La Corte Constitucional sorteó este martes, 17 de mayo de 2023, los jueces que revisarán las demandas de inconstitucionalidad presentadas por siete exasambleístas contra la muerte cruzada que dictaminó el presidente, Guillermo Lasso.
A través de dos acciones públicas de inconstitucionalidad los legisladores solicitaron a la entidad que decida si el decreto de Lasso es ilegal o si se aprueba.
Los jueces elegidos tras el sorteo para dar trámite al pedido son Pablo Herrería Bonnet y Jhoel Escudero Soliz.
Los exasambleístas por Pachakutik: Ángel Maita; Mireya Pazmiño; Dina Farinango; Janeth Llano y José Cabascango fueron los primeros en presentar su demanda a las 13:43 de este martes.
Por su parte, Esteban Torres de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y Yeseña Guamaní de la Izquierda Democrática (ID) lo hicieron a las 13:55.
Esto tendrá que decidirlo la Corte, quien deberá decidir qué pasa al final. Si el decreto es declarado ilegal e inconstitucional, la Asamblea seguirá en funciones», comentó Torres.
El exlegislador del PSC argumentó que la muerte cruzada aplicada por Lasso tiene causales específicas «y ninguna de esas causales es precisamente evitar la votación de un juicio político constitucional, legal».
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, preguntado por el EL COMERCIO, señaló en un encuentro con la prensa que “habrá que ver cómo actúa la Corte Constitucional. La clave es que la Corte garantice que las actuaciones del Ejecutivo estén dentro del marco constitucional, y que esto no desemboque en un exceso de poder del Gobierno central”, expresó.
Muerte cruzada
Lasso anunció la muerte cruzada, contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por «grave conmoción interna y política», después de haber comparecido el martes, 16 de mayo, ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado, que él considera «infundada».
El mandatario recurrió a la muerte cruzada antes de que inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en el Pleno Legislativo. Fuente: El Comercio
