Nacionales
Casa Militar Presidencial seguirá brindando seguridad a Verónica Abad, pese a anuncio de que esta sería retirada
Horas después de que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Jaime Vela, declaró que la seguridad brindada por militares a Verónica Abad, suspendida del cargo de vicepresidenta de Ecuador desde el pasado sábado, iba a ser retirada, la Casa Militar Presidencial comunicó que esta seguirá siendo otorgada.
«Ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, la Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección (a Abad), tal cual la ha venido recibiendo«, se dio a conocer por medio de un comunicado.
En una rueda de prensa este lunes, Vela había indicado que la Casa Militar Presidencial estaba realizando los trámites administrativos correspondientes para que la seguridad de Abad, referida como «exvicepresidenta» por el jefe castrense, sea retirada.
Vela agregó que la vicepresidenta encargada, Sariha Moya, designada este lunes por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya cuenta con seguridad. «Obviamente porque ese es un decreto ejecutivo que se tiene que cumplir«, explicó.
Suspensión por abandono injustificado
Abad fue suspendida del cargo de segunda mandataria por cinco meses mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, lo que le impedirá asumir la Presidencia durante el período en que Noboa deberá ausentarse para su campaña electoral.
Mediante una resolución emitida por la cartera de Estado, que está a cargo de Ivonne Núñez, la segunda mandataria fue sancionada por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».
El documento señala que la sanción contra Abad se establece «en estricto apego a las normas de derecho, la Constitución de la República del Ecuador, los Principios constitucionales y sin que existan violaciones al debido proceso y otras consideraciones que tomar en cuenta».
En el sumario administrativo se resolvió lo siguiente:
Se impone una sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la servidora pública María Verónica Abad Rojas, en su cargo de Vicepresidenta de la República, tras haberse configurado la falta grave establecida en el Art. 48, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público: ‘Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos’.
El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad por abandono del cargo, debido a que ella no viajó a Ankara (Turquía) dentro del plazo establecido por el Gobierno. Se alega que Abad no se presentó en la capital turca el 1 de septiembre, y que llegó a Ankara el 9 de septiembre.
Reacción de Abad
El pasado domingo, Abad se dirigió a la ciudadanía para calificar la resolución como una «grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas» y se refirió al sumario administrativo que devino en su sanción como «no aplicable a funcionarios electos en las urnas».
«Pretende inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato (Daniel Noboa) entre en su campaña, en la que se encuentra ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno», aseveró la vicepresidenta.
Nacionales
Golpe a Los Lobos y Los Choneros: hallan USD 1 millón y 2,5 toneladas de droga en operativos con apoyo de EE.UU.
La Policía Nacional, en coordinación con la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos, ejecutó la madrugada de este miércoles 26 de agosto de 2026 dos operativos contra estructuras vinculadas a Los Lobos y Los Choneros, que dejaron cerca de 40 personas aprehendidas.
El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, calificó las operaciones como un “fuerte golpe” contra las economías criminales de Los Choneros y Los Lobos.
El ministro del Interior, John Reimberg, también destacó los resultados de las intervenciones, ejecutadas después de varios meses de labores investigativas.
Caso Factoría: Golpe contra Los Lobos
El operativo Factoría, dirigido contra una estructura narcodelictiva vinculada a Los Lobos, involucró a 24 personas: 17 fueron aprehendidas durante las intervenciones y siete ya estaban recluidas en cárceles.
Entre los detenidos constan tres presuntos cabecillas, en cuyo poder se habría encontrado aproximadamente USD 1 millón en efectivo.
Como resultado del operativo, las autoridades reportaron la retención de:
- 20 vehículos.
- Una avioneta.
- 15 armas, entre fusiles y pistolas.
- 200 municiones.
- Chalecos antibalas.
- Combustible para avión.
- Joyas de oro.
Además, se inhabilitaron dos pistas clandestinas que presuntamente eran utilizadas para operaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas.
La Policía decomisó una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización, localizada dentro de cinco vehículos. Según las investigaciones, la droga estaba lista para ser distribuida a distintos centros de acopio y posteriormente transportada en avionetas hacia Norteamérica.
Durante las intervenciones también fueron detenidos dos ciudadanos mexicanos, presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las autoridades, coordinaban con Los Lobos el envío de cargamentos mediante pistas clandestinas y aeronaves hacia Norteamérica.
Operativo Jericó contra Los Choneros
En el operativo Jericó en contra de la estructura criminal Los Choneros, las autoridades identificaron a 19 personas: 12 fueron capturadas durante las intervenciones y siete ya se encontraban recluidas.
La operación comprendió 16 allanamientos en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas. Durante las diligencias se decomisaron aproximadamente 1,5 toneladas de droga.
Alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional y 36 fiscales participaron en los operativos Factoría y Jericó ejecutados simultáneamente durante la madrugada. Fuente: Vistazo
El fiscal general encargado de Ecuador, Leonardo Alarcón, pidió este martes prisión preventiva para diez nuevos vinculados a un caso de presunto peculado en contratos para la generación eléctrica firmados durante la crisis energética de 2024, en la que ya están procesadas otras 21 personas, entre ellas un exministro de Energía.
De acuerdo a la teoría de la Fiscalía, durante los procesos de contratación para la adquisición de generadores se habrían «omitido o evadido procedimientos para favorecer» a la empresa Progen, con sede en Estados Unidos, pese a que sus ofertas no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
A pesar de las irregularidades y deficiencias detectadas, se asignó el 70% del valor total de los contratos por concepto de anticipo, que corresponde a más de USD 104 millones que se han determinado como el presunto perjuicio.
Además, la empresa habría entregado generadores que no eran nuevos ni técnicamente compatibles y nunca entraron en funcionamiento, según el Ministerio Público.
Entre los 21 procesados está el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec); mientras que entre los nuevos vinculados están exasesores ministeriales y otros empleados de áreas técnicas y jurídicas de la eléctrica estatal, de acuerdo a medios locales.
Crisis por apagones de hasta catorce horas
Ecuador sufrió una crisis energética que provocó severos racionamientos de electricidad especialmente a finales de 2024 a causa, entre otros, de la sequía de los ríos que alimentan sus principales hidroeléctricas.
Los reportes del buró de crédito en Ecuador tendrán un cambio importante. A partir de una nueva regulación, las personas que consulten su historial crediticio encontrarán información correspondiente únicamente a los dos años anteriores a la fecha en que se genere el documento.
La modificación consta en la Resolución JPRFM-2026-033-F, emitida el 20 de agosto de 2026 por la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM).
La reforma establece nuevas reglas para el manejo del Registro de Datos Crediticios y de los burós de información crediticia.
La clave está en diferenciar registro y reporte
Uno de los puntos que puede generar confusión es que dos años no significa que la información desaparecerá del sistema después de ese tiempo.
La normativa establece que los datos de riesgo crediticio podrán mantenerse registrados durante un máximo de cuatro años, contados desde la última fecha de vigencia de la operación.
Pero cuando una persona solicite su reporte crediticio, el documento deberá considerar solamente las operaciones correspondientes a los dos últimos años.
Esto incluye obligaciones vigentes, vencidas o canceladas dentro de ese período.
La disposición se aplica tanto a los reportes elaborados por los burós privados como a los generados a partir del Registro de Datos Crediticios.
¿Una deuda se borra después de dos años?
No necesariamente.
El nuevo límite de dos años establece qué información puede aparecer en el reporte, pero no implica que una obligación pendiente quede eliminada.
Si una persona mantiene una deuda vigente, esta no desaparece por el simple paso de 24 meses. La reforma tampoco establece una condonación de obligaciones.
En cambio, la información podrá permanecer en el Registro de Datos Crediticios durante un máximo de cuatro años. Después de ese plazo podrá ser eliminada de la base de datos en línea, aunque podría conservarse por otros medios cuando corresponda.
Nuevos datos podrán ser considerados
La reforma también abre la puerta a que el análisis crediticio incorpore información proveniente de otras fuentes.
Entre los sectores que aportan información se encuentran las instituciones financieras públicas y privadas, el sector financiero popular y solidario, participantes del mercado de valores, empresas comerciales, aseguradoras y compañías de telecomunicaciones.
Además, podrán utilizarse fuentes complementarias, como información relacionada con el pago de servicios básicos y tributos.
Para que estos datos sean considerados deberán estar vinculados con aspectos crediticios, como el cumplimiento de obligaciones, el comportamiento de pago o la capacidad de endeudamiento.
¿Qué significa para quienes tienen deudas?
El principal cambio para los usuarios será que, al obtener su reporte, no se mostrará información crediticia de más de dos años, aunque determinados registros permanezcan almacenados durante un período mayor.
Por ello, la nueva normativa no borra deudas ni elimina automáticamente un historial negativo. Lo que modifica es el período de información que los reportes pueden mostrar al momento de evaluar el comportamiento financiero de una persona.
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