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11 de septiembre de 2001, el trágico día que marcó a Estados Unidos

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Era una mañana normal en Nueva York, hasta que a las 08:46 llegó la noticia de que un avión comercial se había impactado en una de las torres gemelas del World Trade Center. Tras la confusión, 17 minutos después, otro impactaba la otra torre (sur).

Ese mismo día, otro avión se estrelló contra el Pentágono y uno más cayó en un campo de Pensilvania en medio de la lucha de los pasajeros contra los secuestradores por recuperar la aeronave.

En total cuatro aviones comerciales habían sido capturados y usados como armas. El grupo terrorista Al Qaeda se adjudicó el ataque y como reacción EE. UU. terminó invadiendo Afganistán, de donde recién salió en agosto pasado tras 20 años de guerra. El 11 de septiembre de 2001 cambió al país norteamericano.

“Las secuelas inmediatas produjeron dolor y un sentido de propósito común. Pero esto pronto fue superado por el miedo y la ira. Esta dinámica produjo un fuerte impulso de justicia y venganza, y llevó a Estados Unidos a prolongadas operaciones militares en el exterior. Durante ese periodo de 20 años, las vidas de los estadounidenses se fragmentaron mucho más a medida que se deshilachaba la unidad nacional que surgió después de los ataques. Los Estados Unidos en estos días no están tan unidos, en gran parte porque perdimos el sentido de nuestros propios valores y el sentido de la decencia”, opina Brian Katulis, experto en seguridad nacional del Centro para el Progreso de América.

Para Brian Quigley, cónsul general de EE. UU. en Guayaquil, en este episodio se mostró la unidad de su país.

“En esos momentos tan trágicos y difíciles es cuando se ve lo mejor del pueblo y del mundo entero para ver que hay más gente buena que mala… para nosotros es una fecha que nos marcó, no solo a mi generación sino al mundo entero, porque muchos países, incluyendo Ecuador, sufrió ese día. Son esas fechas que marcan y lo cambian a uno, que se vuelve consciente de cómo es el mundo y de que cada uno debemos poner nuestro granito para que sea mejor y eso nunca se va a acabar”, afirmó Quigley.

Él contó que en el momento del ataque se encontraba justamente volando de Los Ángeles a Guadalajara, México. Su avión pudo completar el vuelo porque cuando se dio la orden de aterrizar todos los aviones, el suyo ya había salido del espacio aéreo de EE. UU.

Para Katulis, el país seguirá enfrentando el legado de este evento, en el que murieron cerca de 3.000 personas, aun durante décadas. Además de que si bien el país se ha preparado para evitar ataques terroristas externos, crecen las amenazas internas. “Los esfuerzos de Estados Unidos para promover la libertad en el mundo comenzaron a flaquear en 2005 con un retroceso global de las libertades en el mundo, y los recientes eventos en Afganistán acentúan la pérdida de la libertad, los derechos humanos y la dignidad que han afectado a millones en muchos rincones del país”, expone.

Luis Fleischman, sociólogo y cofundador del Centro de Investigación de Políticas y Democracia de Palm Beach, es un uruguayo que vive en EE. UU. desde hace más de 35 años y comenta que lo sucedido cambió en muchos la esperanza de paz que tenían. Pensando en que hay momentos en que la guerra es inevitable y necesaria cuando alguien ataca de esa manera.

“Lo que yo creía en la noche del 10 septiembre comparado con lo que creía la noche 11, después de ver el horror, era distinto”, dice y asegura que tras el hecho se vio ciertas actitudes en contra de musulmanes, por lo que se tuvo que recordar que los atacantes eran un grupo extremista, no todos.

También comenta que en general no hubo demasiadas condenas a estos grupos radicales, pero en gran medida era por miedo, ya que habían conquistado varias mezquitas en EE. UU. y en Europa. “Mucha gente fue intimidada dentro del mundo musulmán”.

Esa discriminación también pasó luego a otros grupos.

“El ataque de septiembre 11 impactó y cambió al mundo entero. Los migrantes en situación irregular de repente se encontraron bajo un régimen ‘policial’ en donde todos eran ‘sospechosos’ y esto los atemorizó hasta los huesos. En lo económico, la primera potencia paralizó sus actividades y se produjo una crisis en cadena en donde los migrantes fueron las primeras víctimas. Lo anterior se reflejó en la reducción de las remesas. El marco jurídico que norma la inmigración se vio también afectado por el sentimiento xenofóbico que se activó… En la actualidad hemos ‘normalizado’ mucho de lo anterior, por lo que los migrantes realmente han vivido 20 años en condiciones muy difíciles”, dice Marcel Feraud, quien ejercía de cónsul general del Ecuador en Miami al momento del ataque.

Durante el ataque Fleischman ya estaba en Florida, tras haber vivido en Nueva Jersey y Nueva York. “Más me afectó de forma abstract, el sufrimiento de la gente saltando de los edificios para no morir quemados… me afectó terriblemente a nivel personal, perdí el sueño por varios meses”.

Añade que en forma general, la gente se sintió muy vulnerable, pensaban que EE. UU. ya no era un lugar seguro. Incluso había gente que buscaba a qué países ir a vivir, cuando hasta entonces el mundo quería ir a vivir al país norteamericano. Pero después el Gobierno mostró su fuerza para transmitir tranquilidad y volver a normalizar el día a día mientras se perseguía a quienes perpetraron el ataque. Casi un mes después vino la invasión a Afganistán.

Fleischman también comenta que tras el ataque vino el Patriot Act, que le daba mucho más poder al Gobierno y a las agencias de poder intervenir en las comunicaciones de la gente y otros asuntos privados con el objetivo de defender la seguridad nacional. Con esto empezó un debate de seguridad vs. libertades y constitucionalismo, puesto que con los años también se dieron abusos, pero también sirvió para encontrar células que apoyaban a grupos terroristas.

“Otra consecuencia del 11 de septiembre fue el aumento del poder del Ejecutivo, cada vez vemos más presidentes que hacen lo que les parece”, afirma Fleischman.

Para Katulis, los problemas relacionados con la xenofobia y la privacidad surgieron en los primeros años, pero se hicieron más fuertes y cambiaron. “Con la privacidad, los avances en tecnología en la década de 2010 llevaron a un aumento de las capacidades que no existían en la primera década después del 11 de septiembre. Las políticas de identidad de “nosotros contra ellos” que dominan la discusión tanto en la derecha como en partes de la izquierda en Estados Unidos son un vestigio de las primeras respuestas xenófobas a los ataques”.

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Fiscalía pide prisión preventiva para el alcalde de Machala, Darío Macas, y otras medidas cautelares

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La Fiscalía General del Estado pidió que se imponga prisión preventiva contra el alcalde de MachalaDarío Macas, y su esposa Carmen Ch. P., por su presunta implicación en el delito de enriquecimiento ilícito.

La audiencia de formulación de cargos se instaló la mañana de este martes 7 de julio, de forma telemática, ante un juez de la provincia de Pichincha.

Con base en los elementos de convicción recabados durante la investigación, la Fiscalía pidió la prisión preventiva para el burgomaestre y su esposa, quienes fueron aprehendidos el lunes durante un operativo ejecutado en la provincia de El Oro.

Como medida cautelar de carácter real, la institución también solicitó la retención de los valores que ambos mantienen en entidades del sistema financiero.

Presuntos movimientos millonarios del alcalde

Las indagaciones apuntan a que el alcalde y su esposa habrían incrementado de manera injustificada su patrimonio en aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.

Entre los hallazgos, el ministro del Interior, John Reimberg detalló que se detectaron empresas ‘fantasma‘ utilizadas para el movimiento de recursos y mencionó el caso de una compañía creada en 2025, en la que, según dijo, Darío Macas posee el 90 % de las acciones y que habría prestado servicios al Municipio de Machala.

Asimismo, indicó que los investigadores detectaron movimientos financieros superiores a los USD 6 millones, además de cheques y retiros en efectivo por cerca de USD 750.000, que eran cobrados directamente en ventanilla.

Reimberg también afirmó que se identificaron depósitos de USD 400.000 y USD 500.000 en distintas cuentas bancarias.

La Fiscalía General del Estado informó que durante los allanamientos se levantaron diversos indicios, entre ellos teléfonos celulares, documentación, registros financieros y dinero en efectivo, para incorporar a la investigación. Fuente: Vistazo

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La penalista Marie Ruiz alerta sobre riesgos de responsabilidad objetiva en Ecuador

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En el marco de la segunda temporada del programa académico La Tertulia Jurídica, se desarrolló una destacada exposición de la jurista y abogada penalista Marie Ruiz, quien abordó el tema “La responsabilidad penal de las personas jurídicas y la prohibición de la responsabilidad objetiva en Derecho Penal”, generando un amplio análisis comparativo entre las legislaciones de Ecuador y España.

Marie Ruiz, profesional “abogada máster en derecho penal y ciencias penales por España y por Francia” y que actualmente desarrolla estudios doctorales (PhD) en Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), explicó que la responsabilidad penal corporativa constituye uno de los debates más complejos y relevantes dentro del derecho penal contemporáneo, especialmente en países latinoamericanos donde la regulación aún se encuentra en proceso de consolidación.
Durante su intervención, la especialista sostuvo que el principio de culpabilidad representa uno de los pilares fundamentales del Derecho Penal moderno, destacando que dentro de este se incluyen subprincipios esenciales como la personalidad de las penas, la responsabilidad por el hecho, la imputación personal y la prohibición de la responsabilidad objetiva.

“La gran problemática jurídica radica en determinar si el principio de culpabilidad puede aplicarse plenamente a las personas jurídicas, considerando que estas carecen de voluntad propia y constituyen una ficción legal”, señaló la jurista.

En su exposición, Ruiz explicó que existen dos grandes corrientes doctrinarias respecto a este debate. Por una parte, sectores académicos consideran que el principio de culpabilidad no puede trasladarse íntegramente a las empresas, debido a la estrecha relación que este mantiene con la dignidad humana. Por otra, una corriente mayoritaria sostiene que, al imponerse sanciones penales a las personas jurídicas, necesariamente deben aplicarse también las garantías fundamentales del Derecho Penal.

La jurista analizó además la regulación vigente en España, particularmente el artículo 31 bis del Código Penal Español, así como el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, enfatizando que ambos sistemas jurídicos buscan establecer mecanismos de atribución de responsabilidad penal para empresas y organizaciones.

En este contexto, Marie Ruiz advirtió sobre los riesgos de incurrir en modelos de responsabilidad objetiva, especialmente cuando no se exige de forma clara la demostración de dolo, culpa o incumplimiento de deberes de control dentro de las organizaciones empresariales.

“La responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede sustentarse únicamente en la transferencia automática del delito cometido por una persona física hacia la empresa; debe existir siempre prueba del incumplimiento de deberes de supervisión, vigilancia y control”, explicó.

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue el análisis del denominado “defecto de organización”, entendido como la ausencia de mecanismos adecuados de prevención y control dentro de las empresas, aspecto que —según la especialista— constituye el núcleo esencial para atribuir responsabilidad penal corporativa.

Asimismo, Ruiz abordó las diferencias existentes entre los sistemas de imputación penal en España y Ecuador, señalando que la normativa ecuatoriana aún presenta vacíos interpretativos que podrían generar riesgos de vulneración al principio de culpabilidad y a la prohibición de responsabilidad objetiva.

La académica también analizó figuras jurídicas como el enriquecimiento ilícito y el enriquecimiento privado no justificado contemplados en el COIP ecuatoriano, indicando que ciertas interpretaciones podrían trasladar indebidamente la carga de la prueba hacia el acusado, afectando garantías fundamentales del debido proceso.

Durante el programa, la jurista destacó la importancia de fortalecer los sistemas corporativos y de implementar adecuados modelos de supervisión interna dentro de las empresas, con el objetivo de prevenir conductas delictivas y garantizar el respeto a los principios constitucionales del Derecho Penal.

El espacio académico permitió además abrir el debate sobre la necesidad de desarrollar una doctrina más sólida en Ecuador respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tomando como referencia la experiencia europea y la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo Español.

La participación de Marie Ruiz en La Tertulia Jurídica fue valorada como un importante aporte académico para estudiantes, profesionales del Derecho, jueces y ciudadanía interesada en la evolución del Derecho Penal corporativo en Ecuador y Latinoamérica.

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Condenan a siete años de prisión para exalcalde de Taisha por enriquecimiento ilícito

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La Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado sentenció a siete años de prisión a Cergio Ayuy, exalcalde del cantón Taisha, provincia de Morona Santiago, al encontrarlo culpable del delito de enriquecimiento ilícito en calidad de autor directo. La decisión fue notificada la tarde de este viernes 3 de julio de 2026.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo impuso la pérdida de los derechos políticos del exfuncionario, lo cual significa que no podrá postularse a cargos de elección popular, ejercer funciones públicas ni contratar con el Estado.

Asimismo, deberá pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados, fijada en USD 6.800, de acuerdo con el salario básico vigente en 2014.

Fiscalía sostuvo que existió un incremento patrimonial injustificado

De acuerdo con la acusación, el entonces alcalde presentó al inicio de su administración, el 14 de mayo de 2014, una declaración patrimonial juramentada en la que reportó bienes por USD 18.900.

Sin embargo, durante el ejercicio de sus funciones no presentó las declaraciones patrimoniales periódicas exigidas por la normativa, ni tampoco las correspondientes al cierre de sus administraciones en 2016 y 2019.

La Fiscalía expuso que, mientras ejercía el cargo, el exalcalde recibió depósitos que excedían los ingresos correspondientes a su remuneración, adquirió un vehículo y un inmueble, además de cancelar diversas obligaciones económicas.

Tras el análisis financiero, el Ministerio Público concluyó que el incremento patrimonial sin justificación ascendió a USD 312.958.

Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó testimonios de auditores de la Contraloría General del Estado, funcionarios del Servicio de Rentas Internas (SRI), personal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y peritos que participaron en la pericia contable y en el reconocimiento del lugar de los hechos.

Asimismo, incorporó 28 pruebas documentales, entre ellas el informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría, pericias contables y financieras, reportes de la UAFE, roles de pago, declaraciones patrimoniales y certificaciones relacionadas con la propiedad de bienes muebles e inmuebles.
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