo intentos de ahorcamiento y envenenamiento, lo que obligó a su traslado y protección especial.
Este 24 de noviembre de 2025, RPHR rindió su testimonio anticipado y lanzó una acusación que conecta los cabos sueltos de las retractaciones recientes. El testigo aseguró que intentaron comprar su silencio.

En 2019, RPHR fue detenido luego de ser vinculado a un robo con muerte en Cuenca.X / @daburma69
Desde la Cámara de Gesell, RPHR reveló que fue contactado por Marcelo Lasso —el testigo que se retractó en Miami— para ofrecerle dinero a nombre de Xavier Jordán.
Según abogados presentes en la diligencia, la oferta ascendía a USD 300.000. El objetivo era que RPHR alterara su versión y acusara a la fiscal Diana Salazar de armar fraudulentamente los casos Metástasis y Villavicencio.
El testigo protegido fue más allá y aseguró que el propio Xavier Jordán le escribió desde una cuenta falsa de Instagram. En esos mensajes, le prometía «arreglar su vida» a cambio de colaborar con la narrativa del montaje fiscal.
RPHR entregó a las autoridades el dispositivo móvil donde constan estos mensajes, el cual fue incautado en la Cárcel 4 y entrará en cadena de custodia para su peritaje.
Además, el expolicía lanzó un dardo contra la credibilidad de la retractación de Lasso en Estados Unidos. Aseguró tener conocimiento de que Lasso cobró USD 200.000 a Jordán por dar ese testimonio favorable en la Corte de Miami. Fuente: Primicias
Nacionales
Bajo el uniforme, el verdugo: el femicidio en Guayaquil que revive una herida nacional
El hecho violento, registrado ayer en el Puente de la Unidad Nacional, no solo paralizó el intenso tráfico entre Samborondón y Durán. También reactivó la alarma sobre la violencia perpetrada por uniformados. La víctima, una joven abogada de la Agencia de Tránsito de Durán, fue interceptada mientras conducía su vehículo.
Su agresor, un policía en servicio activo, protagonizó un desenlace que parece sacado de una película trágica. Tras fallar en su intento de suicidio en la escena del crimen, condujo su automóvil hasta la vivienda familiar, en Pascuales. Allí se quitó la vida después de realizar una llamada final. Ambos eran esposos y estaban a solo dos días de cumplir 13 años de matrimonio.
Detrás de este hecho no hay solo una familia destruida y un hijo que quedan en la orfandad, sino también una preocupante coincidencia con otros casos registrados en Ecuador en lo que va del siglo. La paradoja resulta brutal: los agresores son, en teoría, hombres formados para proteger la seguridad ciudadana. Fuente: Vistazo
Nacionales
UTPL advierte: la discriminación salarial es más fuerte en zonas rurales y pequeñas ciudades
Un estudio reciente realizado por investigadores de la UTPL junto a académicos de la Universidad de Oviedo responde a una pregunta clave: ¿existe una relación entre el tamaño de las ciudades y la discriminación salarial por origen étnico en Ecuador?
El estudio, publicado en The Annals of Regional Science, utiliza micro datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2023, con información de 80.178 trabajadores. Los resultados parten de una realidad desigual: mientras la población blanca percibe un salario promedio mensual de USD 731,39, los trabajadores indígenas reciben en promedio USD 383,21.
Para el análisis, el territorio ecuatoriano se clasificó en regiones funcionales según tamaño urbano y cercanía a grandes ciudades. Mediante modelos econométricos, los autores lograron distinguir qué parte de la brecha salarial se explica por características como educación, experiencia laboral, sector económico, tipo de contrato o género, y qué parte responde directa mente a discriminación étnica.
Los resultados confirman que las grandes aglomeraciones urbanas, como Quito y Guayaquil, actúan como espacios de integración donde la brecha salarial se reduce significativamente. En estos entornos cosmopolitas, la mayor interacción social parece disminuir los prejuicios, generando salarios más altos y relativamente más equitativos.
Por el contrario, la discriminación se intensifica en las áreas rurales periféricas y en las pequeñas ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, identificadas como los entornos más desfavorables para la equidad salarial.
El estudio revela que la ubicación geográfica explica por sí sola el 33,2 % de la brecha salarial en el caso de los afroecuatorianos, y el 25,3 % en el de los indígenas. En otras palabras, entre una cuarta y una tercera parte de la desigualdad salarial que enfrentan estos grupos se reduciría si tuvieran una distribución territorial similar a la de la población mestiza.
Aunque la investigación demuestra que las grandes ciudades amortiguan la discriminación salarial por origen étnico, también evidencia que esta desigualdad sigue siendo una realidad extendida en el país. Los resultados sugieren que las políticas públicas de inclusión no deberían ser homogéneas, sino incorporar un enfoque territorial que atienda las barreras específicas de las zonas rurales y periféricas donde la discriminación resulta más intensa.
Nacionales
Pese al toque de queda, 215 personas fueron asesinadas en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo en 16 días
El presidente Daniel Noboa anunció el segundo toque de queda del año que regirá entre el 3 y el 18 de mayo de 2026. La medida, que restringe la libertad de circular entre las 23:00 y las 05:00, se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador.
Esta disposición, anunciada por Noboa en la red social X el 20 de abril, se ejecutará apenas semanas después de que finalizara la restricción de movilización nocturna impuesta entre el 15 y el 30 de marzo de 2026 en cuatro provincias: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.
A partir de mayo, la medida de seguridad regirá en las provincias de Manabí, Santa Elena, Pichincha (incluido Quito), Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo. Así como en los cantones Las Naves y Echeandía (Bolívar); La Maná (Cotopaxi), y La Troncal (Cañar).
¿Qué pasó en el primer toque de queda?
Al revisar las estadísticas de violencia criminal en las cuatro provincias intervenidas durante el primer toque de queda, se evidencia una reducción general en las cifras de muertes violentas frente a los 16 días previos.
Entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, antes del primer toque de queda, los datos oficiales contabilizaron 272 muertes violentas a nivel general en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo.
En contraste, durante la vigencia de la medida excepcional entre el 15 y el 30 de marzo, la cifra global en estos territorios cayó a 215 víctimas mortales. La reducción fue del 20,96%.
Guayas, por ejemplo, pasó de 180 homicidios a 139, mientras que El Oro redujo sus asesinatos de 56 a 30 en ese mismo lapso de análisis general.
Crímenes en la madrugada
El impacto de la militarización y el cerco policial se sintió con mayor contundencia durante las horas exactas de restricción de movilidad, es decir, en la franja comprendida entre las 23:00 y las 05:00, durante el primer toque de queda del año.
Al comparar el periodo inmediato anterior, que abarca del 27 de febrero al 14 de marzo, los registros documentan un total de 66 muertes violentas durante la madrugada en las cuatro provincias.
Durante el toque de queda, del 15 al 30 de marzo, los asesinatos en ese horario cayeron de forma abrupta a 15 casos, lo que representa una reducción del 77,27% en El Oro, Los Ríos, Santo Domingo y Guayas. En esta última provincia, los crímenes de madrugada se desplomaron de 48 a siete, a la par que en El Oro disminuyeron de 15 a cuatro.
La tendencia estadística a la baja, sin embargo, tuvo una excepción. En Los Ríos hubo cuatro muertes violentas durante el horario del toque de queda. Antes de las restricciones, entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, esta localidad registró tres asesinatos entre las 23:00 y las 05:00.
El peor inicio de año después de 2025
A pesar de estas reducciones parciales derivadas de los operativos de excepción, el contexto histórico revela una realidad para Ecuador: en el primer trimestre de 2026 hubo 2.086 muertes violentas.
Si se examinan los datos históricos de homicidios acumulados de enero a marzo desde 2014, la crisis de violencia continúa en el país.
En el primer trimestre de 2025 Ecuador alcanzó los 2.400 crímenes. En igual período de este año se registró una reducción del 13%; sin embargo, es el segundo peor inicio de año de la historia. Fuente: Primicias
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