Nacionales
Procuraduría pide a Tribunal de la Corte de Justicia que conceda las providencias para prohibir la enajenación de los bienes de Ricardo Rivera
La Procuraduría General del Estado solicitó al Tribunal de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que conceda las providencias preventivas de prohibición de “enajenar, retención y secuestro de los bienes” de Ricardo Rivera Arauz, sentenciado dentro del caso Odebrecht y que murió el pasado sábado como consecuencia del COVID-19.
El 23 de enero del 2018, Rivera Arauz —tío del exvicepresidente de la República Jorge Glas— fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de asociación ilícita por la trama de corrupción en el caso Odebrecht, y junto con otros procesados se le ordenó pagar una reparación integral al Estado ecuatoriano en su calidad de víctima, que ascendió a los $ 33′396.116.
En diciembre pasado, Rivera fue beneficiario del régimen semiabierto para cumplir lo que le restaba de su pena (alrededor de un año y medio de prisión) en libertad, pero este 15 de enero se confirmó su muerte a causa del coronavirus.
Por ello, la Procuraduría anunció este 18 de enero que solicitó el lunes último (17/1/2022) que se prohíba la enajenación, retención y secuestro de los bienes que estén a nombre del sentenciado, “toda vez que la obligación impuesta por la justicia ecuatoriana de reparar integralmente al Estado no se extingue por su muerte”.
Para ello, el organismo —abogado del Estado— solicitó al Tribunal que oficie al Registro Civil para que se informe el estado civil de Rivera, si se encuentran registradas disoluciones de la sociedad conyugal, capitulaciones matrimoniales o división de bienes y otros, para ejecutar la sentencia.
Se busca evitar que con su muerte los bienes puedan ser vendidos, donados o cedidos libremente por quienes sean sus sucesores, “quedándose el Estado sin la posibilidad de que se le pague la reparación integral con cargo, en parte, a los bienes del causante”.
De acuerdo con la Procuraduría, la muerte de Rivera no extingue la obligación de reparar integralmente al Estado.
“Señores jueces de ejecución, es claro que, desde una óptica jurídica, tal situación no se puede permitir y corresponde a ustedes proteger el derecho que tiene el Estado en su calidad de víctima para cobrar el valor por concepto de reparación integral que se le debe reconocer”, señala la petición de providencias dentro del proceso de ejecución, que remitió el delegado de la Procuraduría, Santiago Terán, al juez ponente del Tribunal, Byron Guillén.
Entre los argumentos que se exponen a los jueces de la Corte está que la reparación integral no es una pena, sino una compensación a la víctima del delito, en este caso el Estado, a quien se debe reparar en forma obligatoria para resarcir “en algo” el daño producido.
Que esta obligación no se extingue por la muerte; al contrario, permanece subsistente y vigente en el tiempo.
“Esta constituye una obligación de carácter patrimonial que debe ser cumplida, es decir, es una deuda para con el Estado”, se esgrimió, y que al ser un pasivo puede ser transmitido mediante la figura de la sucesión por causa de muerte a sus herederos; y, en caso de que no existan, el Estado puede solicitar las medidas de ejecución forzosa en contra de los bienes del sentenciado.
Se advierte que, si los sucesores de Rivera toman posesión de la herencia, deberán pagar al Estado los valores por la reparación integral; y si “repudian la herencia”, de igual forma el Estado tiene el derecho de exigir que se le pague con cargo a los bienes del causante, entre estas, también las acciones, participaciones o derechos en personas jurídicas en caso de existir.
Y si el fallecido no tiene herederos, “es también jurídicamente procedente que el Estado solicite la medida de embargo de bienes”. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
“Detenido injustamente según el exfutbolista: esto originó la detención del hijo de Patricio Urrutia”
Patricio Urrutia causó sorpresa al revelar en un video de Instagram que su hijo estaba encarcelado “de la manera más injusta” desde el pasado 23 de junio tras un allanamiento a una hacienda de su familia en Ventanas, provincia de Los Ríos. ¿Por qué fue detenido y cuáles son los cargos que pesan sobre el joven?
Se trata de Washington Freddy U. V., de 38 años, quien registra dos procesos penales en su contra en el sistema de la Función Judicial por los delitos de armas de fuego, municiones, y explosivos no autorizados y lavado de activos.
Estos cargos fueron interpuestos por la Fiscalía tras un allanamiento efectuado en la hacienda de la familia Urrutia, en donde se habría encontrado una fuerte cantidad de armas, municiones y dinero en efectivo.
Según se lee en el sistema de la Función Judicial, la defensa del implicado habría intentado evadir la prisión preventiva en base a dos certificados médicos otorgados el mismo día “con aproximadamente 5 horas de diferencia y que son tan diferentes entre sí”, comentó la jueza de la causa.
Por ello, la magistrada pidió investigar cómo se obtuvieron esos documentos en un plazo de 20 días. “Pues este tipo de actuaciones, no pueden pasar desapercibidas y deben tomarse los correctivos necesarios”.
Días después, la defensa del joven interpuso un recurso de apelación alegando que Washington no vive en la hacienda, sino en el estado de Texas, Estados Unidos, por lo que deberían dictarle medidas alternativas. Sin embargo, el pedido fue rechazado.
El próximo 18 de julio se realizará una nueva audiencia para revisar las medidas que pesan sobre el sujeto.
URRUTIA DICE QUE ES INOCENTE
Por su parte, el actual director técnico del Delfín Sporting Club, Patricio Urrutia, publicó un video en Instagram en el que describe que su hijo está preso de manera injusta.
“Estoy destrozado, mi hijo está en la cárcel”, dijo con voz entrecortada.
Urrutia narró que el joven fue detenido tras un allanamiento a la hacienda de su familia, la cual fue descrita como la casa de su madre y su hijo, “digo mi hijo porque yo lo crié”, aclaró.
Agregó que el joven tiene una enfermedad crónica, “donde le sale pus todos los días”.
“Tengo miedo porque él tenía su cita médica para su última cirugía y continuar con el tratamiento. Hoy está en un lugar donde no tiene los cuidados necesarios para su enfermedad”, indicó Urrutia
Además, comentó que no ha recibido respuesta y menos soluciones de las personas a las que ha acudido.
Por ello, publicó el video en redes sociales para “llegar a las personas que nos metieron en esto y que me devuelvan a mi hijo”. Fuente: Vistazo
Nacionales
100 servidores judiciales destituidos y 40 vinculados a casos de corrupción: Judicatura alerta crisis estructural
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, denunció, le martes 8 de julio de 2025, una grave crisis institucional en el sistema judicial del país. La entidad, que tiene al pleno con autoridades prorrogadas, está al borde de que se declare en emergencia judicial.
En una entrevista con Radio Democracia, Godoy detalló que desde que asumió el cargo han sido destituidos 100 servidores judiciales a escala nacional, incluidos 53 jueces, 11 fiscales y otros funcionarios como secretarios, citadores, técnicos de ventanilla y directores provinciales.
“En cada entrevista que tengo el número crece”, expresó Godoy. Precisó que 40 de los destituidos están relacionados con casos de alta connotación nacional: 10 en el caso Purga, 10 en Metástasis, tres en Plaga, uno vinculado tanto a Plaga como a Metástasis, y seis por el caso de lavado de activos ligado a Daniel Salcedo. “Algunos están enjuiciados, otros han ido a la cárcel”, añadió.
Godoy también advirtió sobre las condiciones precarias en las que opera actualmente la Función Judicial. Informó que hay un déficit de 754 jueces en todas las materias e instancias, lo que ha generado una fuerte sobrecarga procesal.
Esto se traduce en retrasos en los trámites, acumulación de causas y un mayor margen de error en los fallos judiciales. A esta situación se suma el deterioro de la infraestructura judicial y un déficit presupuestario de USD 205 millones.
Frente a este panorama, el titular de la Judicatura planteó la necesidad de declarar en emergencia al sistema judicial, para así habilitar mecanismos excepcionales que permitan atender los problemas estructurales de forma urgente.
Las declaraciones de Godoy se dan en un contexto de tensión institucional. Las últimas semanas, el ministro del Interior, John Reimberg, ha criticado el accionar de ciertos jueces y pidió a la Judicatura asumir con firmeza los procesos disciplinarios.
Incluso mantuvo una reunión con las principales autoridades del Consejo de la Judicatura, en medio de la presión pública por la liberación de personas vinculadas al crimen organizado.
Judicatura sin quórum
Para el martes 8 de julio, estaba prevista una sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura para tratar cinco expedientes disciplinarios. Sin embargo, la reunión no se realizó por falta de quórum.
Solo asistieron Mario Godoy y la vocal Yolanda Yupangui. La tercera vocal, Solanda Goyes, presentó un certificado médico que le impide asistir durante varios días.
La Judicatura actualmente funciona con tres de sus cinco vocales, todos en funciones prorrogadas, lo que ha complicado la toma de decisiones. Fuente: Primicias
Nacionales
Gobierno identifica 387 puntos de minería ilegal en Ecuador, en 40 hay presencia de grupos armados
Hacer frente al rápido crecimiento de la minería ilegal en Ecuador es la tarea más ardua que tiene hoy la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), que por —ahora cuenta— con 164 funcionarios y un presupuesto de USD 5,7 millones para 2025.
Pero la realidad de la Agencia está por cambiar porque desde el 31 de julio de 2025 esta pequeña entidad pasará a cobrar la tasa de fiscalización minera que el Gobierno de Daniel Noboa impuso a todas las empresas que tienen concesiones en exploración y en explotación.
Con esto, la Arcom pasará a tener un presupuesto de alrededor de USD 200 millones al año desde 2026. Recursos que, según el director de la entidad, Patricio Bonilla, son necesarios para mejorar las capacidades de Arcom para hacer frente al azote de la minería ilegal.
Entre agosto y diciembre de 2025 el presupuesto de Arcom todavía no llegará a USD 200 millones porque las empresas mineras tendrán que pagar solo el proporcional de la tasa.
Pero uno de los primeros pasos será aumentar el número de funcionarios. Para agosto de 2025, Bonilla dijo que serán, al menos, 190 empleados en la Agencia. Además, el plan contempla la creación de más oficinas técnicas y direcciones distritales.
En la rendición de cuentas de Arcom, el pasado 4 de julio de 2025, Bonilla dijo que la agencia cerró 2024 con seis direcciones distritales y dos oficinas técnicas, pero para 2025 la meta es tener 11 direcciones distritales y siete oficinas técnicas.
Eso sin contar con que la entidad contempla equiparse con camionetas blindadas, equipos de seguridad para sus funcionarios, drones y espectrómetros de alta tecnología, aunque todavía no se conoce cuánto de los USD 200 millones irá a estos equipos.
Cámara de Minería cuestiona poca transparencia sobre el uso del millonario ingreso que dejará la tasa minera
Por ahora, de su presupuesto de USD 5,7 millones previsto para 2025 (en el que todavía no se incluye el cobro de la tasa de fiscalización minera), unos USD 4,3 millones son para pagos de sueldos de los funcionarios. Solo USD 156.610,31 están previstos para lo que se conoce «propiedad, planta y equipo».
¿Qué escenario enfrenta Arcom con la minería ilegal?
La Arcom asume el reto de manejar un millonario presupuesto para que las cifras de campamentos de minería ilegal, que destrozan sobre todo la Amazonía, se reduzcan. Pero ¿cómo está hasta ahora el escenario?
Bonilla dijo que la entidad ha identificado 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias de las 24 que tiene Ecuador.
Según la Agencia, el problema es que los enfrentamientos entre Grupos Armados Organizados y los militares de Fuerzas Armadas que participan en operativos son cada vez más numerosos.
Además, el reporte menciona que «las comunidades que ven en la minería ilegal una fuente de réditos económicos de primera mano dan un soporte logístico a esta actividad minera y apoyo inmediato en contra de la fuerza pública en los operativos de control».
De los 387 puntos de minería ilegal, 40 puntos ubicados en nueve provincias son identificados como «muy peligrosos», por presencia de Grupos Armados Organizados.
El reporte de Arcom detalla que Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Azuay, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe «presentan los sectores más álgidos de minería ilegal».
Entre los puntos rojos están zonas que ya fueron intervenidas por la Policía y las Fuerzas Armadas en el pasado, por ejemplo, en Imbabura está La Merced de Buenos Aires.
En esta zona, el pasado 3 de julio de 2025, de hecho, murió un militar del Ejército durante un operativo en un campamento de minería ilegal.
Y en Napo están zonas en las que activistas y pobladores han denunciado por años que existe minería ilegal, como Río Punino, Río Jatunyacu, Arosemena Tola.
Precisamente en la zona de Punino, en Napo el pasado 9 de junio de 2025 11 militares del Ejército fueron asesinados durante un operativo contra la minería ilegal.
Durante la rendición de cuentas, Bonilla dijo que en Napo el problema no se limita a terceros que invaden zonas concesionadas a empresas para extraer material de forma ilegal. Hay incluso problemas con empresas que tienen concesiones autorizadas.
Bonilla dijo que 15 concesiones mineras en Napo, adjudicadas a empresas formales, fueron denunciadas por la ciudadanía por «incumplimientos a la ley», aunque no precisó de qué tipo.
De esas denuncias, Bonilla dijo que después de las inspecciones, Arcom encontró que en 11 de las áreas denunciadas hubo infracciones que ameritaban la suspensión de las concesiones y en cuatro, infracciones que implicaron que las concesiones caduquen.
En este cuadro está el resto de puntos críticos de minería ilegal identificados por Arcom:
Puntos de minería ilegal en Ecuador
Se ha detectado presencia de Grupos Armados Organizados
| Imbabura | La Merced de Buenos Aires, Los Olivos, Barranca Bermeja |
|---|---|
| Napo | Río Punino, Río Jatunyacu, Arosemena Tola |
| Morona Santiago | Sector el Tink, San Marcos, Juan Bosco, Gualaquiza, Pangui, Tiwintza |
| Zamora Chinchipe | Zumbi, Cumbaratza, Yanzatza, Nangaritza, Parque Podocarpus, Centinela del Cóndor, Paquisha, Panguintza Chinapintza, La Saquea, Yacuambi |
| Azuay | Camilo Ponce Enríquez, SígSig, Pucará |
| El Oro | Santa Rosa, Zaruma, Portovelo, Atahualpa |
| Loja | Macará, Sabiango, Paltas, Puyango, Calvas |
| Esmeraldas | Alto Tambo, Eloy Alfaro, Ricaurte, San Lorenzo |
| Sucumbíos | Barranca Berbeja |
| Total | 40 lugares muy peligrosos |
La Agencia ha identificado como los problemas más graves de la minería ilegal otros delitos conexos como: asociación ilícita, tenencia y porte de armas y explosivos, tráfico de influencias, delitos contra la administración pública, defraudación tributaria, extorsión, trata de personas, trabajo infantil, explotación laboral, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En este contexto, Bonilla informó que desde el 26 de julio hasta diciembre de 2024, la Agencia realizó 30 operativos contra la minería ilegal. El reporte no detalla operativos del año completo porque hasta abril de 2024 solo existía la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables (Arcernnr).
Pero el 9 de mayo de 2024, el presidente Daniel Noboa decidió separar en tres agencias a esta entidad, con lo que la Arcom comenzó a ser una entidad separada.
Estos son los resultados de los operativos:
Operativos contra la minería ilegal
| Maquinaria (retroexcavadoras) | 51 | |
|---|---|---|
| Campamentos | 80 | |
| Material mineralizado (kg) | 200 | |
| Clasificadora tipo “z” | 21 | |
| Generadores de luz | 44 | |
| Bombas de agua | 20 | |
| Diésel (gl.) | 1 100 | |
| Planta de luz | 2 | |
| Trituradoras | 12 | |
| Bocaminas | 25 | |
| Sistemas de poleas | 10 | |
| Dragas | 13 | |
| Volqueta | 2 | |
| Motosierra | 1 | |
| Martillos de perforación | 14 | |
| Armas de fuego | 58 | |
| Total | 1 595 | 58 |
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