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Caso Malvinas: quiénes son los militares implicados y las penas que podrían enfrentar
Oficialmente, han concluido los alegatos de cierre en el juicio del caso Malvinas, que investiga a 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel para 11 uniformados en calidad de autores directos, siete años para el cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces.
Durante más de un mes, las partes procesales expusieron sus argumentos en torno a la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, quienes salieron a jugar fútbol, pero nunca más regresaron a sus hogares en el sur de Guayaquil.
Los chicos fueron aprehendidos, el 8 de diciembre del 2024, en las inmediaciones de un centro comercial por dos patrullas militares luego de una supuesta alerta de robo, que durante el juicio no se logró comprobar.
Sin embargo, los menores de edad fueron subidos a las camionetas y llevados hasta Tuara, en el cantón Naranjal. Días después, el 24 de diciembre, fueron encontrados calcinados en un manglar.
Inicialmente, los 16 militares que estuvieron en las patrullas aseguraron que dejaron “sanos y salvos” a los menores, pero conforme fue pasando el proceso judicial, esa teoría se diluyó luego de que cinco soldados decidieron colaborar con la justicia.
Tras el juicio, se conoce que los niños fueron golpeados, amenazados e insultados. Además, en el proceso quedó en evidencia una presunta intención de encubrimiento.
PRINCIPALES REVELACIONES DEL JUICIO
Los cinco cooperadores eficaces, para quienes la fiscalía pidió 30 meses de cárcel en calidad de autores, son: Nelson Oswaldo S. Z., Moisés Israel L. L., Alex Xavier Q. A., Carlos Xavier E. M. y Christian Eduardo A. Q.
- Nelson Oswaldo S. Z.: indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”. También, dijo que vio una lesión en la cabeza de uno de los menores, habló de un chat grupal e indicó que los niños fueron obligados a desnudarse, entre otros detalles.
- Moisés Israel L. L.: narró que en el momento de la detención de las víctimas, un vendedor de agua le dijo a él y otros militares que eran otras las personas que estaban robando y no los menores.
- Álex Xavier Q. A.: pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.
- Carlos Xavier E. M.: documentó las agresiones en Taura a través de un video que le envió a su hermana, en el que se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.
- Christian Eduardo A. Q.: contó que en las primeras versiones todos los militares “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.
OTROS ONCE AUTORES
El Ministerio Público solicitó 34 años y ocho meses de cárcel para otro grupo de 11 militares en calidad de autores directos, quienes se han mantenido en su postura inicial.
Aquí el principal señalado es John Henry Z. E., quien lideraba a las patrullas y dio la orden de llevar a los menores a Taura. Él manifestó durante el juicio que los colabores de la Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios.
Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.
En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.
Él y el resto de soldados coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club.
Esta es la lista completa de los uniformados que podrían recibir la pena más severa:
- John Henry Z. E.
- Wilson C.
- Wilmer Danny L. C.
- Rodrigo Paúl N. P.
- Jonathan Raúl G. P.
- Ronald Stalin P. T.
- Sergio Francisco V. B.
- Jhon Eduardo T. M.
- Lister Henry L. C.
- Bryan Olmedo N. L.
- David Andrés C. A.
EL CÓMPLICE
El último militar implicado en el proceso fue el teniente coronel Juan Francisco I., quien fue procesado en calidad de cómplice, ya que él no estuvo en las patrullas que detuvieron a los menores, pero habría ejecutado acciones irregulares días después en el lugar en que las víctimas quedaron abandonadas.
Durante el juicio, se conoció que Francisco habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
Según la Fiscalía, el teniente coronel también grabó entrevistas a los militares y ordenó al subteniente John Henry Z. que borre videos y elimine de su informe detalles sobre los golpes y maltratos que recibieron los ahora fallecidos.
Mientras tanto, la defensa del teniente rechazó las acusaciones y argumentó que el implicado sí notificó a la Policía sobre los datos recabados por las patrullas militares en Taura bajo “formatos adecuados para que no haya cambios”.
Agregó que existe deslealtad procesal “porque se están diciendo cosas que no ocurrieron”.
Para él, la fiscalía solicitó siete años y cuatro meses de cárcel en calidad de cómplice. Además, tendría que pagar una multa económica y una reparación integral al igual que los otros 16 uniformados.
Ahora la decisión final está en manos del Tribunal, quien decidirá si acoge o no los pedidos de sentencia del Ministerio Público. Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, comentó que la audiencia ocurrirá en los próximos días, máximo hasta el lunes 22 de diciembre. Fuente: Vistazo
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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