Nacionales
Casa Militar Presidencial seguirá brindando seguridad a Verónica Abad, pese a anuncio de que esta sería retirada
Horas después de que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Jaime Vela, declaró que la seguridad brindada por militares a Verónica Abad, suspendida del cargo de vicepresidenta de Ecuador desde el pasado sábado, iba a ser retirada, la Casa Militar Presidencial comunicó que esta seguirá siendo otorgada.
«Ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, la Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección (a Abad), tal cual la ha venido recibiendo«, se dio a conocer por medio de un comunicado.
En una rueda de prensa este lunes, Vela había indicado que la Casa Militar Presidencial estaba realizando los trámites administrativos correspondientes para que la seguridad de Abad, referida como «exvicepresidenta» por el jefe castrense, sea retirada.
Vela agregó que la vicepresidenta encargada, Sariha Moya, designada este lunes por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya cuenta con seguridad. «Obviamente porque ese es un decreto ejecutivo que se tiene que cumplir«, explicó.
Suspensión por abandono injustificado
Abad fue suspendida del cargo de segunda mandataria por cinco meses mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, lo que le impedirá asumir la Presidencia durante el período en que Noboa deberá ausentarse para su campaña electoral.
Mediante una resolución emitida por la cartera de Estado, que está a cargo de Ivonne Núñez, la segunda mandataria fue sancionada por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».
El documento señala que la sanción contra Abad se establece «en estricto apego a las normas de derecho, la Constitución de la República del Ecuador, los Principios constitucionales y sin que existan violaciones al debido proceso y otras consideraciones que tomar en cuenta».
En el sumario administrativo se resolvió lo siguiente:
Se impone una sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la servidora pública María Verónica Abad Rojas, en su cargo de Vicepresidenta de la República, tras haberse configurado la falta grave establecida en el Art. 48, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público: ‘Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos’.
El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad por abandono del cargo, debido a que ella no viajó a Ankara (Turquía) dentro del plazo establecido por el Gobierno. Se alega que Abad no se presentó en la capital turca el 1 de septiembre, y que llegó a Ankara el 9 de septiembre.
Reacción de Abad
El pasado domingo, Abad se dirigió a la ciudadanía para calificar la resolución como una «grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas» y se refirió al sumario administrativo que devino en su sanción como «no aplicable a funcionarios electos en las urnas».
«Pretende inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato (Daniel Noboa) entre en su campaña, en la que se encuentra ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno», aseveró la vicepresidenta.
Una camioneta RAM presuntamente implicada en el atropello que causó la muerte de Mónica Martinich fue localizada en el cantón Colimes, provincia del Guayas.
Según información preliminar, el conductor no se encontraba en el lugar y todavía no ha sido localizado
Mónica entrenaba para la Maratón de Chicago
El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 4 de septiembre de 2026, en la vía a Samborondón. Mónica Martinich, de 38 años, entrenaba junto con otros corredores cuando fue impactada por una camioneta que circulaba a alta velocidad.
Tras el atropello, el conductor continuó su recorrido y huyó, mientras que los demás integrantes del grupo resultaron ilesos.
El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, expresó su indignación por lo ocurrido y dispuso que la Agencia de Tránsito y Vigilancia del cantón entregue a las autoridades todas las grabaciones captadas por las cámaras de seguridad para contribuir a la identificación del responsable.
El miércoles 2 de septiembre en el programa de la “Tertulia Jurídica”, se analizó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista y conferencista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y exjuez de un tribunal especializado en casos de corrupción y crimen organizado entre 2022 y 2026. Actualmente se desempeña como experto independiente en estas materias.
Durante el programa, Serrano explicó las diferencias entre delincuencia común, codelincuencia y delincuencia organizada, esta última entendida como una estructura criminal con roles definidos y capacidad para desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión, minería ilegal y lavado de activos.
El jurista señaló que el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) exige acreditar elementos como la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, finalidad de cometer delitos con penas superiores a cinco años y un objetivo de beneficio económico.
También destacó que las investigaciones pueden extenderse entre ocho meses y un año, debido a la necesidad de identificar estructuras, roles y evidencias mediante herramientas como interceptaciones de comunicaciones, vigilancias, seguimientos y análisis de dispositivos, siempre bajo autorización judicial.
Serrano advirtió, además, sobre la importancia de equilibrar la lucha contra el crimen organizado con la protección de derechos fundamentales, particularmente la intimidad, privacidad y debido proceso. Finalmente, recordó que se trata de un fenómeno transnacional y destacó la importancia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptada en el año 2000.
El análisis planteó la necesidad de fortalecer la investigación especializada y la cooperación internacional, sin debilitar las garantías que sustentan el Estado de derecho.
Nacionales
¿Por qué Avianca canceló una reserva de Gustavo Petro para viajar de Colombia a México? El pasaje fue comprado en efectivo en Ecuador
Días antes de que el expresidente colombiano Gustavo Petro viaje a México, en donde se reunió con el exmandatario Rafael Correa, la aerolínea Avianca había cancelado sus tiquetes para viajar entre Bogotá y Ciudad de México.
Los pasajes fueron comprados a través de una agencia de viajes de Ecuador. El vuelo de ida estaba previsto para el 30 de agosto de 2026 y el de regreso a Colombia para el 2 de septiembre. Pero el 24 de agosto, Petro recibió una carta de la aerolínea en la que la informaba sobre la cancelación de los pasajes.
La reserva realizada por la agencia de viajes ecuatoriana era para tres personas, pero la cancelación únicamente fue para Petro, según consta en la carta de Avianca.
¿Cuál fue la razón de la cancelación de los tiquetes de Petro? El origen del problema está en una sanción que aplicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al expresidente colombiano el año pasado.
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La aerolínea colombiana justificó que, al tener operaciones comerciales en Estados Unidos, está sujeta a las regulaciones de sanciones económicas de la OFAC, que pertenece al Departamento del Tesoro.
«Dichas regulaciones prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos económicos y financieros con los Estados Unidos de América, realizar transacciones, incluida la prestación de servicios a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas», como es el caso de Petro, argumentó Avianca en su carta.
La aerolínea colombiana añade que la cancelación de los pasajes se dio «con el único fin de dar cumplimiento a esta regulación».
Los ticketes de avión fueron comprados en efectivo, por lo que la aerolínea solicita a Gustavo Petro los datos de la cuenta bancaria de la persona que realizó la compra a través de la agencia de viajes de Ecuador para realizar el reembolso del dinero.
Petro no había hecho público el indicente, hasta cuando los medios colombianos difundieron la noticia esta semana. El 4 de septiembe, en su cuenta de X, el exmandatario colombiano responde a Avianca que «la ley OFAC es una sanción administrativa que se coloca sólo sobre personas de los EE.UU.»
Añade que Avianca no es una empresa de los Estados Unidos , por lo que, «al negar el tiquete, cometió una arbitrariedad bajo las leyes colombianas. Y afirma que «se trata de una exclusión por razones politicas».
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La aerolínea Avianca hizo posteriormente un pronunciamiento público. “Nuestra relación con el país y sus gobernantes trasciende cualquier coyuntura y la presente medida es de carácter puramente legal, ajena a cualquier consideración o criterio de Avianca”, según cita El Tiempo de Bogotá. Fuente: Primicias
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