Nacionales
11 de septiembre de 2001, el trágico día que marcó a Estados Unidos
Era una mañana normal en Nueva York, hasta que a las 08:46 llegó la noticia de que un avión comercial se había impactado en una de las torres gemelas del World Trade Center. Tras la confusión, 17 minutos después, otro impactaba la otra torre (sur).
Ese mismo día, otro avión se estrelló contra el Pentágono y uno más cayó en un campo de Pensilvania en medio de la lucha de los pasajeros contra los secuestradores por recuperar la aeronave.
En total cuatro aviones comerciales habían sido capturados y usados como armas. El grupo terrorista Al Qaeda se adjudicó el ataque y como reacción EE. UU. terminó invadiendo Afganistán, de donde recién salió en agosto pasado tras 20 años de guerra. El 11 de septiembre de 2001 cambió al país norteamericano.
“Las secuelas inmediatas produjeron dolor y un sentido de propósito común. Pero esto pronto fue superado por el miedo y la ira. Esta dinámica produjo un fuerte impulso de justicia y venganza, y llevó a Estados Unidos a prolongadas operaciones militares en el exterior. Durante ese periodo de 20 años, las vidas de los estadounidenses se fragmentaron mucho más a medida que se deshilachaba la unidad nacional que surgió después de los ataques. Los Estados Unidos en estos días no están tan unidos, en gran parte porque perdimos el sentido de nuestros propios valores y el sentido de la decencia”, opina Brian Katulis, experto en seguridad nacional del Centro para el Progreso de América.
Para Brian Quigley, cónsul general de EE. UU. en Guayaquil, en este episodio se mostró la unidad de su país.
“En esos momentos tan trágicos y difíciles es cuando se ve lo mejor del pueblo y del mundo entero para ver que hay más gente buena que mala… para nosotros es una fecha que nos marcó, no solo a mi generación sino al mundo entero, porque muchos países, incluyendo Ecuador, sufrió ese día. Son esas fechas que marcan y lo cambian a uno, que se vuelve consciente de cómo es el mundo y de que cada uno debemos poner nuestro granito para que sea mejor y eso nunca se va a acabar”, afirmó Quigley.
Él contó que en el momento del ataque se encontraba justamente volando de Los Ángeles a Guadalajara, México. Su avión pudo completar el vuelo porque cuando se dio la orden de aterrizar todos los aviones, el suyo ya había salido del espacio aéreo de EE. UU.
Para Katulis, el país seguirá enfrentando el legado de este evento, en el que murieron cerca de 3.000 personas, aun durante décadas. Además de que si bien el país se ha preparado para evitar ataques terroristas externos, crecen las amenazas internas. “Los esfuerzos de Estados Unidos para promover la libertad en el mundo comenzaron a flaquear en 2005 con un retroceso global de las libertades en el mundo, y los recientes eventos en Afganistán acentúan la pérdida de la libertad, los derechos humanos y la dignidad que han afectado a millones en muchos rincones del país”, expone.
Luis Fleischman, sociólogo y cofundador del Centro de Investigación de Políticas y Democracia de Palm Beach, es un uruguayo que vive en EE. UU. desde hace más de 35 años y comenta que lo sucedido cambió en muchos la esperanza de paz que tenían. Pensando en que hay momentos en que la guerra es inevitable y necesaria cuando alguien ataca de esa manera.
“Lo que yo creía en la noche del 10 septiembre comparado con lo que creía la noche 11, después de ver el horror, era distinto”, dice y asegura que tras el hecho se vio ciertas actitudes en contra de musulmanes, por lo que se tuvo que recordar que los atacantes eran un grupo extremista, no todos.
También comenta que en general no hubo demasiadas condenas a estos grupos radicales, pero en gran medida era por miedo, ya que habían conquistado varias mezquitas en EE. UU. y en Europa. “Mucha gente fue intimidada dentro del mundo musulmán”.
Esa discriminación también pasó luego a otros grupos.
“El ataque de septiembre 11 impactó y cambió al mundo entero. Los migrantes en situación irregular de repente se encontraron bajo un régimen ‘policial’ en donde todos eran ‘sospechosos’ y esto los atemorizó hasta los huesos. En lo económico, la primera potencia paralizó sus actividades y se produjo una crisis en cadena en donde los migrantes fueron las primeras víctimas. Lo anterior se reflejó en la reducción de las remesas. El marco jurídico que norma la inmigración se vio también afectado por el sentimiento xenofóbico que se activó… En la actualidad hemos ‘normalizado’ mucho de lo anterior, por lo que los migrantes realmente han vivido 20 años en condiciones muy difíciles”, dice Marcel Feraud, quien ejercía de cónsul general del Ecuador en Miami al momento del ataque.
Durante el ataque Fleischman ya estaba en Florida, tras haber vivido en Nueva Jersey y Nueva York. “Más me afectó de forma abstract, el sufrimiento de la gente saltando de los edificios para no morir quemados… me afectó terriblemente a nivel personal, perdí el sueño por varios meses”.
Añade que en forma general, la gente se sintió muy vulnerable, pensaban que EE. UU. ya no era un lugar seguro. Incluso había gente que buscaba a qué países ir a vivir, cuando hasta entonces el mundo quería ir a vivir al país norteamericano. Pero después el Gobierno mostró su fuerza para transmitir tranquilidad y volver a normalizar el día a día mientras se perseguía a quienes perpetraron el ataque. Casi un mes después vino la invasión a Afganistán.
Fleischman también comenta que tras el ataque vino el Patriot Act, que le daba mucho más poder al Gobierno y a las agencias de poder intervenir en las comunicaciones de la gente y otros asuntos privados con el objetivo de defender la seguridad nacional. Con esto empezó un debate de seguridad vs. libertades y constitucionalismo, puesto que con los años también se dieron abusos, pero también sirvió para encontrar células que apoyaban a grupos terroristas.
“Otra consecuencia del 11 de septiembre fue el aumento del poder del Ejecutivo, cada vez vemos más presidentes que hacen lo que les parece”, afirma Fleischman.
Para Katulis, los problemas relacionados con la xenofobia y la privacidad surgieron en los primeros años, pero se hicieron más fuertes y cambiaron. “Con la privacidad, los avances en tecnología en la década de 2010 llevaron a un aumento de las capacidades que no existían en la primera década después del 11 de septiembre. Las políticas de identidad de “nosotros contra ellos” que dominan la discusión tanto en la derecha como en partes de la izquierda en Estados Unidos son un vestigio de las primeras respuestas xenófobas a los ataques”.
Nacionales
Exabogados de Conto Patiño, Eduardo Carmigniani y Carlos Almeida, habrían dado forma legal al pago de sobornos en el caso Sinohydro, según la Fiscalía
Un 77 % de los dineros supuestamente recibidos como coimas por la contratación de la empresa china Sinohydro para construir el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair se habría repartido entre los integrantes del círculo familiar y empresarial de Conto Patiño Martínez, uno de los 21 procesados en la causa penal que investiga el supuesto delito de cohecho.
Según las investigaciones de la Fiscalía General, que se expusieron en los tres primeros días de la audiencia del juicio del caso Sinohydro, Patiño, sus hijos y sus abogados Eduardo Carmigniani Valencia y Carlos Almeida Almeida recibieron en total $ 58,8 millones de los $ 76 millones que se habrían pagado como sobornos y que representarían -a su vez- el 4 % del valor del contrato, que ascendió a más de $ 1.970 millones.
En tanto que el exmandatario Lenín Moreno y su familia habrían recibido un poco más de un millón de dólares, esto es, el 1,3 % de los dineros.
Otro grupo, conocido como “los amigos de Coca Codo”, en el que estaban exfuncionarios estatales ecuatorianos y de la compañía china, habría recibido otro monto menor.
La audiencia de juicio se reinstalará este lunes, 18 de mayo del 2026, desde las 08:30. Así lo dispuso el Tribunal de Juzgamiento, integrado por Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio César Inga.
En los primeros días de la diligencia, el fiscal general Carlos Leonardo Alarcón se comprometió a demostrar 27 puntos relacionados con la participación de los acusados en el esquema de sobornos que habría operado entre el 2008 y el 2018, cuya finalidad fue favorecer a la empresa en la adjudicación del contrato de ingeniería, provisionamiento de equipos y materiales, la construcción de las obras civiles, el montaje, pruebas y la puesta en marcha del proyecto ya citado.
La mayoría de esos puntos tiene relación con el rol de Conto Patiño, sus familiares y hasta sus abogados.
Pagos por ‘consultorías’
El fiscal Alarcón contó que Conto Patiño y su yerno Xavier Macías Carmigniani, amigos de Moreno, actuaron como representantes comerciales privados de la empresa Sinohydro ante la empresa pública Coca Codo Sinclair para la adjudicación del proyecto hidroeléctrico. El contrato se suscribió en 2009.
En febrero de 2010, los accionistas de Comercial Recorsa C. A., domiciliada en Ecuador, Beatriz Herdoíza Catandi, sus hijos María Auxiliadora, Juan Carlos, Patricia y Manuel Patiño Herdoíza, y su nieta Priscila Burneo Patiño, resolvieron ampliar el objeto social de la empresa.
Según el fiscal, a su actividad original de comercialización de equipos de transporte le sumaron las actividades de “representación, asesoría y consultoría para empresas que constituyen y realizan obras de campo de la infraestructura del país”. Esto con el fin de “acondicionar la fachada empresarial a usarse” para recibir el soborno.
Ese mismo año, a través del gerente general, Conto Patiño, Recorsa C. A. abrió en Panamá una cuenta corriente en la sucursal de un banco local al cual le informó que los fondos que recibiría provendrían del 4 % por servicios de consultoría del contrato de Coca Codo Sinclair; y aparte tenía otra más en otra institución nacional.
Luego, meses más tarde, otra empresa del grupo, Gittelgen S. constituida en 2008 con domicilio en Panamá, resolvió reformar su denominación a Recorsa S. A. (sociedad anónima) y otorgar un poder general a favor de Patiño.
En 2017, Recorsa S. A. Panamá abrió una cuenta en ese país e informó que se utilizaría para el manejo operativo del contrato con consultor de la compañía Sinohydro en Ecuador.
La teoría de la Fiscalía indica que, del 2010 al 2018, “las empresas Recorsa, compañía anónima, Ecuador, y Recorsa, sociedad anónima, Panamá, actuaron como estructuras receptoras y canalizadoras de dineros indebidos provenientes de la empresa cohechadora Sinohydro, beneficiando a los procesados a través de terceras personas y compañías que facilitaron la circulación de dichos fondos”.
El rol de los abogados
Según el expediente, en esa línea, los abogados Carmigniani y Almeida habrían prestado sus servicios para supuestamente dar apariencia legal a las transacciones, y así facilitar la circulación y protección del dinero dentro de la red investigada.
En el auto de llamamiento a juicio del juez Olavo Hernández se detalla que Carmigniani habría recibido, al menos, $ 4,5 millones procedentes de los supuestos sobornos. O sea, cuatro veces más que el expresidente Moreno.
Y Almeida, quien además fue asesor de Moreno en la Vicepresidencia, habría obtenido $ 2′925.000.
En total, Recorsa de Ecuador habría recibido $ 75,6 millones en el banco de Panamá; y Recorsa de Panamá, $ 585.0000, “configurándose una estructura en que la compañía domiciliada en Panamá operaba como entidad instrumental, lo que resulta particularmente relevante al advertirse que, pese a tratarse de un contrato de obra pública ejecutado en el Ecuador, se abrieron y utilizaron cuentas en el extranjero para la recepción de dichos fondos, evidenciando un mecanismo orientado a ocultar y canalizar pagos indebidos fuera del control nacional”.
Alarcón indicó que el grupo familiar y empresarial de Patiño “cooperaron en la recepción de sobornos por medio de sus cuentas personales y empresariales, por un valor de $ 58,8 millones”.
A continuación un desglose de los montos de los sobornos que habría recibido cada grupo.
El grupo de Conto Patiño, su familia y sus abogados
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Conto Patiño Martínez | Lobista de Sinohydro | Autor directo | $ 10′299.912,77 |
| María Auxiliadora Patiño Herdoíza | Hija de Conto Patiño | Cómplice | $ 39′508.925,46 (con su esposo) |
| Xavier Macías Carmigniani | Yerno de Conto Patiño | Cómplice | |
| Juan Carlos Patiño Herdoíza | Hijo de Conto Patiño | Cómplice | $ 839.790 |
| Patricia Patiño Herdoíza | Hija de Conto Patiño | Cómplice | $ 120.000 |
| Manuel Patiño Herdoíza | Hijo de Conto Patiño | Cómplice | $ 561.209,17 |
| Priscilla Burneo Patiño | Nieta de Conto Patiño | Cómplice | $ 70.921,45 |
| Eduardo Carmigniani Valencia | Exabogado de Conto Patiño | Cómplice | $ 4′549.955 |
| Carlos Almeida Almeida | Exabogado de Conto Patiño | Cómplice | $ 2′925.000 |
El grupo de Lenín Moreno y su familia
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Lenín Moreno Garcés | Exvicepresidente de la República | Autor directo | $ 547.731,90 (con su esposa) |
| Rocío González Navas | Esposa de Lenín Moreno | Cómplice | |
| Irina Moreno González | Hija de Lenín Moreno | Cómplice | $ 52.000 |
| Guillermo Moreno | Hermano de Lenín Moreno | Cómplice | $ 10.000 |
| Edwin Moreno | Hermano de Lenín Moreno | Cómplice | $ 387.000 |
| Martha González Navas | Cuñada de Lenín Moreno | Cómplice | $ 15.000 |
Grupo de ‘los amigos de Coca Codo’
| Acusado | Función en la trama de corrupción | Grado de acusación | Monto supuestamente recibido |
|---|---|---|---|
| Luciano Cepeda Vasco | Exgerente de Coca Codo Sinclair | Autor directo | $ 175.000 |
| Henry Galarza Correa | Exgerente de Coca Codo Sinclair | Autor directo | $ 223.000 |
| Cai Runguo | Exembajador de China en Ecuador | Autor directo | $ 40.400 |
| Yang Huijin | Exrepresentante de Sinohydro | Autor directo | No consta |
| Song Dongsheng | Exrepresentante de Sinohydro | Autor directo | $ 60.000 |
| María Augusta Baquero Carvajal | Esposa de Luciano Cepeda | Cómplice | $ 148.000 |
Fuente: Expediente de la Fiscalía/EL UNIVERSO
(I) Fuente: El Universo
La Policía Nacional decomisó 560 paquetes de sustancias sujetas a fiscalización durante un allanamiento ejecutado en el sector Tarifa, en Samborondón. La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Inteligencia, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y permitió afectar a una estructura criminal presuntamente vinculada a los Chone Killers.
Durante el operativo, los agentes localizaron una caleta subterránea en un área utilizada como criadero de cerdos, donde se ocultaban los paquetes de droga. Además, fue aprehendido José F. J., alias “Come Burra”, quien, según la información policial, estaría relacionado con esta organización delictiva.
Las autoridades señalaron que esta acción forma parte de las investigaciones orientadas a ubicar y capturar a alias “Matatán”, identificado como cabecilla del grupo criminal Chone Wutang. El caso se suma a las operaciones focalizadas contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas y a otros delitos conexos en la provincia del Guayas.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, los detenidos estarían vinculados con varios hechos violentos registrados en Durán y Samborondón, incluido el ataque armado en el que fallecieron servidores policiales durante una emboscada. Los aprehendidos y los indicios encontrados fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso investigativo y judicial. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Cajas de ahorro siguen captando depósitos de terceros, pese a prohibición, mientras pocas se han regularizado
Las cajas de ahorro y comunales tienen prohibido captar dinero de terceros y otorgar créditos o captar dinero fuera de su círculo de socios, pero algunas continúan ofreciendo estos servicios, pese a que lo tienen prohibido.
Las cajas de ahorro son estructuras financiera básicas en las que grupos pequeños de personas forman un fondo común para ahorrar y prestarse dinero mutuamente, pueden ser vecinos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de una comunidad.
Por esta razón, las cajas de ahorro no pueden captar nuevos socios ni promocionar créditos fuera de su círculo de miembros.
Sin embargo, en una simple búsqueda en redes sociales se observan publicaciones de supuestas cajas de ahorro que ofrecen préstamos de hasta USD 120.000, con plazos de hasta 15 años y «tasas de interés bajas».
Pocas se han regularizado
Esa restricción se ratificó mediante la Regulación JPRF-F-2025-0154 de la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF), emitida el 20 de mayo de 2025. Además, la norma dispuso que las cajas comunales y de ahorro registradas en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria deben regularizarse y obtener autorización para operar. Antes, solo debían registrarse, sin cumplir requisitos adicionales.
Pero, un año después de eso, solo 36 entidades han cumplido los requisitos para operar de manera formal. El plazo para cumplir con esta obligación vence en noviembre de 2026.
Es un número menor si se considera que, antes de la entrada en vigencia de la regulación de la JPRF, existían 572 cajas comunales y de ahorro registradas y en funcionamiento, según un listado elaborado en febrero de 2025 por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Sin embargo, se estima que hay al menos 1.600 de estas entidades operando en el país, según señaló Valeria Llerena, directora ejecutiva de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD).
Es decir, hay más cajas comunales y de ahorro que cooperativas de ahorro y crédito, que son 394.
Nuevos requisitos para operar
El objetivo de la resolución, según la Junta, era redefinir las reglas para estas organizaciones para fortalecer su supervisión, prevenir riesgos financieros y mejorar la transparencia.
Según la nueva normativa, las cajas comunales y de ahorro deben constituirse como personas jurídicas ante la SEPS, demostrar que sus socios mantienen un vínculo común verificable y presentar estatutos, reglamentos internos y políticas de prevención de lavado de activos.
Además, tendrán que contar con al menos 10 socios fundadores y obtener autorización oficial para realizar actividades financieras.
La normativa también limita sus operaciones: solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar créditos exclusivamente a sus miembros y mantener activos máximos de hasta USD 400.000.
Durante el actual proceso de regularización, pueden participar solo las organizaciones que se encontraban en funcionamiento hasta mayo de 2025.
Para hacerlo, deben demostrar actividades recurrentes durante al menos los seis meses previos a la entrada en vigor de la norma.
El proceso busca ordenar el sector antes de permitir nuevas constituciones, evitando que operen entidades fuera del marco legal actualizado.
Mayor supervisión y sanciones
La idea de la resolución es que la SEPS cree un catastro público de cajas autorizadas e imponga sanciones por incumplimientos.
La normativa también aclara que los depósitos en estas cajas no estarán protegidos por la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que cubre a clientes de bancos, cooperativas y mutualistas.
Esta disposición no representa un cambio, sino que mantiene lo establecido previamente en la normativa vigente.
Un cambio para fortalecer al sector
El proceso de regularización representa uno de los cambios regulatorios más relevantes para este segmento en los últimos años.
Sin embargo, Margarita Hernández, exsuperintendenta Economía Popular y Solidaria, advierte que supervisar directamente a las cajas de ahorro es complejo, porque fueron creadas para grupos pequeños con vínculos comunes, como compañeros de trabajo o padres de familia, y no para operar como intermediarios financieros tradicionales, es decir, como bancos o cooperativas.
Según explica, aplicar controles similares a los de cooperativas o bancos puede resultar «absurdo y costoso».
Esto, debido a la gran cantidad de estas estructuras en el país, muchas de carácter temporal o con fines específicos. «Esto podría generar una falsa sensación de control sin reducir realmente los riesgos de fraude o mal uso», dice.
Además, podría desmotivar la creación de estas opciones financieras que alientan el ahorro en grupos pequeños y cerrados de personas, pues ahora se exige personería jurídica.
Estas estructuras existen desde hace décadas en Ecuador y su objetivo es fomentar inclusión financiera local, sin captar dinero del público ni funcionar como bancos o cooperativas tradicionales, explicó Hernández. Fuente: Primicias
-
Entretenimiento5 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Politica5 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Nacionales5 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Fashion9 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Politica5 años agoComisión médica pide reforma para los nombramientos de personal de salud
-
Politica5 años agoGobierno de Guillermo Lasso enfrentará una primera movilización convocada por los sindicalistas