Por: Alonzo Cueva Rojas

Zamora Chinchipe se desangra en una guerra sin cuartel contra la minería, pero el enemigo no solo viste de camuflaje en la selva; también opera desde las oficinas del Estado. La ola de operativos del gobierno de Daniel Noboa, que destruye de forma sistemática la maquinaria pesada en cantones como Palanda, Yacuambi, El Pangui, Centinela del Cóndor y Nangaritza, no frena la ilegalidad. Al contrario, al aplicarse la misma estrategia destructiva de manera generalizada, la falta de alternativas y de consensos mínimos empuja a toda la provincia hacia una peligrosa escala de violencia con un pronóstico social totalmente impredecible.

La muestra más fehaciente y alarmante de este peligro generalizado ocurrió ayer en Nangaritza. Un violento operativo en Guayzimi desató el caos absoluto: pobladores y mineros, cansados de ver quemadas las herramientas que sustentan la economía de la zona, se enfrentaron directamente al Ejército. Hubo retención de uniformados, ataques a blindados y gases lacrimógenos en medio del pueblo. Esta respuesta netamente punitiva y desprovista de diálogo rompió la paz social, arrastrando a los ciudadanos a una rebelión desesperada que amenaza con replicarse en los cantones vecinos donde la situación es idéntica.

Este escenario caótico golpea la tranquilidad de las comunidades ribereñas, vulnerables ante recurrentes inundaciones. Si existiera una regularización real para transicionar de la informalidad a la formalidad, la realidad sería otra. Al legalizarse, los operadores locales pagarían tributos reinvertibles en sus zonas y serían sujetos de control para una adecuada remediación ambiental. Además, se protegería el rostro más vulnerable de la actividad: la clase trabajadora. Hoy, miles de obreros laboran sin seguridad social ni medidas de protección; muchos, de hecho, han muerto en el olvido absoluto por el simple hecho de ser catalogados como «ilegales». Al preferir la vía del desorden y el fuego, el Estado arriesga a la provincia a una preocupante anarquía total.

En medio de esto, salta a la vista una paradoja indignante: el Estado otorga un trato privilegiado y «garantista» al gran capital transnacional con contratos blindados y resguardo militar. En contraste, para el minero nativo la única respuesta es la criminalización. Esta flagrante asimetría moral destruye el tejido social y demuestra que las leyes se usan para desplazar al productor local en favor de intereses extranjeros.

¿Con qué legitimidad se quema la herramienta local cuando las agencias de control actúan como extorsionadores? Al audio filtrado del exdirector de ARCOM exigiendo coimas semanales, se suman hechos vergonzosos en el territorio: policías con miles de dólares injustificados en Chinapintza, denuncias de uniformados que liquidan el oro antes de quemar los campamentos, y el insólito robo de 2.5 kilos de oro que, tras ser interceptado en la pista de Cumbaratza, desapareció misteriosamente de las bodegas de la Policía Judicial en Zamora. Cuando las instituciones del orden extorsionan y roban, el Estado pierde toda validez.

Una salida pacífica será imposible si el Gobierno insiste en mirar este conflicto solo a través de la mira de un fusil. La solución no es el fuego, sino la limpieza profunda de la corrupción en ARCOM, la Policía y el Ejército. Zamora Chinchipe exige una tregua, diálogo inmediato y una regularización honesta. De lo contrario, los hechos de Guayzimi serán apenas el inicio de una lamentable rebelión civil que nadie sabrá cómo detener.

La obediencia que protege y la obediencia que pone en riesgo. Como padres y educadores, solemos sentir orgullo cuando alguien nos dice: “Qué niño tan obediente”. Durante generaciones hemos considerado la obediencia como una de las mayores virtudes que puede tener un hijo. Sin embargo, vale la pena detenernos a reflexionar: ¿qué tipo de obediencia estamos enseñando?

Porque existe una gran diferencia entre un niño que obedece porque comprende y un niño que obedece porque ha aprendido a someterse. Cuando educamos únicamente para la obediencia ciega, corremos el riesgo de formar personas que no cuestionan, que no expresan sus opiniones, que les cuesta decir “no” cuando algo les incomoda y que terminan creyendo que cualquier autoridad merece ser obedecida sin importar las circunstancias.

Ese niño obediente crecerá y obedecerá a sus profesores, a sus amigos, a sus jefes, a su pareja y a cualquier persona que ejerza presión sobre él. Y aunque esto pueda parecer una ventaja durante la infancia, puede convertirse en una enorme vulnerabilidad durante toda su vida.

Los abusadores, manipuladores y personas malintencionadas buscan precisamente eso: alguien que no cuestione, que no contradiga, que no se atreva a decir “esto no está bien”. Por eso, nuestros hijos no necesitan aprender únicamente a obedecer. Necesitan aprender a escuchar, a pensar, a analizar y a comprender.

Necesitan saber que una norma tiene un propósito. Que los límites existen para proteger, orientar y favorecer la convivencia. Que respetar una regla no significa renunciar a la propia voz ni a la propia dignidad. La verdadera educación no busca niños sumisos. Busca formar seres humanos capaces de tomar decisiones responsables.

Un niño debe saber que puede negarse cuando alguien le pide guardar un secreto que le hace sentir incómodo. Debe saber que puede rechazar una caricia que no desea. Debe entender que tiene derecho a expresar desacuerdo cuando algo amenaza su bienestar, su integridad o sus valores.

La obediencia no es un valor absoluto. Su valor depende de a quién se obedece, por qué se obedece y cuáles son las consecuencias de esa obediencia. La historia está llena de ejemplos que nos recuerdan que muchas injusticias ocurrieron porque personas buenas obedecieron órdenes sin cuestionarlas. Del mismo modo, muchas transformaciones positivas fueron posibles gracias a quienes tuvieron el valor de decir: “No, esto no es correcto”.

Educar no consiste en imponer nuestra autoridad. Consiste en ayudar a nuestros hijos a construir un criterio propio. Cuando sustituimos el “porque lo digo yo” por una explicación razonable, estamos enseñando pensamiento crítico.

Cuando escuchamos sus preguntas, estamos enseñando respeto mutuo. Cuando permitimos que expresen desacuerdos de manera respetuosa, estamos fortaleciendo su autoestima. Cuando les enseñamos a diferenciar entre una autoridad que protege y una autoridad que daña, les estamos dando herramientas para defenderse durante toda la vida.

El objetivo final de la educación no es que nuestros hijos dependan siempre de nuestras órdenes. Es que desarrollen la capacidad de actuar correctamente incluso cuando nosotros no estemos presentes.

Queridos padres y maestros: no eduquemos para la obediencia ciega. Eduquemos para la conciencia, el criterio, la prudencia y la responsabilidad.

Que nuestros niños aprendan a respetar, pero también a pensar. Que aprendan a escuchar, pero también a cuestionar. Que aprendan a seguir normas justas, pero también a reconocer cuando algo atenta contra su dignidad.

Porque el mayor logro de la educación no es formar hijos que obedecen todo lo que se les dice.

El mayor logro es formar seres humanos capaces de protegerse, respetarse a sí mismos y tomar decisiones correctas aun cuando nadie les esté diciendo qué hacer.

Por: Alonzo Cueva Rojas

La desesperación colectiva frente a la crisis de inseguridad en Ecuador está empujando el debate público hacia terrenos sumamente peligrosos. Entre el miedo y la indignación, voces ruidosas en las redes sociales y las calles plantean una supuesta solución: la creación de “escuadrones de la muerte”. Quienes defienden esta idea argumentan que la justicia ordinaria ha fracasado y que el exterminio clandestino de los criminales devolverá la paz. Sin embargo, como educador y analista, considero indispensable advertir que esta propuesta no solo es ilegal, sino que ignora con ligereza las tragedias más oscuras de la historia latinoamericana. Quienes opinan sin bases olvidan que la violencia estatal o paraestatal fuera de la ley siempre degenera en barbarie generalizada.

El ejemplo de la guerra civil en Guatemala (1962-1996) es una advertencia dolorosa que todo ecuatoriano debería estudiar antes de pedir medidas extremas. En ese conflicto, la aparición de la policía paralela y los escuadrones de la muerte no trajo seguridad ni orden. Al contrario, las dictaduras utilizaron estas fuerzas clandestinas para cometer las más grandes atrocidades. Bajo la excusa de erradicar la delincuencia o la insurgencia, se arrasaron aldeas enteras y se asesinaron a decenas de miles de campesinos, indígenas, estudiantes, periodistas e intelectuales que nada tenían que ver con el conflicto armado.

La historia de la líder indígena Rigoberta Menchú, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992, personifica el impacto real de otorgar licencias para matar en la sombra. Los miembros de su familia sufrieron la peor parte de esta violencia desbocada: su madre fue torturada y asesinada por militares, y su padre, Vicente Menchú, fue quemado vivo junto a otras 36 personas por la Policía Nacional en la trágica masacre de la embajada española en 1980. Esta dolorosa experiencia demuestra que, una vez que se rompe el marco legal, los límites desaparecen. Los escuadrones de la muerte no seleccionan con precisión quirúrgica; se convierten en herramientas de venganza, control social y exterminio de inocentes.

Ecuador no puede pretender apagar el fuego con gasolina. No nos hacen falta más reformas legales; leyes e instrumentos jurídicos tenemos de sobra en el país. El verdadero camino para combatir el crimen organizado radica en asignar el presupuesto suficiente para la preparación rigurosa y el equipamiento técnico de nuestras fuerzas del orden, así como una activa participación de la ciudadanía en los planes de seguridad. El combate eficaz a la delincuencia debe exigir inteligencia estratégica, control territorial, depuración judicial y un sistema penal eficiente, pero siempre dentro del marco de la ley. Reclamar el regreso de los escuadrones de la muerte no es un acto de valentía, sino una muestra de profunda ignorancia histórica que solo pavimentaría el camino hacia la destrucción de nuestra propia sociedad.