Nacionales
Caso Malvinas: quiénes son los militares implicados y las penas que podrían enfrentar
Oficialmente, han concluido los alegatos de cierre en el juicio del caso Malvinas, que investiga a 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel para 11 uniformados en calidad de autores directos, siete años para el cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces.
Durante más de un mes, las partes procesales expusieron sus argumentos en torno a la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, quienes salieron a jugar fútbol, pero nunca más regresaron a sus hogares en el sur de Guayaquil.
Los chicos fueron aprehendidos, el 8 de diciembre del 2024, en las inmediaciones de un centro comercial por dos patrullas militares luego de una supuesta alerta de robo, que durante el juicio no se logró comprobar.
Sin embargo, los menores de edad fueron subidos a las camionetas y llevados hasta Tuara, en el cantón Naranjal. Días después, el 24 de diciembre, fueron encontrados calcinados en un manglar.
Inicialmente, los 16 militares que estuvieron en las patrullas aseguraron que dejaron “sanos y salvos” a los menores, pero conforme fue pasando el proceso judicial, esa teoría se diluyó luego de que cinco soldados decidieron colaborar con la justicia.
Tras el juicio, se conoce que los niños fueron golpeados, amenazados e insultados. Además, en el proceso quedó en evidencia una presunta intención de encubrimiento.
PRINCIPALES REVELACIONES DEL JUICIO
Los cinco cooperadores eficaces, para quienes la fiscalía pidió 30 meses de cárcel en calidad de autores, son: Nelson Oswaldo S. Z., Moisés Israel L. L., Alex Xavier Q. A., Carlos Xavier E. M. y Christian Eduardo A. Q.
- Nelson Oswaldo S. Z.: indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”. También, dijo que vio una lesión en la cabeza de uno de los menores, habló de un chat grupal e indicó que los niños fueron obligados a desnudarse, entre otros detalles.
- Moisés Israel L. L.: narró que en el momento de la detención de las víctimas, un vendedor de agua le dijo a él y otros militares que eran otras las personas que estaban robando y no los menores.
- Álex Xavier Q. A.: pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.
- Carlos Xavier E. M.: documentó las agresiones en Taura a través de un video que le envió a su hermana, en el que se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.
- Christian Eduardo A. Q.: contó que en las primeras versiones todos los militares “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.
OTROS ONCE AUTORES
El Ministerio Público solicitó 34 años y ocho meses de cárcel para otro grupo de 11 militares en calidad de autores directos, quienes se han mantenido en su postura inicial.
Aquí el principal señalado es John Henry Z. E., quien lideraba a las patrullas y dio la orden de llevar a los menores a Taura. Él manifestó durante el juicio que los colabores de la Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios.
Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.
En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.
Él y el resto de soldados coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club.
Esta es la lista completa de los uniformados que podrían recibir la pena más severa:
- John Henry Z. E.
- Wilson C.
- Wilmer Danny L. C.
- Rodrigo Paúl N. P.
- Jonathan Raúl G. P.
- Ronald Stalin P. T.
- Sergio Francisco V. B.
- Jhon Eduardo T. M.
- Lister Henry L. C.
- Bryan Olmedo N. L.
- David Andrés C. A.
EL CÓMPLICE
El último militar implicado en el proceso fue el teniente coronel Juan Francisco I., quien fue procesado en calidad de cómplice, ya que él no estuvo en las patrullas que detuvieron a los menores, pero habría ejecutado acciones irregulares días después en el lugar en que las víctimas quedaron abandonadas.
Durante el juicio, se conoció que Francisco habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
Según la Fiscalía, el teniente coronel también grabó entrevistas a los militares y ordenó al subteniente John Henry Z. que borre videos y elimine de su informe detalles sobre los golpes y maltratos que recibieron los ahora fallecidos.
Mientras tanto, la defensa del teniente rechazó las acusaciones y argumentó que el implicado sí notificó a la Policía sobre los datos recabados por las patrullas militares en Taura bajo “formatos adecuados para que no haya cambios”.
Agregó que existe deslealtad procesal “porque se están diciendo cosas que no ocurrieron”.
Para él, la fiscalía solicitó siete años y cuatro meses de cárcel en calidad de cómplice. Además, tendría que pagar una multa económica y una reparación integral al igual que los otros 16 uniformados.
Ahora la decisión final está en manos del Tribunal, quien decidirá si acoge o no los pedidos de sentencia del Ministerio Público. Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, comentó que la audiencia ocurrirá en los próximos días, máximo hasta el lunes 22 de diciembre. Fuente: Vistazo
Nacionales
CIDH pide investigar a Ecuador si la muerte de Monika Silva está vinculada a sus denuncias de corrupción
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la muerte de Monika Silva Koniuszek, la activista anticorrupción hallada sin vida el pasado 8 de junio en Montañita, provincia de Santa Elena, y pidió al Estado ecuatoriano una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer lo ocurrido.
A través de un comunicado difundido este viernes 12 de junio en sus redes sociales, la CIDH lamentó el fallecimiento de Silva y expresó su solidaridad con sus familiares y personas allegadas.
«La CIDH lamenta la muerte de Monika Silva Koniuszek, activista anticorrupción en Santa Elena, quien fue encontrada sin vida en su domicilio el 8 de junio, y expresa su solidaridad con sus familiares y personas allegadas», señaló el organismo.
La Comisión instó a las autoridades ecuatorianas a profundizar las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de la activista y considerar todas las hipótesis posibles.
En particular, la CIDH pidió que dentro de las líneas de investigación se incluya una posible relación entre su fallecimiento y la labor que desarrollaba como defensora de derechos humanos y denunciante de presuntos actos de corrupción.
El pronunciamiento se suma a los pedidos realizados por el Gobierno de Polonia, país de origen de Silva, que solicitó una investigación independiente y transparente.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que ha requerido cooperación internacional para incorporar peritos extranjeros especializados a las diligencias que se desarrollan dentro de la investigación previa.
La muerte de Monika Silva ha generado atención nacional e internacional debido a su trabajo como activista anticorrupción en Santa Elena y a las circunstancias que rodean su fallecimiento, ocurrido en el inmueble donde residía junto a sus hijas menores de edad. Fuente: Vistazo
Como parte de la investigación sobre los contratos suscritos con Progen durante la emergencia eléctrica, Celso Sánchez, uno de los técnicos que integró la comisión de Celec que viajó a Estados Unidos para inspeccionar los generadores chatarra comprados durante la emergencia eléctrica, amplió su versión ante la Fiscalía General del Estado.
Sánchez, quien también figura entre los procesados en el denominado caso Apagón, relató presuntas presiones para emitir informes favorables a la compañía estadounidense, pese a las observaciones técnicas realizadas a los equipos. Además, mencionó la existencia de un documento que haría referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
«Vimos unas cosas totalmente viejas y la verdad que esto nos estaba causando un poco de temor», señaló Sánchez en una grabación realizada tras la visita técnica, al referirse a los generadores que, según indicó, eran equipos usados.
Una grabación de casi dos horas
Sánchez informó a la Fiscalía que entregó una grabación de una hora y 45 minutos correspondiente a una reunión mantenida con varios funcionarios de Celec tras el viaje a Estados Unidos.
«Se escucha claramente cómo se pretendía obtener, a toda costa, un informe favorable para viabilizar el pago a favor de Progen, pese a la oposición expresa de mi persona», manifestó en su ampliación de versión.
El técnico aseguró que durante esa reunión se planteó incluso la posibilidad de realizar modificaciones a los equipos observados.
«En el referido audio se escucha al ingeniero Byron Orozco manifestar que podía coordinar con Progen, en los Estados Unidos, el cambio de las placas de los generadores», sostuvo.
Sánchez también afirmó que recibió instrucciones para no seguir enviando correos electrónicos relacionados con las observaciones técnicas realizadas a los equipos.
«Se escucha que, de no emitirse ese mismo día el informe de verificación favorable a Progen, yo quedaría fuera del cargo», declaró.
Según su relato, Byron Orozco, entonces gerente de Termopichincha y firmante de los contratos con Progen, insistía en que el proceso debía avanzar con rapidez debido a la emergencia energética que atravesaba el país.
«Orozco me dijo: ‘Esto es un proceso de emergencia de adquisición de generadores y tiene que caminar de manera rápida'», señaló Sánchez.
Documento menciona a Roberto Luque
Durante su comparecencia, Sánchez reveló además la existencia de un documento que, según dijo, hacía referencia al entonces ministro de Energía, Roberto Luque.
Sánchez relató que en julio de 2025 entregó su teléfono celular y su computadora a la Fiscalía como parte de las investigaciones.
Añadió que la fiscal Luzmila Lluglla le hizo firmar un acta para incorporarlo al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal.
«Al revisar dicho documento pude constatar que en su contenido se hacía referencia e involucraba al entonces ministro de Energía, Roberto Luque, circunstancia que puede ser plenamente corroborada con el propio documento», afirmó.
Según Sánchez, la Fiscalía tenía interés en vincular a Luque dentro de la investigación.
Hasta el momento no está claro si Roberto Luque continúa siendo investigado dentro del denominado caso Progen. Fuente: Vistazo
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¿Qué hace Daniel Noboa en Estados Unidos? Gobierno explica su agenda oficial tras el viaje
El presidente de la República, Daniel Noboa, se encuentra en Estados Unidos desde el jueves 11 de junio, en el marco de su tercer viaje oficial a ese país en lo que va de 2026. No obstante, fue recién este viernes cuando la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia difundió los detalles de la agenda de trabajo que cumplirá el mandatario durante su visita al país norteamericano.
Según informó el Gobierno, Noboa fue acompañado de una comitiva oficial para cumplir una «agenda de alto nivel», con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, la lucha contrael crimen organizado transnacional y el posicionamiento internacional del Ecuador.
Agenda de Daniel Noboa en EE.UU.
En la Casa Blanca, el presidente Noboa será recibido por Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional.
Durante este encuentro, ambas autoridades revisarán los resultados de las acciones conjuntas que Ecuador y Estados Unidos ejecutan para combatir al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y las estructuras criminales transnacionales que afectan a la región.
Asimismo, dialogarán sobre futuros mecanismos y estrategias orientadas a fortalecer la seguridad.
La Presidencia destacó que Estados Unidos es uno de los principales socios estratégicos del Ecuador en ámbitos como seguridad, comercio, inversión y relaciones diplomáticas, por lo que «este encuentro busca profundizar una agenda común basada en la cooperación, la confianza mutua y la defensa de los valores democráticos».
Dentro de las actividades programadas también consta una entrevista con TV Azteca, donde Noboa expondrá las acciones impulsadas por su Gobierno para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y la violencia criminal. Además, presentará los resultados obtenidos en materia de seguridad y la importancia de fortalecer alianzas internacionales para enfrentar amenazas que trascienden las fronteras nacionales.
El viaje presidencial coincide con la inauguración de la Copa Mundial en Estados Unidos y con el partido que disputará la selección ecuatoriana frente a Costa de Marfil este domingo en Filadelfia. No obstante, hasta el momento el Gobierno no ha informado si Noboa asistirá a alguno de estos eventos.
Desde su llegada al poder en noviembre de 2023, el mandatario también ha sido cuestionado debido al número de viajes internacionales realizados durante su administración. Fuente: Vistazo
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