Una compleja red de corrupción en la que estarían inmersos alrededor de 50 trabajadores públicos de la empresa estatal de distribución Corporación Nacional Eléctrica (CNEL) habría manipulado los sistemas de facturación de las planillas de luz para favorecer a empresas, industrias, comercios y hogares en, al menos, cinco provincias de Ecuador, según explicó el Gobierno.

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Y de esa manera los clientes lograban que se les refacture las planillas para pagar menos por la energía eléctrica.

Las investigaciones preliminares, que nacieron de una auditoría solicitada por la ministra de Energía, Inés Manzano, señalan que esta red habría estado operando en las unidades de negocio de CNEL en Santa Elena, Guayas-Los Ríos, Manabí y Sucumbíos.

Solo en 2025 esas unidades habría facturado unos USD 48 millones, pero de esos 27,9 millones no tendrían suspento técnico.

La red, según la auditoría, operaba desde hace 11 años bajo este esquema, por lo que las autoridades del Gobierno creen que en total el perjuicio para el Estado en ese período sumaría unos USD 300 millones.

Con base en los resultados de la auditoría, la Ministra de Energía habría solicitado el cambio de autoridades el 14 de abril de 2026.

El ministro del Interior, John Reimberg, explicó que algunos de los funcionarios implicados en esta red de corrupción percibirían sueldos públicos mínimos, pero tendrían patrimonios de USD 3 millones.

Dentro del proceso, se detectó que una sola trabajadora en Santa Elena habría manipulado planillas de luz causando un perjuicio al Estado por USD 5,9 millones.

En desarrollo… Fuente: Primicias

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 28 de abril de 2026 sobre un operativo de allanamiento a oficinas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) en varias provincias del país.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario anunció la intervención pasadas las 10:40 y compartió imágenes del operativo, en las que aparece junto al presidente de la República, Daniel Noboa.

En las fotografías difundidas se observa un amplio despliegue de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Noticia en desarrollo

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador archivó la extradición de Gabriel Massuh, procesado en el caso Encuentro. La decisión judicial del 16 de abril de 2026 obedece al estatus de refugio otorgado por Colombia.

Este hecho expone la incapacidad estatal para lograr el retorno de prófugos de la Justicia. La impunidad se afianza debido a trámites estancados por la burocracia y procesados detenidos en el exterior sin resolución.

Casos archivados o suspendidos por asilos políticos
El fallido proceso de Gabriel Massuh se perdió en octubre de 2025, cuando la Cancillería de Colombia reconoció su refugio y llevó al presidente Gustavo Petro a revocar la extradición inicialmente concedida. Sin la voluntad del Estado requerido (en este caso, Colombia), el Estado requirente (Ecuador) no puede obligar al otro a repatriar a un procesado por la justicia.

Pese a la decisión de Petro, la Notificación Roja de Interpol permanecerá activa. Por lo que, si ‘El Turco’ abandona territorio colombiano y es detenido en otro país, una solicitud de extradición podría reactivarse.

Este patrón de protección diplomática ha beneficiado a otros exfuncionarios, como el expresidente Rafael Correa, quien reside en Bélgica con estatus de refugiado, dejando su requerimiento bloqueado pese a la insistencia estatal de febrero de 2025.

Una situación parecida cobija a Walter Solís, exministro de Correa detenido en México por Interpol en noviembre de 2024, pero liberado horas después al ratificarse su estatus de refugiado.

El trámite de repatriación de Ramiro González, apresado en 2019 en Perú, también se suspendió, ya que el expresidente del Directorio del IESS solicitó refugio. Ni en el archivo judicial ecuatoriano ni en el peruano se ha confirmado la concesión de ese estatus; sin embargo, la extradición no avanzó.

El estancamiento por burocracia
La lentitud procesal mantiene a varios procesados en libertad o con escasos avances, como ocurre en el caso Encuentro con Hernán Luque, quien goza de arresto domiciliario en Argentina.

Aunque un juzgado de primera instancia declaró procedente su extradición, la defensa apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ese país.

Ante esto, el 19 de febrero de 2026, el presidente de la Corte Nacional de Ecuador, Marco Rodríguez, pidió oficiar a las autoridades argentinas para ratificar el interés del Estado en la continuidad del trámite de extradición de Luque.

Otro ejemplo de esta situación es el caso Metástasis, donde los expedientes de Xavier Jordán, Marcel Loaiza y Ronny Aleaga llevan meses de retrasos e inactividad.

Documentos judiciales exponen que, desde mayo hasta octubre de 2025, la Presidencia de la Corte solicitó en reiteradas ocasiones copias certificadas de los elementos de convicción al juez de la causa, Manuel Cabrera.

El Magistrado contestó continuamente que dichas pruebas fueron presentadas de manera oral por la Fiscalía en la audiencia preparatoria de juicio y que los documentos físicos reposaban en esa entidad investigativa.

Durante esos meses de cruces documentales, la Comisión de Control de Ficheros de Interpol bloqueó la visualización de la Notificación Roja de Loaiza y procedió a eliminar definitivamente los datos de Aleaga tras analizar recursos legales.

Mientras tanto, Jordan y Loaiza están libres en Estados Unidos. Y Aleaga en Venezuela. O, al menos, esos son sus últimos paraderos conocidos.

Trámites demorados de detenidos en el exterior
Un tercer grupo reúne a sujetos capturados internacionalmente, pero con retornos no resueltos en los tribunales, destacando María Auxiliadora Patiño y Xavier Macías dentro del caso Sinohydro.

Ambos fueron arrestados el 23 de abril de 2025 en el edificio residencial PH Ocean One, ubicado en el sector Costa del Este de Panamá, durante la Operación Celada.

Ante este suceso, el 28 de abril de 2025, el presidente de la Corte Nacional ofició a la Cancillería para ejecutar gestiones diplomáticas que permitan conocer el estado del proceso. Hasta ahora, un año después, no hay noticias.

Mientras tanto, en España, la extradición de Mercedes Villarreal, procesada en el caso Plaga, fue condicionada a que Ecuador demuestre garantías para proteger su vida en una cárcel local, en un plazo que concluirá en mayo de 2026. Un proceso parecido que ocurrió antes de la liberación de ‘Negro Willy’.

William Alcívar, alias ‘Negro Willy’, cabecilla de Los Tiguerones, fue liberado en España a finales de 2025. Ecuador no entregó a tiempo las garantías penitenciarias, obligando a la Corte Nacional a pedir el inicio de un nuevo proceso de extradición en abril de 2026.

Una suerte contraria tuvo Álex Alcívar, hermano del cabecilla de Los Tiguerones. España aceptó entregarlo a la justicia ecuatoriana en enero de 2026 tras corroborarse el cumplimiento estatal de los estándares de derechos humanos. Pero la extradición aún no se concreta.

Por otro lado, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos, afronta un cruce de pedidos, ya que Estados Unidos reclamó a España formalmente su extradición por narcotráfico en febrero de 2026, al igual que lo hizo Ecuador.

A la lista de espera se suman dos detenidos en Estados Unidos. César Cóndor, procesado por femicidio, fue apresado en Carolina del Sur a inicios de 2025. Carlos Pólit, excontralor, está preso hasta la culminación de su condena carcelaria previa. Los dos son investigados en Ecuador. Fuente: Primicias