Nacionales
Escuelas del milenio de origen chino terminaron abandonadas y costando millones
En la parroquia La Villegas, un pequeño poblado rural de La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, una escuela del milenio lleva abandonada varios años; sus pobladores ni siquiera recuerdan cuántos. La escuela, llamada Unidad Educativa Manuel Villegas Plaza, en honor al fundador de esta parroquia, es un recordatorio constante del abandono estatal a la educación.
Pero no siempre estuvo abandonada. Los pobladores recuerdan que sí estuvo en funcionamiento, y que incluso varias generaciones de estudiantes se graduaron allí. No saben por qué el Ministerio de Educación dispuso su cierre hace algunos años, por lo que los estudiantes tuvieron que regresar a la escuela y colegio antiguos, que no tienen la infraestructura necesaria para albergar a los niños y adolescentes de la parroquia.
Esta escuela fue construida en 2016 por la empresa China Railway no. 9, como parte de un millonario contrato lleno de problemas firmado durante el correísmo, y cuyos efectos se sienten hasta la actualidad. Costó USD 984.000, pero ahora en 2025, la edificación ubicada al final de una vía lastrada está abandonada, con vidrios rotos, llena de maleza y óxido. Sus aulas, con las ventanas abiertas, están vacías.

La empresa china debía levantar 200 escuelas del milenio a lo largo de todo Ecuador, por un costo total de USD 196 millones. El contrato buscaba que se construya unidades educativas prefabricadas de forma extremadamente rápida, una cada 3,15 días. Pero la realidad es que apenas se logró llegar apenas al 25% del contrato.
Empresas chinas lograron USD 4.000 millones en contratos entre 2013 y 2021
China Railway no. 9 terminó de construir solamente entre 50 y 60 escuelas; informes revisados por PRIMICIAS e información enviada por el Ministerio de Educación para este reportaje revela que no hay un consenso ni siquiera en esa cifra. Pero los problemas con el contrato no son imputables solamente a la empresa, sino también al Ministerio, según quedó en evidencia en un proceso judicial que ambas partes enfrentaron y en un informe de la Contraloría.
La gran conclusión es que, desde un inicio, las cosas no se hicieron bien, y las consecuencias se mantienen, y esto termina afectando directamente a los estudiantes. El Ministerio de Educación informó a PRIMICIAS que de este contrato apenas 10 de las escuelas siguen estando «en tenencia» estatal; mientras que 31 están en manos del contratista, nueve fueron desmanteladas y dos están inconclusas.
Un contrato que acumuló problemas
El contrato entre el Ministerio de Educación y China Railway no. 9 se suscribió el 18 de agosto de 2015, en el tiempo en el que Augusto Espinosa era ministro. Este contrato, adjudicado «a dedo» por régimen especial, es uno de los financiados con préstamos chinos, específicamente por un crédito del Bank of China Limited.
El objeto por el que se firmó el contrato, sin embargo, no fue la construcción de las escuelas, sino su adquisición, ensamblaje y puesta en operación. Es decir, el Ministerio contrató un bien, no una obra, una de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Esto es importante, pues quiere decir que la empresa china sólo se debía encargar de levantar las unidades educativas, mientras que el Ministerio se debía encargar de entregar los terrenos listos para hacerlo.
Estas eran unidades educativas prefabricadas, con paneles en las paredes, estructura de acero y techos de metal. Cada escuela debía tener 30 aulas, dos salones de uso múltiple, cuatro laboratorios, biblioteca y administración.
El tema de los terrenos es la clave para los problemas del contrato, pues para que se cumpla el tiempo de entrega de las escuelas (una cada 3,15 días) era necesario que el ritmo de entrega de los terrenos sea el mismo. Pero esto no fue así.
Por ello, el 5 de mayo de 2016 se firmó un contrato modificatorio que aumentó el monto del anticipo del 5% (USD 9,8 millones) al 15% (USD 29,5 millones). Esto, según la Contraloría, fue otra irregularidad pues no existía un criterio jurídico que justifique la modificación.
Finalmente, algunas escuelas se construyeron, pero con múltiples demoras. Por ello, en julio de 2018, el Gobierno de Lenín Moreno terminó unilateralmente el contrato. Lo que derivó en una demanda contencioso administrativa de China Railway no. 9.
La empresa china argumenta que 60 escuelas fueron entregadas o estaban en proceso de construcción: 15 en Santo Domingo, 31 en Manabí, siete en Esmeraldas, cuatro en Guayas, una en Imbabura, una en Azuay y una no está especificada. De ellas, 20 ya habían sido recibidas oficialmente por el Ministerio, 10 no habían sido recibidas pero estaban en funcionamiento, 18 estaban terminadas sin funcionamiento, y cuatro estaban en construcción.
Por ello, China Railway reclamaba que se eche abajo la terminación unilateral y que el Ministerio pague el valor de las escuelas construidas. La sentencia de primera instancia, en abril de 2021, ordenó al Ministerio pagar USD 67 millones, que cubre las escuelas terminadas más las garantías que ya se habían ejecutado.
Y luego, en casación en diciembre de 2023, la Corte Nacional resolvió reducir el pago que debe recibir la empresa china a USD 59 millones más intereses. Esta causa apareció en el caso Plaga, en un testimonio que apunta a que hubo reuniones de representantes chinos con los jueces nacionales Iván Saquicela y Felipe Córdoba, que integraban el tribunal de apelación.
PRIMICIAS consultó a Educación si ya pagó este dinero. Su respuesta no fue clara: «Los USD 85’982.496,36 que debe indemnizar a China Railway representan una pérdida significativa, recursos que podrían haberse invertido en proyectos y servicios sociales». Esto quiere decir, según los cálculos del actual Gobierno, que cada una de las 20 escuelas recibidas terminó costando USD 5 millones.
También consultamos a China Railway vía correo electrónico, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
Las escuelas que quedan
Cuántas escuelas de las 200 contratadas realmente se levantaron es una duda que no se puede aclarar. Según China Railway, son 60. Según un informe del Ministerio de Educación de 2022, son 50. Y según la información enviada por el Ministerio de Educación a PRIMICIAS, son 52.
La realidad es que apenas 10 están en funcionamiento en la actualidad. Es decir que 40 o más escuelas que fueron construidas, al menos parcialmente, dentro de este contrato están abandonadas o fueron desmanteladas.
Una de ellas es la de La Villegas, que luce totalmente abandonada, con los vidrios rotos y llena de maleza. Pero a pocos kilómetros de allí, también en Santo Domingo, hay otra escuela abandonada: en la ciudad de La Concordia, en el sector de La Emanuel. Se trata de la Unidad Educativa 10 de Agosto, que nunca funcionó, según recuerdan los vecinos del sector. Y con el paso del tiempo, lo que era la cancha luce totalmente tomado por la maleza y las bases oxidadas.
Un hombre y su familia habitan en el interior de esta escuela desde hace más de dos años. Fueron contratados por la empresa china para cuidar la edificación, pero no saben los detalles, sólo que hay un proceso judicial en marcha. El armado de esta unidad educativa también costó USD 984.000.
Esta escuela queda al final de una angosta vía adoquinada que llega exclusivamente hasta allí. Ahora, la vía se usa para que mujeres que van a lavar ropa y sus hijos bajen hasta un riachuelo ubicado unos metros más allá.
A media hora del centro de La Concordia, otra escuela está en similares condiciones, rodeada de maleza y óxido. Pero esta sí está en funcionamiento: la Unidad Educativa San Jacinto del Buá, en la parroquia del mismo nombre.

Esta es una de las 10 escuelas del milenio de este contrato que sí recibe estudiantes en la actualidad, aunque ahora los niños están de vacaciones. Su acceso es a través de una vía de tierra, y está detrás de un muro y unas puertas de metal, que protegen la entrada principal.
Las escuelas que nunca hubo
El proceso judicial impulsado por China Railway contra el Ministerio de Educación dejó al descubierto los problemas de este proceso. El principal principal, según queda en evidencia en la sentencia, fue la entrega de los terrenos.
Según la empresa china, el Ministerio hizo entregas «intermitentes» de los terrenos, y algunos de ellos no estaban en condiciones de instalar y levantar las escuelas, tal como lo establecía el contrato. Además había terrenos que no estaban a nombre de la cartera de Educación ni tenían permiso de ingreso, lo que dificultó el trabajo.
El informe de la Contraloría sobre este contrato también revela que en algunos casos no había estudios de suelos, que definan el tipo de cimentación, profundidad de desplante, capacidad portante, asentamientos calculados, tipos de estructuras de contención y parámetros de diseño de la cimentación.
Además la Contraloría detectó que había terrenos que presentaban «situaciones de riesgo» por inestabilidad de taludes, inundaciones o afectación por accidentes.
Justamente ese fue el caso de la escuela del milenio de Valle Hermoso, también en Santo Domingo. Allí, el terreno que se designó para la construcción es uno en el que estaba una cancha de fútbol, pero está al lado del Río Blanco, que atraviesa el poblado.
China Railway argumentó que ese terreno tenía un nivel freático elevado (agua subterránea) y presentaba hundimientos. Aun así, según su argumentación en el proceso judicial, construyeron los canales de hormigón, instalaciones sanitarias y bases de las aulas en 2017. Pero no pudieron avanzar más.
Los habitantes de Valle Hermoso recuerdan el ofrecimiento de la escuela y cómo se comenzó a levantar. Pero en un momento las obras pararon y quedaron abandonadas, dice una vecina, y luego llegó personal a desarmar las estructuras. Algún tiempo después, la cancha de fútbol volvió a ser armada.

Al final, creen que igual la escuela hubiera sufrido graves daños en 2023, cuando el río Blanco se desbordó e inundó la ciudad. Y los niños y jóvenes siguen asistiendo a la escuela y colegio viejos de esta parroquia.
Según el Ministerio de Educación, se desarrolló un plan de contingencia desde 2019 para reubicar y rehabilitar las instituciones afectadas, «con avances progresivos en distintas fases». El actual Gobierno asegura que ha recuperado seis unidades educativas abandonadas en los cantones de Paján, Guayaquil, Mejía, Naranjito, Quito y Otavalo. Sin embargo, no hay mención de Santo Domingo ni La Concordia. Fuente: Primicias
Nacionales
Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo
El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.
Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.
La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.
Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.
Contrato de USD 240 millones
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido
Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.
En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.
De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.
Nacionales
Ecuador aún enfrenta desafíos para consolidar ciudades inteligentes y conectadas
Ecuador avanza de manera progresiva hacia la transformación digital y el desarrollo de ciudades inteligentes; sin embargo, todavía enfrenta importantes desafíos relacionados con la conectividad, infraestructura tecnológica y aprovechamiento de datos. Así lo señaló Katty Rohoden, directora de la Carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), durante una entrevista con Diario El Amazónico sobre el tema: “Ciudades inteligentes: ¿Está Ecuador preparado para vivir en ciudades más conectadas?”
Rohoden sostuvo que, de acuerdo con la política pública nacional, actualmente no se puede afirmar que una ciudad ecuatoriana sea completamente digital o inteligente, aunque existen localidades que han desarrollado iniciativas orientadas a este objetivo. A su criterio, el país todavía presenta cierto retraso en materia de conectividad, particularmente frente al despliegue de tecnologías de nueva generación.
Uno de los aspectos abordados fue la implementación de redes 5G. La académica explicó que Ecuador tuvo un retraso en los procesos relacionados con la concesión de frecuencias, lo que incidió en el despliegue de esta tecnología. No obstante, señaló que desde finales de 2025 y durante 2026 operadores como CNT y Claro han iniciado el despliegue de redes 5G en el país.
La especialista también puso énfasis en la brecha digital existente en sectores rurales, donde todavía existen comunidades que no disponen de acceso a internet e incluso carecen de cobertura de telefonía celular. Esta situación limita oportunidades relacionadas con la educación en línea, telemedicina, acceso a información y otros servicios digitales.
Conectividad como base de las ciudades inteligentes
Para Rohoden, una ciudad o territorio inteligente no necesariamente requiere contar desde el inicio con la tecnología más avanzada. El elemento fundamental es disponer de conectividad, ya sea mediante radioenlaces, redes Wi-Fi u otras soluciones tecnológicas que permitan garantizar el acceso a la comunicación y la información.
En este proceso, señaló que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cumplen un papel estratégico, debido a que pueden establecer políticas y asignar presupuestos para transformar proyectos tecnológicos en soluciones concretas para la ciudadanía.
La directora de Telecomunicaciones explicó que desde la academia pueden desarrollarse proyectos como sistemas de monitoreo ambiental y redes de sensores; sin embargo, su impacto depende de que existan recursos y mecanismos institucionales que permitan implementarlos a escala territorial.
La experiencia de Loja
Durante la entrevista también se analizó el proceso desarrollado por Loja, ciudad que ha impulsado iniciativas vinculadas con conectividad, puntos Wi-Fi, movilidad y sistemas tecnológicos aplicados a los servicios urbanos.
Rohoden destacó experiencias relacionadas con el monitoreo del tráfico y la congestión vehicular mediante sensores, señalando que estas iniciativas pueden constituir referencias para otros territorios del país.
No obstante, advirtió que el desafío no consiste únicamente en instalar sensores y recopilar información. El siguiente paso es procesar y utilizar los datos mediante herramientas como la inteligencia artificial, con el objetivo de generar análisis predictivos y mejorar la toma de decisiones públicas.
Universidad y formación de nuevos profesionales
La académica destacó el papel de las universidades en la preparación de profesionales capaces de responder a las necesidades tecnológicas de los territorios.
En el caso de la Carrera de Telecomunicaciones de la UTPL, explicó que se trabaja en un proceso de rediseño orientado a integrar las telecomunicaciones con áreas como inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas tecnologías de conectividad.
La formación busca que los futuros ingenieros no solamente conozcan las bases teóricas de las telecomunicaciones, sino que también puedan diseñar e implementar soluciones tecnológicas, considerando las características geográficas y las necesidades específicas de cada comunidad.
Tres desafíos para Ecuador
Al realizar un diagnóstico sobre las principales necesidades del país para los próximos diez años, Rohoden identificó tres aspectos prioritarios:
1. Reducir la brecha de conectividad, especialmente en comunidades rurales y sectores alejados.
2. Fortalecer e incrementar la infraestructura tecnológica, necesaria para el despliegue de redes de nueva generación como 5G.
3. Realizar un uso adecuado e inteligente de los datos, considerando tanto la información generada por dispositivos y sistemas de monitoreo como la protección de datos personales.
Respecto a la conectividad rural, la especialista mencionó a Starlink como una alternativa tecnológica que puede contribuir a atender sectores donde las condiciones geográficas dificultan el despliegue de infraestructura terrestre. Señaló que su utilización debe analizarse de acuerdo con las condiciones, necesidades y presupuesto de cada comunidad o municipio.
Finalmente, Rohoden enfatizó que el concepto de ciudad inteligente debe estar orientado principalmente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no limitarse a incorporar tecnología. A su criterio, el desarrollo tecnológico debe avanzar paralelamente con la atención de las necesidades básicas y la reducción de las desigualdades de acceso a internet.
La UTPL, a través de su Carrera de Telecomunicaciones, informó además que mantiene abierto su proceso de matrículas hasta inicios de octubre, invitando a los estudiantes interesados en tecnología, conectividad, redes satelitales, Internet de las Cosas y soluciones inteligentes a formar parte de esta área de formación profesional.
Nacionales
La delincuencia organizada plantea nuevos desafíos para la justicia ecuatoriana
El miércoles 2 de septiembre de 2026, el programa La Tertulia Jurídica abordó el tema “Delincuencia organizada: los desafíos de juzgar el crimen y combatir la corrupción”, con la participación del jurista Carlos Serrano Lucero, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y experto independiente en delitos de crimen organizado y corrupción.
Durante su intervención, Serrano explicó que la delincuencia organizada debe diferenciarse de la delincuencia común y de la codelincuencia, ya que implica una estructura criminal con distribución de roles, permanencia o reiteración y un propósito delictivo orientado a obtener beneficios económicos.
El jurista señaló que estas organizaciones pueden operar mediante diferentes estructuras y desarrollar actividades como sicariato, tráfico de drogas, extorsión y lavado de activos. Además, destacó que el fenómeno puede adquirir una dimensión transnacional y afectar ámbitos sociales, económicos y políticos.
También explicó los elementos que deben ser identificados durante una investigación por la delincuencia organizada, entre ellos la existencia de un grupo estructurado de dos o más personas, un acuerdo o concertación, permanencia o reiteración, el propósito de cometer determinados delitos y la búsqueda de un beneficio económico.
Serrano también analizó las dificultades que enfrentan Fiscalía, Policía y el sistema judicial para investigar este tipo de estructuras, debido a que no se persigue únicamente un hecho aislado, sino la identificación y comprobación de toda una organización criminal. Según su experiencia como juzgador entre 2022 y 2026, este tipo de investigaciones puede extenderse durante varios meses e incluso alrededor de un año.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de garantizar el debido proceso y la valoración adecuada de la prueba, particularmente cuando se utilizan mecanismos de investigación como interceptaciones de comunicaciones, seguimientos y vigilancias. En este contexto, sostuvo que las medidas que puedan afectar derechos fundamentales deben contar con elementos suficientes y la correspondiente autorización judicial.
La participación de Carlos Serrano Lucero permitió generar un análisis especializado sobre los retos que enfrenta el Ecuador frente al crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer las capacidades investigativas y judiciales, sin dejar de lado las garantías fundamentales que rigen el sistema de justicia.
El espacio La Tertulia Jurídica se consolidó así como un escenario de análisis y reflexión sobre problemáticas relacionadas con el derecho, la seguridad y la administración de justicia en el país.
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