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Casa Militar Presidencial seguirá brindando seguridad a Verónica Abad, pese a anuncio de que esta sería retirada

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Horas después de que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Jaime Vela, declaró que la seguridad brindada por militares a Verónica Abad, suspendida del cargo de vicepresidenta de Ecuador desde el pasado sábado, iba a ser retirada, la Casa Militar Presidencial comunicó que esta seguirá siendo otorgada.

«Ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, la Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección (a Abad), tal cual la ha venido recibiendo«, se dio a conocer por medio de un comunicado.

En una rueda de prensa este lunes, Vela había indicado que la Casa Militar Presidencial estaba realizando los trámites administrativos correspondientes para que la seguridad de Abad, referida como «exvicepresidenta» por el jefe castrense, sea retirada.

$!Fotografía del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Jaime Vela.

Vela agregó que la vicepresidenta encargada, Sariha Moya, designada este lunes por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya cuenta con seguridad. «Obviamente porque ese es un decreto ejecutivo que se tiene que cumplir«, explicó.

Suspensión por abandono injustificado

Abad fue suspendida del cargo de segunda mandataria por cinco meses mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, lo que le impedirá asumir la Presidencia durante el período en que Noboa deberá ausentarse para su campaña electoral.

Mediante una resolución emitida por la cartera de Estado, que está a cargo de Ivonne Núñez, la segunda mandataria fue sancionada por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».

El documento señala que la sanción contra Abad se establece «en estricto apego a las normas de derecho, la Constitución de la República del Ecuador, los Principios constitucionales y sin que existan violaciones al debido proceso y otras consideraciones que tomar en cuenta».

En el sumario administrativo se resolvió lo siguiente:

Se impone una sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la servidora pública María Verónica Abad Rojas, en su cargo de Vicepresidenta de la República, tras haberse configurado la falta grave establecida en el Art. 48, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público: ‘Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos’.

El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad por abandono del cargo, debido a que ella no viajó a Ankara (Turquía) dentro del plazo establecido por el Gobierno. Se alega que Abad no se presentó en la capital turca el 1 de septiembre, y que llegó a Ankara el 9 de septiembre.

Reacción de Abad

El pasado domingo, Abad se dirigió a la ciudadanía para calificar la resolución como una «grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas» y se refirió al sumario administrativo que devino en su sanción como «no aplicable a funcionarios electos en las urnas».

«Pretende inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato (Daniel Noboa) entre en su campaña, en la que se encuentra ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno», aseveró la vicepresidenta.

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MSP elimina coordinaciones zonales y crea 24 direcciones provinciales en nueva reorganización territorial

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) implementó una nueva organización territorial mediante un acuerdo publicado el 19 de febrero de 2026 en el Registro Oficial. La reforma elimina las actuales 9 coordinaciones zonales y 92 direcciones distritales, y las reemplaza por 153 unidades desconcentradas en todo el país. La nueva estructura estará conformada por 24 direcciones provinciales —una por cada provincia— y 129 oficinas técnicas.
La medida se fundamenta en un análisis de presencia institucional y se enmarca en el cumplimiento de los Decretos Ejecutivos 70 y 108 de 2025. Según lo dispuesto, las direcciones provinciales asumirán la responsabilidad de la articulación y gestión territorial de la política pública de salud.
El acuerdo es de aplicación obligatoria para el nivel central y las nuevas unidades desconcentradas. Además, establece que en un plazo de 20 días deberán emitirse los lineamientos necesarios para su implementación. Asimismo, se fija un período de 180 días para completar los procesos de transferencia y reorganización institucional en todo el territorio nacional.
El MSP garantizó la continuidad de los servicios de salud durante la transición y el respeto a los derechos del personal. También se dispuso que los establecimientos que no ingresen en la primera fase de reorganización mantendrán su funcionamiento actual hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de asegurar una implementación progresiva y ordenada.
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Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones

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A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.

En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.

Se pueden hacer denuncias

Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.

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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.

Los canales habilitados

El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:

Canal webhttps://www.contactociudadano.gob.ec/

Línea telefónica: 1800 266 822

Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.

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Unas 400 personas marcharon en Quito contra proyecto de ley de Noboa

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Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de EcuadorDaniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.

«La educación municipal no se toca», «no a la reforma 70/30» y «no a los cierres de colegios y escuelas municipales» fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon y exhibieron en pancartas durante la movilización, que concluyó frente a la sede de la Asamblea Nacional.

La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.

El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.

«Nos quieren disminuir el presupuesto a través del cumplimiento de una regla fiscal, es decir, el 70 % de lo que nos entregan de presupuesto para inversión nos están obligando solamente a hacer obra pública. Es necesario hacer obra pública, pero también la obra social es importante para nosotros», señaló a EFE Andreiza Romero, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales de la provincia de Pichincha.

La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito Guayaquil.

Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.

Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.

Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.

De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.

La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)

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