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Juez convoca a audiencia de vinculación en caso Dhruv, pese a cuestionamientos de que se lo hace fuera de los 90 días de instrucción fiscal

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Aunque por tercera ocasión el juez de la Corte Nacional Luis Rivera definió una fecha para vincular a tres personas al proceso penal por un peculado que habría ocurrido en la adquisición de siete helicópteros Dhruv en 2008, defensas de varios procesados y personas a ser vinculadas advierten una futura nulidad, debido a que la audiencia estaría dándose fuera de los 90 días definidos inicialmente para la instrucción fiscal.

Este tema ocupó una buena parte de las exposiciones dadas, la tarde del lunes último, antes de que Rivera no instalara por segunda ocasión la audiencia para vincular al teniente general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Alonso Espinoza, el brigadier general de la FAE Antonio Puga y Juan Cortez, representante legal de la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para Ecuador.

Helicópteros Dhruv permanecen en bodega mientras se define qué hacer con ellos

Desde el 5 de enero pasado la Fiscalía busca que se instale una audiencia para vincular a Espinoza, Puga y Cortez al proceso penal en el que son investigados Javier Ponce y Wellington Sandoval, exministros de Defensa del gobierno de Rafael Correa, y otras trece personas más. Con la vinculación, la etapa de instrucción fiscal pasaría de 90 a 120 días.

En esta causa también son procesados el excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez; el exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional Carlos Morales; el exjefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza y Jorge Mejía, brigadieres generales (s. p.) de la FAE; Luis Valverde, Merwin Villagrán, Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (s. p.) de la FAE; Marco Flores y Jame Encalada, tenientes coroneles (s. p.) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (s. p.) Gonzalo Estévez; y el suboficial (s. p.) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres.

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La defensa de Jorge Mejía, Diego Chimbo, puso en análisis el que se han sobrepasado los 90 días de instrucción fiscal para que se dé una audiencia de vinculación y lo que debería darse, en lugar de la diligencia para vincular a Espinoza, Puga y Cortez, es la declaratoria de cierre de la instrucción fiscal.

El razonamiento de Chimbo señalaba que el 6 de octubre pasado se dio la audiencia de formulación de cargos con la que se dio inicio a la instrucción fiscal de 90 días, y, según los cálculos, ese tiempo se cumplió el 5 de enero último. A decir de esa defensa, hasta el lunes 10 de enero último, segunda convocatoria para la vinculación, había transcurrido más tiempo que el definido en la norma sin que se haya realizado la audiencia de vinculación que nuevamente habilitaba los términos de la instrucción fiscal.

Rivera aseguró que no se están violando derechos de ninguna índole al realizar la audiencia de vinculación solicitada por la Fiscalía. Confirmó que el pedido de vinculación se hizo dentro de los 90 días de instrucción fiscal y al no existir inconveniente legal dispuso que el miércoles 12 de enero, desde las 09:00, se analicen únicamente la vinculación y las medidas cautelares que pida Fiscalía.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga pedía al juez que defina como improcedente el pedido de que se declare el cierre de la instrucción fiscal una vez que se cumplieron los 90 días de instrucción fiscal y no se ha dado la vinculación. Él reconocía que ya han pasado más de los 90 días de la instrucción fiscal, pero aclaraba que el pedido para vincular a estas tres personas se hizo el 23 de diciembre pasado, es decir, dentro del tiempo de instrucción fiscal.

Por segunda ocasión, no se instaló la audiencia para vincular a tres personas más en el caso de los helicópteros Dhruv

Diego Velasco, abogado de Alonso Espinoza, uno de los tres a ser vinculados, coincidía con Chimbo. Aseguró que al no haber cumplido con los plazos que establece la norma existía un obstáculo legal para que se realice la audiencia de vinculación. Para evitar una posible nulidad, incluso, Velasco pidió al juez Luis Rivera que haga una consulta interpretativa a la Corte Constitucional sobre si es constitucional o no realizar una audiencia de vinculación luego de haberse cumplido el plazo de la instrucción fiscal.

El juez de la causa no dio paso al pedido de Chimbo y Velasco, señalando que ninguna de esas solicitudes se discutirá en la audiencia de vinculación. Lo que sí se debatirá una vez que concluya la vinculación es el pedido de Fiscalía para revisar la medida cautelar de presentación periódica que no ha cumplido, desde noviembre pasado, Carlos Morales. (I) Fuente: El Universo

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Revolución Ciudadana organiza una rifa solidaria para ayudar a Jorge Glas con sus medicinas

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La sede de Europa, Asia y Oceanía de la Revolución Ciudadana realizará una rifa solidaria para ayudar a cubrir los gastos médicos del exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple condena en la cárcel del Encuentro en Santa Elena.

A través de redes sociales, la organización política detalló que el sorteo se llevará a cabo el 10 de enero de 2026 y los premios son: un tapiz artesanal con imagen y autógrafo de su líder Rafael Correa, 500 euros y un smartphone Xiaomi.

“¡Súmate a esta causa solidaria y participa! Hoy por mí, mañana por ti”, exhorta la RC a la militancia.

El anuncio también vino acompañado con un video del expresidente Correa, quien recalcó que las medicinas que requiere Glas “son carísimas”.

Sobre el primer premio, un tapiz con su imagen, el exmandatario confesó que le parece “medio turro”, pero subrayó que “es iraní, muy fino”.

Finalmente, Correa comentó que cada ticket cuesta 5 euros e instó a sus militantes a que contribuyan con esta causa.

GLAS EN LA CÁRCEL DEL ENCUENTRO

Detrás de Jorge Glas hay un amplio prontuario de corrupción. En el 2017 fue sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht. En el 2017 recibió ocho años más en el marco del caso Sobornos por cohecho.

En julio de este 2025, en cambio, fue condenado a 13 años de cárcel en el caso Reconstrucción de Manabí por el delito de peculado.

Aparte, tiene una denuncia por acoso a su exasistente Soledad Padilla y ha sido nombrado en el caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio.

Sin embargo, a lo largo de su estancia en varias cárceles del país, la defensa de Glas ha argumentado que el reo está grave tanto a nivel físico como mental. De hecho, en una ocasión, el exvicepresidente aseguró que había sido mordido por ratas.

Actualmente, permanece en la cárcel del Encuentro. A inicios de noviembre, el ministro del Interior, John Reimberg, recalcó que el exvicepresidente ha recibido más de cuatro visitas médicas y que cuenta con medicamentos.

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Salario Básico se fija en USD 482 para el 2026 en Ecuador: Gobierno confirma incremento de 12 dólares

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Este lunes 15 de diciembre, el Ministerio del Trabajo informó que el Salario Básico Unificado (SBU) de 2026 se fijó en 482 dólares, lo que representa un incremento de 12 dólares.

A través de un comunicado oficial, la cartera de Estado destacó que el nuevo monto fue definido tras un proceso de diálogo técnico y constructivo entre representantes del Gobierno Nacional, los empleadores y los trabajadores, lo que permitió alcanzar un “consenso histórico”.

El aumento fue adoptado en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, luego de un análisis de los indicadores económicos, sectoriales y laborales, con lo que se logró un acuerdo que, según el Ministerio, responde a criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar para los trabajadores ecuatorianos.

De acuerdo con la información oficial, esta es la primera vez en nueve años que el valor del SBU se establece mediante un acuerdo entre todas las partes, un hecho que —según el Gobierno— refleja el crecimiento económico del país y se traduce en mejores ingresos para los hogares.

El presidente de la República, Daniel Noboa, celebró el incremento y señaló que, por primera vez en casi una década, “no hay imposición, hay consenso y unión entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores”.

Añadió que el aumento del salario básico «muestra una economía que se fortalece, y que viene acompañada de políticas que buscan incentivar la creación de plazas de empleo«.

Por su parte, el Ministro del Trabajo, Harold Burbano, también destacó que este consenso pone en evidencia “el compromiso del país por avanzar hacia un modelo laboral equilibrado, donde las decisiones se construyen desde el diálogo y la corresponsabilidad de todos los actores”.

Asimismo, el Ejecutivo acotó que este incremento al SBU busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores, impulsar la productividad y asegurar un entorno que promueva la estabilidad laboral y el crecimiento económico.

El año pasado, el Salario Básico Unificado (SBU) del trabajador en general se fijó para 2025 en USD 470 mensuales, lo que representó un incremento del 2,17 % en relación con 2024, cuando el salario era de USD 460 mensuales. Fuente: Vistazo

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SNAI confirma la muerte de 15 reclusos en la Penitenciaría del Litoral: esto se sabe

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó este lunes 15 de diciembre sobre la muerte de 15 personas privadas de la libertad en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N.º 1.

De acuerdo con la institución, los fallecimientos se registraron entre el jueves 11 y el domingo 14 de diciembre al interior de la cárcel, también conocida como la Penitenciaría del Litoral.

El SNAI indicó que los hechos se encuentran bajo investigación, conforme a los protocolos establecidos.

Crisis de tuberculosis

La Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, ha sido noticia en las últimas semanas por graves problemas de salud, en particular por una crisis sanitaria relacionada con la tuberculosis, una enfermedad infecciosa y bacteriana altamente contagiosa que afecta principalmente a los pulmones y provoca tos severa.

Solo en la primera semana de diciembre, cerca de 20 reclusos fallecieron en este centro penitenciario.

A inicios de este año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) reconoció la existencia de más de 1.100 casos de tuberculosis en las cárceles del Ecuador, de los cuales cerca de la mitad se concentraban en la Penitenciaría del Litoral.

En este contexto, un juez constitucional de Guayaquil admitió parcialmente una acción de protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y dispuso la instalación de una mesa de emergencia penitenciaria para abordar la crisis sanitaria en ese centro.

Además de la emergencia de salud, las cárceles del país son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que atraviesa Ecuador.

Desde 2021, alrededor de 600 personas privadas de la libertad han sido asesinadas al interior de los centros penitenciarios, la mayoría durante masacres carcelarias provocadas por enfrentamientos entre bandas rivales.

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