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Nuevo choque entre Aquiles Álvarez y Lucía Jaramillo tras sentencia del TCE: alcalde de Guayaquil prefiere destitución antes que pedir disculpas

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El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y la asambleísta oficialista Lucía Jaramillo protagonizaron un nuevo choque tras conocerse la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El funcionario, sancionado por una infracción electoral grave relacionada con violencia política de género, deberá pagar una multa de 9.660 dólares y ofrecer disculpas. Sin embargo, Álvarez afirmó que preferiría ser destituido antes que disculparse con la legisladora..

La sanción se originó después de que Jaramillo denunciara al alcalde por utilizar términos “denigrantes e insultantes” hacia ella, luego de que la legisladora hiciera pública una denuncia sobre un supuesto acto de corrupción relacionado con el tráfico ilegal de combustible.

El alcalde la tachó de “niña vaga” y acusó a la parlamentaria y a su hermana de haber “pasado vagando” en el Municipio de Guayaquil mientras eran parte del Partido Social Cristiano (PSC).

Reacción del alcalde

Tras la imposición de la sanción, Álvarez respondió de manera tajante, afirmando que jamás pediría disculpas (a Jaramillo) por expresar lo que considera una verdad, «más aún si está sustentado con un informe de Contraloría».

«La vagancia no tiene que ver con género, y si está sustentado por un informe de la Contraloría que demuestra que (Lucía Jaramillo) nunca acudía a su lugar de trabajo, jamás marcaba, etc., el que es vago, es vago, sea hombre o mujer», declaró el alcalde.

Incluso, el burgomaestre expresó que preferiría ser destituido que pedir disculpas. «Vengan a hacerse cargo de un Guayaquil que quedó destrozado, con un gobierno que persigue con todas las instituciones del estado y cierra negocios del alcalde en gestión, solo por pelear causas justas para su ciudad. Vengan nomas, destitúyanme si quieren. Jamás voy a pedir disculpas ni a bajar la voz por decir la verdad», aseguró.

Álvarez también arremetió contra la administración actual del país, mencionando los problemas de inseguridad, la crisis energética y la falta de empleo, y lamentó que se dedicaran recursos a su caso en lugar de solucionar esos problemas.

«Guayaquil en esta administración lo único que ha hecho es trabajar, no persigue a nadie y se enfoca en salir adelante. Esas son las diferencias. Vengan nomas, atropellen la democracia y destituyan al alcalde», afirmó.

Respuesta de Lucía Jaramillo

No obstante, la asambleísta Lucía Jaramillo no tardó en responder. A través de redes sociales, rechazó las declaraciones de Álvarez, especialmente su referencia al supuesto informe de la Contraloría.

“Yo nunca fui sancionada por la Contraloría. Mi trabajo se midió por resultados, sin horarios y con un férreo compromiso con mi ciudad», indicó, criticando que el alcalde recurriera a estereotipos y violencia política por falta de argumentos.

Jaramillo insistió en que Álvarez debía respetar la sentencia del TCE y la democracia, y cuestionó su actitud ante la justicia. «¿Atacar sin pruebas es la nueva táctica?», se preguntó la asambleísta, quien cerró su mensaje pidiendo al alcalde que respetara la decisión judicial. Fuente: Vistazo

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Del precio del diésel a la defensa de los territorios: así han cambiado las demandas del paro indígena

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Este lunes 20 de octubre de 2025 se cumple el día 29 del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Lo que comenzó como una protesta por la eliminación del subsidio al diésel, hoy combina demandas económicas, sociales y ambientales. La protesta mantiene bloqueadas varias vías en Imbabura y, por ahora, las puertas del diálogo con el Gobierno están cerradas.

Durante estas cuatro semanas, las peticiones de los dirigentes indígenas han ido mutando, ampliándose y diferenciándose entre las distintas regionales del movimiento (la Sierra, la Amazonía y la Costa).

A la exigencia inicial de derogar el Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel, se sumaron temas como la reducción del IVA, inversión en salud y educación, rechazo a la Consulta Popular y a la Asamblea Constituyente y, en los últimos días, la defensa del territorio frente a la minería y el petróleo.

Las primeras demandas: economía y subsidios
A inicios de octubre, la Conaie difundió su primer pliego formal de demandas. El 4 de octubre publicó en su cuenta oficial que exigía “derogar el Decreto 126, bajar el IVA al 12% y mayor inversión en salud y educación”, rechazando las compensaciones temporales propuestas por el Gobierno.

“No queremos bonos ni dádivas, sino políticas públicas para el bienestar colectivo”. Conaie

La dirigencia indígena incluyó en su pliego de reclamos el alto costo de la vida, los despidos masivos, e incluso mencionó la falta de medicinas en los hospitales.

En esos días, las movilizaciones se concentraban principalmente en la Sierra norte y centro. Imbabura se convirtió rápidamente en el epicentro de las protestas, con Otavalo y Cotacachi como los puntos más conflictivos. Los cierres de vías han derivado en desabastecimiento de gas, alimentos y combustible.

Imbabura: del diálogo al desacuerdo
El 15 de octubre, tras una jornada de enfrentamientos y la segunda muerte registrada en el contexto de las manifestaciones en Otavalo, los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y del cantón Otavalo anunciaron un preacuerdo con el Gobierno: levantar los bloqueos a cambio de la instalación de mesas técnicas de trabajo.

En esa mesa de conversaciones, la agenda indígena fue ampliándose: congelamiento de precios, infraestructura social, la liberación y reparación para los heridos y detenidos, retiro de militares de los territorios y mesas territoriales de diálogo.

Sin embargo, ese acuerdo se desvaneció. Para este lunes 20, el Gobierno acusó a la dirigencia indígena de «cerrar la puera del diálogo». La Conaie argumentó que «no existen las condiciones para dialogar», mientras los dirigentes locales dijeron que el Estado “no mostró voluntad política”.

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El discurso se endureció desde la Amazonía
El 19 de octubre, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró desde la Amazonía que el paro no se reduce al tema del combustible.

“La Amazonía exige respeto a todas las estructuras que el Gobierno ha intentado fragmentar. (…) Ya han saqueado por más de 50 años nuestros territorios, nuestros ríos y cascadas están contaminados”. Marlon Vargas

Vargas agregó nuevas demandas: el fin de la explotación petrolera y minera y un aumento del salario básico a USD 650 para los trabajadores públicos y comunitarios.

Ese mismo día, en un video difundido por el Pueblo Karanki, se ratificó que la resistencia continuará hasta que se derogue el Decreto 126, reforzando el mensaje de unidad frente a los intentos de negociación parcial.

Y, finalmente, los indígenas ratificaron su posición en contra de la consulta popular convocada por el Gobierno y la posible instalación de una Asamblea Constituyente «por atentar contra los derechos conquistados».

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En cerca de un mes, el paro ha pasado de un reclamo económico a un movimiento con reclamos sociales, ambientales y políticas.

Los analistas señalan que el Gobierno enfrenta ahora un movimiento más descentralizado, con actores locales que toman decisiones propias, y con demandas que van desde la política fiscal hasta la soberanía territorial.

El escenario se mantiene incierto: las vías en Imbabura continúan cerradas y el diálogo sigue en pausa.

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Ejército de Ecuador captura a cinco presuntos miembros de grupo disidente de las FARC

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El Ejército ecuatoriano informó este lunes de la captura de cinco hombres, presuntamente integrantes del frente Oliver Sinisterra, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las capturas tuvieron lugar en el marco de un operativo realizado en la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, que desde hace aproximadamente un mes es el epicentro de las protestas indígenas focalizadas contra -entre otros reclamos- la eliminación del subsidio al diésel.

Entre los argumentos del Gobierno para eliminar esa subvención estatal figura que de ese subsidio, presuntamente, se beneficiaban quienes están involucrados en el tráfico de droga, de combustibles y en la minería ilegal.

El Ejército identificó a los capturados como Jhoner Alexis M.M., Jhohan Steven Q.V., Welber Jair V.M, Jair R.A. y Rolando Alexander B.V. quienes fueron trasladados desde el lugar vía aérea para entregarlos a las autoridades competentes.

En el operativo se decomisaron dos fusiles tipo R-15; tres fusiles FAL; 15 alimentadoras FAL; 7 cargadores de fusil R-15, cerca de 2.000 municiones y cuatro chalecos de combate de Fuerzas Militares Colombianas, entre otros, detalló el Ejército en un comunicado.

$!Armas y municiones incautadas a los sujetos capturados.

El domingo, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que las fuerzas de seguridad mantienen los operativos y ataques contra la minería ilegal en la localidad de Buenos Aires, y que no van a parar «ante presiones y amenazas».

«No vamos a parar ante presiones o amenazas. Vivimos en un Estado libre, de derecho, fuerte contra el narco. Seguimos atacando la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura», aseguró en su cuenta de X, en la que también publicó un vídeo de un ataque a una zona montañosa de la localidad.

Despliegue militar masivo en Buenos Aires

El Ministerio de Defensa aseguró que las Fuerzas Armadas habían tomado «posesión total de Buenos Aires», después de que durante varios días realizaron una «intervención estratégica».

Dicha intervención incluyó «el uso de artillería pesada, fuego de mortero y apoyo aéreo con aeronaves de alas fijas y rotativas, neutralizando las estructuras, procesadoras, poleas y campamentos que sostenían la actividad ilícita», detalló.

El área intervenida abarcó aproximadamente 187 hectáreas, en las cuales fueron destruidas más de 720 bocaminas, según el Ministerio, que añadió que antes de las operaciones aéreas se realizó la evacuación completa del área para garantizar la seguridad de la población civil.

La nueva captura se sumó a la de la semana pasada, cuando se detuvo a siete personas, entre ellas a cinco colombianos, entre los que -según el Gobierno- también había miembros del frente Oliver Sinisterra.

Ecuador vive desde 2024 bajo un ‘conflicto armado interno’, declarado por Noboa, para luchar contra las bandas delictivas, a quienes pasó a denominar como «terroristas», y a quienes se le atribuye la escalada de violencia que vive el país en los últimos años, que lo ha ubicado a la cabeza en el índice de homicidios de Latinoamérica.

Esta situación se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año el país registró 4.619 homicidios, un 47% más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. Fuente: Primicias

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«Se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos

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John Reimberg, ministro del Interior, confirmó que el diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena en Imbabura no continuará. En breves declaraciones a la prensa, afirmó que «a partir de ahora, cualquier cosa que pase (en el contexto del paro nacional) será responsabilidad de ellos«, en referencia a grupos indígenas.

Para este lunes 20 estaba prevista una nueva reunión entre representantes del Ejecutivo y dirigentes indígenas en Imbabura, epicentro de las manifestaciones; sin embargo, Reimberg señaló que ya hubo un diálogo y que los movimientos indígenas no cumplieron con lo acordado.

Las vías permanecerán cerradas

El ministro del Interior recordó que parte del acuerdo al que llegaron la semana pasada fue la apertura de vías, pero tampoco se cumplió. Este fue uno de los motivos por los que decidieron no continuar con los diálogos.

«Ellos debieron abrir las vías, era el primer punto del acuerdo y ni siquiera llegaron a ese punto», enfatizó.

Hasta este 20 de octubre, en Imbabura se registraron al menos 17 cierres viales en la Panamericana norte. Sin embargo, Reimberg adelantó que no habrá enfrentamientos para tratar de reabrirlas.

«La Policía no ha salido ya, los militares no han estado», agregó en referencia a enfrentamientos entre civiles y las fuerzas del orden. Según el Ministro, el objetivo es mantener la paz.

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