En atención a recientes publicaciones emitidas por medios de comunicación nacionales y locales, la Asambleísta por Zamora Chinchipe, Esperanza del Cisne Rogel, emitió en sus redes sociales una aclaración formal sobre su participación en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, en respuesta a la inclusión de su nombre en la lista de legisladores que serían sancionados por inasistencias o atrasos injustificados.

La controversia surgió a raíz de un anuncio realizado por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, el pasado 30 de mayo, en el que se informó sobre la aplicación de sanciones económicas a partir del 1 de junio para quienes registren faltas o atrasos. El medio de comunicación Diario El Amazónico, al igual que medios nacionales publicaron un listado de 27 legisladores que serían objeto de dicha medida, entre ellos la legisladora Rogel, perteneciente al bloque Acción Democrática Nacional (ADN).

Ante esta información, la Asambleísta solicitó formalmente al área correspondiente la verificación oficial de sus asistencias. En respuesta al requerimiento, el Memorando AN.SG.2025-2611.M, emitido por el Secretario General de la Asamblea Nacional, Mgtr. Giovanny Francisco Bravo Rodríguez, presenta el informe técnico validado por el asesor John Ramos, responsable de los registros legislativos.

Según el informe oficial, tras una revisión detallada del Sistema de Registro de Ausencias y Faltas, se confirma que la Asambleísta Esperanza Rogel ha cumplido con su asistencia a las sesiones del Pleno durante el período comprendido entre el 14 de mayo y el 6 de junio de 2025, tanto en modalidad presencial como virtual, según lo establece el protocolo legislativo vigente.

La documentación firmada electrónicamente respalda su correcta participación parlamentaria, desvirtuando de manera formal las aseveraciones de inasistencia.

Esta aclaración se difunde en aras de la transparencia institucional. Pues la controversia se da en documentos donde fueron públicos sobre el registro de asistencias en dos sesiones y reflejan que en las sesiones del 007 y 008 consta como ausente. Este medio de comunicación aclara que la noticia se difundió basado en estos documentos y tomando de medios nacionales, el mismo que hubo confusión.

Aquí los documentos completos.

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La tranquilidad nocturna de la parroquia Guadalupe se vio desgarrada la noche del 4 de junio, cuando un grito rasgó el silencio y un hombre cayó herido al pie del parque central, víctima de una violenta riña que terminó en sangre. Lo que parecía una disputa pasajera escaló en segundos hasta convertirse en un intento de homicidio que mantuvo en vilo a toda una comunidad.

Eran las 23h15 cuando el ECU 911 recibió la alerta desesperada: un ciudadano yacía en el suelo, ensangrentado, tras haber sido atacado con un arma blanca. En cuestión de minutos, los servidores policiales del circuito Guadalupe activaron un operativo de búsqueda que no dio tregua.

Como salidos de las sombras, los uniformados siguieron el rastro del agresor hasta las puertas del cantón Yacuambi, donde lo interceptaron y redujeron, devolviendo así un respiro de justicia a la comunidad. El detenido, un joven de 27 años, fue entregado a la autoridad competente para enfrentar el peso de la ley.

Mientras tanto, la víctima, un hombre de 43 años, lucha por su vida en el hospital Julius Doefhner de Zamora, con un pronóstico aún reservado. Cada hora cuenta, cada latido es una esperanza, y toda una familia aguarda con el alma en vilo el milagro de su recuperación.

Este hecho, dramático y crudo, nos recuerda que la violencia puede emerger en cualquier rincón, pero también que hay guardianes listos para enfrentarla con valor. La Policía Nacional del Ecuador, con sus botas firmes y principios intactos, ha demostrado una vez más que la seguridad ciudadana no es una promesa: es una acción concreta, decidida, urgente.

“Actuamos sin dudar. No permitiremos que la violencia se apodere de nuestros barrios. La ley está viva, y nosotros somos su brazo”, expresó un oficial interviniente, mientras las luces de la patrulla aún iluminaban la escena del crimen.

Con profunda preocupación y sentido de urgencia, representantes de las organizaciones mineras de la provincia de Zamora Chinchipe, incluidos los perjudicados del Caso Cumbaratza, han decidido autoconvocarse a una gran asamblea provincial este lunes 10 de junio a las 10h00, en las instalaciones de la Cámara de Minería de Zamora.

El motivo de esta convocatoria es claro y contundente: defender la permanencia y legalidad de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), frente a la inminente reapertura del catastro minero y el anuncio del Gobierno Nacional sobre el cobro de nuevas tasas de fiscalización que podrían significar un golpe letal para cientos de familias que viven de esta actividad histórica y productiva.

Entre los principales temas que se abordarán en esta asamblea se encuentran:

• La búsqueda de consenso entre los actores del sector afectados por el fallo judicial que involucra a la empresa Cumbaratza, para retomar el proceso de mediación y evitar la pérdida de títulos y territorios mineros ya asignados.

• El análisis técnico y jurídico de los impactos que la reapertura del catastro podría ocasionar sobre la MAPE, incluyendo el riesgo de exclusión y desplazamiento por parte de grandes concesiones.

• La discusión sobre las altas tasas de fiscalización anunciadas por el Gobierno, consideradas inalcanzables para los pequeños mineros que trabajan en condiciones de subsistencia.

“El Estado no puede seguir excluyendo a los mineros artesanales, que han sostenido la economía de nuestras comunidades. No vamos a permitir que se nos imponga una normativa que favorezca a los grandes grupos económicos”, sostuvo con firmeza James Salcedo, dirigente del sector.

Por su parte, Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, manifestó su preocupación por el futuro del sector:

“Si se imponen tasas que no podemos pagar, nos veríamos obligados a desistir de nuestra actividad. Es una decisión injusta que contradice los principios de equidad territorial y desarrollo sustentable”.

Desde distintos frentes mineros y sociales se ha denunciado que la política minera nacional carece de mecanismos de inclusión real para los trabajadores de la MAPE, quienes han sido históricamente marginados del diseño de la normativa. En ese sentido, esta asamblea busca establecer una posición unificada y propositiva para exigir al Estado ecuatoriano políticas diferenciadas, justas y sostenibles.

Los organizadores hacen un llamado urgente a todos los mineros artesanales, pequeños productores, asociaciones y colectivos ciudadanos involucrados en la actividad minera responsable, para que asistan de forma masiva a esta asamblea y contribuyan con su voz y experiencia en la construcción de una agenda común.