Nacionales
11 de septiembre de 2001, el trágico día que marcó a Estados Unidos
Era una mañana normal en Nueva York, hasta que a las 08:46 llegó la noticia de que un avión comercial se había impactado en una de las torres gemelas del World Trade Center. Tras la confusión, 17 minutos después, otro impactaba la otra torre (sur).
Ese mismo día, otro avión se estrelló contra el Pentágono y uno más cayó en un campo de Pensilvania en medio de la lucha de los pasajeros contra los secuestradores por recuperar la aeronave.
En total cuatro aviones comerciales habían sido capturados y usados como armas. El grupo terrorista Al Qaeda se adjudicó el ataque y como reacción EE. UU. terminó invadiendo Afganistán, de donde recién salió en agosto pasado tras 20 años de guerra. El 11 de septiembre de 2001 cambió al país norteamericano.
“Las secuelas inmediatas produjeron dolor y un sentido de propósito común. Pero esto pronto fue superado por el miedo y la ira. Esta dinámica produjo un fuerte impulso de justicia y venganza, y llevó a Estados Unidos a prolongadas operaciones militares en el exterior. Durante ese periodo de 20 años, las vidas de los estadounidenses se fragmentaron mucho más a medida que se deshilachaba la unidad nacional que surgió después de los ataques. Los Estados Unidos en estos días no están tan unidos, en gran parte porque perdimos el sentido de nuestros propios valores y el sentido de la decencia”, opina Brian Katulis, experto en seguridad nacional del Centro para el Progreso de América.
Para Brian Quigley, cónsul general de EE. UU. en Guayaquil, en este episodio se mostró la unidad de su país.
“En esos momentos tan trágicos y difíciles es cuando se ve lo mejor del pueblo y del mundo entero para ver que hay más gente buena que mala… para nosotros es una fecha que nos marcó, no solo a mi generación sino al mundo entero, porque muchos países, incluyendo Ecuador, sufrió ese día. Son esas fechas que marcan y lo cambian a uno, que se vuelve consciente de cómo es el mundo y de que cada uno debemos poner nuestro granito para que sea mejor y eso nunca se va a acabar”, afirmó Quigley.
Él contó que en el momento del ataque se encontraba justamente volando de Los Ángeles a Guadalajara, México. Su avión pudo completar el vuelo porque cuando se dio la orden de aterrizar todos los aviones, el suyo ya había salido del espacio aéreo de EE. UU.
Para Katulis, el país seguirá enfrentando el legado de este evento, en el que murieron cerca de 3.000 personas, aun durante décadas. Además de que si bien el país se ha preparado para evitar ataques terroristas externos, crecen las amenazas internas. “Los esfuerzos de Estados Unidos para promover la libertad en el mundo comenzaron a flaquear en 2005 con un retroceso global de las libertades en el mundo, y los recientes eventos en Afganistán acentúan la pérdida de la libertad, los derechos humanos y la dignidad que han afectado a millones en muchos rincones del país”, expone.
Luis Fleischman, sociólogo y cofundador del Centro de Investigación de Políticas y Democracia de Palm Beach, es un uruguayo que vive en EE. UU. desde hace más de 35 años y comenta que lo sucedido cambió en muchos la esperanza de paz que tenían. Pensando en que hay momentos en que la guerra es inevitable y necesaria cuando alguien ataca de esa manera.
“Lo que yo creía en la noche del 10 septiembre comparado con lo que creía la noche 11, después de ver el horror, era distinto”, dice y asegura que tras el hecho se vio ciertas actitudes en contra de musulmanes, por lo que se tuvo que recordar que los atacantes eran un grupo extremista, no todos.
También comenta que en general no hubo demasiadas condenas a estos grupos radicales, pero en gran medida era por miedo, ya que habían conquistado varias mezquitas en EE. UU. y en Europa. “Mucha gente fue intimidada dentro del mundo musulmán”.
Esa discriminación también pasó luego a otros grupos.
“El ataque de septiembre 11 impactó y cambió al mundo entero. Los migrantes en situación irregular de repente se encontraron bajo un régimen ‘policial’ en donde todos eran ‘sospechosos’ y esto los atemorizó hasta los huesos. En lo económico, la primera potencia paralizó sus actividades y se produjo una crisis en cadena en donde los migrantes fueron las primeras víctimas. Lo anterior se reflejó en la reducción de las remesas. El marco jurídico que norma la inmigración se vio también afectado por el sentimiento xenofóbico que se activó… En la actualidad hemos ‘normalizado’ mucho de lo anterior, por lo que los migrantes realmente han vivido 20 años en condiciones muy difíciles”, dice Marcel Feraud, quien ejercía de cónsul general del Ecuador en Miami al momento del ataque.
Durante el ataque Fleischman ya estaba en Florida, tras haber vivido en Nueva Jersey y Nueva York. “Más me afectó de forma abstract, el sufrimiento de la gente saltando de los edificios para no morir quemados… me afectó terriblemente a nivel personal, perdí el sueño por varios meses”.
Añade que en forma general, la gente se sintió muy vulnerable, pensaban que EE. UU. ya no era un lugar seguro. Incluso había gente que buscaba a qué países ir a vivir, cuando hasta entonces el mundo quería ir a vivir al país norteamericano. Pero después el Gobierno mostró su fuerza para transmitir tranquilidad y volver a normalizar el día a día mientras se perseguía a quienes perpetraron el ataque. Casi un mes después vino la invasión a Afganistán.
Fleischman también comenta que tras el ataque vino el Patriot Act, que le daba mucho más poder al Gobierno y a las agencias de poder intervenir en las comunicaciones de la gente y otros asuntos privados con el objetivo de defender la seguridad nacional. Con esto empezó un debate de seguridad vs. libertades y constitucionalismo, puesto que con los años también se dieron abusos, pero también sirvió para encontrar células que apoyaban a grupos terroristas.
“Otra consecuencia del 11 de septiembre fue el aumento del poder del Ejecutivo, cada vez vemos más presidentes que hacen lo que les parece”, afirma Fleischman.
Para Katulis, los problemas relacionados con la xenofobia y la privacidad surgieron en los primeros años, pero se hicieron más fuertes y cambiaron. “Con la privacidad, los avances en tecnología en la década de 2010 llevaron a un aumento de las capacidades que no existían en la primera década después del 11 de septiembre. Las políticas de identidad de “nosotros contra ellos” que dominan la discusión tanto en la derecha como en partes de la izquierda en Estados Unidos son un vestigio de las primeras respuestas xenófobas a los ataques”.
Dos llamadas realizó el sargento segundo Eduardo Castro Vásquez, de 40 años, antes de suicidarse en la casa de su mamá en Pascuales, norte de Guayaquil. Una fue a su cuñada, para pedirle perdón y que cuide a sus hijos. La otra, a su hija, una joven que compartió en redes sociales fotos con él y los últimos mensajes.
Castro se disparó en la cabeza dos horas después de asesinar a su pareja, Solange Arellano, en el Puente de la Unidad Nacional que conecta Guayaquil con Samborondón y Durán. Ella trabajaba en la Agencia de Tránsito de Durán y él, en el área jurídica de la Policía en el cantón El Carmen, en Manabí.
La Policía confirmó el femicidio de Solange y el suicidio de Castro. Un caso que no es aislado en Ecuador. Según registros periodísticos, entre 2022 y 2026 se han registrado al menos nueve femicidios perpetrados por miembros de la Policía Nacional. De esos casos, tres terminaron en un suicidio y el resto, con la sentencia de los uniformados implicados.
El año pasado, Andy Sebastián V.S., fue señalado como responsable de la muerte de Nicole de 21 años en Santa Rosa, en Tungurahua. La joven falleció de un disparo con un arma de dotación en una habitación. El principal sospechoso declaró que ocurrió cuando supuestamente estaban jugando. Pero sus declaraciones fueron contradictorias y eso generó las sospechas de los uniformados.
En 2024 hubo dos casos de femicidio que conmocionaron al país y en los que estuvieron implicados policías. Uno fue en junio, en la provincia de Imbabura.
El mayor Carlos Rodríguez mató a Dayana Lamiña, otra uniformada de la institución, al pie de la Unidad Policial de Atuntaqui. Tras sorprenderla y atacarla, Rodríguez se disparó en la cabeza y quedó tendido en el piso.
El oficia fue llevado hasta un hospital en Ibarra, donde falleció al día siguiente. La Fiscalía tomó las versiones de testigos y ordenó otras diligencias entorno al caso. Se conoció que el agresor usó su arma de dotación para asesinar a Dayana, quien era el segundo compromiso del uniformado y además tenía una niña de seis años.
Ese mismo año, pero en diciembre, hubo otro femicidio y suicidio cometido por un policía. Un sargento segundo fue hasta unas oficinas en el sector de Urdesa, norte de Guayaquil, donde trabaja su esposa y le disparó.
Además de atacarla, hirió a su hija, que recibió disparos en el tórax y el brazo. Posteriormente, el uniformado se suicidó.
En 2023 y 2022 ocurrieron los casos más estremecedores. En mayo de 2023, Paola Ortega murió tras recibir 13 puñaladas cuando estaba dentro de su auto en el sector de Sangolquí, en Pichincha. Ocurrió cuando su esposo (Cristian N.) se bajó a comprar comida, en ese momento, unos delincuentes se acercaron y la asesinaron por robarle USD 600 y una cadena de oro.
Cristian N. fue sentenciado a 34 años y ocho meses de prisión. Minutos después del crimen, él se transfirió USD 2 000 desde la cuenta de su esposa. Las grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona revelaron también que él dio varias vueltas antes de acercarse al auto donde estaba Paola y tampoco la llevó al hospital que estaba cerca.
Otro caso se reportó en mayo de 2023. Katherine C. conducía su vehículo cuando su esposo le disparó y se chocaron contra un muro en el sector El Inca, en el norte de Quito. El uniformado Jonathan T. fue el principal sospechoso y posterior sentenciado por femicidio.
Pero su versión no pudo ser corroborada. En el juicio, la Fiscalía detalló que Katherine había sido víctima de reiteradas agresiones y el día de su asesinato, Jonathan dejó su oficina en la Comandancia de Policía para irla a buscar. Recibió una condena de 34 años y ocho meses.
En septiembre de 2023, la comunidad de Tena intentó linchar a un policía que apuñaló y mató a su expareja Ledy, de 30 años.
María Belén Bernal, asesinada dentro de la Escuela de Policía
María Belén Bernal llegó a la Escuela Superior de la Policía en el norte de Quito, donde fue vista con vida por última vez. Iba a ver a su esposo, el teniente Germán Cáceres. Fue en septiembre de 2022 y después, desapareció.
11 días después, sus restos fueron hallados en el cerro Casitagua. María Belén Bernal era abogada, tenía 34 años y un hijo de 13 años. En 2017 se había casado con Cáceres, a quien sorprendió la noche de su desaparición con una cadete.
Eso motivó una discusión que terminó en gritos de auxilio. La Fiscalía investigó el caso y recabó una versión en la que un cadete aseguró haber visto a Cáceres subiendo un bulto en el auto esa madrugada. En su habitación, se encontraron manchas de sangre en el colchón y la huella de una mano en la pared.
Cáceres estuvo prófugo algunos meses hasta diciembre de 2022, cuando fue capturado en Colombia. Recibió una sentencia de 34 años y ocho meses, la cual apeló, pero el recurso fue rechazado. El caso generó indignación y motivó multitudinarias manifestaciones en Quito, Guayaquil y Cuenca pidiendo justicia por ese y decenas de femicidios en Ecuador.
Uniformados deben ser valorados psicológicamente de forma constante, advierte especialista
La exposición a niveles de violencia, consumo de alcohol, drogas y hasta horarios laborales extremos de los uniformados, son algunos de los factores que pueden afectar la salud mental de los agentes. Así lo explicó la psiquiatra Julieta Sagnay, que conversó con Ecuavisa.com.
Sagnay explicó que el perfil de los agresores incluye rasgos de personalidad narcisista, con necesidad de dominio y superioridad. La especialista indicó que también siguen patrones relacionados con lo que viven en la formación y su trabajo, el ser subordinados o humillados, y eso traspasa al entorno familiar.
Por eso, Sagnay agregó que se deberían realizar valoraciones psicológicas a los uniformados para detectar índices o patrones, de forma preventiva, y así reducir el riesgo de este tipo de casos. Comentó también que los uniformados tienen un riesgo mayor, que es la facilidad para acceder a armas de fuego. Debido a eso, se debe considerar la atención especializada.
Ecuador recibirá un nuevo desembolso de USD 394 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Es el primero que recibirá en este 2026.
La aprobación se realizó este miércoles, 22 de abril, por parte del directorio del FMI. Es la quinta revisión de metas dentro del programa de crédito que alcanza un monto de USD 5.000 millones.
Representantes del FMI mantuvieron conversaciones con autoridades ecuatorianas entre el 26 de febrero y 6 de marzo en Quito. Posteriormente, estuvieron en Washington, entre el 16 y 27 de marzo.
Programa de crédito del FMI
Con el nombre de Servicio Ampliado del FMI, el programa de crédito es de 48 meses. Comenzó en mayo de 2024 y terminará en 2028.
Hasta el momento se han recibido USD 3.330 millones del FMI.
Medidas tomadas por Ecuador
El FMI ha destacado que la economía ecuatoriana sigue superando las expectativas iniciales. Entre los hitos positivos están el fortalecimiento de las reservas internacionales, lo que llevó a que Ecuador retorne a los mercados internacionales de capital en enero de este año.
El equipo del FMI, encabezado por Patricia Tumbarello, sostuvo que el Gobierno ha cumplido con sus objetivos como la lucha contra el lavado de activos y el régimen fiscal minero; la racionalización de los gastos tributarios, la eficiencia del gasto y las reformas mineras.
“Las autoridades ecuatorianas siguen demostrando un firme compromiso con su programa económico”, señaló Nigel Clarke, subdirector gerente del FMI.
La reciente decisión de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador de conceder la extradición de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, vuelve a poner en el foco a uno de los nombres clave dentro de la estructura criminal de Los Choneros.
Peñafiel Nieto inició su actividad delictiva en 2016, cuando tenía 26 años. De profesión topógrafo —origen de su alias— fue vinculado al secuestro de un ciudadano austriaco en Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos.
Ese mismo año fue capturado y, en 2017, sentenciado a 11 años de prisión por secuestro y a 3 años adicionales por asociación ilícita. Fue recluido en la Cárcel Regional del Guayas.
Con el tiempo, se convirtió en una persona de confianza dentro de la estructura y asumió el liderazgo de “Los Fatales”, una facción vinculada a actividades de sicariato, a la par que «Fito» se consolidaba como líder de «Los Choneros» tras el asesinato de Zambrano González en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, el 28 de diciembre de 2020.
En 2022, «Topo» inició el trámite para acceder a beneficios penitenciarios y el 3 de junio de 2023 obtuvo el régimen semiabierto, tras cumplir la totalidad de la pena por asociación ilícita y el 60% de la condena por secuestro. Ese proceso derivó en su liberación.
Ya en libertad, su rol dentro de la organización se fortaleció en un contexto marcado por la disputa entre Los Choneros y otras bandas como Los Lobos.
En ese escenario, “Topo” participó en la expansión hacia economías ilegales como la minería ilegal, especialmente en la provincia amazónica de Sucumbíos, donde «Los Choneros» protagonizaron enfrentamientos enfrentamientos con los «Comandos de la Frontera», una disidencia de las FARC.
En septiembre de 2025 fue nuevamente detenido en la provincia de Napo por presunto tráfico de armas. Para entonces, también tenía vigente una orden de captura por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos. En algunos procesos fue liberado con medidas sustitutivas.
Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad conocida como “La Cárcel del Encuentro”, situada en la provincia costera de Santa Elena.
“Este angelito le hará compañía a Fito»
Alias “Topo” es requerido por el Tribunal del Distrito Este de Nueva York por presunto tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.
El 22 de abril de 2026, tras una audiencia de extradición pasiva, la Corte Nacional autorizó su entrega a Estados Unidos, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y recibir las garantías diplomáticas correspondientes.
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que el objetivo del Gobierno es que la extradición se concrete “muy pronto”, para que el procesado enfrente a la justicia estadounidense, donde ya se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, líder de Los Choneros, extraditado en 2025.
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