Nacionales
Empresarios de Ecuador y Colombia advierten sobre pérdidas millonarias por la guerra comercial
Empresarios de Ecuador y Colombia alertaron este lunes de pérdidas millonarias y del riesgo para miles de empleos que representa la guerra comercial entre ambos países, con la imposición de aranceles a las importaciones del 50% y 30%, respectivamente, y reclamaron un diálogo urgente al más alto nivel para evitar que el impacto se profundice.
La guerra comercial entre ambos países la inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.
Colombia respondió con aranceles a 73 productos, que entraron en vigor la semana pasada, y otras medidas; y Ecuador aumentó el gravamen al 50% desde el pasado domingo.
El posicionamiento de los gremios se produjo en un encuentro celebrado en Quito, con la participación virtual de empresarios colombianos, donde Rosero también advirtió que hay 40.000 empleos directos ligados a la cadena exportadora que podrían verse afectados.
En el frente de las importaciones, los empresarios ecuatorianos aseguraron que desde el 1 hasta el 21 de febrero las compras desde Colombia disminuyeron un 69% en valor y un 61% en número de operaciones, lo que afecta a más de 7.600 importadores.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), por ejemplo, afirmaron que al país ingresa un 15% de insumos médicos desde Colombia, por lo que con la tasa del 50%, el costo adicional sería de USD 21 millones.
Los empresarios también advirtieron de que esta medida abre espacio al contrabando y a las economías informales. «Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece», afirmó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
El líder gremial señaló que «las barreras comerciales no desarticulan el crimen organizado», ya que aunque los empresarios aseguraron estar comprometidos con los esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en ambos países, pidieron separar esa agenda de la actividad comercial.
«La seguridad es una prioridad legítima del Estado, pero la estabilidad económica también es parte esencial de esa seguridad», añadió Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que pidió que las medidas se paralicen mientras se abre un canal de diálogo entre Noboa y su homólogo, Gustavo Petro.
Añadió que no se trataba de quién tenía la razón, sino de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional.
En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia, Bruce Mac Master, reiteró que «no tiene ningún sentido usar mecanismos de restricción comercial para resolver problemas de seguridad».
El comercio bilateral entre ambos países se acerca a los USD 3.000 millones y está representado por miles de empresas, recordó Mac Master, que defendió que se trata de «un caso de éxito de integración».
Asimismo, pidió «separar la discusión de seguridad de la discusión comercial» y evitar que trabajadores y empresas se conviertan en «moneda» de cambio. Fuente: Vistazo
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Nacionales
Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
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