Nacionales
Carlos Pólit recibió su sentencia en Miami sin lágrimas y en el traje beige de los prisioneros
DESDE MIAMI, ESTADOS UNIDOS
El anuncio de la pena de 10 años de prisión que deberá pagar el excontralor Carlos Pólit en Estados Unidos acabó con la incertidumbre de un proceso que duró seis meses y en el que se evacuaron evidencias sobre el lavado de activos que cometió en territorio estadounidense.
Minutos antes de iniciar la jornada, Pólit apareció en la sala 11 custodiado por dos oficiales vestidos de civil, quienes le retiraron los grilletes. Posteriormente, los miembros de su familia se acomodaron en las bancas detrás de la defensa técnica para estar atentos al anuncio de la juez Kathleen Williams.
El intercambio de argumentos entre la defensa y los fiscales elevó la tensión en la sala, pues cada vez más se extendía el anuncio de la pena. En dos momentos el tribunal entró en receso mientras las partes involucradas intentaban convencer a la jueza sobre el monto de dinero lavado por Carlos Pólit en Estados Unidos.
El excontralor del correísmo, Carlos Pólit, es sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos en Estados Unidos
En todo momento, el excontralor ecuatoriano se mostró sereno y atento a la exposición de sus abogados, a los que escuchaba a través de audífonos con traducción simultánea en español.
Pólit recibió su sentencia sentado, frente a un vaso con agua que él mismo había solicitado previamente. No hubo llanto ni caras tristes entre sus familiares, estuvieron calmos y cómodos en todo momento.
Luego que la juez impusiera 10 años de cárcel contra el exfuncionario, en la parte derecha de la sala -donde se ubica la defensa- hubo sonrisas y satisfacción. Los fiscales no dejaron ver ninguna reacción.
Carlos Pólit fue retirado de la sala con grilletes en sus manos, vestido de beige y acompañado por los oficiales que lo custodiaron en todo momento. Su familia evacuó pronto el edificio para evitar a los medios de comunicación.
De esta forma culminó un largo juicio que evidenció la corrupción del exfuncionario a través de su influencia como contralor de Ecuador y donde malversó USD 16,5 millones usando diversos mecanismos para evadir el sistema de control financiero norteamericano.
El análisis de la jornada
Nacionales
Ecuador rompe el diálogo con Colombia y extiende la guerra arancelaria “por tiempo indefinido”
El Gobierno de Ecuador rompió el diálogo con Colombia y advirtió que la llamada “guerra arancelaria” se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que Bogotá adopte “acciones” para reforzar el control fronterizo frente a grupos armados vinculados al narcotráfico y la minería ilegal, según declaraciones del ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, en entrevista con Ecuavisa.
Jaramillo aseguró que “no hay diálogo en este momento” y afirmó que la comunicación “se ha cortado” debido a que, pese a contactos previos, no recibieron una respuesta favorable del Gobierno colombiano. En ese contexto, atribuyó la escalada a la decisión de Colombia de restringir el ingreso por vía terrestre de un grupo de productos ecuatorianos, lo que —dijo— afectó de forma importante al sector y se aplicó sin un plazo de reacción para evitar que mercancías queden detenidas en frontera.
Como respuesta, el ministro confirmó que Ecuador elevó los aranceles a importaciones colombianas del 30% al 50%, y recalcó que la medida se adoptó por razones de seguridad, al sostener que “no puede haber comercio sostenible si no hay control en frontera y seguridad”. Añadió que la “pelota está en la cancha de Colombia” y que la desescalada dependerá de una señal política concreta del vecino país para reforzar controles fronterizos.
En medio de la preocupación empresarial por el impacto económico, Jaramillo reconoció que, por las restricciones actuales, se vería afectado un tercio de las exportaciones ecuatorianas hacia Colombia y estimó un volumen de entre 6 y 7 millones de dólares mensuales (con base en datos del año pasado). En contraste, planteó que el encarecimiento de importaciones desde Colombia podría convertirse en una “oportunidad” para sustituir compras externas con producción local y, a mediano plazo, reducir el déficit comercial, aunque insistió en que ese no es el “espíritu” central de la decisión.
El ministro también vinculó el pulso comercial con la “tasa de seguridad” aplicada por Ecuador, al sostener que se requieren recursos para mayor presencia en frontera —personal, logística y equipamiento— y reiteró que el desenlace dependerá de una respuesta favorable de Colombia en materia de control fronterizo. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Hospital Clínica San Agustín: primeros en Ecuador y segundos en Sudamérica en obtener la certificación ISO 7101
Con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la mayoría del articulado de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tramitada con carácter económico urgente. La votación se realizó en dos bloques y el Legislativo resolvió excluir el artículo 29, que quedó fuera del texto final.
La normativa plantea cambios para endurecer controles ambientales, ajustar el régimen de regalías y su distribución hacia los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), además de incorporar reglas específicas para la pequeña minería y la minería artesanal, con el argumento de mejorar sostenibilidad, seguridad jurídica y desarrollo territorial.
En el frente energético, el proyecto reforma la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para actualizar figuras como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos, e introduce mecanismos como el Mercado de Capacidad para apuntalar la seguridad y confiabilidad del sistema.
La eliminación del artículo 29 se dio tras objeciones de varios legisladores que pidieron votarlo por separado; el debate se centró en su impacto sobre la distribución de recursos vinculados al superávit de empresas públicas en determinadas circunscripciones.
Tras la sesión, la bancada oficialista ADN defendió la aprobación como una medida para “poner orden”, cerrar el paso a mafias y garantizar que las regalías se inviertan en los territorios, no en economías criminales.
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