Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador y la que presenta mayores números de delitos, tendrá una «macro intervención» conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas para disminuir los niveles de criminalidad y violencia, después de la decisión del presidente, Daniel Noboa, de trasladar temporalmente a esta ciudad las comandancias generales de ambas fuerzas de seguridad.

Así lo explicó este lunes el coronel Fernando Vaca, jefe policial de la Zona 5, que comprende varios cantones de la provincia de Guayas, y quien el año pasado estuvo a cargo de la provincia costera de Manabí, adonde Noboa envío por primera vez al mando policial y militar para ejecutar una intervención ante el aumento de los delitos.

«En Manabí se hizo una macro intervención, la idea asumo es hacerlo de manera idéntica«, dijo Vaca en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado de la gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, en la que analizaron los índices delictivos que se registran en los otras ciudades de la provincia, que, según aseguraron, «están a la baja».

Rovira, por su parte, señaló que el traslado de los altos mandos policiales y militares empezará desde este lunes y que espera tener «pronto» una reunión con los comandantes generales de ambas fuerzas para conocer con más detalle las acciones que ya se están planificando.

«La decisión del presidente de la República habla de la importancia que tiene el combate contra la delincuencia, pero, además, es devolverle la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía«, dijo la gobernadora.

El coronel Vaca explicó a EFE que, tal como ocurrió en Manabí, a la ciudad arribarán los directores de las unidades de Inteligencia, Investigaciones, Antinarcóticos, Operaciones Especiales, entre otros departamentos, para «hacer un mapeo» y sobre esa información generar acciones y estrategias, entre las que estarán operativos más grandes de los que se han realizado en la ciudad en las últimas semanas.

«Eso es lo que se hizo en Manabí y obviamente dio los resultados. Se desarticuló a algunas estructuras criminales, se incautó grandes cantidades de armas de fuego, se decomisó droga y se controló sustancialmente la violencia y la criminalidad«, añadió el jefe policial.

Guayaquil es una de las ciudades más golpeadas por el aumento de la violencia que la Policía atribuye a disputas entre bandas de crimen organizado, ligadas principalmente al narcotráfico, pero que en los últimos años han alimentado sus economías criminales con los secuestros y las extorsiones, que han crecido de manera exponencial en este cantón del país.

Hasta finales de mayo, en la Zona 8, que comprende la ciudad de Guayaquil y los cantones vecinos de Durán y Samborondón, se cometieron 1.585 homicidios, un 78 % más de los que se registraron en el mismo periodo del año pasado (891), según cifras oficiales.

Solo el pasado martes, al menos ocho personas fueron asesinadas en menos de dos horas en distintos puntos del distrito Pascuales, en el norte de la ciudad.

Sin embargo, Vaca dijo que estas nuevas acciones van a ir más allá de la Zona 8 y que espera que también beneficien a los municipios a su mando.

En ese mismo sentido, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo en la mañana de este lunes, tras su salida de una comparecencia en la Asamblea Nacional, que la idea es trabajar en todo «el sector costero», donde se «han elevado un poco las cifras en estos días».

«Es una decisión acertada del señor presidente y obviamente nosotros como ministros también vamos a estar a lado de nuestras fuerzas para estar en el sector costero combatiendo la delincuencia«, añadió. Fuente: Vistazo

El Gobierno de Daniel Noboa implementará un control masivo a las utilidades generadas por la compra y venta de acciones. Esta medida será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que pondrá en marcha un proceso de fiscalización de manera inmediata.

La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, hizo el anuncio este lunes 16 de junio de 2025, y destacó que se trata de una medida “sin precedentes” en Ecuador, ya que por primera vez se llevará a cabo la fiscalización del Impuesto a la Renta Única (IRU).

La portavoz explicó que, hasta la fecha, cerca de 300 contribuyentes han declarado voluntariamente, reportando aproximadamente un promedio de USD 30 millones anuales, pero se ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación.

Jaramillo incluso expuso un ejemplo concreto —aunque sin mencionar nombres— ya que, según dijo, “fácilmente se podrá inferir de quién se trata”, al referirse a una empresa de telecomunicaciones muy conocida y rentable.

Detalló que, en este caso, el hijo transfirió sus acciones a su padre por un valor un 80 % menor al real: apenas USD 58. Esta operación habría provocado un perjuicio al Estado de al menos USD 6,6 millones.

Al ser consultada sobre si el caso en mención tiene que ver con la familia Topic, Jaramillo solo respondió: «me estoy refiriendo a todas la empresas que defraudan al Estado ecuatoriano».

«Cuando se defrauda al SRI, se defrauda al Estado ecuatoriano», enfatizó la vocera.

Por último, la funcionaria acotó que, según las estimaciones del Gobierno, este año se puede llegar a recaudar más de 50 millones de dólares si se realiza esta fiscalización a este impuesto que ya existe.

Otro anuncio presidencial fue que el Gobierno Nacional implementará la figura de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) para prevenir la corrupción.

Sobre este punto indicó que se trata de un proceso progresivo que lleva adelante la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio, con la implementación de los responsables en 35 entidades priorizadas del Estado.

La medida forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP) con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad.

“Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevenirla corrupción”, indicó.

Con esta medida, se formará a una persona para detectar riesgos de corrupción en procesos administrativos, quien reportará la alerta a la Secretaría de Integridad Pública.

Según el Gobierno, la diferencia medular entre esta acción y las gestiones de entidades en el pasado es precisamente el enfoque desconcentrado y de visibilidad que ofrece el tener funcionarios responsables en cada entidad. Fuente: Vistazo