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11 de septiembre de 2001, el trágico día que marcó a Estados Unidos

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Era una mañana normal en Nueva York, hasta que a las 08:46 llegó la noticia de que un avión comercial se había impactado en una de las torres gemelas del World Trade Center. Tras la confusión, 17 minutos después, otro impactaba la otra torre (sur).

Ese mismo día, otro avión se estrelló contra el Pentágono y uno más cayó en un campo de Pensilvania en medio de la lucha de los pasajeros contra los secuestradores por recuperar la aeronave.

En total cuatro aviones comerciales habían sido capturados y usados como armas. El grupo terrorista Al Qaeda se adjudicó el ataque y como reacción EE. UU. terminó invadiendo Afganistán, de donde recién salió en agosto pasado tras 20 años de guerra. El 11 de septiembre de 2001 cambió al país norteamericano.

“Las secuelas inmediatas produjeron dolor y un sentido de propósito común. Pero esto pronto fue superado por el miedo y la ira. Esta dinámica produjo un fuerte impulso de justicia y venganza, y llevó a Estados Unidos a prolongadas operaciones militares en el exterior. Durante ese periodo de 20 años, las vidas de los estadounidenses se fragmentaron mucho más a medida que se deshilachaba la unidad nacional que surgió después de los ataques. Los Estados Unidos en estos días no están tan unidos, en gran parte porque perdimos el sentido de nuestros propios valores y el sentido de la decencia”, opina Brian Katulis, experto en seguridad nacional del Centro para el Progreso de América.

Para Brian Quigley, cónsul general de EE. UU. en Guayaquil, en este episodio se mostró la unidad de su país.

“En esos momentos tan trágicos y difíciles es cuando se ve lo mejor del pueblo y del mundo entero para ver que hay más gente buena que mala… para nosotros es una fecha que nos marcó, no solo a mi generación sino al mundo entero, porque muchos países, incluyendo Ecuador, sufrió ese día. Son esas fechas que marcan y lo cambian a uno, que se vuelve consciente de cómo es el mundo y de que cada uno debemos poner nuestro granito para que sea mejor y eso nunca se va a acabar”, afirmó Quigley.

Él contó que en el momento del ataque se encontraba justamente volando de Los Ángeles a Guadalajara, México. Su avión pudo completar el vuelo porque cuando se dio la orden de aterrizar todos los aviones, el suyo ya había salido del espacio aéreo de EE. UU.

Para Katulis, el país seguirá enfrentando el legado de este evento, en el que murieron cerca de 3.000 personas, aun durante décadas. Además de que si bien el país se ha preparado para evitar ataques terroristas externos, crecen las amenazas internas. “Los esfuerzos de Estados Unidos para promover la libertad en el mundo comenzaron a flaquear en 2005 con un retroceso global de las libertades en el mundo, y los recientes eventos en Afganistán acentúan la pérdida de la libertad, los derechos humanos y la dignidad que han afectado a millones en muchos rincones del país”, expone.

Luis Fleischman, sociólogo y cofundador del Centro de Investigación de Políticas y Democracia de Palm Beach, es un uruguayo que vive en EE. UU. desde hace más de 35 años y comenta que lo sucedido cambió en muchos la esperanza de paz que tenían. Pensando en que hay momentos en que la guerra es inevitable y necesaria cuando alguien ataca de esa manera.

“Lo que yo creía en la noche del 10 septiembre comparado con lo que creía la noche 11, después de ver el horror, era distinto”, dice y asegura que tras el hecho se vio ciertas actitudes en contra de musulmanes, por lo que se tuvo que recordar que los atacantes eran un grupo extremista, no todos.

También comenta que en general no hubo demasiadas condenas a estos grupos radicales, pero en gran medida era por miedo, ya que habían conquistado varias mezquitas en EE. UU. y en Europa. “Mucha gente fue intimidada dentro del mundo musulmán”.

Esa discriminación también pasó luego a otros grupos.

“El ataque de septiembre 11 impactó y cambió al mundo entero. Los migrantes en situación irregular de repente se encontraron bajo un régimen ‘policial’ en donde todos eran ‘sospechosos’ y esto los atemorizó hasta los huesos. En lo económico, la primera potencia paralizó sus actividades y se produjo una crisis en cadena en donde los migrantes fueron las primeras víctimas. Lo anterior se reflejó en la reducción de las remesas. El marco jurídico que norma la inmigración se vio también afectado por el sentimiento xenofóbico que se activó… En la actualidad hemos ‘normalizado’ mucho de lo anterior, por lo que los migrantes realmente han vivido 20 años en condiciones muy difíciles”, dice Marcel Feraud, quien ejercía de cónsul general del Ecuador en Miami al momento del ataque.

Durante el ataque Fleischman ya estaba en Florida, tras haber vivido en Nueva Jersey y Nueva York. “Más me afectó de forma abstract, el sufrimiento de la gente saltando de los edificios para no morir quemados… me afectó terriblemente a nivel personal, perdí el sueño por varios meses”.

Añade que en forma general, la gente se sintió muy vulnerable, pensaban que EE. UU. ya no era un lugar seguro. Incluso había gente que buscaba a qué países ir a vivir, cuando hasta entonces el mundo quería ir a vivir al país norteamericano. Pero después el Gobierno mostró su fuerza para transmitir tranquilidad y volver a normalizar el día a día mientras se perseguía a quienes perpetraron el ataque. Casi un mes después vino la invasión a Afganistán.

Fleischman también comenta que tras el ataque vino el Patriot Act, que le daba mucho más poder al Gobierno y a las agencias de poder intervenir en las comunicaciones de la gente y otros asuntos privados con el objetivo de defender la seguridad nacional. Con esto empezó un debate de seguridad vs. libertades y constitucionalismo, puesto que con los años también se dieron abusos, pero también sirvió para encontrar células que apoyaban a grupos terroristas.

“Otra consecuencia del 11 de septiembre fue el aumento del poder del Ejecutivo, cada vez vemos más presidentes que hacen lo que les parece”, afirma Fleischman.

Para Katulis, los problemas relacionados con la xenofobia y la privacidad surgieron en los primeros años, pero se hicieron más fuertes y cambiaron. “Con la privacidad, los avances en tecnología en la década de 2010 llevaron a un aumento de las capacidades que no existían en la primera década después del 11 de septiembre. Las políticas de identidad de “nosotros contra ellos” que dominan la discusión tanto en la derecha como en partes de la izquierda en Estados Unidos son un vestigio de las primeras respuestas xenófobas a los ataques”.

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Justicia restaurativa frente a la minería ilegal en Ecuador: El caso de Zamora Chinchipe

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Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

  1. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.

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Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo son sentenciados a 9 años y 4 meses de prisión por caso Pruebas COVID-19

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El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron sentenciados este miércoles 9 de septiembre a 9 años y 4 meses de prisión como colaboradores del delito de delincuencia organizada, dentro del caso Pruebas COVID-19 Agentes AMT.

La decisión fue anunciada oralmente por el Tribunal luego de que, a las 17:47, se reinstalara la audiencia de juicio contra los Bucaram y otras dos personas procesadas dentro de esta causa.
La Fiscalía General del Estado informó que Leandro Berrones y Oren Sheinman también fueron declarados culpables, pero en calidad de autores directos del delito de delincuencia organizada. Para ambos, el Tribunal impuso una pena de 13 años y 4 meses de prisión.

El proceso investiga una estructura que habría operado durante la emergencia sanitaria de 2020 para lucrar de manera irregular con la comercialización de más de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico y otros insumos médicos, en momentos en que Ecuador atravesaba uno de los periodos más críticos de la pandemia de COVID-19.

Según la acusación, Bucaram habría mantenido almacenadas en su vivienda de Guayaquil miles de pruebas rápidas, mascarillas y lancetas relacionadas con la operación investigada.

Su hijo Jacobo, por su parte, fue señalado por presuntamente financiar la adquisición de la mercadería mediante un pago de USD 321.600 en efectivo.

Un proceso marcado por audiencias fallidas

El caso se ha extendido durante varios años y su avance estuvo marcado por reiteradas audiencias que no pudieron concretarse, entre ellas diligencias suspendidas por la ausencia del expresidente.

Una de las últimas audiencias fallidas ocurrió el 31 de agosto de 2026, Posteriormente, el Tribunal dispuso nuevas acciones para conseguir la comparecencia de Bucaram, quien permanecía hospitalizado, asegurando que sufría de afectaciones cardiacas.

Este miércoles, horas antes de su sentencia, Bucarám publicó una carta en la que dio a conocer que pidió el alta médica “a pesar de estar en peligro de muerte súbita”. Además, anticipó que sería sentenciado por el delito de delincuencia organizada.

A través de sus redes sociales, el exmandatario explicó que tomó esa decisión pese a tener “13K arritmias ventriculares». «Debemos entender que una sola puede originar mi muerte”, afirmó.

Dentro de la investigación también figuró Shy Dahan, ciudadano israelí señalado junto con Sheinman por la comercialización de los insumos médicos. Dahan fue asesinado en 2020 mientras permanecía recluido en la Penitenciaría del Litoral. Fuente: Vistazo
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Noboa dice que Dedalus trae a Ecuador el sistema de operación hospitalaria más avanzado del mundo

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El presidente Daniel Noboa anunció este miércoles 9 de septiembre que Ecuador incorporará el sistema de gestión hospitalaria Dedalus, una plataforma tecnológica con la que el Gobierno prevé interconectar 1.742 centros de salud y centralizar información sobre pacientes, citas, medicamentos, insumos y equipos médicos.

El mandatario dio a conocer la medida durante la tarde a través de sus redes sociales, donde señaló que la herramienta forma parte de las acciones destinadas a modernizar el funcionamiento del sistema público de salud.

La salud pública necesita soluciones. La gente lo pide, nosotros cumplimos”, manifestó Noboa al presentar la iniciativa.

Según el presidente, uno de los principales cambios será contar con un único historial clínico para los ecuatorianos, de manera que la información de un paciente pueda estar disponible dentro de la red de establecimientos conectados.

La plataforma también apunta a agilizar el agendamiento de citas médicas, mediante herramientas que automaticen la asignación de turnos y reduzcan la dependencia de intermediarios para acceder a una consulta.

Otro componente estará dirigido al inventario y control de medicamentos, insumos y equipos médicos disponibles en los establecimientos de salud.

Contrato de USD 240 millones

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), anunció la incorporación de la plataforma, utilizada en países como Irlanda, Alemania, Francia y Reino Unido

Para implementar este sistema, el MSP contratará a CNT, que se encargará de poner en marcha el servicio en la red pública de salud junto con la empresa italiana Dedalus.

Según consta en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la cartera de Estado resolvió adjudicar este martes el contrato a CNT por USD 240 millones, mediante un procedimiento de régimen especial.

Estamos hablando de transformar la gestión de 1.742 establecimientos de salud del país”, destacó el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

En ese contexto, el MSP inició un proceso de contratación por régimen especial con CNT, que funciona como ejecutor tecnológico del Estado y presentó una propuesta que comprende tres componentes: conectividad, infraestructura y una plataforma integrada de información en salud.

De su lado, el gerente de CNT, Ronald Spina, resaltó que se trabaja en una transformación tecnológica del sistema público de salud.

Aveiga y Spina explicaron, en un video publicado por la Secretaría de Comunicación, que el país tiene un “sistema de salud fragmentado”, con “información dispersa y procesos que no siempre están conectados” entre los hospitales y otros centros médicos públicos. Fuente: Vistazo
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