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Opinión

Noboa, entre la deriva autoritaria y la Constituyente

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Gonzalo Ortiz | Escritor, periodista y editor; académico de la Lengua y de la Historia; politico y profesor universitario. Fue vicealcalde de Quito y embajador en Colombia.

Con inusitada velocidad, el presidente Noboa recibió la noche del martes el dictamen de la Corte Constitucional (CC) y antes de que amaneciera el miércoles, pasadas las 4 de la madrugada, emitió el decreto ejecutivo 155 en que, agachando la cabeza, eliminó 13 considerandos del decreto anterior (el 153), que fueron observados por la CC por inducir al voto, y corrigió el pésimo cálculo para la elección de los asambleístas, a fin de que cuadraran con los 80 que quería.

Ese decreto 153 es vergonzoso, como mucho de lo que sale de palacio: mal redactado, mal calculado.

Noboa señalaba que el total de asambleístas sería de 80 y que procederían 24 de una lista nacional, 52 de las provincias y 6 del exterior, pero no precisaba, como lo han hecho todos los que han convocado a una Constituyente, cuántos se elegirían por cada provincia, dejando ese cálculo al CNE, al que disponía publicar el «cuadro provincial definitivo aplicando el método D’Hondt».

Se ve que en el Palacio de Gobierno les da pereza calcular y que, además, no entienden para qué sirve el método D’Hondt, que no es un método para decidir cuántos asambleístas se eligen por provincia sino para asignar escaños después de una votación.

La CC le pega al Gobierno una repasada de maestro de escuela a alumno vago: «Cabe precisar que el método D’Hondt no determina el tamaño de las circunscripciones, sino que se aplica únicamente a la adjudicación de escaños una vez obtenidos los resultados electorales».

Pero, además, había una confusión de padre y señor mío en el número de asambleístas a elegirse. Noboa proponía uno fijo por provincia más uno por cada 200 mil habitantes o fracción que supere los 150 mil habitantes. Pero eso arrojaba como resultado 104 asambleístas provinciales y no 52.

La CC ha tenido que insistir en su dictamen en este punto, que es de aritmética de primaria: si hay mínimo un asambleísta por provincia se tiene 24, por lo que para completar los 52 solo debe elegirse 28 de acuerdo con la población. Pero si se aplica el criterio de uno por cada 200.000 habitantes, ¡resulta que se eligen 80!

Así, el “pequeño” error de cálculo de palacio haría que se tenga 80 asambleístas por población más 24 por el mínimo, más los demás segmentos: una asamblea de 132 integrantes, mucho más de lo que supuestamente se fija como máximo.

Con la cara roja de vergüenza deben haber leído en el palacio, la noche del martes, lo que les dice la Corte Constitucional: “Al no contar con parámetros claros de elección, no sería posible realizar ni siquiera la convocatoria a elecciones de la Asamblea Constituyente”.

Así que ahora, en el decreto expedido en el rosicler de la aurora, Noboa agacha la cabeza, quita los 13 considerandos (de 33 que eran), cambia la base de cálculo y establece que se elegirá un asambleísta por cada 471.000 habitantes.

También aclara otra cosa que la CC le indica: el método para el reparto de escaños de las listas nacional y del exterior. En efecto, era tan descuidada la redacción del 153, que señalaba que solo el reparto de las listas provinciales se haría por el D’Hont.

Esto lleva a preguntarse una vez más: después de la vergüenza que el país pasó al ver a los asesores jurídicos de la Presidencia de la República y del Legislativo balbucear incoherencias en su triste defensa de las preguntas para consulta popular en las audiencias de la CC, ¿no se ha dado cuenta el presidente Noboa de que necesita asesores de mejor nivel?

Yo escogería a los mejores juristas del Ecuador, pero al menos el primer mandatario debería escoger a quienes puedan redactar como un mediano bachiller y hacer cálculos aritméticos de un buen alumno de primaria, y no estos analfabetos de los que está rodeado.

Y también lleva a pensar en el futuro: si llega a darse la asamblea constituyente, ¿quiénes serán los iluminados que redacten la nueva Constitución? ¿Personas del ínfimo nivel como sus asesores? ¿O del penoso nivel de los actuales asambleístas, que no en vano se ha calificado como los peores de la historia?

Anteayer, el presidente dijo que “los conchudos” a los que ha ganado dos veces le quieren dar lecciones de lo que debe hacer. Se refiere, claro, al correísmo. Pero los que no somos conchudos y jamás fuimos correístas, también podríamos afirmar que el personal del que dispone es de última y que está pésimamente asesorado en lo jurídico y en lo político.

No faltará quien salte a refutarme diciéndome que, al contrario, Noboa ha demostrado gran habilidad para controlar todos los poderes. Que ahora responden a él el Legislativo, el Judicial, el Electoral, el de Control Social, y que eso es una muestra de gran manejo político.

Perdonen que les decepcione: eso no es manejo político sino uso de los mecanismos más crasos del poder ejecutivo: reparto de cargos y beneficios.

Me preocupa cómo se consigue esas mayorías y qué hacen esas mayorías. Uno de los resultados recientes no es para tirar cohetes y, al contrario, quedará grabado en las antologías del disparate y la vergüenza: el juicio político al Dr. Gonzalo Albán que, como bien él dijo, es el juicio político “más absurdo de la historia”.

¿Por qué se destituyó a Albán? Por incumplir sus funciones, dice la sentencia de la asamblea. Pero ese supuesto incumplimiento de funciones es por algo que él no hizo y que, además, no ocurrió en el desempeño de sus funciones.

¿Cómo es ese intríngulis? Pues sí, la acusación a Albán es que fue consejero del CPCCS habiendo estado afiliado poco antes al movimiento político Mover. Ya se sabe que el requisito para ser consejero es no pertenecer ni haber pertenecido en años anteriores a un partido o movimiento político (requisito que, obviamente, los de la Liga Azul se saltaron a la bartola).

No conozco al Dr. Albán, pero su explicación es convincente y documentada.

Resulta que cuando fue a inscribir su candidatura al CPCCS esta fue rechazada porque apareció afiliado a Mover. Como nunca se había afiliado a ese ni a ningún otro movimiento, pronto estableció que habían fraguado su firma. Igual sucedía con miles de ecuatorianos que aparecían afiliados a movimientos de manera fraudulenta, por empresas que dicen “recolectar” firmas, cuando en realidad se las inventan.

Albán siguió juicio y probó ante el Tribunal Contencioso Electoral que aquella no era su firma. Este determinó por sentencia que se trataba de un fraude y que el CNE debía inscribir su candidatura. Así llegó al CPCCS.

La argumentación del interpelante, un asambleísta de ADN, fue que no importa la sentencia del único tribunal que puede juzgar esta materia: el Contencioso Electoral, y que el señor Albán actuó habiendo estado afiliado poco antes a Mover. ¡Y sus colegas aceptaron esa falacia y destituyeron a Albán!

Un gobierno autoritario y una legislatura servil decidieron usar el más inverosímil e insostenible argumento para apartar de su cargo a una persona porque no es sumisa al Gobierno. Incluso, y así lo reveló Martín Pallares en el podcast “Politizados” del martes, le habrían ofrecido salvar: si Albán votaba el viernes por el Dr. Mario Godoy para que presida el Consejo de la Judicatura, le libraban del juicio político.

Albán no se vendió y afrontó el juicio político el lunes, cuyo resultado es una vergüenza para interpelante, asambleístas de gobierno y Noboa, pues han usado el argumento más espurio que inventarse puedan para deshacerse de alguien que consideran no manipulable.

Y eso es un honor para Albán, aunque le haya caído el injusto castigo de dos años de suspensión de sus derechos políticos, porque ha mantenido una línea independiente.

Y toda esta retorcida maniobra, ¿para qué? ¡Para nombrar a Godoy!, un abogado que defendió a narcotraficantes, que no es precisamente muy brillante y que tiene varias otras observaciones en su carrera. ¿Su mérito? Ser sumiso al Gobierno, aunque en el año y medio que ha estado en el cargo haya administrado muy mal la judicatura.

¿Puede así hacerse patria? No. Así solo se repite el viejo principio correísta: control total de los poderes del Estado, supresión de cualquier voz disonante, sin que importen los caminos para lograrlo.

Por cierto, si ya controla todo, ¿para qué ir a una Constituyente? ¿No es jugarse un albur y tratar de adivinar dónde está la bolita a un gitano mañoso, como a veces se porta el electorado?

¡Y que Dios nos coja confesados! ¿Será la nueva Constitución un galimatías como aquella frase sin sujeto, verbo y predicado con que el presidente nos anunció su intención de convocar a Constituyente? Fuente: Primicias

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El chantaje y la proscripción: el libreto para ahogar la democracia

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Por: Alonzo Cueva Rojas

Las declaraciones del ministro del Interior son una alerta grave. Exigir que alcaldes y prefectos se alineen con el pensamiento oficial es una postura antidemocrática y una muestra de totalitarismo. Una responsabilidad elemental es coordinar acciones por el progreso del país, pero otra actitud muy distinta es intentar anular la diversidad de opinión y la libertad política.

El gobierno central y las autoridades locales (GAD) tienen la obligación de unirse para dar respuestas reales a la población. Esta cooperación técnica e institucional debe enfocarse en áreas urgentes, sin importar banderas partidistas, como: Coordinar planes firmes para devolver la tranquilidad a los territorios, garantizar escuelas dignas, atención médica y medicinas, proteger a los sectores vulnerables y erradicar la pobreza, entre otros.

Ecuador es un país diverso, intercultural y plurinacional, marcado por diferencias geográficas, culturales y generacionales. Cualquier gobernante debe estar listo para ejercer su función dentro de esa diversidad. Querer imponer un pensamiento único es una aberración política que jamás dará resultados positivos. La alienación no es la solución; el camino seguirá siendo el ejercicio democrático del poder.

Detrás del discurso de la alineación opera un crudo condicionamiento. Es un secreto a voces que a los alcaldes y prefectos con altas opciones de reelección se les presiona con una consigna clara: o se postulan con el partido de gobierno, o les congelan los fondos y les arman problemas legales usando de forma selectiva a la justicia.

A esto se suma la proscripción de líderes sociales y la eliminación de organizaciones políticas de oposición. Al dejar a los líderes legítimos sin casillero electoral, el régimen les cierra el camino. Ante este atropello, muchas autoridades terminan claudicando, disimulando su sumisión por temor a perder su libertad o poner en riesgo a sus familias.

Gobernar mediante el miedo y anular a los rivales destruye la libertad de todo el pueblo ecuatoriano.

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Un voto con conciencia, un futuro con esperanza

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El 29 de noviembre de 2026 no solo iremos a las urnas. Ese día decidiremos qué tipo de futuro tendrán nuestras ciudades, parroquias, comunidades y familias durante los próximos 4 años. No será una simple elección política; será una decisión que influirá en la calidad de vida de nuestros hijos, en las oportunidades de nuestros jóvenes, en la seguridad de nuestros barrios y en el progreso de nuestros territorios.

Cada voto es una herramienta de transformación o una oportunidad perdida. Por eso, elegir no es un favor que se le hace a un candidato. Elegir es un acto de responsabilidad con uno mismo, con la familia y con toda la comunidad.

Lamentablemente, en cada proceso electoral aparecen quienes creen que la dignidad de un pueblo tiene precio. Reparten regalos, organizan fiestas, ofrecen favores, prometen lo imposible y alimentan expectativas que saben que jamás podrán cumplir. Algunos incluso recurren a la mentira, al insulto y a la destrucción de la honra de sus adversarios porque carecen de propuestas, capacidad y visión.

Pero debemos preguntarnos con sinceridad: ¿alguna funda de alimentos ha solucionado el desempleo? ¿Algún espectáculo ha construido carreteras? ¿Alguna farra ha llevado agua potable a los hogares? ¿Algún regalo ha mejorado los hospitales, fortalecido la seguridad o creado oportunidades para nuestros jóvenes?

La respuesta es evidente. Las dádivas duran horas o días. Las malas decisiones electorales duran años. Un voto mal entregado puede significar cuatro años de abandono, corrupción, obras inconclusas, servicios deficientes y oportunidades perdidas. Y cuando una comunidad se equivoca al elegir, las consecuencias las pagan todos, incluso quienes votaron con responsabilidad.

Por eso, antes de votar, debemos mirar más allá de las emociones del momento. No votemos con rabia. No votemos por resentimiento. No votemos por conveniencia personal. Tampoco votemos por quien nos promete todo lo que queremos escuchar. Votemos con inteligencia, con memoria y con conciencia.

Investiguemos. Comparemos. Escuchemos. Analicemos.

Preguntémonos: ¿Ha demostrado capacidad para resolver problemas reales? ¿Tiene experiencia para administrar recursos públicos con eficiencia y transparencia? ¿Posee liderazgo para unir a la gente en lugar de dividirla? ¿Su trayectoria refleja honestidad, coherencia y vocación de servicio? ¿Ha trabajado por su comunidad antes de pedir el voto? ¿Tiene una visión clara para el desarrollo de nuestro territorio?

Los pueblos que prosperan no son aquellos que tienen más recursos, sino aquellos que eligen mejor a quienes los administran. La historia demuestra que el desarrollo de una comunidad depende, en gran medida, de la calidad de sus líderes y de la responsabilidad de sus ciudadanos al momento de elegirlos.

No olvidemos una verdad fundamental: quien compra votos no hace una inversión para servir; hace una inversión para recuperar lo gastado. Y cuando alguien llega al poder pensando en recuperar dinero o favores políticos, los intereses de la gente pasan a segundo plano. Nuestro voto vale más que cualquier regalo. Vale más que cualquier promesa vacía. Vale más que cualquier discurso bonito.

El voto es la voz de la dignidad ciudadana. Es el instrumento más poderoso que posee una democracia. Cuando se ejerce con conciencia, construye progreso. Cuando se entrega sin reflexión, abre las puertas al atraso.

Este 29 de noviembre de 2026, pensemos en nuestros hijos, en nuestros padres, en nuestros vecinos y en las futuras generaciones. Pensemos en el territorio que queremos dejarles. No elijamos al más popular, al más ruidoso o al más generoso con las dádivas. Elijamos a las mejores mujeres y a los mejores hombres; aquellos que tengan capacidad, integridad, experiencia, visión y un compromiso genuino con el bienestar colectivo.

Porque gobernar no es un privilegio. No es un premio. No es una oportunidad para enriquecerse. Gobernar es una responsabilidad enorme que exige preparación, honestidad y servicio.

El futuro de nuestros territorios no comienza cuando una autoridad asume el cargo. Comienza el día en que cada ciudadano decide con responsabilidad y sabiduría su voto.

Que el 29 de noviembre no gane la demagogia. Que no gane el populismo. Que no gane el interés particular de los que compran los votos.

Que gane la conciencia. Que gane la responsabilidad. Que gane el futuro.

 

 

 

 

 

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Lo que ves como indisciplina puede ser un grito desesperado de auxilio

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Cuando un estudiante desafía constantemente las normas, interrumpe la clase y parece empeñado en romper el ritmo de aprendizaje, es fácil verlo únicamente como un problema de disciplina. Sin embargo, detrás de muchas conductas disruptivas suele existir una historia que no se ve a simple vista.

Ese alumno que hoy pone a prueba tu paciencia puede estar intentando comunicar algo que todavía no sabe expresar con palabras.

A veces es el portavoz silencioso del caos que vive fuera de la escuela. Tal vez en su hogar hay conflictos, violencia, abandono o sufrimientos que no puede nombrar. Entonces los actúa. El aula se convierte en el único espacio donde su dolor encuentra una forma de salir. Su mala conducta no siempre es rebeldía; muchas veces es un grito de ayuda disfrazado.

Otras veces busca pertenecer. Cuando siente que no puede destacar por sus logros académicos, descubre que puede obtener reconocimiento a través de la oposición. Prefiere ser el alumno que todos conocen por desafiar las reglas antes que convertirse en el estudiante invisible que nadie mira. Para él, incluso una llamada de atención puede sentirse mejor que la indiferencia.

Y en ocasiones existe una herida más profunda: una relación dañada con la autoridad. Si creció rodeado de figuras autoritarias violentas o, por el contrario, sin límites ni referentes, es posible que proyecte esa experiencia en sus docentes. No está peleando contigo. Está peleando con la idea de autoridad que aprendió a temer, rechazar o desconfiar.

Comprender esto no significa justificar la indisciplina. Los límites son necesarios. Los demás estudiantes también tienen derecho a aprender en un ambiente seguro y ordenado. Pero entender el origen de la conducta nos permite intervenir con mayor inteligencia y humanidad.

Por eso, cuando aparezca la disrupción, evita convertirla en un espectáculo. Muchos estudiantes problemáticos encuentran poder cuando tienen público. Corregirlos delante de todos puede reforzar el papel que han construido para sobrevivir. Siempre que sea posible, busca un espacio privado para hablar. Cambia el juicio por la curiosidad. En lugar de preguntarte “¿por qué me desafía?”, pregúntate “¿qué está intentando decirme que no sabe expresar de otra manera?”.

Protege también a quienes sí están comprometidos con el aprendizaje. No permitas que la conducta negativa monopolice toda tu atención. Reconoce, destaca y fortalece constantemente a los estudiantes que participan, colaboran y se esfuerzan. Los grupos se transforman cuando el reconocimiento deja de alimentar el conflicto y empieza a reforzar las conductas positivas.

Otra estrategia poderosa es transformar la energía en responsabilidad. Muchos alumnos que desafían las normas poseen liderazgo, iniciativa y necesidad de protagonismo. Cuando les ofrecemos roles significativos (coordinar una actividad, colaborar con materiales, apoyar a un compañero o liderar una tarea específica) les mostramos que existen formas constructivas de ser vistos y valorados.

Recuerda siempre validar la emoción sin validar la conducta. Un estudiante puede estar enojado, frustrado o herido, y esas emociones merecen ser reconocidas. Lo que no puede permitirse es que dañe a otros o rompa las normas de convivencia. El mensaje es claro: “Entiendo cómo te sientes, pero necesito que encontremos una forma diferente de expresarlo”.

Y cuando sea necesario involucrar a las familias, construye puentes en lugar de levantar muros. Los padres suelen ponerse a la defensiva cuando sienten que están siendo juzgados. En vez de señalar culpables, habla de colaboración. En lugar de decir “su hijo está causando problemas”, intenta decir: “Estamos observando que está atravesando dificultades y queremos trabajar juntos para comprender qué necesita y cómo podemos ayudarlo”.

Con frecuencia, cuando una familia siente que no está siendo atacada, se convierte en la mejor aliada para encontrar soluciones.

La educación no consiste únicamente en transmitir conocimientos. Trabajamos con seres humanos, con historias, con heridas, con sueños y con luchas invisibles. Detrás de cada conducta hay una necesidad, detrás de cada desafío hay una historia, y detrás de cada estudiante difícil hay una oportunidad de transformar una vida.

Como docentes, nuestro reto no es solo enseñar contenidos. También es sostener, orientar y abrir caminos. Porque cuando dejamos de tomar la indisciplina como un ataque personal y empezamos a verla como una forma de comunicación, dejamos de reaccionar únicamente al comportamiento y comenzamos a impactar la realidad de quien lo necesita.

Y ese, quizás, sea uno de los actos educativos más poderosos que existen.

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