Noticias Zamora
La Corte Constitucional tienen en sus manos el destino del Ejecutivo y Legislativo
Si la Corte Constitucional da paso al juicio político en contra del presidente de la República Guillermo Lasso, no le quedaría de otra que, anunciar la muerte cruzada y de forma legal disolver al legislativo para volver a reelegirse y gobernar el tiempo que aún le queda; eso, si es que en las nuevas elecciones alguien más lo reemplaza y quedaría fuera del gobierno. Una vez se superó la primera deliberación, que favorece a su aprobación, esa sería la única forma de evitarlo.
La aceptación que los ecuatorianos tienen con respecto al trabajo de la Asamblea Nacional y el gobierno liderado por Lasso, es muy baja; esto ante la grave crisis económica, política y social que se encuentra atravesando el país y la ausencia de soluciones ante las problemáticas nacionales, como por ejemplo la inseguridad que esta ganando terreno a pasos agigantados.
“La ciudadanía después de las elecciones nos dio un mensaje contundente, no queremos más a Lasso como presidente”, expuso Héctor Balladares, activista político que defiende la ideología del expresidente Rafael Correa, quien además según su perspectiva considera que la ‘muerte cruzada’ sería lo mejor para el país.
En el año 2017 ganó Lenin Moreno con el proyecto de la Revolución Ciudadana. En el 2021, la ciudadanía dijo no queremos más a Correa, pero recientemente en las últimas elecciones, la ciudadanía dice ya no querer más a Lasso y que supuestamente esperan que regrese el correísmo de la mano de su líder, esto haciendo referencia al gran porcentaje de votos que obtuvieron a nivel nacional con prefecturas y alcaldías.
Dice que el gobierno de Correa es el máximo exponente en combatir los actos de corrupción, rescata Balladares. Y que el gobierno de Lasso no ha cumplido su palabra. “No es que debe haber una sentencia para que tenga que ser enjuiciado el presidente porque tiene responsabilidad política en haber encubierto a su cuñado y a sus principales colaboradores en la corrupción que es evidente”, expuso el activista político.
Por otra parte, está el jurista y exgobernador de la provincia, Herman Espinosa quien diverge con Balladares y en su punto de vista considera que los ecuatorianos quisieron terminar con la era del correísmo y por eso votaron por Lasso, y que las políticas que ha implementado no estarían llegando hasta la población.
“Debemos entender que si el gobierno de Lasso llegó al poder es porque el pueblo ecuatoriano ya se cansó del correísmo. Lasso no era el comodín para sacar adelante al país, pero sin embargo querían ponerle fin a un gobierno que daba mucho que decir”, expuso Espinosa haciendo referencia a que su máximo líder esta fuera del país en calidad de prófugo para la justicia ecuatoriana.
En el tema del juicio político, ya depende de la Corte Constitucional, donde permitirán o denegarán llevar adelante este proceso. Pero desde su perspectiva considera que la ‘muerte cruzada’ es lo que más le conviene porque con ello acortará más el periodo de gobierno.
El jurista considera que, para enjuiciar al presidente, la Corte Constitucional debe revisar tres puntos:
- Si la solicitud ha sido propuesta de conformidad con la Constitución.
- Si en la solicitud se singulariza la infracción que se le imputa y si por la tipificación jurídica que se hace en la solicitud, en ella cabe el tipo de infracciones previstas en las causales de juicio político.
- Si en la consecuencia procede iniciar o no el juicio político.
No se debe olvidar que el presidente estaría enjuiciado políticamente o sería llamado a juicio por la causal tipificada en el art. 129.2 de la Constitución de la República y que en ella específica los delitos de ‘concusión y peculado’. Es decir que el presidente habría inobservado por omisión estos dos aspectos.
Algunos juristas concluyen que la conducta del presidente de la república no se subsume en el cometimiento de estos dos delitos para impulsar el juicio político. Después de la indagación previa, si la Fiscalía encuentra los elementos suficientes, se seguirá la siguiente etapa que sería la instrucción fiscal con una duración de 90 días, para luego verificar si encuentran los elementos para sostener el juicio y convocar a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
“Me atrevería a decir que el juicio político va porque va. La Corte Constitucional está monitoreando que haya los 92 votos desde la Asamblea Nacional para cesar en sus funciones al presidente de la república”, expuso Espinosa porque se estaría dando la viabilidad que requiere el poder legislativo para enjuiciar al primer mandatario.
En caso de que se proceda, la ‘última carta’ que tendría el presidente es de consolidar la muerte cruzada y de esa forma, tratar de evitar su destitución, estipulada en el artículo 194 de la Constitución.
Terminar con el gobierno y las funciones de la Asamblea Nacional no es conveniente para el país, en gran parte por haber atravesado una pandemia que golpeó a la economía mundial y la promulgación para que las personas salgan a las calles, sería otro golpe a la economía. Criterios divididos, pero finalmente quien tiene la resolución final son los jueces de la Corte Constitucional.
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Cuerpo de Bomberos de El Pangui mantiene operativos de respuesta ante la emergencia invernal
El Cuerpo de Bomberos de El Pangui informan que se encuentran activamente desplegados en las zonas afectadas por la actual etapa invernal, ejecutando labores de respuesta inmediata orientadas al asentamiento, control de riesgos y apoyo integral a las familias damnificadas.
Para el cumplimiento de estas acciones, la institución ha movilizado seis (6) efectivos bomberiles, apoyados por una motobomba con capacidad de 14.000 litros de agua, un vehículo de logística y una ambulancia, además de personal prehospitalario capacitado para la atención oportuna de emergencias y la estabilización de pacientes en territorio.
De manera articulada, la Alcaldía del cantón El Pangui, a través de la Mesa del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal, se mantiene en sesión permanente para la toma de decisiones estratégicas, la gestión y optimización de recursos, y la coordinación interinstitucional necesaria para mitigar los impactos de la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.
Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales, acatar las disposiciones de seguridad y reportar cualquier situación de riesgo, con el objetivo de salvaguardar la vida, los bienes y el bienestar colectivo.
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Emergencia por crecida de río provoca graves afectaciones en San Roque y sector Las Pozas
La crecida del río registrada en las últimas horas ha generado afectaciones estructurales y sociales de consideración en el sector Las Pozas, la quebrada de ingreso a San Roque, y zonas aledañas, particularmente junto a la Unidad Educativa Leónidas García, obligando al cierre total del paso vehicular y a la activación de protocolos de emergencia.
Como consecuencia del incremento del caudal, se reporta la afectación de los cimientos del puente de Las Pozas, así como dos puentes con daños estructurales, lo que ha provocado el colapso del tráfico vehicular en ambos sentidos y la suspensión inmediata de la circulación para prevenir riesgos a la ciudadanía.
En el ámbito económico y turístico, se registra afectación total en la Hostería Las Pozas y la Hostería Boca de Lobo, cuyas edificaciones presentan ingreso de lodo y agua, comprometiendo seriamente su infraestructura.
Asimismo, en la vía estatal amazónica Pachicutza – San Roque se evidencia la presencia de crecida de riachuelo, acumulación de piedras, lodo y vegetación, lo que incrementa el nivel de riesgo para el tránsito y la conectividad interparroquial.
Afectaciones en el sector La Delicia
En el sector La Delicia, el evento natural ha dejado ocho viviendas afectadas, con aproximadamente 40 personas damnificadas. Se reporta la pérdida de animales de granja y domésticos, así como enseres, electrodomésticos y prendas de vestir arrastradas por el río. Adicionalmente, un camión volcó debido a las condiciones del terreno, y se registran daños en postes de energía eléctrica y cables, lo que ha dejado a la zona sin servicio de agua.
Acciones ejecutadas
Las unidades de respuesta actuaron de manera inmediata, ejecutando las siguientes acciones:
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Evacuación preventiva de personas afectadas.
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Traslado de animales a lugares seguros cercanos.
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Aseguramiento del camión volcado, procediendo a su apagado para evitar riesgos mayores.
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Cierre y delimitación de la vía en el sector del puente Las Pozas.
En la operación participaron dos vehículos de rescate y seis efectivos del Cuerpo de Bomberos, bajo el mando del TCrnl. Vinicio Guzmán.
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía no intentar cruzar las zonas afectadas, mantenerse informada por canales oficiales y acatar las disposiciones de los organismos de emergencia, mientras continúan las evaluaciones técnicas y las acciones de respuesta para salvaguardar la vida y los bienes de la población.
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Trabajadores denuncian presuntas vulneraciones a derechos laborales de empresa proveedora en Tundayme
Trabajadores de la empresa Tongling Nonferrous Metals Group Tongguan Construction and Installation Co. Ltd., contratista y proveedora de la empresa Ecuacorriente S.A. (ECSA), en la parroquia Tundayme, cantón El Pangui, expresan públicamente su preocupación por una serie de presuntas irregularidades laborales que, según indican, afectarían sus derechos establecidos en la legislación laboral ecuatoriana.
De acuerdo con los testimonios recogidos, los trabajadores señalan que, desde su ingreso a la empresa, se les hace firmar contratos de corta duración, inicialmente por tres meses, acompañados de adendas periódicas que se renuevan cada tres meses e, incluso, en ciertos casos, por períodos de apenas un mes. Según los denunciantes, esta modalidad contractual tendría como efecto que, al finalizar la relación laboral, no se reconozca de manera adecuada la liquidación correspondiente al tiempo total efectivamente trabajado.
Los trabajadores aseguran que existen casos de personas que laboraron tres y hasta cuatro años en la empresa y que, tras su desvinculación, habrían recibido montos considerados mínimos, que bordearían los 300 dólares por año trabajado, situación que genera dudas sobre la legalidad del procedimiento aplicado.
Otro de los puntos señalados se relaciona con el derecho a vacaciones. Conforme a la normativa laboral vigente, el trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones por cada año de trabajo. Sin embargo, según los testimonios, la empresa no estaría otorgando este beneficio de manera regular y, cuando lo hace, el pago correspondiente se realizaría por debajo del valor total de la remuneración mensual, lo cual, según indican, no se ajustaría a lo que establece la ley.
En materia de seguridad y salud ocupacional, los trabajadores manifiestan la falta de abastecimiento adecuado de equipos de protección personal (EPP) y de condiciones mínimas de bienestar. Señalan que, tras un año y ocho meses de trabajo, el único implemento entregado para descanso habría sido una colchoneta de bajo costo, la cual no ha sido reemplazada pese a su evidente deterioro, lo que consideran una vulneración a condiciones laborales dignas.
Asimismo, expresan inquietud respecto al pago de utilidades, indicando que, pese a tratarse de una empresa de gran tamaño y con contratos de alta envergadura como proveedora de ECSA, los valores entregados anualmente a los trabajadores serían inferiores a los mil dólares, incluso en casos de trabajadores con cuatro o cinco cargas familiares, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y correcta distribución de este beneficio legal.
En cuanto a las condiciones de trabajo, se señala que las labores se desarrollan en entornos con altos niveles de polvo y ruido, así como riesgos de atrapamiento y afectaciones a la salud. A pesar de ello, los trabajadores afirman percibir únicamente el salario básico, sin compensaciones adicionales por riesgo laboral, tal como lo contemplaría la normativa en casos de actividades peligrosas o insalubres.
Según la información proporcionada, en la empresa laborarían aproximadamente 200 trabajadores, distribuidos en distintos frentes, entre ellos construcción, bandas, áreas de aguas ácidas y otras secciones operativas. En el frente de bandas, por ejemplo, trabajarían alrededor de 50 personas, con jornadas que se extienden de 07h00 a 19h00, bajo un sistema de 15 días de trabajo por 15 de descanso. En otras áreas, como construcción, las jornadas se cumplirían de 08h00 a 17h00, bajo esquemas de 22 días laborables por 8 de descanso, manteniéndose, en todos los casos, el pago del salario básico unificado.
Finalmente, los trabajadores indican que los valores correspondientes a décimos tercero y cuarto sueldo son cancelados de manera mensualizada, lo que incrementa ligeramente el rol de pagos; sin embargo, aclaran que estos rubros constituyen beneficios legales adicionales y no reemplazan otros derechos laborales como compensaciones por riesgo, vacaciones completas o liquidaciones justas.
Los denunciantes hacen un llamado a las autoridades competentes para que se realicen las verificaciones correspondientes, a fin de garantizar el respeto a los derechos laborales y las condiciones dignas de trabajo, conforme a lo establecido en la legislación ecuatoriana vigente.
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