Aquiles Alvarez y sus dos hermanos, Antonio y Xavier, habrían formado un entramado empresarial “meticulosamente aceitado” para revender combustible subsidiado al sistema naviero internacional, según describió la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos del caso Goleada.

Los detalles sobre la investigación que llevó al alcalde de Guayaquil a la cárcel, de manera preventiva, eran desconocidos hasta ayer. Desde el pasado 23 de febrero, el sistema de la Función Judicial muestra los alegatos expuestos en la diligencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada, con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

En total, son 11 los procesados, pero el fiscal Dennis Villavicencio identifica a los hermanos Alvarez como los supuestos líderes de un entramado societario, que incluye una empresa de papel y simulación de deudas para esconder dinero irregular.

El fiscal narró que la estructura funcionaba con dos empresas base: Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A. Esta última es descrita como “una empresa de papel registrada en Panamá y domiciliada en Guayaquil”.

Según el expediente, el grupo utilizaba esas compañías para “beneficios económicos indebidos”. Básicamente, desviaban combustible desde Ternape, empresa que compraba diésel al Estado ecuatoriano afirmando que su destino final sería el segmento naviero nacional.

Sin embargo, el fiscal aseguró que Ternape revendía ese combustible subsidiado a precio real a embarcaciones con bandera internacional “recibiendo pagos directos a sus cuentas en el Ecuador”.

Como la empresa no podía registrar esas ventas en su contabilidad, Villavicencio aseguró que la estructura registró esos valores como una deuda a pagar a Flonape Overseas S. A. bajo el argumento de que esta última no tenía cuentas bancarias en el Ecuador al estar registrada en Panamá.

No obstante, ante las consecuencias financieras de registrar montos elevados como pasivos en contra de la empresa Ternape, “la cúpula criminal decidió ceder la supuesta deuda de Ternape a nombre de los mismos dueños de Flonape Overseas S. A., que no son otros que los hermanos Álvarez Henríques”.

Es así como una deuda de USD 2.700.000 se cedió en los valores de USD 800.000 a favor de Aquiles Alvarez y USD 1.900.000 a favor de Antonio Alvarez, quienes a su vez, decidieron no ejecutar el cobro de estos valores, sino que, por el contrario, resolvieron incrementar el capital de Ternape.

De acuerdo a la teoría del Ministerio Público, los otros ocho implicados en el caso Goleada estaban encargados de buscar embarcaciones de bandera internacional para vender diésel subsidiado a precio normal.

El fiscal Villavicencio manifiesta que todas las acciones de la presunta estructura se enmarcan en una delincuencia organizada, dirigida a lavar activos y evadir impuestos.

“El dinero que recibía Ternape por desviar diésel fue inyectado al sistema financiero nacional generando un beneficio económico y a su vez un posicionamiento financiero de la empresa por medio de un incremento sucesivo de capital. Todo esto, por medio de la simulación de deudas y cesiones, pues los recursos siempre estuvieron en dominio del grupo delictivo organizado consolidado a través de la sociedad Grupo Alva3 S. A. propietaria de las acciones del grupo empresarial”, concluyó Villavicencio.

Agregó que el “desfalco” generó un perjuicio para el Estado ecuatoriano de alrededor de USD 100 millones.

El abogado Ramiro García, defensor de los hermanos Alvarez, arrancó sus alegatos resaltando que “se ha menoscabado el derecho a la defensa de los procesados”, ya que tuvo acceso al expediente horas antes de que inicie la audiencia.

Además, aseguró que se está juzgando al alcalde de Guayaquil “dos veces por la misma causa”, ya que el caso Goleada se deriva del caso Triple A, en el cual se investiga el presunto delito de comercialización ilegal de combustibles.

Agregó que la acusación se basa en chats de WhatsApp, una denuncia anónima y un informe policial basado en la pericia de las conversaciones telefónicas. “Esto quiere decir que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que están manifestando”.

Luego, el jurista no se refirió específicamente al funcionamiento de las empresas Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A., si no que dio una explicación sobre el funcionamiento de la comercialización de combustible.

Detalló que la comercializadora remite a Petroecuador el requerimiento de alguna embarcación y, tras los controles pertinentes de la empresa estatal, se concede el combustible.

Por ello, el abogado señaló que “es materialmente imposible que la comercializadora desvíe un solo galón de lo que ha sido, en el caso del sector naviero, solicitado por una embarcación para entregarla a otra a un precio diferente”.

También, calificó a la teoría de la Fiscalía como una “películas de ciencia ficción”, basada en el desconocimiento y subrayó que el conglomerado de empresas de sus defendidos mantiene toda su documentación en regla, “incluyendo el pago de nueve millones de dólares en impuestos, sus facturas y obligaciones tributarias al día”.

“Resulta inusual que una presunta organización delictiva, a la que hace referencia la Fiscalía, haya cancelado tal monto en impuestos”, acotó García.

Actualmente, el caso Goleada permanece en la etapa de instrucción fiscal. Mientras tanto, Aquiles Alvarez y sus hermanos están retenidos en distintas cárceles del país, al igual que otros dos procesados.

En cambio, cinco implicados recibieron medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país. Finalmente, un adulto mayor obtuvo prisión domiciliaria. A todos se les bloqueó sus cuentas bancarias mientras siguen las investigaciones. Fuente: Vistazo