Nacionales
Procuraduría pide a Tribunal de la Corte de Justicia que conceda las providencias para prohibir la enajenación de los bienes de Ricardo Rivera
La Procuraduría General del Estado solicitó al Tribunal de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que conceda las providencias preventivas de prohibición de “enajenar, retención y secuestro de los bienes” de Ricardo Rivera Arauz, sentenciado dentro del caso Odebrecht y que murió el pasado sábado como consecuencia del COVID-19.
El 23 de enero del 2018, Rivera Arauz —tío del exvicepresidente de la República Jorge Glas— fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita por la trama de corrupción en el caso Odebrecht, y junto con otros procesados se le ordenó pagar una reparación integral al Estado ecuatoriano en su calidad de víctima, que ascendió a los $ 33′396.116.
En diciembre pasado, Rivera fue beneficiario del régimen semiabierto para cumplir lo que le restaba de su pena (alrededor de un año y medio de prisión) en libertad, pero este 15 de enero se confirmó su muerte a causa del coronavirus.
Por ello, la Procuraduría anunció este 18 de enero que solicitó el lunes último (17/1/2022) que se prohíba la enajenación, retención y secuestro de los bienes que estén a nombre del sentenciado, “toda vez que la obligación impuesta por la justicia ecuatoriana de reparar integralmente al Estado no se extingue por su muerte”.
Para ello, el organismo —abogado del Estado— solicitó al Tribunal que oficie al Registro Civil para que se informe el estado civil de Rivera, si se encuentran registradas disoluciones de la sociedad conyugal, capitulaciones matrimoniales o división de bienes y otros, para ejecutar la sentencia.
Se busca evitar que con su muerte los bienes puedan ser vendidos, donados o cedidos libremente por quienes sean sus sucesores, “quedándose el Estado sin la posibilidad de que se le pague la reparación integral con cargo, en parte, a los bienes del causante”.
De acuerdo con la Procuraduría, la muerte de Rivera no extingue la obligación de reparar integralmente al Estado.
“Señores jueces de ejecución, es claro que, desde una óptica jurídica, tal situación no se puede permitir y corresponde a ustedes proteger el derecho que tiene el Estado en su calidad de víctima para cobrar el valor por concepto de reparación integral que se le debe reconocer”, señala la petición de providencias dentro del proceso de ejecución, que remitió el delegado de la Procuraduría, Santiago Terán, al juez ponente del Tribunal, Byron Guillén.
Entre los argumentos que se exponen a los jueces de la Corte está que la reparación integral no es una pena, sino una compensación a la víctima del delito, en este caso el Estado, a quien se debe reparar en forma obligatoria para resarcir “en algo” el daño producido.
Que esta obligación no se extingue por la muerte; al contrario, permanece subsistente y vigente en el tiempo.
“Esta constituye una obligación de carácter patrimonial que debe ser cumplida, es decir, es una deuda para con el Estado”, se esgrimió, y que al ser un pasivo puede ser transmitido mediante la figura de la sucesión por causa de muerte a sus herederos; y, en caso de que no existan, el Estado puede solicitar las medidas de ejecución forzosa en contra de los bienes del sentenciado.
Se advierte que, si los sucesores de Rivera toman posesión de la herencia, deberán pagar al Estado los valores por la reparación integral; y si “repudian la herencia”, de igual forma el Estado tiene el derecho de exigir que se le pague con cargo a los bienes del causante, entre estas, también las acciones, participaciones o derechos en personas jurídicas en caso de existir.
Y si el fallecido no tiene herederos, “es también jurídicamente procedente que el Estado solicite la medida de embargo de bienes”. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Nueva fase de guerra en Ecuador: Gobierno detalla el plan para eliminar a los cabecillas narcos
El Gobierno de Daniel Noboa puso en marcha la nueva fase de guerra contra el narcoterrorismo, que contempla la priorización de operaciones militares en nueve provincias consideradas como las «más críticas«, así como la eliminación de cabecillas de los grupos de delincuencia organizada.
La estrategia, presentada este miércoles 10 de septiembre por el Ministerio de Defensa, encabezado por Gian Carlo Loffredo, se enmarca dentro del “conflicto armado no internacional que ha marcado la vida de millones de ecuatorianos”.
Según la cartera de Estado, los «meses de duros enfrentamientos«, la experiencia adquirida en el terreno y los golpes propinados a las estructuras criminales han revelado «una verdad ineludible»: el enemigo cambia de rostro y busca adaptarse.
Para delinear las directrices, el Alto Mando Militar, integrado por el General de Ejército Henry Delgado Salvador (jefe del Comando Conjunto), el General de Ejército Iván Vásconez Hurtado (Fuerza Terrestre), el Almirante Ricardo Unda Serrano (Fuerza Naval) y el General del Aire Mauricio Salazar Machuca (Fuerza Aérea) se reunió en Quito por disposición del ministro Loffredo.
¿Qué implica la nueva fase de guerra?
Tras el reciente cambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas, comenzó la planificación y focalización de las operaciones militares, estructuradas en tres ejes:
- Control territorial y ofensiva directa;
- Fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales;
- Neutralización y eliminación de objetivos.
Aunque la nueva estrategia militar contiene componentes reservados, se detalló que esta concentrará sus esfuerzos en las siguientes provincias:
En Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona Santiago se multiplicará el número de operaciones para neutralizar y destruir objetivos de alto valor, atacar blancos determinados y reforzar los controles de armas y explosivos en puntos críticos del país.
La ofensiva incluye la eliminación de cabecillas, la destrucción de maquinaria, combustibles e infraestructura usada en la minería ilegal, así como la neutralización de vehículos, bodegas y material vinculados al robo y contrabando de combustibles.
Cada acción se apoyará en un mapeo constante de patrullajes y en el incremento de la inteligencia militar, como punto clave en esta nueva fase de la guerra.
Además, la estrategia incorpora una atención prioritaria al control de los centros penitenciarios bajo responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
A esto se suma una política de cero tolerancia a la corrupción, con depuración institucional y mano dura internamente.
Todo este plan estará sujeto a un seguimiento permanente desde el Comando Conjunto, donde se evaluará cada acción, operación y estrategia para ajustar en tiempo real las tácticas según evolucione el escenario.
“Esta nueva fase exige medidas de cumplimiento inmediato y resultados efectivos, porque la meta es una sola: devolver bienestar, seguridad y paz al pueblo ecuatoriano. La consigna frente a las amenazas es clara: la cárcel o el infierno”, enfatizó el jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Henry Delgado.
El Gobierno de Ecuador espera más de 58.000 participantes en la marcha ‘por la seguridad y la paz’, convocada por el jefe de Estado, Daniel Noboa, para este jueves en la ciudad de Guayaquil, una de las más afectadas por la violencia en la nación.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, destacó este miércoles que este será un espacio festivo que reafirma el compromiso de los ecuatorianos con la unidad y la paz.
«No tenemos una pugna con la Corte Constitucional (CC). Somos respetuosos de la independencia de poderes», afirmó en una entrevista con la radio i99.
Nuevas preguntas
Sobre el referéndum y consulta popular que el Gobierno espera se realice el próximo 30 de noviembre, Rovira ratificó que el interés del Gobierno es «fortalecer la seguridad, proteger a los niños y garantizar procesos judiciales transparentes y expeditos».
«Después de haber replanteado las preguntas e incorporado nuevas, esperamos que la Corte Constitucional continúe con el trámite. Estamos convencidos de que cumpliremos con los tiempos para realizar la consulta popular a finales de noviembre«, precisó.
Luego de que la CC rechazara tres de las siete preguntas propuestas por el Ejecutivo, Noboa envió el martes siete nuevos planteamientos a análisis, entre los que figuran reformulaciones de algunas de las cuestiones originales y nuevos temas.
Reforma constitucional
En esta ocasión, Noboa propone reformas constitucionales relacionadas con la creación de un registro de personas con sentencia condenatoria en firme por el delito de violación contra menores. Los jueces habían dicho al Gobierno que el registro les parecía «excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».
Además, Noboa quiere preguntar a los ecuatorianos si están de acuerdo con que la CC solo pueda declarar la inconstitucionalidad de las leyes presentadas por el presidente, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial cuando al menos seis de los nueve jueces estén de acuerdo.
Propone también enmendar la Constitución para sancionar y juzgar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos.
Y realizar una enmienda para eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público.
El Gobierno pretendía eliminar por completo a esta institución, así como que los jueces de la CC puedan ser sometidos a juicio político.
Consulta popular
Noboa también planteó tres preguntas para consulta popular. La primera relacionada con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles cinco estrellas, que es otra de las preguntas reformuladas después de que los jueves señalaron que lo propuesto no cumplía «con los parámetros constitucionales».
También propone que se prohíba el uso del nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Y que se expida una nueva ley de garantías constitucionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la CC.
Del primer paquete de preguntas habían sido aprobadas tres, relacionadas con la contratación laboral por horas en el sector turístico, con la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional y con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país andino. Fuente: Vistazo
Nacionales
Menos trámites administrativos, más enseñanza: la Estrategia “Tiempo para Ser Docente”, beneficia a 130 mil docentes del país
Con la presencia de docentes y autoridades educativas de todo el país, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura presentó oficialmente la Estrategia “Tiempo para Ser Docente”, una iniciativa que busca optimizar el tiempo que los maestros destinan a actividades administrativas, reduciendo la sobrecarga laboral y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.
Esta estrategia beneficiará de manera directa a 130.570 docentes de instituciones educativas fiscales de educación ordinaria, jurisdicción intercultural y tipología pluridocente mayor y menor. De forma indirecta, también impactará positivamente en la comunidad educativa.
Actualmente, los docentes emplean 27 horas con 47 minutos semanales en actividades adicionales a la enseñanza. Con la aplicación progresiva de la Estrategia, este tiempo se reducirá a 21 horas con 15 minutos, lo que representa una disminución de cerca de 7 horas. Esto permitirá que los maestros dediquen más tiempo a su labor pedagógica esencial.
La Estrategia contempla 16 acciones específicas organizadas en 4 áreas prioritarias, que se implementarán de forma gradual en un periodo aproximado de siete meses. Estas medidas permitirán que los docentes centren sus esfuerzos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de fortalecer su participación en espacios de formación profesional e investigación, elevando así la calidad educativa en el Ecuador.
Durante el acto de lanzamiento, la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Alegría Crespo, destacó: “Estamos reduciendo la carga administrativa para que los docentes dediquen sus 40 horas semanales a lo que realmente importa. 40 horas justas, 40 horas dignas: un docente con tiempo dignificado es un estudiante con más oportunidades de aprender”.
El diseño de esta Estrategia se construyó de manera participativa, mediante un diálogo horizontal y democrático con los actores del sistema educativo. Además, se incorporaron experiencias internacionales exitosas de otros ministerios de Educación que han logrado disminuir la sobrecarga docente, lo cual sirvió como referente clave para la toma de decisiones. El evento contó también con la participación de Claudia Cadena, representante de VVOB en Ecuador, quien ofreció una conferencia sobre la revalorización de la labor docente, resaltando la importancia de fortalecer el papel transformador de los educadores en la sociedad.
Con este lanzamiento, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, Deporte reafirma su compromiso con la valorización de la profesión docente y con una educación de calidad, inclusiva y equitativa, que pone al aprendizaje de los estudiantes en el centro de las políticas educativas.
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