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La mesera que pudo ser terrateniente

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Otro posible caso de testaferismo ensucia al gobierno. Las sospechas de la opaca venta en La Libertad conducen a Carondelet.

Análisis
Roberto Aguilar
Quito

Jenny Elvia Ramírez Palma, la improbable compradora de 93 hectáreas de terreno en La Libertad, provincia de Santa Elena, ya no se la encuentra ni bajo las piedras.

El jueves dirigió a la Alcaldía de ese cantón un conciso y quebrantado oficio en el que desistía de la compra, mejor dicho: se quitaba del medio. Por comprar, no iba a comprar, ella no iba a comprar nada, nomás estaba poniéndose como para que otro se llevara esos terrenos, servicio por el que seguramente algo cobraría, acaso un lote.

Pero ya nada: el negocio se cayó y Jenny Ramírez, tras firmar el oficio que la pusieron por delante unos abogados que no podía pagar, desapareció del mapa. Lujoso mismo este desaparecer del mapa (que diría suculento), que tampoco tiene capacidad de costear con su sueldo de mesera de cafetería.

Con ella se esfumó también su sombra madre, a quien sus vecinos (según testimonios recogidos por El Universo) identifican como empleada doméstica de los Gelibert.

Caso

Jenny Ramírez Palma intentó comprar 93 hectáreas de terreno en el cantón La Libertad, Santa Elena, que colindan con la vía perimetral y un cuerpo de agua.

Lamentable tragedia de la cúpula del poder: parece que la Secretaría General de la Administración, vicepresidenta de facto en épocas difíciles y directora nacional del partido de gobierno, Cynthia Gelibert, se quedó sin empleada doméstica. Lo cual no es poca cosa en su círculo social. Es probable que a su empleada se la emplazó para que afiliara a seguridad social, cosa que la anterior (persona de confianza) no hizo y al cabo se ahorraba. Qué molestia.

Para completar la lista de desapariciones forzadas, el alcalde de La Libertad, Francisco Tamariz, primo del asambleísta de gobierno Andrés Guschmer y amigo personal del presidente de la República, no pudo estar ahí acelerando la compra de esas 93 hectáreas de terreno municipal, por irregular que pareciera, lleva cinco días sin dar la cara, acaso aplazando la inevitable rendición de cuentas que le espera para cuando al fin decida volver con el rabo entre las piernas.

Es que desaparecer está de moda. Desapareció Luis Alvarado Campi luego de que medios de comunicación probaran que tenía 2,6 millones de dólares con los 90 que tenía en su cuenta bancaria. Nunca más se supo de él. Desapareció también Erika Tumbaco, queridísima empleada de Industrial Molinera que, por coincidencia del destino, vivía en la misma casa de Isla Trinitaria en la que fue detenido el sospechoso de colocar un explosivo en La Bahía, ¿se acuerdan?

Érika Tumbaco, la persona que llegó en el Porsche de los Noboa hasta esa casa, dijo verificar que sus hijos estuvieron luego de la incursión militar que se alzó con el detenido y desapareció, para engrosar la lista, el detenido mismo. Valga la pena recordar que Tumbaco sobrevive a la flagrancia (las cámaras la captaron cometiendo atentado y luego lo siguieron hasta la casa de Isla Trinitaria) con un esposo con Alvarado Campi, probablemente. Y ahora, con Jenny Ramírez y su señora madre.

No es esta una relación arborescente de acontecimientos conexos. La compra (o intento de compra) de esas 93 hectáreas de terrenos públicos en La Libertad tiene una profunda relación de similitud tanto con el caso de Alvarado Campi y la compra de medios de comunicación controlados hoy por el gobierno, como con el chuparsemen explicado por Porsche. La primera relación es evidente: tanto la compra de La Posta como la del Centro de Alvarado Campi como el intento de compra de 93 hectáreas de terrenos públicos (a precio de huevo, pero eso es otra historia) tiene que dar cuenta el alcalde de La Libertad, porque pueden tratarse de operaciones de testaferro.

En ambos casos los compradores no tienen dónde caerse muertos. En ambos casos las pistas conducen a Carondelet como operación encubierta. La segunda relación es igualmente menos clara pero igual de firme. En el Porsche, era un vehículo de gobierno (porque, bajo el mando de Daniel Noboa, Industrial Molinera y el gobierno son exactamente lo mismo para todos los efectos) el que llegaba hasta una casa que era el centro de todas las sospechas. En el caso de los terrenos de La Libertad son las portadoras de todas las sospechas las que conducen hasta la casa de una alta funcionaria de gobierno. Podrían decir ahora, como dijeron entonces, que se trata de una vulgar coincidencia. Pero no lo han dicho, no se atreven, se quedaron mudos.

Ya es bastante elocuente el hecho de que Cynthia Gelibert no haya desmentido hasta la fecha su condición de empleadora.

Polémica

Luego de que Ramírez Palma desistiera de la compra de las hectáreas de terreno, el concejal acudió hasta La Libertad para denunciar al alcalde del cantón.

Todo parece indicar que el negocio se les cayó. Este desenlace habría abierto al periodismo. Fue Blanca Moncada, La Defensa, quien se las arregló para encontrar a Jenny Ramírez en la que trabaja (o trabajaba) y ponerle el micrófono por delante. La primera reacción de la sorprendida mesera fue admitir: “me robaron la identidad”. La misma Blanca Moncada demostró que, con los documentos de compra de los terrenos firmó ella.

En el oficio que Jenny Ramírez dirigió este jueves al desaparecido alcalde de La Libertad, pide que se le adjudiquen esos terrenos a la empresa que supuestamente está detrás del proyecto de desarrollo agroindustrial. Como si las compradoras truchas, cuando fallan, se retiraran a la carrera. Seguramente se le haría caso. Pero qué empresas es esa nadie lo sabe. Habría que preguntárselo a Cynthia Gelibert. O a Daniel Noboa. No es su familia la que tiene intereses inmobiliarios en la provincia de Santa Elena?.

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Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura

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Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».

El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.

Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.

El magistrado también alertó sobre la supuesta falta de garantías para proteger su vida tras las amenazas que habría recibido por su actuación en este proceso judicial.

El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.

Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy

Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.

La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

$!Tuit de Viviana Veloz tras la filtración del informe.
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea

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En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.

Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.

El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.

Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.

Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.

En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.

Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.

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Confirman la venta de diario El Universo

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El diario El Universo, uno de los medios de comunicación impresos de Ecuador, cambia de manos. La mañana del jueves 12 de febrero de 2026, la familia Pérez anunció la venta de su participación accionaria en el rotativo.

En un comunicado difundido en redes sociales, la familia fundadora se despidió de su audiencia y confirmó que Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti vendieron sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por Yves Maia Pardini, empresario radicado en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes son los nuevos dueños de El Universo?

El grupo inversionista que adquirió las acciones está liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor con trayectoria en servicios corporativos y financieros. También forma parte del consorcio Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano.

Según el comunicado oficial, el objetivo de esta adquisición es fortalecer el liderazgo periodístico del medio y abrir una nueva etapa estratégica. El grupo empresarial cuenta en su portafolio con medios de comunicación en Argentina como América TVEl Cronista y Telefé, entre otros.

Nueva administración y enfoque empresarial

Como parte de la transición, se informó que Ignacio Giménez, exgerente de Diario El Comercio de Perú, asumirá la conducción de la nueva operación de El Universo. Su designación apunta a consolidar la modernización y expansión del medio en un entorno digital cada vez más competitivo.

La transacción se produce en un contexto de transformación global de la industria de medios, marcada por la digitalización, la migración de audiencias a plataformas digitales y la necesidad de nuevos modelos de sostenibilidad financiera.

Un cambio que impacta al ecosistema mediático ecuatoriano

Con este cambio de propiedad, el medio inicia una nueva etapa bajo capital internacional, mientras el sector observa cómo se redefine el mapa de los medios tradicionales en Ecuador.

La transición abre interrogantes sobre la línea editorial, la independencia periodística y la estrategia digital del rotativo.

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