La Policía Nacional se encuentra impulsando una campaña denominada “Yo vivo sin violencia de género” para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia y consecuencias de esta problemática que afecta de forma física y psicológica en los sectores más vulnerables. Trabajan en talleres y capacitaciones para evitar que siga creciendo los índices.
Es un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y provincial coordinado entre la Policía Nacional, Intendencia General de Policía y la Coordinado Política de Mujeres Ecuatorianas. “Como gobernación nuestro deber y compromiso es proporcionar la colaboración tanto a organizaciones de la sociedad civil, la Policía Nacional y demás instituciones gubernamentales o no gubernamentales con el objetivo de promover una forma de vida sin violencia”, dijo Mariana Seminario, intendenta general de Policía en esta campaña que durará hasta el fin de año.
Otra prioridad es aumentar la sensibilización en los ciudadanos y en las instituciones acerca de las consecuencias que tienen los diferentes tipos de violencia y promover la necesidad de cambiar ciertas normas de prevención, establecidos en preceptos legales, pero que no han sido ejecutadas.
En el año 2022 existieron 55.811 denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar; de las cuales las que más se producen son las de violencia psicológica, seguido por la física. Henry Quizhpe, jefe de Operaciones de la Subzona 19 Zamora Chinchipe, informó que en Azuay, Pastaza, Napo, Bolívar y Morona Santiago son las provincias que presentan mayores casos de violencia física, mientras que el resto de provincias tiene mayor índice de violencia psicológica.
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 155, establece y considera que violencia es “toda acción como maltrato físico, psicológico, sexual en contra de un miembro del núcleo familiar”, reza el documento. En la Constitución de la República, el artículo 65, establece que el estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, culminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y con toda aquella persona en desventaja o vulnerabilidad.
Por su parte, Marieta Delgado, representante legal de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, quien también defiende sus derechos en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género, un centro que se instauró desde hace un año, subvencionado por el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Dicen sentirse preocupadas porque el estado aun no despliega las políticas públicas de prevención.
“Las causas no existen para que nos violenten, violen o agredan. La violencia está presente en las oficinas, espacios laborales, en la casa, en las calles no solo para las mujeres, sino también para los hombres”, explicó la jurista y que felicitan esta política pública.
