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Casa Militar Presidencial seguirá brindando seguridad a Verónica Abad, pese a anuncio de que esta sería retirada

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Horas después de que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Jaime Vela, declaró que la seguridad brindada por militares a Verónica Abad, suspendida del cargo de vicepresidenta de Ecuador desde el pasado sábado, iba a ser retirada, la Casa Militar Presidencial comunicó que esta seguirá siendo otorgada.

«Ante los recientes acontecimientos relacionados con la suspensión temporal de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, y después del análisis realizado, la Casa Militar Presidencial continuará brindando la protección (a Abad), tal cual la ha venido recibiendo«, se dio a conocer por medio de un comunicado.

En una rueda de prensa este lunes, Vela había indicado que la Casa Militar Presidencial estaba realizando los trámites administrativos correspondientes para que la seguridad de Abad, referida como «exvicepresidenta» por el jefe castrense, sea retirada.

$!Fotografía del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Jaime Vela.

Vela agregó que la vicepresidenta encargada, Sariha Moya, designada este lunes por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ya cuenta con seguridad. «Obviamente porque ese es un decreto ejecutivo que se tiene que cumplir«, explicó.

Suspensión por abandono injustificado

Abad fue suspendida del cargo de segunda mandataria por cinco meses mediante una resolución del Ministerio del Trabajo, lo que le impedirá asumir la Presidencia durante el período en que Noboa deberá ausentarse para su campaña electoral.

Mediante una resolución emitida por la cartera de Estado, que está a cargo de Ivonne Núñez, la segunda mandataria fue sancionada por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales».

El documento señala que la sanción contra Abad se establece «en estricto apego a las normas de derecho, la Constitución de la República del Ecuador, los Principios constitucionales y sin que existan violaciones al debido proceso y otras consideraciones que tomar en cuenta».

En el sumario administrativo se resolvió lo siguiente:

Se impone una sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la servidora pública María Verónica Abad Rojas, en su cargo de Vicepresidenta de la República, tras haberse configurado la falta grave establecida en el Art. 48, literal b) de la Ley Orgánica del Servicio Público: ‘Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos’.

El Ministerio de Trabajo inició un sumario administrativo contra la vicepresidenta Verónica Abad por abandono del cargo, debido a que ella no viajó a Ankara (Turquía) dentro del plazo establecido por el Gobierno. Se alega que Abad no se presentó en la capital turca el 1 de septiembre, y que llegó a Ankara el 9 de septiembre.

Reacción de Abad

El pasado domingo, Abad se dirigió a la ciudadanía para calificar la resolución como una «grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas» y se refirió al sumario administrativo que devino en su sanción como «no aplicable a funcionarios electos en las urnas».

«Pretende inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato (Daniel Noboa) entre en su campaña, en la que se encuentra ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno», aseveró la vicepresidenta.

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«Causa extrañeza»: juez Milton Velásquez reacciona tras allanamiento por presunto cohecho

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El juez de la Corte Nacional de Justicia, Milton Velásquez, se pronunció sobre los allanamientos ejecutados contra él y otros dos magistrados en el marco de una investigación previa por el presunto delito de cohecho.

El pasado miércoles, 29 de julio, la Fiscalía y la Policía intervinieron en varios inmuebles del norte de Quito para recabar indicios.

Velásquez junto a los jueces Patricio S. e Iván L. habrían incurrido en irregularidades cuando formaron el Tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó al Ministerio de Educación pagar USD 59 millones a favor de una empresa asiática.

China Railway había iniciado acciones legales por un contrato firmado en el 2015 para la construcción de escuelas provisionales, que al final no terminaron de realizarse y otras, en cambio, se destruyeron al poco tiempo.

Mientras que la investigación por supuesto cohecho nació luego del testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, quien reveló que los magistrados “habrían gestionado la emisión del fallo, correspondiente a una causa que permanecía represada varios años”, comentó la Fiscalía.

Juez rompe el silencio

Milton Velásquez, uno de los implicados, publicó un comunicado en el que recuerda que la investigación empezó en el 2024 y que en el fallo del Tribunal se aceptó el recurso de casación del Ejecutivo.

“No se creó una obligación nueva, ni se aumentó el pago a favor de la empresa. Al contrario, se redujo en USD 8.391.899,41 el monto establecido por la sentencia de instancia”, aseguró.

Luego, confesó que le causó “extrañeza” el allanamiento en su contra, dado que se ha prestado toda la colaboración a las autoridades competentes.
No obstante, confío en que los hechos se esclarecerán por medio de los cauces institucionales, ya que no participo ni he participado en ninguna trama de corrupción. Mis decisiones se enderezan exclusivamente al derecho vigente y a los hechos acreditados en cada proceso”, manifestó Velásquez. Fuente: Vistazo
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ANT aprueba alza del 25% en los pasajes de buses interprovinciales: estas son las nuevas tarifas

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La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) aprobó un incremento del 25% en las tarifas del transporte público interprovincial e intraprovincial a escala nacional, mediante la Resolución N.º 020-DIR-2026-ANT, emitida el 25 de julio de 2026.

La medida establece un Factor de Ajuste Tarifario (FAT) del 25% sobre la estructura de costos operativos y reemplaza el cuadro tarifario que se mantenía vigente desde 2021.

Sin embargo, aunque la resolución ya entró en vigor, representantes del sector transportista señalaron que las nuevas tarifas todavía no se están cobrando, debido a que el incremento aún no ha sido socializado oficialmente con los usuarios.

Estas son las nuevas tarifas

De acuerdo con el cuadro tarifario publicado por la ANT, los nuevos valores para algunas de las principales rutas del país son:

  • Quito – Guayaquil: USD 14,66 (tarifa preferencial: USD 7,33).
  • Tulcán – Quito: USD 8,77 (preferencial: USD 4,38).
  • Quito – Cuenca: USD 17,25 (preferencial: USD 8,63).
  • Guayaquil – Cuenca: USD 11,50 (preferencial: USD 5,75).
  • Santo Domingo – Guayaquil: USD 9,92 (preferencial: USD 4,96).
  • Manta – Guayaquil: USD 7,19 (preferencial: USD 3,59).
  • Esmeraldas – Quito: USD 11,07 (preferencial: USD 5,53).
  • Esmeraldas – Guayaquil: USD 16,39 (preferencial: USD 8,19).

La ANT recordó que los adultos mayores, niños y personas con discapacidad seguirán pagando el 50% del valor del pasaje, tal como establece la normativa vigente.

¿Por qué suben los pasajes?

Según el informe técnico de la ANT, el incremento responde al Índice de Variación de Costos Operativos y al Factor de Equilibrio Económico y Social, parámetros utilizados para actualizar las tarifas.

Además, el ajuste coincide con el fin del esquema de compensación económica que el Gobierno entregaba a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel.

Mediante el Decreto Ejecutivo 428, el presidente Daniel Noboa extendió por nueve meses las transferencias directas a los propietarios de buses interprovinciales e intraprovinciales, mecanismo que concluyó con el pago correspondiente a julio de 2026.

El objetivo de esa compensación era evitar un aumento inmediato en el precio de los pasajes tras el incremento del costo del combustible.

Un ajuste temporal

La ANT aclaró que este incremento no constituye la metodología tarifaria definitiva.

La entidad explicó que el ajuste del 25% funcionará como una medida transitoria mientras se desarrolla e implementa un nuevo sistema técnico para la fijación de tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial.

Nuevas condiciones para las cooperativas

El aumento también estará condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las operadoras.

Entre ellos constan la instalación de botones de pánico y contadores de pasajeros en las unidades de transporte, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio.

Asimismo, la ANT anunció que realizará controles periódicos en las terminales terrestres para verificar que las cooperativas respeten las tarifas autorizadas y evitar cobros indebidos o especulativos. Las operadoras que incumplan la normativa podrán enfrentar sanciones conforme a la ley.

El Gobierno aclaró que no se trata de un incremento generalizado de los pasajes, sino de una regularización de las tarifas en cerca de 8.000 rutas interprovinciales e intraprovinciales, de las cuales alrededor de 2.000 ya fueron regularizadas. Según las autoridades, esta medida busca transparentar los valores del servicio y frenar los cobros irregulares que algunas operadoras venían aplicando.

Luque aseguró que la regularización no necesariamente implicará que los usuarios paguen más en todas las rutas, ya que muchas operadoras ya cobraban valores por encima de los autorizados. «En muchos de esos casos las empresas cobraban mucho más. El valor que pagaba el ciudadano se mantiene porque ya se estaban cobrando montos adicionales que no estaban siendo controlados», sostuvo.

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Consejo de la Judicatura suspende por tres meses a la jueza y exministra Ivonne Núñez

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El Consejo de la Judicatura resolvió suspender de forma preventiva, sin remuneración y por el plazo de tres meses, a la jueza y exministra de Trabajo Ivonne Núñez Figueroa y al magistrado Francisco Rafael Morales, integrantes de la Sala Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.

La decisión fue adoptada por el Pleno del organismo la tarde del 29 de julio de 2026, con cinco votos a favor, mientras continúa el sumario administrativo abierto en contra de ambos funcionarios judiciales.

La razón de la suspensión

La medida se sustenta en un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que determinó que los jueces incurrieron en un error inexcusable al resolver mediante una acción de protección un conflicto de naturaleza contractual.

De acuerdo con el informe de la Subdirección de Control Disciplinario, los magistrados desnaturalizaron esta garantía constitucional al utilizarla para resolver un asunto que no correspondía a esa vía judicial.

Como consecuencia de esa decisión, se habría ordenado de manera indebida el pago de recursos públicos por parte de la empresa estatal Correos del Ecuador, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y excediendo las atribuciones previstas en la Constitución.

Mientras dure el proceso disciplinario, ambos jueces permanecerán suspendidos de sus funciones y dejarán de percibir sus remuneraciones.

La trayectoria de Ivonne Núñez

En 2016 fue destituida de la Corte Provincial del Guayas durante la administración del entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Sin embargo, dos años después recuperó su cargo por disposición de la Corte Constitucional.

Posteriormente, fue designada por el presidente Daniel Noboa como ministra de Trabajo, función que desempeñó entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, antes de reincorporarse a la Función Judicial.

Se suma a otra sanción

La suspensión dispuesta por el Consejo de la Judicatura se suma a una sanción emitida en mayo de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En esa ocasión, el organismo electoral suspendió los derechos políticos de Núñez por tres meses, la inhabilitó temporalmente para ejercer funciones públicas y le impuso una multa económica.

El fallo se originó tras una denuncia por el presunto incumplimiento de una resolución relacionada con el prefecto de Chimborazo, Hermel Tayupanda, conducta que fue considerada un desacato a la autoridad electoral.

Con la apertura del sumario administrativo, el Consejo de la Judicatura continuará analizando el caso para determinar si corresponde imponer una sanción definitiva a los dos magistrados involucrados.

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