Nacionales
Estados Unidos y Ecuador activan operaciones conjuntas en base aérea de Manta
Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos arribó de manera temporal a la ciudad de Manta para ejecutar operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La noticia fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador este miércoles, 17 de diciembre de 2025. La presencia militar forma parte de una estrategia bilateral orientada a fortalecer las capacidades de seguridad del país.
Según el comunicado, el despliegue a corto plazo tiene como objetivo apoyar a Ecuador en el combate contra los grupos narco-terroristas, mejorar la recopilación de información y reforzar las acciones contra el narcotráfico y por ende, con los grupos narcoterroristas.
Las operaciones se desarrollan en la Base Aérea Eloy Alfaro, en Manta, un punto estratégico en la costa ecuatoriana.
Las autoridades del Gobierno de Ecuador han sido enfáticas en que esta cooperación no implica la instalación de una base militar extranjera ni la permanencia de tropas estadounidenses en el país.
Además han mencionado en reiteradas ocasiones que estas acciones respetan la soberanía del Ecuador.
Cooperación bilateral en seguridad
La llegada de militares estadounidenses se enmarca en un proceso de fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa entre Ecuador y Estados Unidos, que ha incluido encuentros de alto nivel, como la visita de la secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, en noviembre.
Las acciones conjuntas se suman a otros esfuerzos regionales impulsados por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, incluyendo operativos en el mar Caribe, mientras Ecuador busca reforzar su capacidad de respuesta frente a la criminalidad organizada.
El Ejército Ecuatoriano informó que durante una operación de vigilancia fronteriza, se produjo un enfrentamiento armado que dejó dos presuntos integrantes de grupos disidentes abatidos y un importante decomiso de material bélico.
La intervención fue realizada por la Cuarta División de Ejército Amazonas, junto a sus unidades tácticas de frontera, en los sectores de Casa Grande, La Pintada y La Estrellita, zonas consideradas estratégicas por su cercanía a la línea limítrofe. Según el reporte oficial, las acciones formaron parte de un operativo de control territorial orientado a prevenir actividades ilícitas y garantizar la seguridad en la frontera norte del país.
Durante los patrullajes, los uniformados detectaron la presencia de individuos armados que, al percatarse de la operación militar, abrieron fuego contra el personal del Ejército. Ante esta agresión, los soldados aplicaron el uso legítimo de la fuerza para repeler el ataque y proteger su integridad.
Como resultado del enfrentamiento, dos sujetos fueron abatidos. Sus cuerpos fueron entregados a las autoridades competentes para el inicio de los procedimientos legales y las investigaciones correspondientes, a fin de determinar su identidad.
Una fuerte cantidad de armamento fue decomisada
En el lugar, los militares decomisaron dos fusiles tipo AR-15, ocho alimentadoras, alrededor de 500 municiones calibre 5.56 milímetros, cinco granadas de mano, dos chalecos y distintivos con insignias que harían referencia a la supuesta Compañía “Raúl Reyes” del Frente 48 de las extintas FARC-EP.
El presidente de la República, Daniel Noboa, informó este martes 16 de diciembre que dispuso que el Estado ecuatoriano presente una demanda contra la empresa Progen Industries LLC, en Estados Unidos.
A través de su cuenta en X, el primer mandatario compartió una imagen del documento judicial e indicó que la demanda fue presentada este lunes 15 de diciembre por medio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).
«Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos. Por eso cuentan con mi decisión y determinación, de acudir a todas las instancias, hasta que exista reparación integral al país», apuntó Noboa.
Según el documento, la demandante es CELEC, en representación del Estado, y los demandados son Progen Industries LLC; Genertek Power Corp.; Genertek Power Industries LLC; John B. Manning; W. Wade Manning; Andrew S. Williamson; Astrobryxa S.A.; AP Inspections Latinoamérica S.A. y A.P. Inspections LLC.
En la demanda, el Estado ecuatoriano solicita indemnización por daños y medidas de reparación equitativa, al alegar presuntos actos de fraude, enriquecimiento injusto y violaciones legales cometidas por las empresas y personas señaladas. Fuente: Vistazo
Oficialmente, han concluido los alegatos de cierre en el juicio del caso Malvinas, que investiga a 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel para 11 uniformados en calidad de autores directos, siete años para el cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces.
Durante más de un mes, las partes procesales expusieron sus argumentos en torno a la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, quienes salieron a jugar fútbol, pero nunca más regresaron a sus hogares en el sur de Guayaquil.
Los chicos fueron aprehendidos, el 8 de diciembre del 2024, en las inmediaciones de un centro comercial por dos patrullas militares luego de una supuesta alerta de robo, que durante el juicio no se logró comprobar.
Sin embargo, los menores de edad fueron subidos a las camionetas y llevados hasta Tuara, en el cantón Naranjal. Días después, el 24 de diciembre, fueron encontrados calcinados en un manglar.
Inicialmente, los 16 militares que estuvieron en las patrullas aseguraron que dejaron “sanos y salvos” a los menores, pero conforme fue pasando el proceso judicial, esa teoría se diluyó luego de que cinco soldados decidieron colaborar con la justicia.
Tras el juicio, se conoce que los niños fueron golpeados, amenazados e insultados. Además, en el proceso quedó en evidencia una presunta intención de encubrimiento.
PRINCIPALES REVELACIONES DEL JUICIO
Los cinco cooperadores eficaces, para quienes la fiscalía pidió 30 meses de cárcel en calidad de autores, son: Nelson Oswaldo S. Z., Moisés Israel L. L., Alex Xavier Q. A., Carlos Xavier E. M. y Christian Eduardo A. Q.
- Nelson Oswaldo S. Z.: indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”. También, dijo que vio una lesión en la cabeza de uno de los menores, habló de un chat grupal e indicó que los niños fueron obligados a desnudarse, entre otros detalles.
- Moisés Israel L. L.: narró que en el momento de la detención de las víctimas, un vendedor de agua le dijo a él y otros militares que eran otras las personas que estaban robando y no los menores.
- Álex Xavier Q. A.: pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.
- Carlos Xavier E. M.: documentó las agresiones en Taura a través de un video que le envió a su hermana, en el que se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.
- Christian Eduardo A. Q.: contó que en las primeras versiones todos los militares “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.
OTROS ONCE AUTORES
El Ministerio Público solicitó 34 años y ocho meses de cárcel para otro grupo de 11 militares en calidad de autores directos, quienes se han mantenido en su postura inicial.
Aquí el principal señalado es John Henry Z. E., quien lideraba a las patrullas y dio la orden de llevar a los menores a Taura. Él manifestó durante el juicio que los colabores de la Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios.
Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.
En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.
Él y el resto de soldados coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club.
Esta es la lista completa de los uniformados que podrían recibir la pena más severa:
- John Henry Z. E.
- Wilson C.
- Wilmer Danny L. C.
- Rodrigo Paúl N. P.
- Jonathan Raúl G. P.
- Ronald Stalin P. T.
- Sergio Francisco V. B.
- Jhon Eduardo T. M.
- Lister Henry L. C.
- Bryan Olmedo N. L.
- David Andrés C. A.
EL CÓMPLICE
El último militar implicado en el proceso fue el teniente coronel Juan Francisco I., quien fue procesado en calidad de cómplice, ya que él no estuvo en las patrullas que detuvieron a los menores, pero habría ejecutado acciones irregulares días después en el lugar en que las víctimas quedaron abandonadas.
Durante el juicio, se conoció que Francisco habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.
Según la Fiscalía, el teniente coronel también grabó entrevistas a los militares y ordenó al subteniente John Henry Z. que borre videos y elimine de su informe detalles sobre los golpes y maltratos que recibieron los ahora fallecidos.
Mientras tanto, la defensa del teniente rechazó las acusaciones y argumentó que el implicado sí notificó a la Policía sobre los datos recabados por las patrullas militares en Taura bajo “formatos adecuados para que no haya cambios”.
Agregó que existe deslealtad procesal “porque se están diciendo cosas que no ocurrieron”.
Para él, la fiscalía solicitó siete años y cuatro meses de cárcel en calidad de cómplice. Además, tendría que pagar una multa económica y una reparación integral al igual que los otros 16 uniformados.
Ahora la decisión final está en manos del Tribunal, quien decidirá si acoge o no los pedidos de sentencia del Ministerio Público. Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, comentó que la audiencia ocurrirá en los próximos días, máximo hasta el lunes 22 de diciembre. Fuente: Vistazo
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