Nacionales
Gabriela Rivadeneira: Revolución Ciudadana está en «riesgo de volver a perder el casillero electoral»
Después de seis años de refugiarse en México, Gabriela Rivadeneira regresó a Ecuador, en enero de 2026, con el objetivo político de reestructurar a la Revolución Ciudadana y enfrentar las próximas elecciones seccionales de febrero de 2027.
El correísmo apostó por una de sus figuras icónicas, que ha estado alejada de la tarima nacional, y la escogió como su presidenta nacional, para recuperar la organización golpeada por los casos de corrupción, las pugnas internas y tres derrotas presidenciales consecutivas.
En entrevista con PRIMICIAS, la también expresidenta de la Asamblea Nacional analizó la situación de la lista 5, sus retos internos, objetivos partidistas y preocupaciones externas, como la posibilidad de que una sentencia electoral les arrebate la posibilidad de participar en las elecciones.
¿Por qué volvió a Ecuador después de seis años, no solo lejos del país, sino de la política partidista?
La verdad era algo que no estaba previsto. Todavía tengo un proceso por instigación que no se archiva, lo cual se convierte, como para muchos de los dirigentes de este país, en un tema de complicación y seguridad jurídica.
Pero más allá de eso y de un tema personal, es la necesidad de reconectar la organización política más importante que tiene este país, con la sociedad, con la gente. La necesidad de volver a ser una organización política territorial, mirando a mediano y largo plazo. El país ya no nos da tregua para bajar los brazos o para mantenernos al margen de lo que está pasando.
El objetivo, entonces, de este regreso es netamente político, partidista, electoral.
Totalmente. Partidista, dejemos ahí. No sé si electoral, aunque estamos próximos a elecciones de gobiernos locales. Pero yo estoy convencida de que el movimiento debe fortalecerse para presentarse a un proceso electoral. No es un tema solo de la Revolución Ciudadana, lo hemos visto en varias organizaciones políticas de Ecuador y de la región.
Las organizaciones políticas tienen que volver a ser el espacio de confluencia de los intereses y de las causas de la sociedad. Ahora que estamos luchando por los temas de salud, educación, laborales, hay muchas necesidades de la sociedad, pero también hay un estado de terror implementado.
La única forma de romper con el temor y el miedo social y ciudadano es aterrizando y buscando espacios de confluencia, de diálogo, de reflexión política, el por qué el país ha llegado a este punto y por qué no podemos continuar sosteniendo un país con la propuesta de gobierno de (Daniel) Noboa, que no termina de aterrizar y realmente ha causado mucha incertidumbre.
Un mes tal vez es poco tiempo, pero ¿cómo recibió el partido? La estructura, la parte administrativa, financiera, ¿en qué estado está la casa por dentro?
El movimiento se ha sostenido durante estos ocho años a pesar de la campaña sistemática de, no solamente desprestigio, sino de ‘lawfare’ o de guerra judicial, una persecución incesante que ha llegado a diferentes niveles.
No solamente es la dirigencia, ni quienes nos acogimos al exilio, quienes somos asilados políticos o fuimos en su momento, sino además son muchos ciudadanos y ciudadanas que en territorio también han sentido ese peso de la judicialización.
¿Cómo encuentro a la organización? Presente en todos los territorios, como debe ser una organización viva. Encuentro un debate muy fuerte a la interna, sobre qué tipo de estructura debemos tener. Hoy estamos en planteando una metodología de reestructuración nacional. Es un mandato de la Convención de Manabí.
Tenemos 60 días para una reestructuración nacional de toda la fuerza política y para redireccionar hacia donde van nuestros esfuerzos: formación, organización y movilización.
¿Cuáles son los principales puntos de esta reestructuración?
Primero, tener un plan estratégico, saber hacia dónde vamos, tenemos secretarías actuando. Para mí hay dos secretarías a las que tenemos que ponerle mucho énfasis por la realidad nacional: la de las Juventudes y la de las Mujeres. Creo que ahí hay mucho por hacer.
Hay una gran oportunidad de trabajo territorial y organizativo alrededor del tema de mujeres, más en un país como el nuestro donde se han disparado los indicadores de violencia.
Vamos a cambiar las directivas provinciales para empatar con el momento que está viviendo el movimiento y que nos permita identificar cuadros políticos territoriales con los que podamos participar en el próximo periodo electoral.
Quienes nos dedicamos a hacer partido, estamos llamados a hacer partido. Quienes pinten, se presenten o tengan capacidades para ser candidatos, pues tendrán que hacer lo suyo.
¿Cómo ve el cierre del periodo de Luisa González? ¿Hacía falta un cambio de orden interno?
Yo respeto mucho a Andrés Arauz y a Luisa González, que en sus dos periodos asumieron no solamente la representación del partido, sino la representación de la candidatura nacional y presidencial.
Eso requería otras condiciones de participación y del partido. Ahora, al no estar hablando de una persona candidata, estamos hablando de la posibilidad del fortalecimiento más a la interna. Son momentos diferentes, en los que nuestros compañeros han asumido tareas sumamente complejas.
Ahora, Luisa y Andrés están bajo la lupa del TCE (Tribunal Contencioso Electoral), con allanamientos televisados, como ha llegado a ser una parte de la normalidad de la justicia del país.
Hay muchas cosas por hacer en realidad, hay muchas áreas que abordar. Pero creo que hemos dado pasos importantes en estas poca pocas semanas. Tenemos una articulación directa con prefecturas, con alcaldías, concejalías, juntas parroquiales, con nuestros directores provinciales actuales. Estamos en contacto directo con los colectivos.
Entonces sí, viene un momento de mayor diálogo interno.
Pero, sobre todo, empezamos las visitas territoriales, tuvimos una primera en Guayas. Por supuesto, sin dejar de lado también una disputa que es importante: la defensa de nuestros presos políticos, de nuestros compañeros y compañeras que están pasando procesos de judicialización y también la defensa de la población.
Ese diálogo y debate interno ha dado mucho que hablar en la Revolución Ciudadana, con la carta de las autoridades locales a Rafael Correa, ¿qué sucederá con esas quejas en esta nueva etapa?
No, yo creo que el espacio de diálogo ha sido siempre permanente. Recuerdo que, incluso, cuando presidí la Asamblea Nacional decían que las tres mujeres que dirigimos el poder legislativo éramos las sumisas de Correa.
Yo siempre decía que hay mecanismos, que sí hay espacios internos de diálogo y de debate, donde se toman decisiones, donde había discusiones fuertes. Pero adentro tomamos una decisión y hacia afuera íbamos con esa decisión. Eso es parte de la organicidad y disciplina de una organización política.
Todo es perfectible, por supuesto. Y mi postura muy particular frente a esa carta emitida por algunos compañeros y compañeras es que no fue la forma correcta. En política el fondo es tan importante como la forma y hay formas de hacer la política y de ejercer la política.
Pero también hay una cosa que es real, hay líneas sobre las cuales militamos. Hay líneas rojas que las hemos aceptado para militar en esta organización política. Y creo que también el movimiento ha servido, en los últimos años, para muchos oportunismos, para la traición que, además, ha sido ya un tema ya naturalizado.
Lastimosamente, eso es algo que estamos haciendo una práctica política en las organizaciones de nuestro país y eso es algo que tendríamos que revisar también a la interna. Generar mejores espacios significa también mayores líneas de conducción y una suerte de disciplina, de organicidad.
Gustavo Jalk va a presidir el consejo de disciplina y está generando varios mecanismos para que podamos canalizar de mejor manera los conflictos que puedan presentarse.
Y valga la pena decir que la directiva que fue electa hace un mes todavía no estamos formalizados por el CNE (Consejo Nacional Electoral). Así que hacemos un llamado gentil al CNE para la formalización, así como para la canalización de los recursos que nos corresponde como organización política.
Usted mencionaba que ya se están organizando con mira a las seccionales de febrero de 2027, ¿cómo avanza ese proceso?
En junio tenemos que arrancar los partidos políticos, así que el tiempo está encima. Creo que, si hacemos las cosas en orden, van a funcionar de mejor manera.
Hoy se les ha dicho, y he sido absolutamente categórica, que ninguna persona de la organización política está autorizada para hablar de candidaturas en este momento, cuando estamos en un proceso de reestructuración.
Después el tema será el procedimiento para las candidaturas. Yo creo que tenemos que ser aún más rigurosos con quienes estamos poniendo en la lista, especialmente cuando el movimiento representa estas líneas éticas y de principios.
Así que todo eso pues vamos a hacerlo de la manera más transparente. Tenemos además una app del movimiento que está fortaleciéndose, para democratizar las decisiones a la interna, como una herramienta que llegue a territorios donde los compañeros no necesariamente están acudiendo físicamente a una asamblea.
Aunque sea pronto, ¿qué va a pasar con las autoridades locales que han tenido algún alejamiento, sea con el partido o con el expresidente Rafael Correa? ¿Tienen todavía la oportunidad de ser candidatos de la Revolución Ciudadana?
Todas son autoridades y todas tienen el derecho de reelección.
Y ante la ausencia y el vaciamiento del Gobierno central en territorio, han sido nuestras autoridades locales las que han estado en primera línea de atención y eso lo hemos evidenciado en estas últimas semanas, con el debate del Cootad.
Por lo tanto, tenemos excelentes cuadros de hombres y mujeres, tanto de los que están ejerciendo ahora como los que vamos a presentar en el próximo periodo electoral.
¿La prefecta de Guayas, Marcela Guiñaga, ya no es una carta para la Prefectura de Guayas?
Las personas eligen dónde quieren estar. Yo he sido muy clara, espero y aspiro que la Revolución Ciudadana cierre filas. Pero la decisión de estar, de quedarse o de irse es de las personas y pues nosotros seguimos nuestro trabajo.
En el escenario electoral hay varios procesos en contra de las figuras de la Revolución Ciudadana y la misma organización, ¿hay alguna preocupación sobre una futura sentencia del TCE?
Hace dos semanas que tuvimos un diálogo interpartidista, estuvimos 11 de las 17 organizaciones a escala nacional y debatíamos justamente la preocupación que tenemos sobre la ruptura del estado de derecho y de los espacios de democracia. Hay preocupación sobre la transparencia electoral.
Nos regalaron un nuevo calendario electoral, con el que se prorrogan las autoridades electorales un año y medio más. ¿Y eso qué quiere decir? Que, por supuesto, hay desconfianza sobre el sistema electoral.
Es el mismo sistema en el que tenemos sanciones, sobre el que tenemos cuatro procesos abiertos en el TCE, que además muchos de ellos estarían relacionados al interés de quitarnos el casillero nuevamente como organización política. Aunque desde 2022 tampoco tenemos las asignaciones presupuestarias que nos corresponden.
Estamos bajo la lupa y bajo la mira y bajo el riesgo también de volver a perder ese casillero electoral.
Si esa preocupación se hiciese realidad, ¿cuál sería la opción para seguir en la contienda electoral sin la lista 5?
En 2017 ya lo pasamos y las condiciones eran más complejas porque, en ese momento, había muchas tesis alrededor, como que se trataba de un acuerdo entre Correa y Moreno, para mostrar una disputa y generar capital político propio hacia Moreno.
¿Qué hacer ahora si nos corresponde? Esperamos que no. Porque hay un junior jugando a ser presidente que se jacta de ser demócrata y las autoridades del órgano electoral aparentan una cierta transparencia.
Esperamos entonces que, con base en ese derecho democrático que tenemos de organizarnos, mantengan el casillero, porque además no hay razón para quitarlo. Los cuatro casos, y los he revisado personalmente, que tenemos abiertos en el TCE, no tienen nada que ver con la pérdida casillero, pero sabemos que todo puede pasar.
Sin embargo, tenemos plan A, B, C, D. Tenemos el abecedario completo de planes y no exagero. Hay una necesidad urgente de muchos sectores sociales y políticos de marcar una hoja de ruta común de un proyecto para el país.
Eso ha provocado que organizaciones políticas, incluso con las que hemos tenido nuestros roces en la historia reciente, estemos dialogando y conversando sobre qué vamos a hacer con el país. Y eso nos permite saber que siempre hay alternativas.
¿En ese plan A, B o C entra su aliado de las elecciones anteriores, el movimiento Reto?
Bueno, con Reto mantenemos una alianza vigente en Guayaquil. Eso es absolutamente clave.
Hemos rechazado el proceso ilegal en contra del alcalde de la ciudad más poblada de este país, Aquiles Alvarez, que además ha sido una de las autoridades locales y protagonistas políticos más importantes de oposición al Gobierno. Fuente: Primicias
Nacionales
Ministra de Gobierno, Nataly Morillo, denuncia penalmente a Rafael Correa por presunto espionaje desde Segura EP
La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del expresidente Rafael Correa y otros posibles involucrados, por un presunto caso relacionado con espionaje y el supuesto manejo indebido del sistema de videovigilancia de Segura EP.
La funcionaria acudió la mañana del lunes 22 de junio a la sede del organismo judicial, donde solicitó que se inicie una investigación para determinar si existieron delitos en torno al uso de esta plataforma tecnológica destinada a la seguridad ciudadana.
Durante sus declaraciones, la ministra indicó que la investigación permitirá conocer si más personas formarían parte de la presunta estructura señalada en la denuncia. Además, sostuvo que la identificación de otros posibles involucrados deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.
Nacionales
Los bienes de quienes mueven los hilos del país: este es el patrimonio de Daniel Noboa y compañía
El presidente de la República, Daniel Noboa, tiene un patrimonio que asciende a $ 1,6 millones, no registra deudas. Tampoco tiene vehículos a su nombre, pese a que se lo ha visto conduciendo varios carros. Sí registra una casa adquirida en 2015 en Santa Elena, valorada en $ 1,5 millones; acciones en empresas que suman $ 101 mil y tres cuentas corrientes con $ 16 mil.
Esto consta en el reporte más reciente y disponible para la lectura de 2025 que el mandatario presentó ante la Contraloría. No hay registros de 2026. En la declaración anterior, también de 2025, en cambio, registraba una deuda de $ 741 mil bajo el concepto de préstamo hipotecario.
Daniel Noboa conduce un carro Porsche en Santa Elena, en un día de elecciones.
Esta suerte de radiografía de bienes es posible hacerla solo si hay acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos, reportes obligatorios que los servidores tienen que entregar periódicamente.
Diario EXPRESO analizó las declaraciones más recientes de trece autoridades de las principales instituciones del país, como ejercicio del derecho al acceso a la información pública que tiene la ciudadanía, y a pocas semanas de los cambios que estableció la Contraloría para poder ingresar a esos reportes públicos (uno de los personajes políticos renunció y otro fue removido del cargo).
El 20 de abril pasado, la institución implementó varias restricciones en el sitio de consulta de los documentos, tras reportar un supuesto ataque a su sitio web, sin que hasta ahora conteste preguntas de este Diario: ¿Denunció tal afectación a la Fiscalía? ¿Qué tipo de incidente se registró? ¿Qué medidas aplicaron? Solo hay silencio.
La imposición de las restricciones coincidieron con señalamientos en redes sociales en contra de Xavier Torres, el contralor, sobre un supuesto caso de nepotismo. Él rechazó las acusaciones.
Ante la presión de la sociedad civil, la entidad cedió casi por completo: retiró la marca de agua que dificultaba la lectura de los montos de los bienes, desbloqueó el desglose de las propiedades y habilitó de nuevo la referencia del año del documento y las fechas de las funciones.
No obstante, si un ciudadano desea consultar la información pública de un funcionario tiene que llenar un formulario con varios datos personales.
Esta exigencia ha sido cuestionada por activistas y organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) o la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) porque podría generar un efecto intimidatorio para quienes fiscalizan al poder público. A la fecha sigue inhabilitada la opción de descarga del documento (PDF).
Después de la reducción de ministerios, el presidente Daniel Noboa presentó a su gabinete de ministros.
El salto patrimonial de Olsen entre el Ministerio y la Asamblea
Entre las declaraciones analizadas por este Diario constan las de Niels Olsen, hasta hace unos días presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza del primer mandatario. Olsen acumula un patrimonio de $ 1,8 millones, según su declaración más reciente, en 2025.
En la lista de activos registra nueve cuentas bancarias cuyos montos ascienden a un total de $ 87 mil. El exasambleísta por el movimiento de Gobierno registra una casa adquirida en 2008 en Guayas, por $ 135 mil; un departamento registrado en 2023 también en Guayas, por $ 460 mil.
Niels Olsen presentó su renuncia a la Presidencia de la Asamblea Nacional este 8 de junio de 2026.
Olsen es miembro de una familia que se ha dedicado al agroturismo y en su reporte sí registra un vehículo, una camioneta del 2023, adquirida en 2022, por $ 45 mil; y un menaje de casa (mobiliario y enseres), por $ 90 mil.
Entre su paso como ministro de Guillermo Lasso y presidente de la Asamblea, Olsen experimentó un salto patrimonial de aproximadamente $ 1 millón, en acciones de empresas.
Siete años en el CNE y un patrimonio que creció un 130 %
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta hace poco, es otro personaje que está bajo escrutinio. Ella es una de las autoridades nacionales con más años en funciones. Sigue siendo vocal.
Y esto se debe a los problemas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que han provocado lagunas en la ejecución de procesos de renovación de autoridades. Varios vocales del CNE cumplen funciones de forma prorrogada.
Atamaint fue posesionada como presidenta del órgano electoral en 2018. En ese año declaró un patrimonio de $ 165 mil. Siete años después, en 2025, se registró un incrementó de un 130%. Su patrimonio se situó en $ 380 mil.
En esos siete años, además de acumular cuestionamientos por decisiones en su gestión, por la eliminación de partidos y movimientos, y por problemas técnicos en procesos electorales como la caída de la página web de seguimiento al escrutinio, la funcionaria ha multiplicado sus ahorros. A inicios de su gestión, sus cinco cuentas de ahorros tenían $ 1.900. En la más reciente declaración, de 2025, sus cuatro cuentas reportadas suman $ 43 mil.
Así también se registraron cambios en sus bienes inmuebles, como la casa que adquirió en 2008 en Pichincha, valorada en $ 123 mil, que ya no consta en el listado presentado el año anterior. En cambio, entre los bienes más recientes, figura una casa adquirida en 2021 en Pichincha cuyo valor es de $ 325 mil. Además de la casa, en esa lista constan dos terrenos en Morona Santiago, uno menos que en 2018. En los pasivos también se detalla un préstamo hipotecario cuyo saldo es $ 96 mil.
Como respuesta a un correo electrónico de este Diario, Atamaint dijo que por estar en comisión de servicios no era posible atender el pedido de comentarios.
Las siete cuentas bancarias con medio millón de dólares
Andrés Fantoni, quien llegó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en abril de 2024 también ha estado marcado por hechos polémicos y acusaciones. Se lo ha señalado de tener afinidad con el oficialismo, de tener responsabilidad en decisiones controvertidas en el proceso de selección del Fiscal General y un inusual aumento en su patrimonio, según actores políticos.
El salto patrimonial ha sido notorio. En 2022, Fantoni declaró un patrimonio de $ 163 mil, cuando laboraba como asesor del Registro Civil de Guayaquil. En su ingreso al CPCCS, en 2023 reportó $ 963 mil. Dos años después, en 2025, declaró $ 1,2 millones.
En ese año, el funcionario enlistó siete cuentas bancarias (entre ahorros y corriente) cuyos montos suman $ 595 mil, más de $ 169 mil que en los registros pasados (declaración de 2023), acciones en empresas por $ 250 mil, cuentas por cobrar por $ 80 mil.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni (c), y la vicepresidenta Jazmín Enríquez (d).
Posee dos vehículos, un bote, menaje de casa, equipos de oficina y otros enseres, valorados en $ 72 mil. En cuanto a bienes inmuebles, Fantoni reportó un departamento en Santa Elena, adquirido en 2018, cuyo valor asciende a los $ 123 mil; y dos casas en Guayas, de 2016 y 2024, avaluadas en $ 230 mil y $ 194 mil, en ese mismo orden.
El patrimonio del contralor que limitó acceso a declaraciones
Uno de los patrones hallados en el análisis es que las autoridades han reportado tres o más cuentas bancarias. En el caso del contralor Xavier Torres constan once, cuyos montos suman $ 14 mil. Entres sus dos carros, equipos de oficina, menaje de casa, joyas y obras de arte acumula $ 110 mil. También cuenta con un terreno en Loja, adquirido en 2015 y valorado en $ 30 mil; y una casa en Pichincha desde 2019, por $ 195 mil.
Torres fue posesionado el 28 de noviembre de 2023. En ese entonces, entró a la institución con un patrimonio de $ 30 mil. Dos años después, sus activos y pasivos le dejaron un saldo de $ 71 mil.
En el ámbito de la justicia también se revisaron las declaraciones patrimoniales de las principales autoridades.
Los bienes del presidente encargado de la Corte de Justicia
Marco Rodríguez, titular encargado de la CNJ, ha presentado un patrimonio de $ 313 mil. En los registros destacan dos departamentos en Pichincha, adquiridos en 2009 y 2015.
La nueva cabeza de la Judicatura y su radiografía patrimonial
Mercedes Caicedo, quien está al frente del CJ desde el 29 de abril pasado y que tiene la misión de devolver la confianza ciudadana al sistema de justicia tras el caso relacionado con Mario Godoy, presentó en su declaración de 2026 un patrimonio de $ 289 mil.
La evolución del patrimonio del fiscal Alarcón
El análisis también puso el foco en el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, designado por el CJ ante la renuncia de Wilson Toainga a finales de 2025. El funcionario integró el equipo de fiscales desde 2015. Su declaración de bienes más antigua y disponible es de 2019, cuando reportó un patrimonio de $ 124 mil. Seis años después, el cálculo entre activos y pasivos, le dejó un saldo de $ 187 mil.
El patrimonio del presidente de la Corte Constitucional
Por otro lado, el presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, en su declaración más reciente reportó un patrimonio de $ 99 mil; unos $ 30 mil más que en los registros de 2022.
La revisión de declaraciones patrimoniales también incluyó a otros hombres de confianza de Daniel Noboa, cuyas altas funciones han estado marcadas por acciones cuestionadas.
Las cuentas del ministro salpicado por contratación fallida
Roberto Luque, salpicado en el conocido caso Progen (Apagón), es uno de ellos. El funcionario, quien ha ocupado los cargos de Ministro de Transporte, Ministro de Energía encargado y Ministro de Infraestructura y Transporte (actual), registra declaraciones entre 2023 y 2024. No hay reportes del 2025 y 2026, según la plataforma de la Contraloría. En el reporte más reciente su patrimonio asciende a $149 mil. Presenta trece cuentas bancarias cuyos fondos suman $ 39 mil.
Cuentas en Estados Unidos e inversiones: los activos de Neira
José Julio Neira también es parte del círculo más cercano del mandatario. Antes de posesionarse como Secretario de la Administración Pública, Neira estaba al frente de, al menos, doce funciones por encargo de Noboa, como la dirección de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Desde ese y otros cargos, él ha impulsado denuncias e incluso ha emitido conclusiones de responsabilidades más allá de alguna decisión judicial.
Su cargo más antiguo es de 2023, como Subsecretario General de Acción Estratégica. En la declaración de ese año presentó un patrimonio de $ 447 mil. En el reporte de 2026 su patrimonio escaló a $ 461 mil. Entre sus activos destacan cinco cuentas bancarias, cuatro de esas en Estados Unidos, que registran un total de $ 46 mil. También se enlistan $ 160 mil de inversiones y $ 200 mil de semovientes (ganado). No registra casas ni vehículos.
Ante un pedido de comentarios de este Diario, Neira dijo que «como puede verificar no ha habido ningún aumento ni reducción de patrimonio, por lo que no tengo comentarios para su artículo».
La declaración patrimonial del jefe de Inteligencia del Estado
La revisión también documentó los registros de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En su más reciente declaración (2025) reportó un patrimonio de $ 356 mil. El exministro de Gobierno presenta una casa de $ 704 mil y un terreno de $ 300 mil, adquiridos en Guayas en 2018.
Los $ 300 mil de cuentas por cobrar de Cabezas-Klaere
Al final de la lista constan los registros del superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere. El funcionario reportó casi $ 1 millón de patrimonio. Entre los rubros importantes constan cuentas por cobrar por más de $ 300 mil.
Como parte de este ejercicio, se buscó unos comentarios de las autoridades para que, de ser necesario, precisen algún detalle de los registros. En todos los casos se enviaron correos electrónicos a las cuentas institucionales de los funcionarios. En ciertos casos, se buscó una versión a través de equipos de comunicación y mensajes de texto. Siguen pendientes las respuestas de la mayoría. Fuente: Expreso
En medio del controversial adelanto de las elecciones seccionales 2027, para el 29 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE), entonces dirigido por Diana Atamaint, decidió eliminar a dos organizaciones políticas, por falta de militantes, una de ellas Unidad Popular (UP).
El proceso avanzó en el CNE, pese a las quejas y recursos del partido. Pero una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) logró frenar la medida, bajo el argumento de que la decisión del Consejo llegó fuera del límite temporal enmarcado en el Código de la Democracia.
Esto representó una lucha de 80 días para la organización política, afirma su director nacional, Geovanni Atarihuana. En ese tiempo sus miembros se concentraron en su supervivencia legal y no en la preparación para las seccionales. Les provocó incertidumbre entre sus candidatos y posibles aliados, agrega.
Y, aunque eso podría pasarles factura, Atarihuana sostiene que «no hay mal que por bien no venga», ya que «ese ataque de Diana Atamaint» les dio una nueva vida. No solo reafirmó a sus militantes, sino que ahora hay más gente que conoce la lista 2 y que reconoce y apoya su posición política. El proceso de eliminación que llevó adelante el CNE terminó generándoles simpatías.
El camino a las seccionales
En ese proceso de mantener su vigencia, Unidad Popular consiguió renovar sus directivas en todas las provincias. Además, ya definieron sus colegios electorales y entre el 26 de junio y el 2 de julio definirán todas sus candidaturas. Según Atarihuana, el partido espera concretar cuadros en 180 a 190 cantones, incluyendo las prefecturas.
«Nosotros somos un partido real, con bases, con participación democrática, eso nos da la fuerza para resistir lo que resistimos los últimos tres meses», advierte Atarihuana. Y explica que en la renovación de directivas participaron más de 7.000 militantes.
Mientras tanto, en la selección de delegados para los colegios electorales lo hicieron otros 2.500. Además, todas las estructuras y militantes de la lista 2 están habilitados para proponer candidaturas, que serán después vetadas y seleccionadas por esos delegados. «Nosotros no elegimos a dedo y aquí no hay gerente propietario que pone la plata y pone el candidato», dijo.
Serán procesos de democracia interna provinciales, donde se escogerán los perfiles para todas las dignidades de esa circunscripción. Sin embargo, esto conlleva sus retos. Por ejemplo, Manabí cuenta con 22 cantones, por lo que será una de las más complejas de concretar.
Las candidaturas más fuertes estarán en las prefecturas de Azuay, Orellana y Zamora, la Alcaldía de Santo Domingo, entre otras en Manabí. Mientras que en varias provincias están en diálogos con otras listas nacionales y locales, como Pachakutik, Izquierda Democrática y Partido Socialista. Pero eso se definirá hasta el 18 de julio.
La historia de Unidad Popular
Unidad Popular nació como movimiento el 5 de octubre de 2015, con el color rojo por bandera y el número 2 como lista. Sin embargo, toda su estructura política pertenecía originalmente al Movimiento Popular Democrático (MPD), que fue eliminado del registro electoral el año previo.
Esa misma estructura y organización de base, que se mantiene en pie desde 1978, fue la que permitió a la agrupación reinscribirse y recuperar su vida jurídica con 193.507 adherentes, en ese entonces, bajo otro nombre e imagen.
Su militancia y dirigencia salen en gran parte de los sectores populares, de las organizaciones barriales y sindicales, especialmente el de los maestros reunidos en la Unión Nacional de Educadores (UNE), que también fue disuelta durante el correísmo y recuperó su vida jurídica posteriormente.
Y, aunque ha participado constantemente en las contiendas electorales (generales y seccionales), desde el retorno a la democracia sus resultados han sido bajos, pero siempre lo suficientemente altos como para mantener su casillero.
En las votaciones nacionales, su respaldo más alto fue en 1984 (7,3%). Los otros dos porcentajes por sobre el 5% los obtuvo con alianzas. Y en las últimas presidenciales su candidato obtuvo apenas el 0,4%.
Mientras que en las seccionales suele tener más presencia, entre las miles de autoridades a escoger. Por ejemplo, en 2023 obtuvo alrededor de 90 cargos, con alianzas, entre prefecturas (Zamora y Orellana), alcaldías (Latacunga, Cayambe, Camilo Ponce Enríquez, Saraguro, Antonio Ante, entre otras) y concejalías. Esto fue más de lo que consiguió en las de 2019. Fuente: Primicias
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